Un verdadero tsunami político se ha producido en Colombia por la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. El sustento de la medida sería el de sobornar testigos que se tipifican en el código penal de Colombia como fraude procesal y soborno, dos delitos que se habrían cometido por parte de Uribe en el proceso que la Corte le abrió el pasado 16 de febrero en la disputa que mantiene el exmandatario con el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván cepeda Castro. La disputa se remonta al año 2012 en que Uribe denunció ante la Corte Suprema de Justicia al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, supuestamente por que éste habría comprado testigos para acusar a Uribe de ser promotor y organizador de grupos paramilitares. Cepeda habría recorrido las cárceles para encontrar testigos que declararan en contra de Uribe por la organización de grupos paramilitares y en concreto por la organización del llamado Bloque Metro que actuaría en la ciudad de Medellín. Después de dormir por años sin mayores avances, finalmente en el mes de febrero de este año, la Sala Penal de la Corte exoneró de cualquier responsabilidad a Cepeda y por el contrario decidió abrir investigación penal al denunciante Álvaro Uribe precisamente por los delitos que éste le atribuía a Cepeda, es decir, la manipulación y la compra de testigos.

Y es aquí donde se da inició a los hechos por los cuales la Sala Penal de la Corte Suprema ha llamado a Uribe a indagatoria. Para tratar de responder a la Corte por esta apertura de investigación abogados de Uribe así como el representante a la Cámara por su Partido del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, se dieron a la tarea según la Corte Suprema de intentar por todos los medios de cambiar la declaración de un exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve quien es el testigo estrella que ha sostenido que Uribe junto con su hermano Santiago Uribe habrían participado en las tareas de organización del Bloque Metro. Monsalve era hijo del administrador de la finca de los Uribe, Guacharacas, cuando supuestamente los Uribe habrían organizado este bloque paramilitar responsable de cientos de asesinatos en la ciudad de Medellín.

El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba conocedor de los intentos de Álvaro Uribe por lograr una retractación de las declaraciones de Monsalve ante la Corte puso estos hechos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia quien le dio credibilidad a la denuncia abriendo en contra de Uribe un nuevo proceso por soborno a testigos. Esta investigación la abrió formalmente el día 22 de febrero de 2018 y en desarrollo de las investigaciones dice la Corte que encontró méritos para llamar a indagatoria a Uribe por estos hechos. Habría en el curso de la investigación más de 100 horas de grabación que comprometen directamente a Uribe en el intento de sobornar al testigo Monsalve y de conseguir otros testimonios favorables al expresidente para que la Corte cerrara definitivamente esta investigación.

La renuncia de Uribe al Congreso

El martes 24 de julio la Corte decidió llamar a indagatoria a Uribe. Ese mismo día Uribe anunció que para defenderse en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia había decidido presentar renuncia al Senado de la República, cargo en que se había posesionado el pasado 20 de julio y al que había sido elegido con la primera votación para este organismo el pasado 11 de marzo en que obtuvo un poco más de 870 mil votos, como el senador con la mayor votación del país. Según informaciones de prensa el día de hoy, jueves 26 de julio, habría sido radicada la carta de renuncia de Uribe que debe ser aprobada por la plenaria de la Corporación en un lapso de 10 días.

La renuncia de Uribe al Senado de la República tendría como propósito evadir la investigación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que la investigación por estos hechos la asuma la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez quien ha calificado a Uribe como a un patriota. Sin embargo, este cambio no está del todo claro. La Corte en su jurisprudencia actual ha mantenido la competencia para investigar y juzgar a los parlamentarios en ejercicio aduciendo que el fuero de parlamentario es irrenunciable y por eso en el pasado reciente se negó a entregar las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación en casos de investigaciones por nexos entre los parlamentarios y los grupos paramilitares en la investigación conocida popularmente como la parapolítica. Será la propia Corte la que decida pues casi con toda seguridad habrá un recurso de colisión de competencias buscando el traslado del proceso a la Fiscalía un organismo altamente politizado y muy cuestionado por la ineficacia de sus investigaciones que comprometen a altos personeros de la vida pública en el país.

