Las arremetidas de la administración Trump contra Venezuela se amplifican y profundizan mediante la asfixia focalizada por parte de operadoras financieras contra el principal activo venezolano en Estados Unidos: Citgo Petroleum, filial de Pdvsa que se traducen en un embargo petrolero no abiertamente declarado, pero que se ejecuta rigurosamente contra los activos petroleros del país. Es parte de un golpe financiero.

Washington ha creado trabas que hacen difícil para Citgo -empresa especializada en la refinación de crudo- obtener las líneas de crédito necesarias para comprar los 760 mil barriles diarios de petróleo y así sostener el abastecimiento normal de sus tres refinerías en territorio de EE.UU. (en Illinois, Texas y Luisiana).

Estas refinerías necesitan unos 380 mil barriles diarios de crudo liviano, que es comprado en EEUU, México o Canadá, para así mantener las actividades de refinación y generación de combustibles con destino al mercado estadounidense.

La operación de asfixia consiste en que pocos proveedores de petróleo están dispuestos a vender cargas a Citgo en crédito abierto, y en lugar de eso exigen el pago anticipado o cartas de crédito bancarias para abastecer su red de refinación, lo que desestabiliza las operaciones de comercialización de crudo a beneficio de Citgo.

Citibank, JP Morgan, Credit Suisse, BNP Paribas, ABN Amro y Deutsche Bank, parte de la élite financiera global, con un historial consolidado de ataques financieros a Venezuela, son las que se niegan a dar las cartas de créditos a los suministradores de crudo a Citgo

Dos proveedores canadienses dijeron a Reuters que ya no pueden comerciar con Citgo directamente, y han empezado a vender cargas a través de terceros para evitar el “riesgo de crédito”, tercerización que encarece los costos y coloca a Citgo en un marco de vulnerabilidad financiera. Así, el embargo petrolero contra Venezuela parece ejecutarse mediante el entramado financiero estadounidense, que a sus anchas aplica excepciones a las líneas de crédito de la estatal venezolana y filial de Pdvsa.

El 25 de agosto el presidente Donald Trump impuso un conjunto de sanciones contra Venezuela mediante Orden Ejecutiva, en la cuales se impiden las operaciones financieras de repatriación a Venezuela de las ganancias generadas por Citgo, que ha proporcionado casi 2.5 mil millones de dólares en dividendos a su matriz Pdvsa desde 2015, según Fitch Ratings. Las medidas de conjunto de Donald Trump y las que se revisten directamente contra Citgo en su decreto, pretenden empujar la economía venezolana a la insolvencia.

La apuesta parece ser el default de Venezuela en el mercado internacional de bonos, además de impedir el ingreso de divisas al país. Lo paradójico es que estas medidas de asfixia a la economía venezolana son ejecutadas sobre la narrativa de la “crisis económica y humanitaria” que vive el país.

No es casualidad: esta acción se produjo un día después de que en República Dominicana el gobierno y la oposición venezolanas dieran inicio a una nueva mesa de diálogo, con amplio acompañamiento multilateral y de gobiernos de la región, para intentar blindar al país ante las agresiones internacionales en lo económico y financiero.

La discusión sobre el tema económico y en especial sobre el de la deuda, obviamente es política. Pese a haber pagado la deuda, el riesgo país venezolano sigue creciendo y los mercados continúan castigando a Venezuela por buena pagadora.

Algunos economistas afines al gobierno hablan de una revolución tributaria, para poder gravar aquellos grandes capitales que no producen”, otra abrir una gran discusión sobre el tema cambiario, no circunscribirlo al tipo de cambio, a su control, sino a donde se colocan las divisas (para la agricultura o para gastos lujosos).

Otros, ante las propuestas de Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, señalan que no puede haber estabilización de precios con ajuste cambiario. Sigue existiendo un tipo de cambio paralelo que se ajusta por razones políticas y no “de mercado”, sumado a un comportamiento nada colaborador de los tenedores de divisas locales, lo que presagia que el tipo de cambio siga subiendo presionando los precios en la misma dirección y sirviendo de excusa a los especuladores.

Indican que el retorno de las casas de cambio supone a su vez preguntarse por quién pondrá las divisas que se trancen en ellas: si el Estado con su oferta restringida actual o los mismos privados. Y ponen de ejemplo lo que está pasando en Argentina: para sostener el tipo de cambio (que sigue subiendo) y la meta inflacionaria (que ya reconoció el gobierno de Mauricio Macri que no podrá cumplir) recurre al endeudamiento, pues los privados –que son sus propios aliados– no liquidan o fugan los capitales a paraísos fiscales.

Los bonos

Venezuela confirmó este miércoles que había transferido los fondos para un pago pendiente desde la semana pasada de su bono soberano (de 185 millones de dólares) con vencimiento al 2027, y reiteró la promesa de cumplir todos sus compromisos de deuda, luego de interesados reportes de que la cancelación de cupones se había retrasado.

La Oficina Nacional de Crédito Público no nombró ninguna institución financiera, pero señaló que “han surgido cambios en la operatividad para hacer efectivas las transacciones financieras”, sin explicar los cambios o qué los había causado.

Estados Unidos prohibió en agosto operaciones con nueva deuda de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA. Las medidas no bloquean pagos como el primero del bono 2027. Continuando el acoso, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos emitió el miércoles una declaración describiendo una “corrupción pública generalizada en Venezuela”

La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de seguir honrando los 68 millardos de dólares en bonos de deuda externa es calificada desde “locura” hasta de “crimen de lesa humanidad”, por poner a los tenedores de bonos por encima de las necesidades de los venezolanos, mientras otros reclaman que se declare el default. Pero el tema no se circunscribe a las discusiones del bolivarianismo.

Si la oposición venezolana tomara control del Poder Ejecutivo, tendría que definir y comunicar su posición respecto a las obligaciones financieras del país lo que significa considerar con cuidado las implicaciones de una reestructuración forzada de deuda y las opciones realistas de cubrir las necesidades de financiamiento externo del país, señala Francisco Rodríguez, economista vinculado al Bank of America y a una firma de inversión de Nueva York que negocia, entre otros activos, con bonos emergentes de deuda.

Venezuela, explica Rodríguez a sus seguidores cibernéticos, no es un deudor típico. El estatus del gobierno como principal exportador del país -el petróleo representa 95% de los ingresos por exportaciones- lo hace más vulnerable como objeto de posibles acciones legales por parte de acreedores en las cortes internacionales.

Y recuerda las consecuencias del default de Ecuador en 2008, cuando decidió el impago de los bonos soberanos: Tras la decisión, el precio de la cesta petrolera ecuatoriana colapsó del 80% hasta 59% del precio del crudo Brent, en un mes. Los precios solo pudieron recuperarse a niveles anteriores al default en junio, cuando Ecuador anunció que había recomprado los bonos en default.

“Venezuela no es insolvente. Resolver sus problemas requiere un plan creíble de estabilización macroeconómica, reformas para recuperar la productividad y permitir el mejor aprovechamiento de los recursos, así como una restauración de las instituciones políticas. Para recuperar el acceso al financiamiento internacional, Venezuela necesita cambiar la manera en que maneja la economía. No necesita un default”, añade el economista jefe de Torino Capital, obviamente opositor al gobierno venezolano.

Claudio Della Croce

Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)