La retórica anti-inmigrante y la promesa del muro fronterizo fueron de los principales temas en la campaña de Donald Trump. En lo que va del nuevo Gobierno republicano se han tomado importantes medidas al respecto, que tienen impacto en la migración proveniente de América Latina. No obstante, el “problema de la migración” y las “soluciones” propuestas por los países receptores de migrantes (en la mayoría de los casos, países centrales), se caracterizan por medidas discriminatorias, restrictivas y de criminalización, más allá de ciertos cambios de retórica en los organismos internacionales en las últimas décadas. Gobiernos demócratas y republicanos se han sumado a esta tendencia, incluido el de Obama, que superó el récord en deportaciones.

El legado de Gobiernos anteriores: crisis migratoria y seguridad (inter)nacional

Las políticas migratorias son llevadas a cabo en un contexto amplio de securitización de la política externa de EE. UU. hacia América Latina.

Un caso concreto es que luego de que EE. UU. declarara la “crisis humanitaria” (julio del 2014) debido al incremento de la migración centroamericana (particularmente de menores no acompañados) el presidente mexicano Enrique Peña Nieto impulsó una reforma migratoria para asumir una “responsabilidad compartida” en la frontera sur. Se crea el Programa Frontera Sur (Southern Border Plan) para “frenar” la migración de centroamericanos a través de México, como parte del programa para crear la Frontera del Siglo XXI del Homeland Security, la cual supone la frontera de EE. UU. en el sur de México[1] y cuenta con recursos provenientes de la Iniciativa Mérida (acuerdo de “buen entendimiento” establecido en 2008 entre EE. UU. y México que impuso la militarización de la lucha contra el narcotráfico)[2]. Algunas medidas concretas del programa son la instalación de brigadas de seguridad privada, drones, sistemas de geolocalización, cámaras de vigilancia en los trenes y puntos estratégicos; construcción de bardas y equipos de alarma y movimiento alrededor de las vías.[3] El impacto del programa se pude percibir en un impresionante aumento del 85 % en el total de detenciones de migrantes durante los primeros dos años de vigencia.[4]

Como una pretendida “solución” a la crisis migratoria, el Gobierno de Barack Obama promovió en 2015 la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que incluyó un monto de 750 millones de dólares anuales para El Salvador, Honduras y Guatemala en 2016. Los fondos se distribuyen en: 299 millones de dólares en ayuda para el desarrollo; 222 millones para la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI) en el sector de control de narcóticos; 184 millones para el Fondo de Apoyo Económico de CARSI para desarrollo y gobernabilidad; 26 millones en financiamiento militar; 4 millones en educación y entrenamiento militar y 15 millones para salud y otros sectores.[5]

Los fondos asignados en el marco del CARSI evidencian el carácter militarizado y de seguridad de la “ayuda para el desarrollo” como marca de la administración de Obama y que presenta profundas continuidades en la administración republicana actual.

Tal como quedó planteado en la Conferencia del Triángulo Norte sobre Prosperidad y Seguridad en América Central, realizada en Miami en junio del 2017: “La seguridad y estabilidad de Centroamérica contribuye a la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos al ayudar a asegurar las fronteras estadounidenses, proteger a los ciudadanos estadounidenses y mejorar las oportunidades para las empresas estadounidenses. La participación de EE. UU. en Centroamérica tiene el propósito de destruir a las organizaciones criminales trasnacionales, combatir el tráfico de drogas y reducir la migración ilegal, así como aumentar la inversión del sector privado para crear empleo y oportunidades económicas en la región”.[6]

La cuestión migratoria es un “problema” de muy larga data, no solo para EE. UU. sino para la mayoría de países centrales que se ven “amenazados” por la permanente llegada de “indocumentados” a sus fronteras. En las últimas décadas, los organismos internacionales -como la OIM- no trascendieron de una retórica que intenta un cambio en la perspectiva sobre las migraciones, pasando de “problema” a “oportunidad”[7], en el conocido enfoque de la gestión de las migraciones. Este giro superficial no se reflejó en una toma de conciencia sobre la responsabilidad de un orden internacional desigual, o sobre las condiciones estructurales de países donde la gente se ve obligada a migrar. El pedido de la ONU-OIM de lograr “migraciones seguras, ordenadas y reguladas”,[8] no se contradice con la creciente criminalización de la migración a nivel global. En EE.UU. se exacerbó luego del ataque a las Torres Gemelas, con la Ley Patriótica y una serie de medidas para aumentar la vigilancia a nivel local, nacional e internacional.

