El  trámite del paquete legislativo que busca dar concreción y desarrollo a los Acuerdos de La Habana suscritos entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, ha desvelado el bloqueo institucional no solo para la aprobación de normas legislativas que permitan poner en marcha el paquete de reformas acordadas para la terminación de la confrontación armada entre esta guerrilla y el Estado sino que también ha puesto sobre la mesa el bloqueo institucional para abordar la profunda crisis política que se vive en el país así como la crisis de la rama judicial presa de la más elevada corrupción de que tengamos noticia en la vida republicana del país.

La clase política se niega a abordar de fondo estos problemas. No quiere legislar para afrontar la crisis política derivada de la corrupción. Está probado que las campañas presidenciales del año 2010 y del año 2014 utilizaron dineros provenientes de la firma brasilera Odebrecht lo que está prohibido en la legislación colombiana que expresamente señala como ilegal el financiamiento que provenga de entidades extranjeras. La campaña electoral del año 2010 que llevó a la presidencia de la República a Juan Manuel Santos recibió por lo menos 400 mil dólares de dicha firma corrupta. Así lo reconoció públicamente su gerente Roberto Prieto. Quizás este reconocimiento se hizo a sabiendas que nada se podría hacer por cuanto el caso ya había prescrito. En Colombia estas irregularidades tienen una vigencia de tres años tiempo en el cuál las autoridades electorales deben investigar y sancionar. Por eso también van camino a la prescripción las irregularidades presentadas en las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. El corrupto e ineficiente Consejo Nacional Electoral, CNE, ha dejado pasar estas irregularidades que están como ya se señaló a punto de prescribir en este mes de noviembre. Y las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación tampoco han dado ningún resultado en manos de un Fiscal General cada vez más enredado en sus múltiples inhabilidades.

El Fiscal General es un representante fidedigno del régimen que hace aguas por sus cuatro costados. Las investigaciones sobre corrupción de la rama legislativa que por lo pronto compromete a seis parlamentarios en ejercicio fueron empujadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tiene en sus manos a uno de los alfiles de la corrupción, el exgobernador del departamento de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, quien se puso a disposición de la Justicia Norteamericana y es quien ha develado la enorme corrupción que compromete además a tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Tarquino Pacheco, Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos,  quiénes pusieron a la Corte al servicio de la más rampante corrupción vendiendo fallos o preclusiones de procesos que comprometen a parlamentarios enredados en turbios negocios con los grupos paramilitares.

Hoy está claro que estos magistrados formaron una trama criminal para desmontar las investigaciones que la Corte Suprema había llevado adelante entre los años 2006 y hasta el año 2012 en que investigaron y condenaron a 62 parlamentarios por sus nexos probados con los grupos paramilitares en el proceso denominado de la parapolítica. Está claro que con la llegada de estos personajes a la Corte Suprema las investigaciones se detuvieron y salieron de este organismo los magistrados que venían llevando adelante estas investigaciones y la Unidad de magistrados auxiliares coordinados entonces por el Magistrado, Iván Velásquez. Todos ellos fueron sacados de la Corte Suprema y se desmontó la unidad que llevaba adelante estas investigaciones. Por lo pronto está detenido el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte y dos parlamentarios alfiles de la Unidad Nacional, Bernardo el Ñoño Elías y Musa Besaile que como se sabe fueron los parlamentarios del Partido de la Unidad Nacional con las más altas votaciones en las elecciones parlamentarias de marzo de 2014. Lo lógico es que se examinen los procesos que estaban en manos de estos magistrados corruptos y las decisiones que tomaron mientras ocuparon la magistratura. Uno de estos procesos como se sabe compromete al actual candidato y ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras a quien se cerró una investigación por sus presuntos nexos con los paramilitares en el Departamento de Casanare.

