Una de las características del desarrollo capitalista en Colombia como en buena parte de Latinoamérica es el desarrollo regional heterogéneo y desigual. Inmensas regiones de nuestros países mantienen niveles de desconexión con los principales centros capitalistas ubicados en nuestras grandes ciudades al tiempo que se desarrolla una economía agrícola  industrializada también en importantes regiones de nuestros países que conviven con inmensas regiones poco pobladas en que se desarrollan economías primordialmente campesinas en condiciones de aislamiento de los mercados capitalistas que dominan en nuestra formación social. Estas regiones presentan déficits en materia de servicios  públicos básicos como agua potable, redes de aguas servidas, deficientes coberturas escolares, ausencia de servicios de salud, carencia de vías que conecten estos territorios con los grandes centros urbanos; tienen una institucionalidad estatal precaria en que predomina la presencia militar sobre la presencia del Estado en materia de provisión de bienes públicos esenciales. Las estructuras municipales son débiles y deficientes y aún los ciudadanos no tienen fácil acceso a los puestos de votación en épocas electorales así mismo faltan jueces, centros educativos, y en general la presencia institucional del Estado es muy débil.

En éstas regiones en el pasado se asentaron actividades mineras sin control estatal en sus comienzos y aún hoy allí existen actividades  mineras artesanales pero debido a la presencia y al dominio militar de las guerrillas allí se instalaron poderosas mafias dedicadas a la minera ilegal en mediana y gran escala así mismo fueron regiones colonizadas más recientemente para las actividades ligadas a la producción de cultivos de uso ilícito principalmente de coca y en menor medida de amapola. En esas regiones la presencia militar de las guerrillas combinó y combina esta presencia militar con éstas actividades ilegales que como queda dicho están principalmente ligadas a la minería ilegal y a los cultivos de uso ilícito. Buen parte de los recursos destinados a la guerra por parte de las organizaciones guerrilleras tuvieron que ver y para los que persisten en su confrontación con el Estado, tienen que ver con esas economías ilícitas de las cuales obtienen  esos cuantiosos recursos.

Durante los más de cincuenta años de confrontación armada las FARC-EP acentuaron su dominio territorial y tenían presencia activa en 242 municipios de los 1120 municipios que existen actualmente en el país. De esos 242 municipios este dominio territorial y presencia activa se materializaba con mayor fuerza en cerca de 170 municipios del país y son precisamente esos municipios en los cuales se desarrollaran los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que cubren 11 mil veredas, 305 Consejos Comunitarios que son la forma de organización de las comunidades afrocolombianas y 452 resguardos indígenas, que forman parte de 19 departamentos, de los 32 departamentos ecistentes en el país. Para efectos de llevar adelante estos Planes de Desarrollo con Enfoque territorial que tendrán una duración de 10 años se organizaron 16 subregiones en todo el país. Estas subregiones son: Alto Patía-Norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca-Norte Antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Cagúan y Piedemonte Caqueteño, Macarena-Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio. Pacífico y Frontera nariñense, Putumayo, Sierra Nevada-Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima y Urabá Antioqueño. Estas fueron las subregiones definidas en el Decreto Ley 893 de mayo de 2016 que pretende poner en marcha estas zonas en cumplimiento de los Acuerdos de La Habana definidos entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP.

Como era de esperarse este tema fu parte de las negociaciones y se encuentra desarrollado en el punto 1 que trata de la reforma rural integral y en el punto 4 que trata de las políticas frente al fenómeno del narcotráfico. Y no podría ser de otra manera pues una buena parte de la base social construida por las guerrillas en esos 53 años de confrontación  armada con el Estado se encuentra en esos territorios. Hay que anotar que en el pasado y aún hoy esos territorios desarrollaron importantes movimientos sociales principalmente paros cívicos para que se construyeran vías, centros escolares, puestos de salud, acueductos, se construyeran puentes y carreteras, en fin lo que hoy denominados bienes públicos. Muchos acuerdos firmaron los gobiernos con las comunidades de esas regiones ante vigorosos movimientos cívicos allí presentes, pero, muchos de ellos se quedaron en el papel incumplidos cuando la presión de las masas bajaba de intensidad. Sobre esa presencia precaria del Estado se facilitó enormemente la llegada y arraigo tanto de las guerrillas como de esas economías ilegales que son fuentes principales de recursos económicos para la sobrevivencia. Estos movimientos fueron particularmente intensos y sobre ellos realizamos un estudio que dio pie entre otras cosas a la reforma descentralista aprobada en 1986 que dio inicio a la elección popular de los Alcaldes y a la descentralización en el manejo de los recursos públicos.[i]

Como señalamos estos territorios fueron objeto de las negociaciones en La Habana y sus acuerdos quedaron plasmados en el punto 1.2 “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET cuyo objetivo es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure:

-El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales- niños y niñas, hombres y mujeres-haciendo efectivos sus derechos, políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto;

-La protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza:

-El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, micro empresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica;

– El desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana, y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo.