Mientras se decide sobre el ente investigador, el llamado a indagatoria y la renuncia de Uribe al Senado de la República ha provocado un verdadero tsunami político a escasos 12 días de la posesión del presidente electo, Iván Duque Márquez, quien ha sido elegido el pasado 17 de junio con el impulso y apoyo de Álvaro Uribe Vélez. Uribe no solo apoyó a Duque sino que fue su mentor político. Sin su respaldo y apoyo Duque no habría llegado a la presidencia de la República. Duque quien ha calificado a Uribe como el “presidente eterno” se pronunció frente a la decisión de la Corte tratando de mantener un equilibrio que le demanda su nuevo cargo. En una declaración de cuatro párrafos Duque no ahorro en elogios para Uribe, pero, se abstuvo de atacar a la Corte, defendió la institucionalidad y no señaló como si lo hicieron el propio Uribe y sus seguidores de una supuesta persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el relato que venden los uribistas, una vez que alguno de sus más altos dignatarios son llamados por la justicia o cuando han sido condenados por los jueces.

Duque señaló “Conocemos al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho.

“Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones.

“El ex presidente Uribe y todos los colombianos deben contar con las garantías para ejercer plenamente el derecho a la defensa, gozando de la presunción de inocencia, en el marco del debido proceso.

“Expresamos nuestra solidaridad al ex presidente Uribe y su familia en estos momentos, y estamos seguros que su honorabilidad e inocencia prevalecerán”.

Los efectos políticos de estos hechos apenas están en curso pero algunos de ellos se pueden anticipar. El primero es el debilitamiento, en mi juicio, para bien del país de la aplanadora uribista que se veía venir después de su triunfo en las elecciones presidenciales y de su buen resultado en las elecciones parlamentarias donde obtuvo 19 senadores, la lista más votada y con la mayor representación en el Senado de la República y de obtener cerca de 30 representantes a la Cámara. Es obvio que el proceso judicial abierto contra Uribe horada la legitimidad de Duque que fue elegido como ya se dijo porque Uribe lo promovió y lo impuso en el Centro Democrático.

Un segundo efecto será el debilitamiento también de la coalición política parlamentaria no solo como efecto del proceso judicial sino que Uribe cumplía desde el Senado de la República como el director de orquesta de dicha coalición. Ahora será más difícil disciplinar una coalición variopinta que además ha sido excluida por ahora del gabinete ministerial en que se ha entregado la mayor parte del mismo a los más poderosos gremios del país, un gobierno neocorporativista. Los connatos de rebelión ya se vivieron en la conformación de las mesas directivas del Congreso y continuó en la conformación de las Comisiones Permanentes del mismo.

Un tercer efecto será el debilitamiento y prácticamente el entierro de la propuesta de Uribe-Duque de una reforma judicial que eliminara las altas cortes que son tres en la actualidad para regresar a una sola Corte. Esta reforma sería vista por el país como una retaliación contra la justicia por atreverse finalmente a investigar a Uribe en un par de procesos cuando reposan en la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes 279 denuncias contra Uribe por hechos ocurridos bajo sus dos mandatos presidenciales (2002-2010) y en la propia Corte Suprema de Justicia tiene 14 procesos, la mayoría de los cuales no avanzan.

Estas son por ahora las consecuencias más inmediatas de estos hechos que involucran a Uribe pero también se proyectan sus consecuencias sobre otros aspectos de la realidad política del país. Por ejemplo, ¿cuál será el futuro del partido Centro Democrático sin el liderazgo caudillista de Uribe que es el que le ha dado unidad y disciplina a tendencias que conviven allí a pesar de las grandes diferencias entre los sectores más radicales como el de Fernando Londoño Hoyos y los más moderados como el del propio presidente Duque? Y obvio, en esta situación ¿cuál será la posición de los partidos a quienes Duque les dio tratamiento de socios menores o de segunda clase como el Partido de la U y Cambio Radical que cuentan con 85 parlamentarios?

Estos interrogantes se irán despejando en estos días. Con respecto al futuro de Uribe no parece muy claro puesto que como ya se dijo él y su coalición pueden detener las investigaciones que reposan en la Cámara de Representantes y cubren sus acciones en la más completa impunidad para el período en que ejerció como presidente de la República por el fuero que lo cobija, pero, no pasa lo mismo en la Corte Suprema de Justicia en dónde recientemente, por ejemplo, esta Corporación declaró como crímenes de lesa humanidad las masacres del Aro, la Granja y el asesinato del líder de derechos humanos Jesús María Valle hechos ocurridos en 1997 cuando Uribe era Gobernador del Departamento de Antioquia y en la cual los jueces han pedido que la Corte se investigue la presunta responsabilidad de Uribe, de modo que su situación no está para nada despejada en los tribunales judiciales.

Bogotá julio 26 de 2018.

- Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur.