El más reciente informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz, titulado “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz?”, afirma que solo se ha cumplido el 18% de lo pactado en este primer año, lo que significaría que, a este ritmo,  el cumplimiento total de los acuerdos se daría en un plazo de 5 años.

El documento revela que la mayoría de los incumplimientos son responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso y explica que durante la implementación de los acuerdos se ha mantenido un marco de violencia y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos “que ponen en entredicho las garantías de participación de las comunidades”.

Mientras, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció amenazas de muerte contra sus militantes por grupos de ultraderecha, y señalaron que desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 con el gobierno, que los llevó a su desarme y los convirtió en una nueva fuerza política, han sido asesinadas más de dos docenas de excombatientes, colaboradores o familiares.

En un fuerte mensaje –carta pública- al presidente Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño, ahora presidente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), reclamó el cumplimiento  de los Acuerdos de Paz, y le exigió que cumpla con “lo prometido y firmado” en los acuerdos de paz de La Habana, tras acusarlo de incumplir las “garantías mínimas” de ese pacto.

Londoño afirma que la insurgencia ha cumplido con la concentración de sus fuerzas en las zonas y puntos establecidos por las partes, la entrega de todo su armamento en el tiempo establecido, mientras el gobierno mantiene presos a más de un millar de excombatientes cobijados en la Ley de Amnistía, no ha combatido al paramilitarismo, que ha crecido y ocupado las zonas dejadas por las FARC-EP. 

Añade que las zonas antiguas veredales no terminaron las construcciones, que se limitaron a habitaciones máximo para cuatro personas en hacinamiento, con baños y cocinas comunales (no sirven para familias), dotaciones precarias de servicio (sin agua potable, vías de comunicación (salvo trochas), poca luz y telecomunicaciones nulas.

Hay un mayor avance en el punto de reincorporación política y socio económica (33,8%), menos en el desmonte del paramilitarismo (24,4%) y en participación política, con un 19,3%. Menor avance en las garantías al respeto al DDHH con un 10%, la reforma Rural Integral y PNIS con un 6,9%, la prevención del consumo de drogas ilícitas con un 3,8% y la comercialización de cultivos con un 2%.

Wilson Arias, dirigente del Polo Democrático Alternativo, afirmó que Santos, al promulgar el decreto 902 del 31 de mayo pasado, que contiene asuntos relacionados con el fondo de  tierra, no solo incumple el Acuerdo del punto número 1 de la agenda discutida y aprobada en La Habana sobre el tema agrario, sino que favorece a los terratenientes, en detrimento de los campesinos pobre y medios. El tema agrario es uno de los causantes del conflicto social y armado en Colombia, país que ostenta uno de los de mayores niveles de desigualdad en la tenencia de la tierra.

Respecto al Congreso, solo hay 4 actos legislativos aprobados, una ley orgánica, una ley estatutaria y una ley ordinaria. Lo que expone que en total haría falta por presentar 11 leyes ordinarias, 18 decretos, 3 leyes estatutarias, 2 leyes orgánicas y 2 actos legislativos. El ente legislativo mantiene en plena lentitud (lleva más de siete meses) la discusión de los proyectos de ley referentes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y la Adecuación de tierras y de la Reforma Política y del proyecto de ley de las Circunscripciones Especiales de Paz, incluso con modificaciones que irían en contra de lo pactado en La Habana y del espíritu del Acuerdo.

Allí, el actual presidente de Diputados, Rodrigo Lara Restrepo, uno de los principales opositores a los Acuerdos de Paz, sigue torpedeando los acuerdos, consecuente con  la  posición de su partido Cambio Radical y del candidato a la presidencia para el 2018, Germán Vargas Llera. 

El informe “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir los Acuerdos de Paz?”, igualmente recalca que de las 26 zonas veredales, solo 7 fueron finalizadas y en 19 las obras quedaron inconclusas. Sobre el proceso de las amnistías, aún 1.270 excombatientes siguen privados de la libertad.

 Sobre las garantías de reincorporación al 30 de septiembre 9.843 integrantes de las FARC fueron vinculados al sistema de salud, mientras que 3.550 están inscritos a programas académicos, 3.850 fueron afiliados al sistema de pensiones y 10.172 habrían recibido los recursos de la asignación única de normalización de dos millones de pesos.

 El informe señala, asimismo, que  “los anuncios reiterados durante el proceso de paz según los cuales las víctimas constituyen el centro del Acuerdo de Paz, no tiene correspondencia con la implementación del punto cinco”. Añade que tampoco se ha avanzado en la Jurisdicción Especial de Paz que permite la creación del Tribunal de Paz, y que pese a que ya están escogidos los 53 magistrados las acciones de partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático, dejan en incertidumbre su aprobación.

Mientras la prensa hegemónica sigue, solapadamente, torpedeando los acuerdos de paz, y hoy resultan sospechosas algunas informaciones sobre las opiniones del embajador de los Estados Unidos, comentando que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos está vigente y que no descarta que miembros de las FARC sean extraditados a ese país.

En un reciente reportaje el embajador de EEUU Kevin Whitaker afirmó que su país está sinceramente “interesado en ver el problema (del narcotráfico) desde las raíces… de darle a esta gente ya involucrada en la economía cocalera una manera digna, lícita, para ganarse la vida”. Pero para EEUU la raíz es simple: los campesinos están “cautivos de las organizaciones ilegales”. E identificar cultivos con narcotráfico justifica pensar que la única medida es la represión: extradición y fumigación.

El sociólogo y analista Alfredo Molano señala que si bien el embajador reconoce que es necesaria la sustitución de cultivos, dice que su gobierno no se puede meter en eso porque en ese programa están involucradas las Farc, consideradas una fuerza terrorista. Según el embajador, para sustituir los cultivos está Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, quien nada ha hecho por ir a la raíz del problema: el endeudamiento de los colonos con los comerciantes, la falta de vías, la falta de precios de sustentación, la falta de crédito, la falta de títulos de propiedad, la falta de protección del Estado sobre sus tierras.

Molano indica que sobre erradicación se muestran cifras infladas, cifras políticas, con la esperanza de que Donald Trump no descertifique al país, pero poco se puede mostrar de la sustitución, que es la única acción que puede llegar al origen del problema. Pero de ahí a que se siembre una platanera a cambio de una cocalera hay mucho trecho. (…) El Gobierno publica cifras del número de acuerdos de sustitución firmados, pero no puede mostrar un solo número —ni siquiera de un dígito— de programas exitosos donde hubo coca y ahora hay, por ejemplo, yuca, plátano, arroz, maíz, vacas, conejos.

Sin dudas, la paz en Colombia es un elemento muy importante para la paz de la región, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump sigue empecinado en provocar una intervención militar en Venezuela, a partir de una provocadora operación armada de falsa bandera en la frontera colombo-venezolana, montada con paramilitares, que encienda  la pradera. Lo único que resta saber es si Santos, coautor de los “falsos positivos” cuando era ministro de Defensa de Álvaro Uribe, apoya esa locura.

Camilo Rengifo Marín
Economista y docente universitario colombiano. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). www.estrategia.la