El incipiente proceso de paz como resultado del silenciamiento de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde el mes de junio del año 2016 llenó de entusiasmo a un amplio sector de la sociedad colombiana que vio en este silenciamiento como también en la puesta en marcha de los acuerdos logrados para ello, una oportunidad para construir la paz en los territorios hasta entonces dominados por las guerrillas y presos de las economías ilegales relacionadas con los cultivos principalmente de coca y por la minería ilegal, fuentes principales de financiamiento de la insurgencia surgida a mediados del siglo XX en una buena parte del país.

El Acuerdo para la terminación del conflicto contemplaba la puesta en marcha de un proceso de redistribución de la tierra mediante dos instrumentos: un fondo de tierras para la paz que debería redistribuir de forma gratuita y principalmente para las familias campesinas víctimas del conflicto y familias campesinas sin tierra, unos 3 millones de hectáreas en los próximos 12 años al tiempo que se propuso la formalización de la propiedad para beneficiar a cientos de miles de campesinos colonos que son poseedores de baldíos sin que hayan accedido a la propiedad de sus tierras. En esta materia el Acuerdo final contempla la formalización de la propiedad en siete millones de hectáreas, en una realidad en que el 61% de todas las propiedades no cuentan con títulos debidamente formalizados (Censo Nacional Agropecuario 2014). Con estos dos instrumentos y con la puesta en marcha desde el año 2012 del proceso de restitución de las tierras apropiadas ilegalmente, que la Contraloría General de la República ha calculado en 7 millones de hectáreas desde el año 1986 y hasta el año 2015, se pretendía hacer frente a una de las causas estructurales que desencadenaron el conflicto armado que es el de la excesiva concentración de la propiedad agraria en que 2500 propietarios son dueños del 52% del total de las tierras productivas del país con una concentración que medida por el coeficiente de GINI ha alcanzado para el año 2014 de acuerdo con el mismo Censo Agropecuario una tasa del 0,87%. Es una de las más altas tasas de concentración de la propiedad rural en el mundo.

Durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos poco se ha avanzado en el cumplimiento de las metas acordadas en la negociación para la terminación del conflicto. Un decreto ley expedido en el mes de mayo del año 2017, es decir, un poco más de un año que creo el Fondo de Tierras para la paz y estableció la ruta para la puesta en marcha del proceso de formalización de la propiedad agraria, aún se encuentra en estudio de la Corte Constitucional que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del mismo. Esta demora de la Corte Constitucional ha afectado la puesta en marcha de este punto que es crucial no solo para desescalar el conflicto por la tierra sino para poder brindar alternativas a la guerrillerada que se desmovilizó y que de acuerdo con el censo de la Universidad Nacional en un 61% de sus integrantes, reclama tierras para sus proyectos productivos y para su reinserción económica. En los seis años y medio de aplicación de la ley 1448/2011 en su componente de restitución tierras despojadas o abandonadas por el conflicto armado se han presentado cerca de 110 mil solicitudes de restitución que reclaman por unos 5.5 millones de hectáreas y apenas se han restituido por los jueces agrarios unas 300 mil hectáreas y se encuentran en sus atosigados despachos unas 30 mil solicitudes para restituir cerca de otro millón de hectáreas. El proceso marcha muy lento y se ha convertido en el principal factor de asesinato de los líderes sociales puesto que los despojadores se resisten a devolver las tierras que fueron apropiadas violentamente.

Todo ello con un agravante, con el triunfo de Iván Duque en las elecciones presidenciales toda la política consignada en los Acuerdos de Paz está en entredicho y una de las políticas más cuestionadas es precisamente la política de restitución, de redistribución y de titularización de la propiedad para los cientos de miles de familias afectadas por el conflicto armado. Y este es precisamente uno de los detonantes principales del conflicto armado existente aún en el país. Complementariamente los Acuerdos de La Habana se ocuparon de la representación política de las comunidades campesinas de los territorios que fueron los más afectados por la acción de las guerrillas de las FARC-EP, para ello se dispuso que se organizarían 16 circunscripciones electorales que cubren 167 municipios para que las comunidades eligieran 16 representantes a la Cámara para que tuvieran una adecuada representación política durante ocho años. Estas circunscripciones no fueron aprobadas aún.

