“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad” Simón Bolívar

¿Qué es la salud? ¿Qué es estar sano? ¿Qué es estar enfermo? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué unos si y otros no? ¿Cómo se curan? ¿Por qué unos si y otros no? La salud no es un tema sencillo para la humanidad. Es una de las materias que menos entendemos y más miedo nos da. Por eso, la religión, la mitología, la ciencia, la astrología, muchas ramas del saber se han preocupado por ella.

Hipócrates, por ejemplo, el mítico medico griego, pensaba que “la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla” Por ello, no podemos pensar en ello sin entrar en la cuna de los miedos así como sin soñar con una vida libre de cualquier enfermedad.

Al siglo XXI, la salud es un área de desarrollo profesional y un campo de explotación económica complejo, con reglas que nacen en algunos países y desde entonces irradian el mundo con costos, patentes, protocolos, manuales de tratamiento de las clínicas famosas, etc.

Pensado esto, es evidente que la salud no es cualquier derecho porque no sabemos exactamente de qué se trata, ni cómo garantizarla y a veces, con todos los recursos de nuestro lado, no hay esfuerzo humano que evite la muerte que es además, el más humano de los destinos.

Tan complicado es el asunto que algunos se niegan a la idea que la salud pueda ser un derecho, o al menos, un derecho igual como la vida o la propiedad que para el liberalismo son asuntos sencillos. La vida, ella, en los tratados clásicos no va mucho más que el derecho  a que no se nos cause intencionalmente la muerte; y, la propiedad es la capacidad de obtener bienes sin que se nos perturbe en su uso o goce.

Sin embargo, una cosa es que algo sea jurídicamente difícil de lograr y otra que deje de ser una necesidad básica para la vida, así, para no extendernos podemos pensar como la idea que se le ha atribuido a Budha según la cual “sin salud la vida no es vida, sino sólo un estado de languidez y sufrimiento, una copia de la muerte”.

Volviendo al Derecho, según la Organización Mundial de la Salud, la salud es “un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”[1]. El cual requiere, en la visión occidental en la que la mayor parte del pueblo venezolano vive, el acceso universal, permanente, sin interrupciones a centros sanitarios, tratamientos, medicamentos e insumos quirúrgicos.

Pero ¿Cómo se logra eso? ¿Quién está obligado a lograrlo? En principio, la respuesta la buscamos en el  Estado que tiene, a través de los servicios públicos, una obligación de procurar las infraestructuras para atender las necesidades de un pueblo.

Si eso podemos decirlo con tranquilidad, no podremos ir mucho más allá porque el problema nos e agota en la voluntad política de los gobiernos y llega, al mundo de la realidad financiera y presupuestaria.

Porque la existencia de esos hospitales modernos, equipados, donde se estudia y se procura el bienestar integral de la gente se sujeta sobre obligaciones condicionales. Un Estado, cualquiera de ellos, no tiene más que procurar progresivamente, en la medida de los recursos existentes, que esto exista.

De allí, que algo tan importante como la salud entre en la categoría de los “pobres derechos” que tiene la gente pobre porque, lo recordamos al inicio, en un paradigma donde la salud es un campo económico fundamental, el problema existe para quienes no tienen recursos suficientes para enfrentar las enfermedades. Para los otros, no veremos mucho más que simples contratos de servicio (las consultas o las terapias) y compraventas de medicinas o insumos.

Ahora ¿qué pasa con la salud en Venezuela? Es imposible prender la radio, abrir la prensa o ir a un centro de salud sin conocer esta crisis del sistema de salud o crisis sanitaria que se vende como una crisis humanitaria en Venezuela.

No es mi intención negar una severa precarización del sistema o un alucinante retroceso del acceso general a los insumos o medicinas. Sin embargo, este ejercicio que se detiene a señalar que las cosas están mal, que la gente sufre, que asisten menos a consultas, que las patologías se agravan y los enfermos crónicos están en un estado de riesgo absoluto, obvia de manera intencional o no, que esta es una situación impuesta voluntariamente a Venezuela cuando, además de los recursos que han mermado por los cambios de la economía global, la dependencia de insumos extranjeros para generar mercancías que pudieran diversificar las exportaciones venezolanas, de manera deliberada se condiciona o se prohíben las compras de medicinas a Caracas, a la vez que se promueve un “éxodo” de profesionales de la salud.

¿Cuántos médicos formó Venezuela en la última década? ¿Alguno recuerda las pataletas de las universidades autónomas por el deber de aceptar más estudiantes o las fotos de graduaciones de los médicos integrales o la masificación de los programas de estudio de la Universidad Experimental Francisco de Miranda?

