Los titulares de éste y todos los diarios del Uruguay, estarán hoy dedicados a la decisión que haya adoptado el Plenario Nacional del Frente Amplio uruguayo (FA) a partir de la recomendación del Tribunal de Conducta Política respecto al Vicepresidente de la República, cosa que a su vez multiplicarán ad infinitum los medios audiovisuales. Es muy probable que medios internacionales también se hagan eco, a pesar de la indiferencia silente que injustamente se cierne comunicacionalmente sobre la realidad uruguaya en la distribución informativa internacional. Pero cuando de escándalos o rarezas se trata, el amarillismo sin fronteras (geográficas o éticas) no suele desperdiciar oportunidades de negocio. Razones de organización del cierre del diario y mi propia distribución del tiempo me impiden referirme a ello, ya que al escribir estas líneas desconozco tanto esa resolución, cuanto el descargo que pueda haber hecho al respecto el propio Raúl Sendic, aún indirectamente por no ser miembro del Plenario. El domingo posterior a la denuncia del semanario Brecha -uno de los principales sostenes mediáticos de la dictadura que en nada ha revisado su posición y pasado- me expedí brevemente al respecto sintetizando que era tanto un síntoma, cuanto una oportunidad (“Progresismo y anticorrupción” del 11/6/17).

Me concentraré entonces en analizar un absurdo vigente. Uruguay ha tomado una iniciativa contra el narcotráfico, única en el mundo, ampliamente superadora de todos los antecedentes respecto a la marihuana como los clubes sociales de cannabis españoles (tanto terapéuticos como lúdicos) que por lo demás también existen en la banda oriental, aunque se trata de alternativas para sibaritas de clases medias altas o directamente acomodadas, los coffe shop holandeses (que se abastecen insólitamente en el mercado ilegal) o la caótica y desigual legislación que rige en varios estados de Estados Unidos con hibridaciones semilegales. Pequeño gran paso en la larga marcha hacia la derrota de las mafias parásitas de las adicciones que obviamente no se agota en la marihuana, sino que por el contrario incluye una variedad de sustancias que encuentra demanda en todos los estratos sociales. No exento de obstáculos como por ejemplo los incipientes prejuicios de una mayoría de farmacéuticos, su prioritario interés por la ganancia (cuyo margen en este caso no puede ser generoso porque justamente se trata de competir con el mercado negro) a expensas de su posible contribución a la salud social y a la lucha contra la ilegalidad. Tan sólo 16 farmacias comenzaron a comercializar marihuana legal. También se verifican algunas demoras por parte del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) en las entregas y la variedad aparentemente debidas a los controles que realiza previamente a su comercialización. Una política que además tiene el cuidado de restringir el acceso al insumo a los residentes legales registrados como consumidores (además de la dosis máxima) evitando de ese modo no sólo una venta libre, sino además el desarrollo de un turismo cannabico del tipo holandés o el verificable en algunos estados norteamericanos.

El ataque a esta decisión política viene bajo el formato de chantaje desde el país con más drogadependientes por habitante con el consecuente aliento de la actividad narcotraficante tanto propia cuanto internacional. Bajo una aparente represión de la oferta ilegal, consciente su existencia aprovechando tal supuesto, para intervenir en terceros países a través de la Drug Enforcement Administration (DEA). Algo verdaderamente esquizofrénico, como buena parte de las políticas de ese país que siempre sostiene que lucha por llevar la libertad mediante las invasiones, los golpes de estado, los bloqueos económicos: aquello que en otros trabajos caractericé como terrorismo imperial. Condena y encarcela “narcos” extranjeros, mientras permite el lavado de dinero de los propios. Y en este caso, a través de una absurda legislación financiera propia, opera a través de su sistema obstaculizando la distribución farmacéutica. No sucede lo mismo en sus propios estados que parcialmente permiten alguna comercialización de la sustancia (exclusivamente medicinal en unos, aunque también recreativa en otros) porque en principio la ley federal no contradice las iniciativas de los estados. Toda una advertencia a su vez para aquellos países que comienzan a estudiar alternativas a la impotente estrategia represiva.

