La guerra del estado español a Cataluña (Catalunya) ya es por tierra, mar y aire, una vez que el parlamento catalán ha aprobado la celebración del referéndum del 1 de octubre y la llamada ley de transitoriedad que regula y da seguridad jurídica al proceso hacia la proclamación de la República Independiente de Catalunya, en el caso de que el resultado de las urnas le sea favorable.

Las reacciones han sido furiosas y rápidas: el Gobierno español ha acudido al Tribunal Constitucional que se ha reunido en cuestión de horas declarando ilegales y nulas las decisiones del parlamento catalán. Pero he aquí que el Gobierno de la Generalitat liderado por el presidente Carles Puigdemont ha declarado que se rige por las propias leyes catalanas y no reconoce la legislación española. Como se pueden imaginar quienes lean este artículo, el choque de trenes es violento y promete nuevos escenarios en los que no se descarta ni la suspensión de la autonomía de Catalunya, ni el uso de la fuerza, incluida la militar. Por de pronto los tribunales españoles ya están abriendo procesos por supuestos delitos de malversación (uso de fondo públicos para la organización del referéndum) que prevé penas de cárcel y están dictando multas millonarias a funcionarios del Gobierno de Catalunya que organizaron un primer referéndum el 9 de noviembre de 2014 y que puede considerarse que dio inicio al actual proceso hacia la formación de un Estado catalán. Tampoco será una sorpresa que antes de abrir los colegios electorales la Guardia Civil secuestre las urnas por orden de algún juez. Todo cabe esperar.

Catalunya tiene 32.000 kilómetros cuadrados y 7,5 millones de habitantes. Quedó incorporada a España en 1714, fecha en que perdió sus derechos constitucionales y sus instituciones, abolidos por el derecho de conquista de la monarquía hispánica. Desde entonces su relación con España ha estado anclada en el conflicto. Con lengua y cultura propias, ha sufrido represiones del centralismo español que llegan hasta nuestros días. Así por ejemplo en 2006 Catalunya presentó en el parlamento español un nuevo estatuto de autonomía aprobado por su parlamento y en referéndum por la ciudadanía, pero cuando ese mismo estatuto salió del parlamento español era irreconocible al haber sido sometido a un gran vaciado de competencias. Este es el momento más reciente en que se inicia el proceso de desconexión territorial que ahora está en juego, como consecuencia de la gran afrenta sufrida por la ciudadanía de Catalunya.

No hay momento más emblemático que poner los destinos de un país en manos del pueblo soberano. Votar es siempre una razón democrática. Lo hicieron en Escocia y en Quebec en medio de una normalidad cívica. Pero en España, donde su clase o casta política funciona con las vísceras y no con la cabeza, con el gen de quien domina y manda como en el viejo imperio, con sentimientos perennes de una venganza de raíz franquista, se vive el proceso de Catalunya con signos apocalípticos y llamados a utilizar la espada. No hay que olvidar que lo que sucede en la actualidad es resultado de muchos intentos fracasados de una negociación con los poderes del Estado. Cuando Catalunya ha pedido diálogo, la respuesta española ha sido el desaire y la amenaza, lo cual desarma el argumento de que el referéndum del 1 de octubre es ilegítimo por unilateral. El Estado y el Gobierno central de turno (ahora el Partido Popular y antes el PSOE) han negado siempre que hubiera un problema nacional en Catalunya como en el País Vasco, pero es un hecho que lo había y que lo hay.

El proceso catalán se ha ido dotando de un andamiaje jurídico, con mayorías suficientes, en base a una interpretación legítima de la legalidad. Frente al mantra español de que por encima del derecho a votar está la ley, Catalunya muestra que siendo la ley resultado de la democracia, es el pueblo soberano quien puede modificar una ley en la que ya no cabe la realidad en que se vive. Y es un hecho que son millones de catalanes (el 80%) que exigen su derecho a decidir en las urnas.

Precisamente, desde buena parte de la izquierda española, contraria al referéndum, se argumenta que sólo siendo previamente pactado con el Gobierno central estatal, tendría sentido y validez. Lo curioso es que en ningún momento estos críticos exponen como puede hacerse semejante pacto con una derecha para la que la unidad de España lo es todo, hasta el punto de que su slogan histórico es “España antes roja que rota”. La derecha española jamás pactará un referéndum de secesión con Catalunya o el País Vasco pues eso sería atentar contra su razón de ser. Por otra parte, aunque en un futuro la izquierda llegue al gobierno estatal y quiera hacer ese pacto, no podría llevarlo nunca a la práctica, por la simple razón de que sería recurrido por una derecha que cuenta con la complicidad eterna de tribunales, empezando por el Constitucional, que sin duda anularía por inconstitucional ese posible pacto. De modo que la idea de suspender el referéndum del 1 de Octubre, en beneficio de otro pactado en el futuro, es solamente un modo de ganar tiempo, una promesa vacía en la que la mayoría ciudadana de Catalunya no cree.

También es frágil la idea de que el actual proceso catalán hacia la independencia divide a Catalunya. En primer lugar porque tal división ya existe entre quienes se consideran sólo catalanes y quienes se consideran catalanes y españoles. Sin embargo conviven civilizadamente, lo que podría ser igualmente en una República catalana. Lo que ocurre ahora es que una minoría partidaria de la unión con España impone su criterio a una mayoría que piensa otra cosa, pero eso es algo que los partidos españoles lo viven como normal porque así ha sido siempre.

En realidad se niega el derecho a decidir su destino a la población catalana por miedo a la democracia, no por razones de una legalidad que puede ser modificada como tantas veces se ha hecho en beneficio por ejemplo del neoliberalismo. Tampoco sirve el argumento de la inseguridad jurídica, ya que el parlamento catalán viene dotando al proceso de una arquitectura jurídica que da seguridad a la ciudadanía. Es verdad que puede haber una inquietud colectica derivada de un cambio político, pero por ningún lado puede apreciarse un vacío jurídico.

Punto final. Este lunes 11 de septiembre la ciudadanía catalana se ha echado a las calles en un número superior a ¡un millón de personas! Es su modo de celebrar la Diada (o día de la patria catalana). De manera que pase lo que pase el 1 de octubre ya nada será como antes. Catalunya ha tomado una decisión y aunque la represión se imponga eventualmente, el futuro será del pueblo y de la democracia.