Lo que muestran las investigaciones es que la trama de la corrupción compromete el financiamiento de las campañas presidenciales, las campañas a Congreso de la República, los nexos con grupos criminales para la elección tanto de congresistas como de Gobernadores y Alcaldes. Lo lógico sería que el Congreso de la República avanzara en la aprobación de una tímida reforma política cuyos puntos más importantes son la reforma del Consejo Nacional Electoral que en el texto aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se plantea que en adelante sea elegido por el Congreso de la República de ternas que sean conformadas por las cinco facultades de derecho que tengan el mayor reconocimiento académico en el país. Esto sería un avance aunque conjuntamente con organizaciones sociales hemos planteado que dichas facultades de derecho no envíen ternas sino que presenten nueve candidatos un tercio de los cuales sean mujeres y que el Congreso los elija y puedan devolver candidatos cuando no consigan en el seno del Congreso las mayorías para su elección. En estos casos las facultades de derecho enviarían nuevos candidatos. El proceso de elección debería ser público.

Un segundo aspecto importante es el relacionado con financiamiento de las campañas que debería tener nuevos mecanismos de control y fuertes sanciones a la violación de los topes electorales o a las fuentes de financiamiento ilegal para lo cual se dota de instrumentos para que el nuevo Consejo Nacional Electoral pueda ejercer la vigilancia y las sanciones administrativas cuando se comprueben irregularidades en el financiamiento de las campañas. Estas dos medidas siendo insuficientes sin embargo marchan en la dirección adecuada para buscar trasparencia en los procesos electorales. No obstante la aprobación de dicha reforma viene afrontando el boicot de dos sectores políticos que se oponen a los Acuerdos de La Habana. Este es el argumento del Centro Democrático para no votar la reforma mientras que es más turbio el boicot de Cambio Radical que aprovechando el poder que tiene el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, quien simplemente no incluye en el orden del día de la plenaria de la Cámara este tímido proyecto de reforma política pretextando sin ningún fundamento que esta reforma favorecería al precandidato liberal Juan Fernando Cristo.

Cuando hablamos de bloqueo institucional nos referimos precisamente a esta situación en que la clase política se niega a discutir y aprobar reformas que se requieren con urgencia. Una prueba palmaria de este bloqueo se presentó frente al informe de la Misión Electoral Especial, MEE, que a mi juicio presentó un informe muy completo y unas propuestas de reforma política de fondo que buscaban enfrentar el problema de la corrupción y de la infiltración criminal de las campañas electorales así como mejorar el sistema de representación con la propuesta de conformar círculos electorales uninominales para la elección del 70%  de la Cámara de Representantes. El informe fue archivado y sus propuestas desechadas en una muestra de irresponsabilidad de la clase política que quiere mantener un statu quo insostenible. El Gobierno se acomodó a las exigencias de esta clase política y presentó esta tímida reforma que naufraga en el Congreso de la República.

Pero ese bloqueo institucional también se presenta en los temas relacionados con  la Justicia. La reforma al equilibrio de poderes que contemplaba la creación de un tribunal de aforados fue declarada inconstitucional con lo cual también institucionalmente se ha bloqueado la necesaria y urgente reforma a la rama judicial.

Con este bloqueo institucional que se presenta aumentan las voces que claman por la convocatoria de una Asamblea Constituyente que se ocupe por lo menos de éstas dos reformas que el país requiere. De ello parece no haber tomado conciencia ni el Gobierno ni la clase política y así lentamente vamos caminando a la adopción de mecanismos excepcionales para la reforma como podrían ser o un referendo o la Asamblea Constituyente. A ello se agrega el incumplimiento y las demoras para la aprobación de los Acuerdos de La Habana que de acuerdo con el cuarto informe del Observatorio se seguimiento a la implementación del Acuerdo apenas se ha cumplido en un 27% de lo pactado. Así pues también en este aspecto se presenta un bloqueo institucional que amenaza y pone en riesgo el proceso de Paz.

Bogotá octubre 19 de 2017

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/el-bloqueo-institucional/