Por eso, no debe sorprender que la migración integre el primer pilar de la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump, al ser concebida como una de las principales amenazas a la seguridad.[9] En esta misma Estrategia, se expresa que se acabará con este tipo de “problemas” allí donde se originan: una vez más habrá que ir más allá de las fronteras estadounidenses para garantizar la “seguridad nacional”.[10] En la última presentación de Kurt Tidd, jefe del Comando Sur ante el Congreso estadounidense, la cuestión migratoria se enfoca en la “crisis humanitaria” en Venezuela, materializada en la migración a países vecinos.[11] Se suma a los argumentos que plantean como urgente un “cambio de régimen” en ese país y que intentan deslizar como probable e incluso necesaria una intervención para lograr este objetivo. Así, la migración no es una cuestión de “seguridad nacional” (fronteras adentro), sino que encarna la noción de seguridad como control o ausencia de “amenaza” en cualquier otro espacio, especialmente a nivel hemisférico.

Trump y las “novedades” en la política migratoria de EE. UU.

Órdenes Ejecutivas decretadas desde enero de 2017:

“Seguridad Fronteriza y Mejoramiento de la Vigilancia Migratoria” (Executive Order 13767). Incluye la polémica extensión del muro fronterizo con México, la contratación de 5.000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, el incremento de tecnologías para el control operativo sobre la frontera y la “prevención de cualquier entrada ilegal a los Estados Unidos”.[12] Dato: desde 1998, la Patrulla Fronteriza contabiliza aproximadamente 7000 migrantes fallecidos en la zona fronteriza.[13]

“Mejorando la Seguridad Pública en el Interior de Estados Unidos” (Executive Order 13768). Afirma la importancia crítica de las leyes de inmigración para la seguridad nacional y la seguridad pública en EE. UU. Propone triplicar la cantidad de agentes disponibles para el cumplimiento de leyes migratorias, amplía las categorías de prioridad para la deportación y facilita la deportación sin debido proceso. También ordena la posible suspensión del financiamiento federal y otras penalidades a las “ciudades santuario”[14] que desafíen las leyes federales migratorias en la protección de inmigrantes indocumentados..[15]

El Veto Migratorio (Travel Ban) (Executive Order 13769)[16] decretó el cierre temporal de las fronteras de EE. UU. para refugiados de todo el mundo y para los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak) tras el argumento de “proteger al pueblo estadounidense de los ataques terroristas”. Fue rechazado por jueces de la Corte Suprema.

En abril de 2017 se firmó una cuarta Orden Ejecutiva para implementar cambios en las visas de trabajo, bajo el lema de “Compra americano, contrata americano” (Buy American, Hire American, Executive Order 13788).[17]

Medidas adicionales

En septiembre de 2017 Trump suspendió el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), de junio de 2012, destinado a casi 800.000 personas indocumentadas, conocidas como “dreamers”, llegados a EE. UU. en condición de menores de edad. Con base al giro planteado por Trump, se estima que alrededor de 14.000 jóvenes han perdido sus estatus de protegidos.[18] Como condición para devolver vigencia al DACA, Trump reclama el cumplimiento de otras medidas: “no habrá DACA sin el muro desesperadamente necesario en la frontera sur, el fin de la horrible inmigración en cadena y el ridículo sistema de lotería migratoria”.[19]

Desde noviembre de 2017 se canceló el TPS (Estatus de Protección Temporal), establecido en 1990 por el Congreso estadounidense para proteger a extranjeros -especialmente centroamericanos- que huían de “conflictos, catástrofes o desastres”. Según un informe, en enero de 2017 (inicio del Gobierno de Trump) los principales beneficiados del estatuto de protección son originarios de El Salvador (195,000 personas), Honduras (57,000 personas) y Haití (50,000 personas),[20] además de personas provenientes de Nepal, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen.[21]

La reforma migratoria bipartidista propuesta por el nuevo Gobierno consta de cuatro pilares:[22]

El primer pilar postula la ciudadanía para 1,8 millones de inmigrantes ilegales que fueron traídos aquí por sus padres a una edad temprana, siempre y cuando cumplan con los requisitos de educación y trabajo, y muestren buen carácter moral.