Al mismo tiempo se estableció que en esos mismos municipios se pondrían en marcha 16 proyectos de desarrollo con enfoque territorial así como un ambicioso programa de sustitución de cultivos ilícitos de coca principalmente y la formalización de la minería ilegal que allí se desarrolla. Los planes están en construcción con problemas detectados para su adecuado financiamiento y los planes de sustitución de cultivos han recibido unas 117 mil solicitudes de familias campesinas de las cuales unas 70 mil están debidamente registradas pero los procesos avanzan con lentitud y son amenazados ahora por la puesta en marcha nuevamente de las fumigaciones aéreas ahora con drones en parte de estos territorios. Este es el fondo de la compleja problemática en que se presenta ahora uno de los mayores obstáculos para la construcción de la paz en los territorios, que es el asesinato de los líderes y lideresas sociales y defensores de los Derechos Humanos. Hay que mencionar que el 56% de los asesinatos que se han presentado desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2106 se han registrado precisamente en esos 167 municipios antes dominados militarmente por las guerrillas de las FARC-EP.

Crece el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos

El observatorio del conflicto de la Corporación Indepaz publicó recientemente su informe sobre el asesinato de líderes y defensores de Derechos Humanos para lo que va corrido del presente año. A la fecha de publicado el informe, 5 de julio de 2018, 123 líderes y defensores de derechos humanos habían sido asesinados en lo corrido del presente año. Vale la pena resaltar algunas de las cifras contenidas en este informe:ⁱ

• El 80,48% de las víctimas hacían parte de organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal, JAC, que son organizaciones de base territoriales de las veredas en las zonas rurales y de los barrios en las zonas urbanas y/o de organizaciones étnicas indígenas o afrocolombianas.

• Si se considera el tipo de conflictos se constata que los asesinatos relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 13% del total.

• Los conflictos por tierras, territorio y recursos naturales representa el 83,19% del total de los homicidios registrados en 2018.

• El 14,63% de los homicidios fueron de mujeres.

• Desde las elecciones presidenciales del 17 de junio de 2018 se han asesinado 22 líderes y/o defensores de derechos humanos.

• Durante el período enero a julio 4 en 2016 asesinaron a 57 líderes sociales y/o defensores de derechos humanos; en este mismo período en 2017 asesinaron a 93 líderes y en igual período de 2018 han asesinado a 123 líderes y/o defensores de derechos humanos.

• El 34,14 de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Organización Indígena, ONIC, 18; Marcha Patriótica 17; Proceso de Comunidades negras, PCN, 3; Congreso de los Pueblos 2 y el Movimiento Ríos Vivos, 2 y de la Confederación Nacional Comunal, 16.

• En 2018 se han registrado 33 homicidios contra integrantes de las desmovilizadas FARC-EP y fueron asesinados 5 familiares de excombatientes.

• Cabe destacar que en los departamentos donde más homicidios se presentan en 2018 fueron en el Cauca (18), Antioquia (18), Norte de Santander (11), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8). Se mantiene la tendencia que ya se había registrado durante los años 2016 y 2017.

• Los homicidios se presentaron en 73 municipios ubicados en 24 departamentos del país. El 67,47% se concentraron en 7 departamentos.

Frente a la inocultable gravedad de estos asesinatos y ante la presión de la ciudadanía que masivamente protesto en más de 60 ciudades del país y del exterior, en una velatón realizada el viernes 6 de julio, el gobierno decidió convocar a la Comisión Nacional de Garantías organismo integrado por las más altas autoridades del Estado y de la Fuerza Pública así como a cinco representantes de organizaciones de derechos humanos que se reunió el martes 10 de julio. Al concluir la reunión se anunció en primer término la suscripción de un pacto nacional firmado tanto por el presidente Juan Manuel Santos como por el presidente electo, Iván Duque Márquez así como por los presidentes de las altas cortes de justicia, los presidentes del Congreso, representantes de los principales partidos del Gobierno como de la oposición que condena el asesinato de los líderes y se suscribe el compromiso para investigar y castigar a los autores de los crímenes contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Es la primera vez que de manera contundente un representante del uribismo, en este caso, el presidente electo Iván Duque de manera expresa y pública condenan los asesinatos de los líderes sociales pues este sector político pese a la critica que se le ha hecho en la mayoría de los casos ha guardado silencio o a revictimizado a las víctimas. Esa es a mi juicio la importancia de este pacto suscrito el pasado 10 de julio.

