Introducción

Ante el programa de reestructuración burocrática del próximo gobierno en México, en los últimos días se abrió una “caja de pandora” sobre las elevadas percepciones de la alta burocracia. El problema de fondo de la discusión rebasa por mucho al de sus altas percepciones y niveles de consumo suntuario difundidos en los medios con escándalo. El problema esencial es la forma de reproducción del capital en una economía dependiente, atada a relaciones de explotación de un régimen económico que aleja al grueso del mundo del trabajo de condiciones de consumo “normales”, el cual tiende a recrear un mercado interno deprimido que requiere políticas económicas que estimulen reducidas pero significativas franjas de alto poder de consumo para mantener el deterioro crónico del mercado doméstico, a costa precisamente del menoscabo de la calidad de vida de la mayor parte de los trabajadores. Así, categorías privilegiadas como la alta burocracia, son necesarias a la reproducción del modo de acumulación del capital. Sin afectar las relaciones de producción y explotación en que éste modo reposa, difícilmente pueden quebrantarse los circuitos que alimentan las condiciones de estas categorías privilegiadas. Veamos más de cerca este análisis.

Proyecto de “Reconciliación”, predominio neoliberal y austeridad estatal

El proyecto del próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 2018-2024, ha venido presentándose visiblemente. Destaca el “Plan de Reconciliación” y el programa de “austeridad republicana”, como dos grandes marcos que inicialmente lo definen. La oligarquía mexicana, la lumpenburguesía, como la llamó André Günder Frank, una clase social invertebrada, dependiente, sin alguna vocación nacional, y por ende, sin proyecto de país, se ha adherido sin dudar a la convocatoria de AMLO a lo que ella misma llamó “reconciliación por México”ⁱ, cuyas estampas emblemáticas nos obsequiaron los diarios en la primera semana de la elección presidencial. Bajo el proyecto de la “reconciliación” enarbolado desde su campaña por el virtual presidente electo, y pronunciado con más fuerza a partir de su victoria electoral, se ponen de relieve tres elementos principales: 1) el papel de los capitales (locales-trasnacionales) en el proyecto económico del próximo gobierno; 2) el tutelaje del gran capital a los caracteres “sociales” del proyecto; 3) la importancia de las luchas colectivas en la defensa de los derechos laborales, sociales y colectivos.

El proyecto de “reconciliación” tiende a formar una amalgama pluriclasista con claro predominio -hasta ahora- de los grandes capitales. Sobre esta base se asienta la “austeridad republicana”, esto es, el adelgazamiento del Estado, axioma pro-empresarial. Para muestra, un botón. Al disciplinarse al trípode macroeconómico del capital financiero (disciplina fiscal, política monetaria y flexibilidad cambiaria) que el FMIⁱⁱ, fondos de inversión y calificadoras han saludado (sin ablandar su vigilancia), se recurre entonces a la “austeridad republicana”. Al no cuestionar la hegemonía del capital, se persigue al burócrata. De ahí que se busca la austeridad gubernamental como instrumento de ahorro, que lleve a incrementar la aletargada inversión pública. Como señaló AMLO en su Carta a los inversionistasⁱⁱⁱ, la inversión pública pretende estimular como “capital semilla” a la iniciativa privada para que ésta (a la que el próximo gobierno se ha comprometido a no crear ni subir impuestos) asuma el papel de “motor de la economía”, haciendo de México un “paraíso de la inversión” (Alfonso Romo). ¡A qué velocidad Romo de-construye el mandato popular del 1º de julio!^iv

Para el próximo gobierno, “financiar el desarrollo” pasa entonces, por la dependencia financiera, el superávit primario, la renuncia al gasto deficitario del Estado y al control de la moneda (el equilibrio fiscal de la ortodoxia neoliberal), así como por el rechazo a la madre de todas las reformas (reforma hacendaria) que trastorne la elevada concentración de la riqueza dominante (1% de la población concentra más de 1/3 de la riqueza). ¿Es posible hacer transformaciones “de raíz” sin cuestionamientos al capital?

Austeridad gubernamental y reestructura de la burocracia

De este modo, el programa de “austeridad republicana”, además de animarse por el combate a la corrupción, está vinculado a la no confrontación con los grandes capitales, lo que adquiere enorme significado porque con ello se estaría eludiendo reconocer y buscar resolver problemas económicos estructurales.

