Estimados colegas: días pasados llegó a mis manos una solicitud elaborada por el Grupo de Trabajo de CLACSO sobre "Ciudadanía, organizaciones populares y representación política" en donde se "demandan a los actuales directivos de CLACSO una condena pública a la deriva dictatorial que ha tomado el régimen madurista en Venezuela, así como la exigencia del restablecimiento del Estado de Derecho, la libertad de los presos políticos, y el fin de la represión a las protestas populares".

Dada la trascendencia del tema planteado por este pedido y la muy preocupante tendencia del mundo de las ciencias sociales a adoptar cada vez con más frecuencia posturas conservadoras en relación a las luchas populares y las experiencias progresistas y de izquierda en América Latina y el Caribes que me parece oportuno compartir estas dos breves reflexiones sobre el asunto.

Primero, es indudable que hay una tragedia en curso en Venezuela, y que si no se detiene su dinámica -como, felizmente, está comenzando a suceder debido a la convocatoria a elecciones de gobernadores y alcaldes- la escalada de la violencia ​podría llegar a tener un desenlace aún más sangriento que lo que hemos visto en los últimos meses. Sin embargo, no creo que sea una contribución positiva a este fin una presentación como la que hacen los integrantes del GT en la cual se omite la imprescindible referencia a la génesis de esta desgraciada situación. Por muchas críticas que merezca el gobierno de Nicolás Maduro no fue este quien inició este horrendo espiral de violencia que hoy agobia a Venezuela.

La verdad histórica es que esta fue producto de la decisión de la fracción extremista y violenta de la oposición (cuyos líderes tuvieron activa participación en el frustrado golpe de estado de Abril del 2002)  de alterar por la fuerza el orden constitucional vigente en Venezuela primero en febrero del 2014 (mediante una operación sugestivamente llamada​ "La Salida") y más recientemente a partir de abril del corriente año con una potenciada apelación a tácticas violentas que, en su conjunto, configuran el delito de sedición que en Estados Unidos, por ejemplo, es un crimen federal purgado con largos años de cárcel e inclusive con pena de muerte. Hemos visto en ese país con asombro y consternación desmanes y atrocidades como pocas veces, si alguna, se han registrado en la historia de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, quemar vivas a personas sospechosas de simpatías chavistas.

Sería largo y ocioso enumerar los crímenes en los cuales incurrió una oposición deseosa -como lo declararan una y otra vez sus líderes- de acabar con el gobierno de Maduro, a cualquier precio y sin atenerse a la normativa vigente. Tentativas que, como lo confirman sucesivas declaraciones del Director de la CIA, Mike Pompeo; el Secretario de Estado, Rex Tillerson y el propio presidente Donald Trump fueron estimulados, amparadas y financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Y este es un dato que debería servir para dividir claramente las aguas de la política porque, por más críticas que puedan dirigirse en contra de un gobierno democráticamente electo como el de Nicolás Maduro es éticamente inadmisible cohonestar los planes del imperio para derrocarlo. Hacer eso es cruzar una “línea roja” que jamás debería ser traspasada por quienes deberían saber que sin autodeterminación nacional la democracia y la soberanía popular se convierten en inocuas entelequias.

Desgraciadamente, en la solicitud que el GT eleva a las autoridades de CLACSO no parece haber consciencia de este problema. Por el contrario, se perfila un sesgo muy claro que se traduce en una visión ofuscada y maniquea en donde el demiurgo de la maldad es el gobierno, mientras que la fracción terrorista de la oposición que organizó violentas “guarimbas”, saqueos, asesinatos y que propició que incendiaran maternidades y escuelas y prendieran fuego a personas ni es mencionada en su petición o se la (mal) representa como si fuera una oposición democrática respetuosa de las leyes y la institucionalidad vigentes y como si el imperialismo no tuviera nada que ver en esta situación. Coincido en que no se puede seguir ignorando la tragedia en curso en Venezuela, y también creo que sólo un planteamiento equilibrado -en donde las responsabilidades de la oposición y del gobierno sean adecuadamente sopesadas- podría ser conducente al logro de los objetivos que el GT se propone. El debate sobre la génesis, desarrollo y perspectivas de la crisis venezolana es una obligación impostergable de los científicos sociales de la región. Pero esto supone la capacidad para examinar esta delicadísima situación desde diferentes ángulos y no sólo desde una de las dos partes en conflicto, la oposición, como claramente se revela en la solicitud del GT.

Segundo, no puedo dejar de señalar que el requerimiento del GT parece ignorar que hay varias tragedias en curso en Nuestra América, y sería bueno que conscientes de la situación los colegas también exigieran una toma de posición ante ellas, cuyo costo medido en vidas humanas -si es que se acepta este criterio como uno de sus indicadores de la crisis- es muchísimo más oneroso que el que se registra en la República Bolivariana.

Solicitar a las autoridades que se pronuncien sobre la situación de Venezuela está bien, si se hace con ecuanimidad; pero ¿qué decir de los 200.000 muertos ocasionados por la "guerra contra las drogas en México", los más de 28.000 desaparecidos en ese país, los ocho periodistas asesinados en lo que va del año, las fosas comunes que periódicamente aparecen ante la luz pública, la atrocidad perpetrada en Ayotzinapa, el fraude sistemático de sus procesos electorales? ¿Y qué decir de la violencia sin fin que enluta a Colombia, que en poco más de un año sufrió el asesinato de unos 150 líderes sociales sin que esta sangría mereciese una línea en los principales medios de comunicación como tampoco la mereció el desplazamiento forzado de más de siete millones de campesinos expulsados de sus tierras por el paramilitarismo? ¿O de la violencia descargada sobre los pueblos de Honduras y Paraguay luego de los "golpes blandos" perpetrados en el 2009 y 2012 respectivamente? ¿O del "golpe blando" tramado por una gavilla de bandidos en el Congreso brasileño, instalando en la presidencia de ese país a uno de los personajes más corruptos y más odiados de la política brasileña? ¿O de los presos políticos que si hay en Argentina (Milagro Sala es solo la más famosa) y el caso de Santiago Maldonado, desaparecido por la Gendarmería Nacional en un ataque a una comunidad Mapuche en Esquel? Hablar sobre Venezuela y callar sobre todo lo demás es una actitud​reñida con la necesaria ecuanimidad que debemos observar los científicos sociales.

​Ojalá que estos comentarios sirvan para estimular un debate largamente postergado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades.

Buenos Aires, 20 de agosto, 2017

Atilio A. Boron