¿Alguno obvia que las inmigraciones de médicos son priorizadas por los países del Grupo de Lima, Estados Unidos o España? Que obtendrán mano de obra que no formaron, que aceptará condiciones socioeconómicas menos exigentes que los elitescos médicos que tienen, o, el trabajo rural al que se negaron en Venezuela. Aquí hay todo un tema del que hablar.

Pero pensemos en otro punto álgido. La bipolaridad que tienen los señores que se quieren hacer llamar “sociedad internacional” forzando la creación de un “canal humanitario” para recibir una “ayuda humanitaria” sobre la base de asfixiar al pueblo por la vía de la suspensión de los mecanismos ordinarios de compra de medicinas.

Un “canal humanitario” escrito como una carta sin destino porque en ninguna parte la oferta ha sido pública, concreta, verificable, basada en las necesidades probadas de los venezolanos dadas las medicinas o insumos que no se encuentran en el país.

Bien por el contrario, las acciones que si han sido precisas han sido las que se han denunciado como acciones directas del boicot a la adquisición de medicamentos. Así podemos hablar de cuando Colombia ordenó revertir las compras de medicina contra la malaria que había hecho Caracas a un proveedor neogranadino, actuando como si estuviese en vigencia  en Colombia, alguno de los decretos que han prohibido el comercio entre Estados Unidos y Venezuela.

Así lo reseñó la prensa en aquél momento:

El Presidente Juan Manuel Santos ordenó recientemente a BSN Medical Colombia, laboratorio que produce Primaquina -medicamento que se utiliza para el tratamiento del Paludismo- rechazar la compra del Estado venezolano de ese fármaco esencial para tratar y curar la malaria.

Tareck El Aissami, Vicepresidente de Venezuela, denunció el pasado jueves que para el alivio del pueblo venezolano ya estaba garantizada la Primaquina pues el medicamento fue comprado al Gobierno de la India y empezó a ser distribuido en el Estado Bolívar el viernes 3 de noviembre.[2]

Esta compañía, BSN Medical Colombia, es una trasnacional importante con centros de producción en Alemania, Francia, Reino Unido, Méjico, Pakistán, Sudáfrica, Colombia, Venezuela, Nueva Zelanda y Estados Unidos; operando en todo el mundo a través de filiales, sociedades y agentes distribuidores, y comercializa varios productos comunes en el mercado de la salud como Leukopor®, Tensoplast®, Gypsona®, JOBST®, Delta-cast® y Actimove®[3]

La vacunación contra la malaria es sumamente importante porque esta enfermedad es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad prevenible y curable, lo que no le quita ser una enfermedad potencialmente mortal.[4]

Por lo cual, debe atacarse mediante procesos masivos de vacunación:

La lucha antivectorial es el medio principal de reducir la transmisión del paludismo. Si la cobertura de las intervenciones de esta índole es suficiente en una zona determinada, se protegerá a toda la comunidad.

La OMS recomienda proteger a todas las personas expuestas a contraer la enfermedad mediante medidas eficaces de lucha antivectorial. Para el control efectivo del vector, recomienda proteger a toda la población que se encuentra en riesgo de infectarse. Hay dos métodos de lucha contra los vectores que son eficaces en circunstancias muy diversas: los mosquiteros tratados con insecticidas y la fumigación de interiores con insecticidas de acción residual.[5]

Ante esta decisión de Bogotá, el  país se vio obligado a buscar nuevos proveedores que trajeron las medicinas de más lejos, de la India específicamente, habiendo perdido el tiempo destinado a la negociación y es posible pensar que esto generó un impacto financiero del cual no se ha hablado públicamente.

“Está despegando a primera hora de la mañana un avión de la India que trae este medicamento para el pueblo de Venezuela. Ya hemos garantizado la primaquina (…)estamos trayendo este medicamento para garantizarle la atención necesaria al pueblo del estado Bolívar que es uno de los pueblos más golpeados por esta epidemia de la malaria y el paludismo”[6]

Esta situación fue reseñada en términos alarmantes en la prensa venezolana. Donde, el 7 de mayo de 2018, fue recogida la declaración de un experto en el portal web del canal de noticias Televen:

El vocero de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, Marcos Lima, informó la existencia de por lo menos 175 mil personas padecientes de Malaria en el estado Bolívar, y proyectó que este número superará los 400 mil casos este año.

Lima explicó que los enfermos recurren frecuentemente al mercado negro ante la escasez de medicamentos en las farmacias del estado. Asimismo, advirtió que la mayor parte de los afectados se encuentran en el municipio Sifontes, donde está desplegado el Arco Minero.

