¿Viajar o no viajar? ¿Está la situación del país tan convulsionada como para evitar que el presidente de la República acuda a la principal sesión de la Organización de Naciones Unidas o a El Vaticano para formalizar el agradecimiento por la próxima visita del Papa Francisco?  

Estas preguntas son las que motivaron una discusión en el Congreso la última semana, cuando llegó el pedido del Ejecutivo solicitando el permiso respectivo para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski viaje a Estados Unidos y a la sede de la Iglesia Católica en Roma entre el 15 y 23 de septiembre.

Para la mayoría de parlamentarios, las huelgas, el estado de la seguridad ciudadana y el estancamiento económico son razones más que suficientes para negarle al mandatario la posibilidad de acudir al menos a una de las citas más importantes que tienen los Jefes de Estado del orbe.

Ahora bien, ¿le corresponde al Congreso de la República retener al mandatario y evitar que cumpla con al menos dos de sus atribuciones constitucionales? Recordemos que el artículo 118 de la Constitución Política del Perú establece las funciones que le corresponden al jefe del Poder Ejecutivo, y señala en su inciso 2 que: “(corresponde al Presidente de la República) Representar al Estado, dentro y fuera de la República.” Además el inciso 11 establece que es función del presidente “Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales (...)”.

Entonces, según sus atribuciones el presidente debería poder asistir a la Asamblea de la ONU donde se discutirán temas de crecimiento económico, desarrollo sostenible, educación, derechos humanos, entre otros. Aspectos que, sin duda, son álgidos en nuestro país y sobre los cuales, el principal representante del Estado debería llevar el panorama de lo que ocurre aquí y conocer cómo se están abordando en el resto del mundo.

Sin embargo, volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede el congreso retener al presidente en el país?  Sin duda, lo que vemos es una nueva movida política de un fujimorismo que intenta, una vez más, hacer una demostración de fuerza desde su mayoría parlamentaria, apoyada por bancadas que hace tiempo no respaldan más al Ejecutivo, y seguir ejerciendo presión en medio de una coyuntura donde la justicia intenta operar sobre líderes políticos que evaden cualquier indicio de responsabilidad.

Una mayoría que si bien asegura no ser obstruccionista, le genera más de un dolor de cabeza al Ejecutivo para otorgarle lo que solicita. Lo hizo con la cuestión de confianza del primer gabinete, con la interpelación y posterior censura de Jaime Saavedra, de Martín Vizcarra, lo hace ahora con la ministra de Educación usando como punta de lanza a un sector de docentes huelguistas, agudizando las contradicciones para mostrar un presidente débil y –parafraseando a Héctor Becerril- ausente física y mentalmente.

La pregunta cae de madura ¿para qué promover su “debilidad” y su “ausencia mental”? ¿Una posibilidad de vacancia? ¿Generar el escenario para que el país entre en una nueva convulsión política con un presidente cesado en sus funciones, un vicepresidente con la amenaza de Chinchero sobre su cabeza y una vicepresidenta que también podría estar implicada en alguna arista del caso “Lava Jato”?

Sin las tres cabezas presentes, ¿generar un adelanto de elecciones?, ¿lograr que Keiko Fujimori o Alan García salgan de su bien acomodado silencio para postular e intentar ganar inmunidad antes que la justicia actúe (si es que lo hace)?

Hoy tenemos un presidente acorralado, y esa es la figura que el fujimorismo pretende dar. Por el bien del país y del estado de derecho, Kuczynski debería lograr zafarse de esa presión y esa especie de cogobierno en el cual no han dudado entrar con el fujimorismo a cambio de no ser más fustigados, aunque sin resultados visibles de estos últimos.

Y todo esto se ve, desde un par de inocentes viajes a Estados Unidos y El Vaticano, para cumplir con sus funciones de relaciones internacionales. Así está la política peruana.

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