En los últimos días se ha puesto el acento de la discusión en la próxima reestructuración de la burocracia. La discusión se ha abierto en distintas vertientes. En las “razones” de esta reestructura: tales como corrupción, despilfarro, excesos. Se ha abierto una “caja de pandora” en los medios difundiéndose el tamaño de sueldos, prestaciones, seguros, recompensas, bonos, premios, etc., de las capas altas del personal de las distintas instituciones del Estado y organismos autónomos. También se ha discutido sobre sus “peligrosos riesgos”: de “ingobernabilidad”, de “inoperancia” gubernamental, así como se ha reflexionado sobre el carácter jurídico de estas modificaciones: como obligaciones legales, reformas jurídicas, defensa del empleo, salarios, un alud de amparos, contradicciones de ley, etc. Las discusiones también han girado en torno a la carga fiscal de la nómina de la administración federal en el presupuesto público, la necesaria calidad e ingeniería del gasto y su sentido político (cuánto, dónde y para quiénes gastar), así como en el objetivo central de esta reducción estatal, que será –según se dice– “financiar el desarrollo”. Este financiamiento ¿es un problema meramente económico? ¿Puede ser suficiente sin salirse de la disciplina neoliberal? ¿Juegan otras fuerzas que lo delimitan?

Más allá de estos y otros análisis, no encontramos una perspectiva vinculada a la economía que nos permita dar cuenta de la significación de la burocracia en la dinámica de desarrollo dependiente de la economía nacional. ¿Son meramente arbitrarios los privilegios de la alta burocracia? ¿El aparato burocrático desempeña un papel en el ciclo económico? El papel de la burocracia, y más propiamente, de la alta burocracia ¿responde a una dinámica propia del ciclo del capital en una economía dependiente?

Burocracia, mercado interno y reproducción del capital

El aparato de Estado, y su cuerpo burocrático complejo (administrativo, judicial, militar, educativo, económico, etc.) y jerárquicamente organizado, tienen en sí mismo un carácter de clase, lo cual es importante considerar, cuando se quiere hablar de transformaciones del Estado a partir de la raíz.

Como veremos, en el análisis actual de la burocracia, el escándalo no está en las elevadas percepciones de sus altas esferas, sino realmente en el proceso económico estructural que las alimenta. Atacar privilegios requiere entender procesos que los alimentan.

Aquí consideramos importante analizar el significativo papel de la burocracia, sobre todo de la alta burocracia, en el mercado nacional. Y en este sentido, reflexionamos sobre el lugar que asume ésta dentro del proceso de reproducción del capital en una economía como la mexicana. Estas reflexiones permiten problematizar sobre procesos sustantivos que animan algunos de los problemas esenciales de la economía dependiente mexicana. Veamos.

Un senador de la república percibe mensualmente más de 120 veces el salario mínimo mensual. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia percibe al mes más de 240 veces el salario mínimo mensual. Elevados niveles de percepciones se presentan en miles de altos funcionarios de distintas entidades del aparato de Estado, los cuales -violando el artículo 127 constitucional-, superan el propio salario del titular del Ejecutivo. Actualmente más de 35 mil funcionarios públicos superan el tope que el virtual presidente electo se ha estipulado como salario (en 108 mil pesos), equivalentes al 40% del salario del actual titular del Ejecutivo^v. Si su salario promediara alrededor de 120 mil pesos mensuales, estarían percibiendo más de 50 veces el monto del salario mínimo mensual. Importante es señalar que en el curso del presente milenio, se presentó un importante ensanchamiento del aparato estatal con la proliferación de puestos y plazas para altos funcionarios, particularmente en las gestiones pro-empresariales del PAN (2000-2006/2006-2012) con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal^vi. Así también, dos semanas antes de la elección presidencial del primero de julio, la Secretaría de Hacienda ordenó un aumento salarial a más de 317 mil funcionarios federales, en general, trabajadores de confianza, que conforman la alta burocracia, y cuya justificativa fue “para mantener el poder adquisitivo respecto de 2017”.^vii