Además, señaló que los casos de malaria se incrementan como consecuencia de la falta de inversión, escasez de medicamentos y la mala distribución.[7]

De este modo, la capacidad del Estado para atender, como lo hacía antes que estas estrategias de bloqueo y persecución se implementaran en contra de Venezuela ha sido rebasada, generando una situación que difiere sensible y gravemente de los avances sociales que han caracterizado la Revolución.

La capacidad de respuesta del Estado para garantizar el derecho a la salud y la vida de los venezolanos ha sido rebasada por la cantidad de epidemias – la malaria o el paludismo, la difteria, la tuberculosis, la escabiosis, el sarampión y el VIH- que hoy afectan a la ciudadanía en distintas áreas geográficas del país, y que superan en su conjunto a más de un millón de personas, causando un gran riesgo para toda la población.[8]

Al respecto, habida cuenta del marco internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que quedó fijado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, igualmente ratificado por Venezuela, que establece la naturaleza de las obligaciones en la materia diciendo que los Estados Partes “se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga”, parece lógico concluir que las acciones buscan limitar o eliminar la capacidad de compra del Estado para procurar “maximizar el dolor”[9] del pueblo venezolano, lo que el 24 de abril admitió Marco Rubio como el fin de las acciones que se vienen emprendiendo en contra de Caracas.

Estas dos denuncias[10] ya las habíamos expuesto cuando el Ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, anunció que la banca internacional bloqueó una transacción de siete millones de dólares destinados a comprar insumos para pacientes de hemodiálisis. La mortalidad de la suspensión de la hemodiálisis, es casi absoluta al menos según lo publicado por Iñaki Saralegui, Arantza Arrausi, Oscar García Uriarte, Elena Montoya, Yolanda Martínez, Carmen Robledo, Magdalena Berasategui y Begoña Capillas en el artículo “La suspensión de la Diálisis en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Avanzada: ¿Qué opinan los enfermos?” en la Revista de Enfermería Nefrológica[11]

Una vez suspendida la HD los pacientes fallecen en un período de una a dos semanas; en caso de pacientes de edad avanzada y comorbilidad asociada ese tiempo puede ser incluso inferior a tres días33. Durante el mismo deben recibir los cuidados y tratamientos adecuados para el alivio de los síntomas6,9,34, siendo más flexible con la dieta, teniendo la precaución de limitar la ingesta de sal y la toma de líquidos con el objetivo de prevenir el edema pulmonar y la disnea.

Estos dos escalofriantes ejemplos de la acción concreta y continuada en contra del pueblos de Venezuela de un gobierno que se ha propuesto acabar con la capacidad de los venezolanos de elegir el sistema político que aspiren, da prueba de la sumisión de Venezuela a una situación de teatro para “pagarse y darse el vuelto” como lo dijo nuestro embajador ante la OEA, Samuel Moncada el 30 de abril de este año.

EUU. está ofreciendo 21 millones de dólares en ayuda humanitaria pero ellos nos han bloqueado 1.200 millones de dólares. Están construyendo un caso para justificar una intervención. Su crisis humanitaria es la sustitución del Estado venezolano por una intervención”[12]

Defendernos de esto, proteger al pueblo requiere superar el esquema de las obligaciones que se tiene hacia la salud y las dinámicas ordinarias del Estado. No hay una sola línea de este extenso artículo que no sea testigo de una desgarradora situación que nos quieren imponer naturalizada en la espantosa frase al uso de moda de la derecha “situación país”.

Notas

[1] http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

[2] http://www.colombiainforma.info/santos-bloquea-venta-de-medicamentos-a-venezuela/

[3] http://www.bsnmedical.com.co/acerca-de-bsn-medical.html

[4] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/es/

[5] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/es/

[6] http://rnv.gob.ve/en-las-proximas-horas-llegara-a-venezuela-medicamentos-para-la-malaria/

[7] http://www.televen.com/elnoticiero/bolivar-preven-que-casos-de-malaria-superen-los-400-mil-en-2018/

[8] https://www.diariolasamericas.com/america-latina/seis-epidemias-venezuela-generan-alarma-n4136467

[9] http://www.correodelorinoco.gob.ve/maximizar-el-dolor/

[10] https://www.alainet.org/es/articulo/192476

[11] vol.17 no.2 Madrid abr./jun. 2014

[12] http://versionfinal.com.ve/politica-dinero/samuel-moncada-afirma-que-estados-unidos-esta-construyendo-un-caso-para-justificar-una-intervencion/