El segundo pilar plantea la construcción del muro en la frontera sur, “cierra las terribles lagunas explotadas por criminales y terroristas para ingresar a nuestro país, y finalmente pone fin a la peligrosa práctica de “capturar y liberar””.

El tercer pilar va contra la “lotería de visas”, “un programa que distribuye al azar green cards sin tener en cuenta la habilidad, el mérito o la seguridad de nuestra gente”. El objetivo es que ingresen únicamente trabajadores calificados.

El cuarto pilar busca evitar la “migración en cadena”. En lugar de permitir que cada migrante traiga una cantidad “virtualmente ilimitada” de parientes, las nuevas medidas focalizarían en “la familia inmediata al limitar los patrocinios a los cónyuges e hijos menores de edad”.

A un año de la asunción de Trump, el flujo de inmigrantes indocumentados fue similar al de años anteriores. En febrero de 2017 fueron aprehendidas 18.762 personas, un número relativamente bajo, que según analistas se debería a la retórica antinmigrante de la nueva administración. En febrero de 2018, se han contabilizado 26.666 detenciones.[23] Con respecto a la deportación, algo que atañe especialmente a países centroamericanos, ha incrementado la de guatemaltecos en un 39 % en los dos primeros meses de 2018 en relación al mismo período del año pasado.[24] Vale recordar que el Gobierno Obama alcanzó récord en la deportación de migrantes, en particular centroamericanos.[25]

- Tamara Lajtman y Silvina Romano son investigadoras de CELAG

[1] http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/opinion/034a1eco

[2] http://www.celag.org/eeuu-la-guerra-las-drogas-colombia-mexico-centroamerica/

[3] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448911&fecha=23/08/2016

[4] https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/06/WOLA-Frontera-sur-de-Mexico-2017.pdf

[5] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/01/15/fact-sh...

[6] https://sv.usembassy.gov/es/compromisos-claves-de-la-la-conferencia-del-triangulo-norte-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-america-central/

[7] https://news.un.org/es/story/2018/01/1424892; https://news.un.org/es/story/2009/10/1175541

[8] https://news.un.org/es/story/2016/01/1348461

[9] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

[10] http://www.celag.org/la-estrategia-seguridad-nacional-ee-uu-impacto-america-latina-caribe/

[11] http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCOM_2018_Posture_Statement_FINAL.PDF?ver=2018-02-15-090330-243

[12] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/

[13] https://www.wola.org/es/analisis/migracion-y-la-seguridad-fronteriza-en-el-gobierno-de-trump/

[14] http://www.immigrationunitedstates.org/pages/ciudades-santuario.html

[15] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-enhancing-public-safety-interior-united-states/

[16] https://edition.cnn.com/2017/01/28/politics/text-of-trump-executive-order-nation-ban-refugees/index.html

[17] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-buy-american-hire-american/

[18] https://www.nytimes.com/es/2018/01/08/la-casa-blanca-pide-dinero-para-el-muro-a-cambio-de-proteger-a-dreamers/

[19] http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/29/1210565

[20] http://cmsny.org/publications/jmhs-tps-elsalvador-honduras-haiti/

[21] https://www.wola.org/analysis/trump-may-discontinue-temporary-protected-status/

[22] https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-state-union-address/

[23] http://observatoriocolef.org/?noticias=detenciones-en-la-frontera-vuelven-al-ritmo-usual-tras-un-ano-de-trump

[24] http://observatoriocolef.org/?noticias=deportacion-de-guatemaltecos-desde-ee-uu-aumento-39-en-dos-meses-de-2018

[25] http://www.celag.org/jimmy-morales-y-los-problemas-de-guatemala-o-los-de-estados-unidos-por-silvina-m-romano/

http://www.celag.org/trump-y-la-migracion-como-amenaza-a-la-seguridad-internacional/