Esta semana cumplió siete años la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), normativa que ha permitido impulsar inéditos procesos de transparencia, contraloría social y rendición de cuentas del sector público. En este tiempo, dicha ley se convirtió en herramienta clave para periodistas, investigadores, activistas y ciudadanía en general.

La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) informa que más de 72,000 solicitudes de información han sido procesadas por diferentes instituciones públicas. De éstas, menos del 1% han sido denegadas, el promedio de respuesta es siete días hábiles, 9 de cada 10 requerimientos son entregados totalmente y sólo un 5% de la información no es posible entregarla por ser inexistente.

Sin embargo, hay hechos y situaciones que constituyen parálisis y retrocesos en la aplicación de la LAIP y en la construcción de una cultura de transparencia, probidad y anticorrupción.

Una es la actitud renuente de algunas instancias estatales frente a la ley: varias municipalidades, la Corte Suprema de Justicia y entidades del Ejecutivo como el Ministerio de Defensa, que ha negado información sobre masacres y otros crímenes cometidos durante la guerra civil.

Otra es la resolución de la Sala Constitucional que estableció criterios adicionales para denegar solicitudes. Los “honorables” magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco avalaron negar información cuando ésta “no sea de interés público”, cuando su entrega “obstaculice el trabajo de las instituciones” o las solicitudes sean sobre gestiones anteriores.

También resoluciones como la del Juzgado que procesa al ex presidente Antonio Saca y a ex funcionarios suyos. Ésta impide el acceso de los medios a las audiencias y al expediente judicial que revela, entre otras informaciones, el destino de unos 300 millones de dólares sustraídos de cuentas reservadas de Casa Presidencial por el gobernante arenero.

Además, las dificultades para transparentar ámbitos como el fiscal (evasión y elusión tributaria) y la negativa mediática para difundir información de interés público revelada por la SPTA, por ejemplo: datos sobre financistas de los partidos políticos o irregularidades en las concesiones radioeléctricas.

Finalmente, el peligro de que la derecha parlamentaria derogue o modifique la LAIP y el país vuelva al pasado de opacidad, intransparencia y corrupción.

11 mayo de 2018

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)