No sólo los bancos privados que también operan en Estados Unidos se ven obligados a cerrar cuentas de farmacias, sino que el banco estatal (BROU) y todo el sistema financiero uruguayo se ve comprometido. Al ser miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dedicado a la lucha contra el lavado, Uruguay se ve obligado a actuar conforme los estándares que establece esta institución entre los que se cuenta el tipo de actividad comercial de los clientes bancarios. De este modo, la política que pretende transparentar la comercialización y la fiscalización, uno de cuyos instrumentos consiste en la bancarización, sólo podría implementarse por fuera del sistema bancario, tal como sucede en las bocas de expendio ilegales. Deberían dejar de ser comercios autorizados para devenir dealers con ventajas.

El absurdo es tal que, lejos de combatir el lavado de capitales, en Estados Unidos, existen estados que lo alientan. El más reconocido es el paraíso fiscal de Delaware donde pueden constituirse sociedades protegidas por el secreto y el anonimato de los verdaderos dueños mediante la inscripción de directivos nominales. Con las dificultades de su creciente déficit de la balanza de pagos, alienta el ingreso de capitales no residentes mediante exenciones impositivas y facilidades financieras, para beneficio de toda clase de lavadores. No está sometido a los Common Reporting Standards (CRS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es impensable que ese país modifique su política fiscal y financiera y lo es menos aún en la era Trump.

Lejos de considerar el vanguardismo de la iniciativa uruguaya, el senador del bloque unipersonal del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró en un artículo en este diario que la relevancia del tema proviene del vedetismo del ex presidente Mujica, quien según varias versiones ni siquiera sería el autor intelectual de la iniciativa, aunque sí un claro impulsor durante su gestión. Se queja de que adquiera el nivel de “política de estado”, como si las violaciones a la soberanía de un país para elaborar sus leyes e implementarlas pudiera dejar de serlo. Desliza tácitamente que la interdicción a la venta de marihuana en farmacias, sería algo así como una cortina de humo para velar otros bloqueos a la solución de problemas sociales como la desocupación, la educación o la inseguridad.

Todos los indicadores sociales y económicos del país desmienten el incremento de dificultades en los rubros en que cifra sus preocupaciones. Contrariamente, es uno de los pocos países en el mundo actual sometido a una profunda crisis recesiva, cuya economía crece sostenidamente año a año, mientras sus dos vecinos gigantes se derrumban. Sin duda que persisten problemas sociales cuya solución es mucho más lenta y compleja que lo deseado y necesario, pero es a pesar del sistema financiero que hegemoniza la economía internacional y no gracias a él. Si, como sostiene, hay una gran atención mediática (que no es sólo local, sino también internacional) en este absurdo de origen financiero, se debe a la previa valoración de la audacia política y la rigurosidad del mecanismo de regulación adoptado en la ley y sus reglamentaciones que llevan a posar la mirada sobre Uruguay. En el contexto de desinterés de la prensa internacional por la realidad uruguaya que expuse líneas arriba, este sólo reconocimiento merece destacarse. La apelación a la pervivencia de problemas sociales por oposición a la menudencia de las dificultades chantajistas sobre las farmacias, no es sino un recurso demagógico simplista de apelación a supuestos de verosimilitud con maquillaje progresista, que vela y banaliza el carácter estratégico de la iniciativa.

Se intenta comenzar a disputarle al narcotráfico su intervención y actividad en la sociedad para liberarla de él y de todas las graves consecuencias sociales, económicas y fiscales de su accionar mafioso. La indiferencia o la minusvaloración del chantaje con sus consecuencias paralizantes de la política implementada, aunque se esgrima en nombre de legítimas preocupaciones sociales no ahuyenta al narcotráfico.

Lo fortalece.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires

cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en La República 10/9/2017