En agudo contraste, el mundo del trabajo ha venido experimentando como un hecho sin precedentes un proceso de precarización laboral de carácter estructural. En promedio, más del 60% de la población ocupada no cuenta con seguridad social. Uno de los primeros rasgos del trabajo precarizado en México se refiere a los vínculos que encierran los nuevos empleos con las condiciones de pobreza. Así también, el 68.7% de la población trabajadora ocupada (ver cuadro 1) percibe de cero hasta tres salarios mínimos por jornada de trabajo, lo cual, no cubre el costo total de la Canasta Alimentaria Recomendada ni de otras necesidades básicas distintas a los elementos que conforman a dicha canasta. En las últimas décadas, el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido en un 80%. En mayo de este mismo año, el gobierno en turno rechazó un aumento al salario mínimo de aproximadamente 10 pesos, y pasar así de 88.36 a 98.15 pesos diarios.

Cuadro 1: México, población ocupada según niveles de ingreso

en salario mínimo (Sm), año 2017.

Fuente: Elaborado con datos del Reporte Económico^viii.

Estos datos permiten visualizar el abismo que separa a una estrecha pero relevante esfera de alto poder de consumo de una extensa esfera de baja capacidad de consumo. En stricto sensu, estas relaciones corresponden a las propias condiciones y polarizaciones que caracterizan al mercado nacional.

Como se observa por estos datos señalados (ver cuadro 2), el aparato burocrático ha crecido, y parte considerable de éste ha venido adquiriendo elevadas percepciones. Sin duda, la alta burocracia, al igual que otras capas de alto poder de compra (clases propietarias, fracciones rentistas) adquiere un papel relevante en un mercado interno deprimido en buena parte por las deterioradas condiciones de consumo del grueso de los trabajadores. El favorecimiento del Estado a los intereses de la alta burocracia está vinculado a políticas económicas (por ejemplo, incremento del crédito), orientadas a estimular la debilidad crónica de la demanda más allá de la salvaguardia estatal de hacer prevalecer las condiciones salariales que caracterizan al modo de acumulación en México.

En este sentido, ante un mercado doméstico deprimido, inescindible de unas relaciones de explotación que compelen al trabajador a prescindir de las condiciones de consumo más allá de sus límites “normales” -lo que enuncia la categoría de superexplotación del trabajo y la teoría marxista de la dependencia-^ix, el Estado tiende a crear condiciones para fortalecer el alto poder adquisitivo de reducidas pero significativas categorías y capas sociales, para lo cual, transfiere recursos de las clases trabajadoras y masas populares en general hacia estas capas sociales mediante distintas políticas económicas (impuestos, inflación, extensión del cuerpo burocrático, política salarial, etc.) que lleven a sostener la demanda.

Explicar la desigualdad de remuneraciones e ingresos y la participación en el mercado interno de los agentes sociales que las perciben, debería desplazar el análisis de la esfera de la circulación mercantil -espacio donde se desempeñan las relaciones de distribución y consumo- al estudio de la propia modalidad de acumulación y reproducción del capitalismo dependiente en México, fundamento a partir del cual se recrean estas divisiones jerárquicas que dan lugar a una polarización social.

Si bien es un problema el lugar privilegiado de la alta burocracia, cuyo elitismo conservador afín al statu quo la lleva a su tradicional pertenencia a las clases dominantes, lo es mayor la propia dinámica económica del capital que de un modo estructural tiende a crearla y reproducirla. Desde este punto de vista, la alta burocracia es necesaria a la forma de reproducción del capitalismo dependiente en México. Más allá de una reestructuración de parte del aparato burocrático y una morigeración de sus privilegios, si quisieran plantearse transformaciones “de raíz”, tendríamos que dirigir nuestra atención a los fundamentos orgánicos que dan vida a verdaderos feudos del sector público.

Cuadro 2: Síntesis descriptiva de la composición, gastos y percepciones de la administración federal

Fuente: Elaborado con datos de distintas fuentes.

Problemas de realización, políticas económicas y espacios de la burocracia

En el otrora patrón de industrialización que algunos denominaron periodo sustitutivo de importaciones, jugó papel relevante el aparato burocrático del Estado desarrollista.^x No sólo porque recayeron en dicho estado nuevas y enormes tareas económicas y sociales que la llevaron a su mayor ensanchamiento. Sino a su vez, porque la burocracia fue orientada a una mayor participación en un mercado interno de consumo empujado por el proceso de industrialización.