– El reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades, incluyendo a las organizaciones  de mujeres rurales, para que sean actores de primera línea en la transformación estructural del campo;

– Hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajen alrededor de un propósito común, que es la  construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento”.

Como ya indicamos el Decreto Ley 893 buscó poner en marcha los 16 Planes de Desarrollo con enfoque territorial y en acto público este 19 de julio en el municipio de Morelia, departamento del Caquetá, se hizo el lanzamiento del proceso de construcción con fuerte participación de  las comunidades de estos planes de desarrollo. De acuerdo con el Gobierno Nacional el costo de estos planes de desarrollo será de unos 129 billones de pesos que deberán ejecutarse en los próximos 20 años de los cuales el Gobierno estimó que se prevén inversiones iniciales por 3.5 billones de pesos. Como se ha analizado en esta misma Revista esta destinación no está muy clara en el marco de la actual política fiscal.

Como lo señala Alberto Maldonado en este mismo número de la Revista Sur uno de los principales problemas además de la disposición de recursos frescos para el ambicioso plan de infraestructura e inversión social,  otro de los problemas básicos que enfrentará este proceso es el de la coordinación interinstitucional entre las diversas agencias del Estado que deberán concurrir para el éxito del programa pero además habría que agregar que el Estado y la Fuerza Pública no han actuado de manera eficaz para copar los territorios abandonados por las FARC-EP en su proceso de concentración en las 26 zonas veredales y campamentarias, en dónde se encuentran actualmente. Ello ha dado lugar a que actores ilegales del conflicto como los grupos paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se hayan apresurado a copar militarmente estos territorios lo cual han logrado en parte en zonas de Caquetá, Chocó, Córdoba y Antioquia así como en la región del Pacifico colombiano en las cuales se encuentran los territorios en los que se pretenden poner en marcha estos planes de desarrollo. Para su impulso y concreción se requiere ciertamente que la Fuerza Pública y sobre todo las Fuerzas de la Policía Nacional logren el control territorial y la derrota de las economías ilegales que son el objetivo de los actores armados al ingresar en estos territorios.

Pero también el éxito de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial depende del cumplimiento cabal de los Acuerdos de La Habana en otros cuatro temas importantes. El primero en el tema de la redistribución de la tierra consignado en el punto de reforma rural integral, las familias sin tierra de estos 170 municipios deberán tener la posibilidad de acceder a tierra de forma gratuita así como de asistencia técnica y de mercadeo de los productos agrícolas que allí se implementen al tiempo que debe avanzar el proceso de formalización  de la propiedad rural. Un segundo tema es la puesta en marcha del programa de sustitución y erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito. Este programa ha comenzado a ser implementado; por lo pronto han ingresado al programa cerca de 80 mil familias dedicadas a estas actividades la mayoría de las cuales está asentada en estos 170 municipios.  Un tercer tema tiene que ver con el desmonte de las estructuras armadas ilegales que hacen presencia en estos territorios que han sido objeto de copamiento militar en estos últimos meses sin que la Fuerza Pública haya respondido de forma adecuada a esta realidad. Hay que anotar de paso que de los 187 asesinatos perpetrados contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos presentados en Colombia desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha, el 36% se han perpetrado en estos territorios. Así que este tema del desmonte de los grupos paramilitares así como de la presencia del ELN debe ser resuelto para que se pueda avanzar en el desarrollo y la implementación de estos planes de desarrollo.

Finalmente un cuarto factor tiene que ver con la aprobación de las 16 circunscripciones especiales de Paz previstas en los Acuerdos de La Habana. Con el establecimiento de éstas circunscripciones de Paz  los habitantes de 167 de los 170 municipios contemplados en el programa  de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial buscan que los habitantes de estos territorios puedan elegir 16 representantes a la Cámara para que tengan peso político y puedan efectivamente tener visibilidad y representación política en el Congreso de la República. En estas circunscripciones especiales de Paz las comunidades podrían elegir a sus representantes y en ellas no podrán presentar candidatos los partidos políticos que actualmente tengan representación en el Congreso de la República así como tampoco podrá hacerlo el Partido Político que creen las FARC-EP. Con ello se busca que los representantes elegidos realmente representen a sus comunidades. El Acto Legislativo que las crea no pudo ser aprobado por la oposición de parlamentarios y partidos que ven en esas circunscripciones un peligro para sus intereses particulares.

Esos son los retos de estos programas que indudablemente marchan en la dirección de superar las características de un desarrollo desigual y heterogéneo que condena a cerca de 3.5 millones de colombianos a vivir en condiciones de precariedad para el desarrollo de sus proyectos de vida.

Bogotá, julio 20 de 2017

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

NOTAS

[i] Santana R, Pedro. El Desarrollo Regional y los Paros Cívicos en Colombia, CINEP, Bogotá octubre de 1983.

https://www.sur.org.co/el-desarrollo-territorial-y-la-construccion-de-la-paz/