En el contexto de las políticas estadounidenses de “tolerancia cero” a la migración irregular, la separación de miles de familias y el confinamiento en centros de detención de cientos de niños migrantes, forzados por parte del actual gobierno norteamericano y su presidente, implica de facto la transgresión de diversos órdenes jurídicos (nacionales e internacionales). Por un lado, al estar encarcelados y aislados, se violan los siguientes derechos humanos de los niños migrantes: 1) a estar con sus familias y padres; 2) a estar en libertad y no ser tratados como criminales; 3) a tener una vida digna y segura, independientemente de sus orígenes étnico-nacionales, de su condición socioeconómica y de su situación migratoria; de hecho, este último punto supondría reconocer su derecho a pedir asilo. En lo que concierne al marco legal de EU, en las leyes migratorias estadounidenses no hay una indicación de separar a las familias ni negarles el derecho al asilo, como parte de la política migratoria. El actual gobierno y presidente, al dividir y encarcelar a las familias, pasan encima de la ley, y no sólo no la cumplen, sino que la transgreden. De facto, el gobierno de EU agrede y comete delitos contra los migrantes y sus hijos en su afán por “contener” la migración irregular.  

La justificación de estas acciones se funda en una xenofobia racista y en una visión sesgada, poco informada y prejuiciada de la migración forzada. Los migrantes, lejos de ser supuestos delincuentes que pretenden aprovecharse de la sociedad y el gobierno norteamericano, son personas moviéndose en condiciones de alto riesgo y que tuvieron que escapar de sus países por la pobreza extrema, por la falta de empleos, por la violencia y las agresiones de las pandillas y el crimen organizados y por desastres naturales (como los huracanes) que los dejaron sin hogar ni medios de subsistencia. No salieron por gusto, sino para sobrevivir y velar por condiciones de vida apenas básicas.

Además, EU ha jugado un rol importante en la construcción de esta masiva migración. Diversos gobiernos norteamericanos del pasado y presente siglo, mediante políticas intervencionistas y de control geopolítico, contribuyeron a la desestabilización, la precariedad y los bajísimos niveles de desarrollo en la región de Centroamérica: en El Salvador y Guatemala, con el apoyo a la contrainsurgencia en la guerras civiles de dichos países; con la deportación de las pandillas de las maras a El Salvador, grupos delincuenciales que se habían originado en Los Ángeles, California y que ahora son uno de los actores claves que generan los contextos generalizados de violencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y la frontera sur de México; en el apoyo al ataque y al golpe de estado del gobierno progresista de Zelaya en Honduras años atrás.

Todo lo anterior fungió como un complejo grupo de detonantes para producir el éxodo de miles de centroamericanos que, saliendo forzadamente del hogar para poder subsistir, buscan un vida digna fuera de sus países de origen.