Con un buen camarada y amigo, a través de la plataforma de whatsapp, habíamos tratado de evaluar lo ocurrido recientemente en la OEA, donde por instrucciones del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y secundado por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, pretenden desconocer los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo, y de “suspender” a Venezuela del referido organismo internacional, el cual, Venezuela funge como uno de sus miembros fundadores.

Obvian estos representantes de la administración Trump que Venezuela en el mes de mayo de 2017, en otro intento fallido del adlátere imperial Luis Almagro por aplicar la Carta Interamericana Democrática en medio de la ocurrencia de terribles actos terroristas en nuestro país (y por ello, lo que ocurre en estos momentos en la hermana Nicaragua no es mera coincidencia), denunció la Convención Americana que rige al organismo e inició los trámites para su exclusión del mismo, en pleno ejercicio de su soberanía como Estado-Nación. Y es bueno recordar que, estamos en pleno cumplimiento de los lapsos administrativos para nuestra salida de la OEA, la cual se materializará el venidero 27 de abril del año 2019.

Esto es muy importante recordarlo, porque evidentemente los enemigos de la patria difunden y despliegan operaciones psicológicas, léase, ponen a correr bolas, rumores, de que Estados Unidos busca expulsarnos, y eso no es cierto. En realidad, Estados Unidos lo que realmente busca es el aval jurídico y de instancias internacionales para legitimar una intervención militar sobre Venezuela bajo la excusa de ser “humanitaria”.

Pero, volvamos al tema objeto de este artículo.

En la resolución que aprobó la OEA para discutir en una próxima Asamblea General Extraordinaria, la “suspensión” o “expulsión” de Venezuela del referido organismo internacional, la votación fue de la siguiente manera:

Los que votaron a favor de dicha resolución: Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Bahamas, Chile, Costa Rica, Guyana, Jamaica, Paraguay, Santa Lucía, República Dominicana, Barbados, Guatemala y Honduras.

Los que votaron en contra: Bolivia, Dominica, San Vicente y Venezuela.

Los que se abstuvieron: Antigua y Barbuda, Belice, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Un primer elemento en este análisis es que hay que destacar la ambigüedad del gobierno dominicano en sus posturas con respecto a Venezuela. Apoyan el proceso de diálogo, más en la OEA votan por la discusión del tema de la expulsión de nuestro país. El presidente Danilo Medina sabe muy bien lo vivido en el marco de las negociaciones políticas y del diálogo en ese país. Habrá que determinar qué tipo de presiones sufrió para plegarse a la votación del denominado Grupo de Lima. Y particularmente pienso que ya esto descalifica al gobierno y a ese país como un eventual facilitador de próximos procesos de negociaciones políticas.

El caso de Colombia hay que verlo con cuidado, tomando en cuenta su reciente inclusión en la OTAN, al igual que Aruba y Curazao.

Asimismo, todos los países de la Commonwealth, solamente Dominica y San Vicente se restearon con nosotros.

Es decir, estamos rodeados.

Sin embargo, como lo señalaba el padre Libertador: “No se es libre impunemente”, y como lo señala el colega Enrique Tineo Suquet, el trato hostil, discriminatorio y agresivo de este organismo internacional a nuestro país no requiere de una declaratoria de suspensión o expulsión de esa corporación para estatal para que Venezuela, de pleno derecho, se considere válida y legítimamente fuera de esa corporación que la agrede.

Venezuela debe aplicar, como lo acota el camarada Tineo, el principio Rebus Sic Stantibus. Este es un principio jurídico que informa, en que cuando cambian las condiciones pactadas inicialmente, las partes no están obligadas a cumplir con lo establecido en el pacto.

De ahí, que en materia de Derecho Internacional Público, el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 expresa que si se produjere un cambio fundamental en las circunstancias preponderantes en el momento de la celebración del tratado, la parte perjudicada puede alegar dicho cambio para desvincularse del mismo o suspenderlo.

La salida de nuestro país de lo que Fidel Castro denominó “ministerio de colonias” de EEUU debe marchar paralelamente con un movimiento social y popular para la construcción de nuevos mecanismos de integración, sin acompañamiento de otras sociedades o pueblos que se han convertido en instrumentos ciegos para nuestra agresión.

De ahí el acierto de la política exterior delineada durante el gobierno de Hugo Chávez, y ejecutada por Nicolás Maduro durante su paso por la cancillería venezolana, en el impulso del ALBA, PETROCARIBE, UNASUR, pero sobre todo, la CELAC.

Urge la imperiosa necesidad de relanzar dichos mecanismos una vez empiece a despuntar la nueva oleada revolucionaria que se avizora en el horizonte.

Juan Martorano

Abogado, activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

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