Con medidas de hecho y movilizaciones, los trabajadores del sector público de Ecuador lograron impedir que el Congreso Nacional les quite el derecho de sindicalización, en cambio se suprimió el derecho a la huelga.

 El Congreso, dirigido por el socialcristiano Heinz Moeller, se encuentra trabajando, desde hace varios meses, en reformar la Constitución Política que rige el país desde 1979. En varios puntos polémicos, como la seguridad social, las privatizaciones del petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones, y la reforma de la justicia, no han logrado ponerse de acuerdo los trece partidos políticos representados en el Parlamento, a tal punto que el Presidente Sixto Durán Ballén anunció, el 23 de julio, la realización de una segunda consulta popular para dirimir sobre estos temas.

 En materia de sindicalización pública, sin embargo, todos los diputados, incluyendo los representantes socialcristianos, conservadores, socialdemócratas, democratacristianos y de izquierda, votaron, a comienzos de año, por la supresión del artículo 128 de la Constitución que permite formar sindicatos y suscribir contratos colectivos a los empleados de las empresas y entidades autónomas del Estado (petróleo, electricidad, bancos estatales, seguridad social).

 Seis meses después de este hecho y ante varios reclamos, los parlamentarios de izquierda  (del Movimiento Popular Democrático , Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana -APRE-, y Partido Socialista Ecuatoriano –PSE-) señalaron, en su defensa, que fueron sorprendidos y objeto de una confusión en el momento de aprobar esta reforma.

 En la segunda semana de julio, los sindicatos de la empresa estatal de petróleos, PETROECUADOR, y del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, agrupados en el Frente Energético, paralizaron la distribución de combustibles, y se movilizaron para exigir que el Congreso restituya el derecho de sindicalización. A estos reclamos se sumaron el Frente Unitario de Trabajadores, que agrupa a las cuatro principales centrales sindicales, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y los sindicatos del Seguro Social.

 La presión de los trabajadores energéticos obligó al presidente del Congreso, Heinz Moeller, a sentarse en la mesa de las negociaciones. Luego de largas consultas y búsqueda de consensos, el 19 de julio el Congreso aprobó la restitución del derecho o de sindicalización en el sector público, pero estableciendo limitaciones al derecho de huelga. Según las reformas aprobadas, no pueden ser suspendidos los servicios públicos de reducción, distribución y suministro de energía eléctrica y combustibles, las comunicaciones telefónicas, el suministro de agua potable y la protección de la salud.

 Se salvan los maestros

 El gobierno de Durán Ballón y Partido Social Cristiano (PSC), ambos de derecha pero coyunturalmente enfrentados, coinciden en que se debe incluir en los servicios públicos a la educación pública, con lo cual la UNE, gremio que agrupa a noventa mil maestros, se quedaría sin derecho a la huelga. La UNE está controlada por el MPD, partido que con sus ocho diputados logró que los maestros no se vean afecta os por las reformas.

 Otros sectores golpeados con las reformas son los de la Seguridad Social y de la salud pública (una de las áreas más conflictivas por la disminución del presupuesto estatal).

 Asimismo, el Congreso resolvió que cuando las actividades estatales puedan ser delegadas al sector privado, las relaciones laborales serán reguladas por el Código del Trabajo y por lo tanto los trabajadores tendrán derecho a organizarse sindicalmente. Esto constituye un anzuelo para ganar a los trabajadores hacia la tesis de las privatizaciones.

 El Congreso también resolvió que en cada entidad pública habrá una sola organización sindical. En esto hay acuerdo entre el Congreso y el Frente Energético, pues en los últimos años han proliferado los sindicatos, a tal punto que en el Seguro Social hay más de 120 organizaciones.

 Algo de sus conquistas lograron mantener los sindicatos públicos, pero todavía no pueden cantar victoria, pues el gobierno de Durán Ballén ha sido tajante: la sindicalización en el Estado, ha declarado, debe amparar sólo a los obreros y de ninguna manera a los empleados públicos, a quienes acusa de conseguir privilegios con la contratación colectiva. Esta posición es compartida por el PSC, que dirige el Congreso, y por los gremios de industriales, agricultores y comerciantes.

 Hasta el 31 de diciembre de 1994 existían, 126.204 trabajadores públicos amparados por contratos colectivos. En los últimos ocho años se han creado 170 nuevos sindicatos públicos. Estos últimos han sido los más tenaces opositores a las privatizaciones, especialmente de la electricidad y el petróleo que generan más de la mitad del presupuesto del Estado. Igualmente, han denunciado casos de corrupción y malos manejos en sus respectivas empresas.

 La última palabra sobre el tema sindicalización la tiene el Ejecutivo, pues cuenta con el recurso de vetar las leyes con las que no está de acuerdo.

 Publicado en el Servicio Informativo Nº 217, ALAI, 27-07-1995, Quito