Así mismo se anunciaron 8 medidas para abocar esta verdadera crisis humanitaria derivada del asesinato de los líderes y defensores de derechos humanos. (1) Acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a 16 municipios en que se registran la mayor cantidad de asesinatos, (2) la puesta en marcha de un Plan Urgente de Intervención (con una fase inicial por 30 días) en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional para las zonas más afectadas por los asesinatos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó, (3) se complementarán estas medidas con la microfocalización de las veredas más afectadas de los 16 municipios seleccionados, (4) para fortalecer la protección colectiva el Ministerio de Defensa pondrá en marcha las Unidades Básicas de Protección, (5) Fortalecer la Unidad Nacional de Protección. Esta Unidad es la encargada de la protección individual de los líderes se anunció la entrega de 50 mil millones de pesos para ampliar su cobertura en la protección de los líderes, (6) Desde el Ministerio de Defensa se fortalecerá el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas tempranas generadas por la Defensoría del Pueblo, (7) Se crea una ventanilla única de denuncia en el Ministerio del Interior donde se recibirá la información sobre las amenazas a los líderes sociales y defensores de derechos humanos y (8) se creó un sistema de recompensas por toda información que permita identificar a los responsables de los atentados contra los líderes y defensores de derechos humanos, recompensas que serán aún mayores por la identificación de los autores intelectuales de estos crímenes.

Estas medidas son acertadas pero insuficientes como lo han señalado las diversas plataformas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y las organizaciones sociales víctimas de estos asesinatos. El primer factor que hay que combatir es la impunidad que sigue siendo muy alta, supera el 80% de los casos. Si bien se reconoce que en los últimos dos años la Fiscalía General de la Nación ha señalado que de los 181 asesinatos que se han presentado desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016 y sobre los cuales se han iniciado investigaciones penales por los mismos se han esclarecido 89, según el Fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero lo que no ha dicho Martínez es que en ninguno de los casos investigados se ha llegado a los autores intelectuales, se ha capturado y judicializado a los autores materiales pero los determinadores de los crímenes siguen en la más completa impunidad.

En segundo lugar no se han esclarecido las relaciones entre sectores de la Fuerza Pública en los territorios con las estructuras mafiosas y con los grupos paramilitares que actúan en los territorios bajo su mando. De tempo atrás se ha señalado que en los departamentos y municipios en que se producen estos crímenes se debe investigar la connivencia cuando no el respaldo de sectores de la Fuerza Pública con las organizaciones criminales que asesinan a los líderes. Deberían en estas jurisdicciones territoriales establecerse indicadores de desempeño de los comandantes militares y de policía en la protección y respeto de los derechos humanos y este desempeño debería ser factor principal para los ascensos dentro de la fuerza pública. Es inexplicable que en todos aquellos departamentos en que se cometen la mayor pare de los asesinatos de los líderes sociales sean precisamente los territorios que mayor presencia tienen de la fuerza pública sin que se investigue realmente los nexos denunciados por las comunidades de sectores de la fuerza pública con las organizaciones criminales y las economías ilegales que dominan las actividades económicas en éstas regiones.

De esto no se habla en las medidas que se anunciaron que repito son necesarias pero insuficientes. Esa es ahora la principal tarea, llegar a los autores intelectuales que son principalmente los despojadores de tierras, los grupos armados que se lucran del narcotráfico y de la minería ilegal y sectores de la fuerza pública que actúan como aliados de estos actores en el territorio. Esa es la tarea.

Bogotá, 12 de julio de 2018