Con un modo de acumulación en el que prevalecen relaciones de explotación que tienden a reducir las condiciones de consumo de las clases trabajadoras más allá de las condiciones medias “normales”, y por ende, establecen remuneraciones de la fuerza de trabajo por debajo de su valor (superexplotación del trabajo), la dinámica del aparato productivo industrial se implantó con independencia del grueso de las condiciones de consumo de los trabajadores. Frente a la poca significación del consumo obrero y los problemas para generalizar el consumo de mercancías emanadas de la industria, el capital se encontró con graves problemas de realización, los cuales plantearon la necesidad de la intervención estatal para resolverlos.

Fundamentalmente, el tránsito de la etapa de diversificación industrial a la etapa de especialización productiva concentrada en unos cuantos sectores de producción de bienes de consumo suntuario y de capital, etapa que cubre un periodo de mayor dependencia financiera y tecnológica respecto a los capitales estadounidenses, planteó la necesidad de fortalecer la incorporación al personal del Estado y aparato burocrático en general al mercado doméstico, como una de las medidas para contrarrestar los problemas de demanda y de realización del capital.

Al estar desvinculado de las necesidades de consumo del grueso de los trabajadores, el aparato productivo industrial pasó a sustentarse en ciertas franjas de alto poder de consumo (propietarios, comerciantes, parte de la media y alta burocracia), lo cual llevó al Estado a protegerlas y estimularlas. Dentro de cierto periodo, el papel de estas clases y categorías sociales sostuvieron una forma de reproducción del capital que vinculaba la fase de la producción con la de la circulación –aunque bajo una forma centrada en un mercado interno caracterizado por una enorme distancia entre la esfera alta y baja de consumo–. Como los problemas de demanda no lograrían resolverse, los distintos recursos estatales para sostener los problemas de realización del capital no lograron ser suficientes. La demanda no pudo crecer más allá de una base construida. Y el ciclo del capital, en su relación producción-circulación volvió a fracturarse, de un modo análogo al ciclo de la vieja economía exportadora.

Disociada del aparato productivo, la esfera de la circulación abandonó el referente doméstico y se desdobló, en términos geográfico-territoriales, al mercado exterior. Con las restricciones del mercado interno del patrón industrial, que llevaron a los problemas de realización, acumulación y de financiamiento conocidos, fuimos compelidos a producir para el exterior. Asistimos al “cambio estructural” de los ochenta. La vorágine globalizadora y neoliberal selló el camino ampliado de la dependencia externa. El TLCAN representó la mayor fractura del aparato de producción de las propias condiciones y necesidades de consumo del grueso de los trabajadores. Al terminar por abandonarse el sistema de necesidades del trabajador, el tejido productivo fue violentamente rediseñado fundamentalmente para la satisfacción de la demanda del exterior. Mientras tanto, el desempeño de una deteriorada demanda interna de los bienes elaborados en esta nueva etapa de “reestructuración productiva”, e incluso los cargos del mercado de importación, en general, sólo podía ser alimentado por unos cuantos segmentos de la sociedad –propietarios que viven de la plusvalía, comerciantes, renglones sociales de altos salarios, particularmente del sector público o de la empresa privada–.

Especialización productiva, neoliberalismo y mercado: el lugar de la alta burocracia

El abandono de la industrialización y del mercado nacional –permeado por las agresivas relaciones de explotación–, abrió paso a la vigente modalidad de reproducción del capital conformada por una estructura de especialización productiva volcada al mercado externo, dominado principalmente por las trasnacionales estadounidenses. La principal caracterización de la especialización productiva está definida por una gran concentración (en ramas productivas, en valores de uso, en inversiones, en empresas, en mercados y en exportaciones), la cual agudizó las desigualdades productivas.^xi

Elevadas tasas de explotación influyen en una polarización a nivel del mercado interno, lo que implica determinadas tendencias en la conformación del aparato productivo. Los capitales locales y trasnacionales tendieron a concentrarse en las ramas de mayor rentabilidad. La mayor parte de la inversión ha sido concentrada en las ramas de producción de mayor dinamismo, principalmente sectores y ramas de consumo suntuario y bienes de capital (sector automotriz, electrónica, computación, maquinaria y equipo), las cuales están impedidas de generalizarse al consumo de los trabajadores de la economía local. Al no contar con necesarias relaciones económicas de creación de demanda, más allá de las considerables –aunque reducidas– capas sociales de elevada capacidad de compra, la especialización productiva se estableció sobre un radical vuelco al exterior.

