SAN JUAN, 3 de julio de 2017 (NCM) – La negativa del Gobierno de Estados Unidos de auditar la deuda de Puerto Rico previo a cualquier transacción al respecto con Wall Street ahora se enfrenta con el obstáculo formidable de que la cifra de 72.000 millones de dólares surge de una lectura incorrecta del registro histórico de emisiones y no de la deuda vigente.

De hecho, una revisión detallada del documento, revela que se está haciendo pasar como si fuera deuda no pagada hasta los bonos emitidos a principios del siglo veinte para construir puentes, carreteras y vías de ferrocarril que ni siquiera existen ya.

La situación resulta muy compleja para corregirla y viene a sumarse a toda una serie de maniobras tácticas y cálculos sobre cómo estabilizar la colonia y recuperar credibilidad que, lejos de lograr objetivos, hasta ahora han provocado más quejas internas y más asuntos delicados a nivel internacional. El ambiente es de encono creciente entre los bandos y no de evaluación de las ideas que cada quien tiene ya como verdades.

Sin embargo, el problema del cómputo de cuánto es lo que de verdad adeuda Puerto Rico es fundamental, en particular porque eso se está usando para destruir instituciones y recursos que se habían estado acumulando durante más de un siglo.

Cada año, se hace público un informe sobre la deuda emitida por el Estado, que suma los bonos regulares emitidos por el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas, que en 2015 llegó a los ya referidos 72.000 millones de dólares. Ese informe no incluye los bonos especiales que no tienen servicio anual de deuda, que pasan de 35.000 millones de dólares, ni los compromisos de los sistemas de retiro que se convirtieron en deuda por la descapitalización de los fondos, con lo cual la deuda real sobrepasaría ya los 150.000 millones de dólares.

El nuevo hallazgo es referente a esa base de 72.000 millones de dólares.

En el informe anual se indica la deuda regular de bonos emitida ese año y se le suma a la deuda emitida en años anteriores, pero no se indica lo que se ha pagado, sencillamente se añade. Así, por ejemplo, la deuda de la primera emisión de bonos autorizada para todo el territorio en 1906, de un millón de dólares y con la que se construyeron nueve puentes y los túneles del tren, todavía estaría incluida en el cálculo de los 72.000 millones.

Previo a esa emisión, ya para 1902, algunos municipios con suficientes recursos habían sido autorizados a emitir bonos individualmente, con los que se hicieron obras públicas menores y se pagó a los acreedores de otras deudas cuando las alcaldías no contaban con suficientes recursos provenientes de los impuestos. Todo eso formaría parte de lo que se tiene por deuda actual, como si Puerto Rico hubiese logrado mantener sus bonos en el aprecio máximo de Wall Street a pesar de nunca haber pagado un centavo.

También está incluido la emisión de dos millones de dólares autorizada en 1916, como preparación para la entrada de EEUU a la Primera Guerra Mundial. Para aquella, una denominada “Comisión Económica” fue la encargada de escoger los proyectos prioritarios.

El caso es que año por año fueron apareciendo en el registro las emisiones, que para 1952 pasaban de 160 millones de dólares, de 1953 a 1968 más de 1.166 millones, de 1969 a 1984 casi 7.400 millones y en el 2005, la cifra acumulada se asomaba a los 40.000 millones. Con la crisis desatada en 2006, de ese momento al 2015, se sumaron 32.000 millones más a la deuda histórica emitida.

El único momento en el que quedó la huella de una reducción significativa de la deuda fue durante el período de la Gran Depresión y el inicio de la Segunda Guerra Mundial –de 1931 a 1943- cuando año tras año se emitía menos deuda y sólo se acumularon cinco millones de deuda nueva.

Así las cosas, el registro, magnífico como fuente para estudiar la historia de cómo EEUU financió la administración de la colonia, no dice nada sobre los miles y miles de millones de dólares que Puerto Rico fue pagando durante todo ese tiempo.

Los reclamos para que se ordene una auditoría de la deuda no son atendidos por EEUU y, mientras tanto, la situación general se sigue deteriorando con rapidez.

En el frente interno, se multiplican los reclamos por la libertad para la estudiante Nina Droz, sobre quien se denuncia que lleva dos meses sin sus medicamentos en la cárcel federal y se le ha enviado con fiebre al calabozo. Otro caso complicado es que ahora se sabe que dos de los arrestados durante los disturbios del Primero de Mayo –Valeria Herrera y Carlos Farmer- estaban en el lugar como periodistas grabando un documental.

Es un ambiente en el que se hacen comunes las movilizaciones de las fuerzas antimotines sin haber confrontaciones, como el caso de la toma por parte de la Policía nacional de las oficinas de los periodistas en el propio Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, el pasado 30 de junio.

En el ámbito internacional, tampoco ayuda mucho las intensas entradas y salidas de aviones de la Base Aérea Muñiz, observadas desde que se incrementó la tensión en Venezuela, o la publicidad que se le dio a la reunión en Washington del Gobernador, Ricardo Rosselló, con la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, justo el día en que un helicóptero atacaba dos ministerios en Caracas.

En todo ese marco, la estrategia pública de EEUU sobre Puerto Rico busca restablecer la confianza en los mercados financieros y estabilizar la situación interna mediante el régimen de una junta de control, que suplantó ya la Legislatura y el Ejecutivo y decretó por su cuenta el nuevo presupuesto gubernamental.

Se trata de un camino difícil, que ahora se enturbia más con el nuevo problema del registro de la deuda emitida durante más de un siglo.