Conformada por la creación y “modernización” de unos cuantos sectores de mayor dinamismo, productividad e incorporación tecnológica, el principal impacto de la nueva especialización productiva, fue el deterioro del aparato industrial, y junto con ello, el abandono y exclusión de miles de pequeños y medianos productores, de los cuales, una parte ha logrado sobrevivir a la competencia “global” en condiciones tecnológicas y productivas de fuerte atraso. Este impacto vino a agravar las condiciones deprimidas del consumo interno.

La poca significación que el trabajador asume en el consumo interno, tiene como consecuencia fortalecer el proceso de des-vinculamiento y ruptura entre el aparato productivo con el mercado interno de consumo, acentuando al mismo tiempo la concentración del eje de la producción en el mercado exterior. En este sentido, la tendencia general que en primera instancia se pone de relieve está orientada hacia la mayor explotación de los trabajadores.^xii

Ahora bien, hay que añadir que bajo estos tiempos del patrón exportador de especialización productiva, se mantienen de un modo predominante las políticas económicas del neoliberalismo. El Estado ha sido objeto de una fuerte modificación. Bajo la hegemonía neoliberal y de sus políticas económicas (descentralización, privatizaciones, austeridad, disciplina fiscal, control inflacionario, “no intervención” en la economía, competencia mercantil, etc.), el Estado ha venido desmantelándose. Muchas de sus funciones fueron disminuidas. En general, la burocracia ha sufrido su mayor adelgazamiento bajo el neoliberalismo. Fueron eliminadas las relaciones de compromiso y prerrogativas sociales que sustentaban las relaciones de dominio y legitimidad (el pacto social) entre las clases trabajadoras y el Estado, relaciones en buena parte mediadas por el aparato de estado y su cuerpo burocrático. Con la ruptura del pacto, el neoliberalismo financierista eliminó las políticas sociales que brindaban ciertas condiciones de “bienestar” –si bien no universales– a la sociedad, apartando así a las clases trabajadoras y masas populares de las condiciones de consumo necesarias, todo lo cual ha incidido en problemas de legitimidad e inestabilidad política.

Asimismo, en la era neoliberal, una parte de la burocracia –caracterizada por una arquitectura estratificada de carácter clasista– dejó de tener un lugar relevante en el mercado interno. Particularmente los escalones intermedios (pequeña burguesía no propietaria) y amplios contingentes de trabajadores del Estado con bajas remuneraciones quienes personificaron despidos, contención salarial, disminución de sus derechos laborales, implementados por el productivismo neoliberal.

Ello influyó en el deterioro del mercado nacional, de por sí profundizado por el proceso de desindustrialización, desocupación, pérdida del poder adquisitivo, agresivas condiciones de explotación, además de las transferencias de valor al exterior (deuda, repatriación de ganancias, etc.,) que llevan a la descapitalización de la economía.

No obstante, el Estado no ha dejado de privilegiar a ciertos renglones o reducidas franjas de alta capacidad adquisitiva, como la que representan las altas capas de la burocracia. Las relaciones que se desenvuelven en la economía dependiente como las que hemos señalado a lo largo del texto, influyen en el Estado a que éste tienda recurrentemente a recrear y reforzar esferas de alto poder de consumo, y con ello abrir cauces al consumo de los bienes elaborados en la estructura productiva conformada en la economía nacional.

En general, el Estado participa en el fortalecimiento a estos segmentos de altas percepciones mediante una violenta transferencia de recursos que va del fondo de consumo de las clases populares a estas franjas sociales privilegiadas. Los mecanismos pueden ser muy distintos, no obstante que el significado es invariante: un despojo de recursos y de derechos que tiende a perpetuar el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.

Dentro de la propia forma que asume la reproducción del capital en la economía mexicana, el Estado está convocado a intervenir de esta manera en la creación de políticas que estimulen la participación de tan nutridos núcleos. Más allá de que sea la burocracia la “administradora” del producto social, y de que ésta viva su desempeño bajo la narrativa dominante del “Estado neutral”, que permea incluso a su personal inclinado a la izquierda, es la forma en que se reproduce el capital en una economía dependiente quien le asigna sobrados espacios para el privilegio a las alturas de la función pública.

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