La resistencia de Michel Temer en el sillón presidencial se explica principalmente por la falta de repuesto, que conduzca una transición hasta las previstas elecciones presidenciales de octubre de 2018. La falta de líderes políticos con credibilidad para obtener algún consenso parece otro subproducto de la corrupción sistémica que dominó la política brasileña, como forma de mantención del poder en manos de viejos dirigentes partidarios, sofocando cualquier renovación.

El gobierno de facto logró una marca histórica con 14 millones de desempleados, cifra que no incluye a quienes dejaron de buscar empleo y sobreviven por la inmensa capacidad de generar estrategias de supervivencia, con la que escapan de las políticas genocidas: cada hora tres jóvenes de entre 15 y 19 años mueren asesinados, la mayoría negros y pobres. Al mismo tiempo recrudecieron los conflictos por la posesión de tierra y los asesinatos de campesinos, indígenas y pueblos ribereños, los dueños tradicionales de las tierras y responsables por la preservación de la naturaleza.

La maniobra para salvar a Temer en el Tribunal Supremo Electoral, exitosa gracias a la vergonzosa actuación de su presidente Gilmar Mendes, el socio de Aecio Neves y Temer, es la gran estrategia del poder fáctico para desviar la disputa sobre la supervivencia del gobierno golpista y corrupto de la presión de la Justicia y de la movilización en las calles, para un ámbito donde su dominio está confortablemente garantizado: el Congreso más corrupto e ilegítimo de la historia de Brasil.

El proceso no tuvo nada de rigor jurídico porque su finalidad era garantizar la “estabilidad” del gobierno de facto, que cumplió 13 meses en el poder. Sobrevivir en el cargo no significa que haya recuperado gobernabilidad o suturado las heridas dentro del bloque conservador, donde parece haberse desatado una guerra de todos contra todos.

Fue la continuación del golpe contra Dilma Rousseff y el circo adjunto. Por ejemplo, el magistrado “temerista” Napoleao Nunes Maia, juró ser honesto además de prometer que la “ira del profeta” caerá sobre los medios que lo pintaron como corrupto. Y remató la frase al pasarse la mano por la garganta, insinuando que degollará a sus detractores.  Muchos pusieron en duda la neutralidad de un tribunal donde dos de los siete magistrados fueron nombrados por Temer en abril y el otro, Mendes, no ocultó su amistad con el procesado (el juez, dueño de una facultad privada, convidó al mandatario a brindar una clase magistral en Portugal a donde viajaron juntos).

Mendes, polea de transmisión entre la alianza conservadora del golpe y el Poder Judicial señaló que declaró inocente a Temer como forma de garantizar la “estabilidad” del gobierno de excepción. Su alegato es una pieza ejemplar de la “lawfare” (empleo arbitrario de la ley como instrumento de guerra política). Dos años atrás impulsó el proceso por delitos electorales contra Dilma basado en el “soporte probatorio” aportado por los ejecutivos arrepentidos de Petrobras que cobraron millones de dólares de sobornos de Odebrecht, el mismo que ahora rechazó.

Mendes, cuyo voto fue definitorio para desempatar el fallo, había pedido reiteradamente “moderación” a sus colegas por las consecuencias que tendría para Brasil perder a un presidente por segunda vez en poco más de un año.  Paradojalmente, el juicio en el TSE respondió a la demanda de un aliado clave para la sobrevivencia del actual presidente, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), Aecio Neves.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, y el PSDB solo se aliaron a comienzos de 2016 para impulsar la destitución de Rousseff, pero sobre todo para desalojar al PT del poder al que había llegado en 2003. Es parte del folclore que acompaña la historia del PSDB la imagen de un partido indeciso. Pero esta vez no hubo indecisión entre los "tucanos": decidió mantener el apoyo a Temer y -también- sus cargos en el gobierno, entre ellos el canciller Aloysio Nunes, Antojio Imbassahy (ministro de Gobierno) y Bruno Araujo (Ciudades).

“La oligarquía golpista acabó por decretar Todo el poder a la Assemblea General de Bandidos. La burguesía oficializó así el bandidismo como el sistema de gobierno del régimen de excepción”, señala Jeferson Miola, con la pretensión de preservarlo hasta el 31 de diciembre de 2018 y continuar, sin riesgos de elección indirecta, con las reformas previsional y laboral, la desnacionalización de las riquezas nacionales, la destrucción de las empresas estatales e nacionales; y la entrega de la economía brasileña, como la de cinco área de petróleo de la camada pre-sal en octubre próximo.

¿Habrá un posTemer?

La actual crisis política y de representación no necesariamente irá a resolverse neutralizando a la clase política tradicional, ni a la dinámica hoy vigente. ¿Habrá un posTemer y cómo será? Para Hoffman, nueva presidenta del PT, la mayor preocupación del poder fáctico, después de las reformas, es impedir que haya elecciones directas y que Lula pueda presentarse. La destrucción no es física, sino moral. Quieren evitar que Lula tenga derecho a la existencia, a su palabra, a su condición de ciudadano. No obstante, cualquier elección directa sin Lula no será democrática, será un fraude”, señaló.

Con la decisión favorable del TSE, Temer eliminó la única vía para su alejamiento del poder, además de la posibilidad negada de una renuncia, que no dependía de la intervención del Congreso. En medio de una fárraga de denuncias en su contra, las posibilidades de sacarlo del cargo quedan reducidas a un juicio político o impechement por parte del Congreso por sus crímenes de responsabilidad o su juzgamiento por el Supremo Tribunal Federal por sus crímenes de corrupción, obstrucción de la justicia, organización criminal, prevaricato y los que quedan aún por salir a luz.

 Para el juicio político, Rodrigo Maia, presidente de Diputados y también acusado de corrupción y lavado de dinero, tendría que admitir para su tramitación al menos uno de los 14 pedidos que engavetara. Difícilmente lo haga. Pero si lo hiciera el plenario de la Cámara lo debería aprobar por 2/3 de sus miembros (342 diputados), muchos de ellos también salpicados por la corrupción. Dicen que sola las cucarachas sobrevivirían a un bombardeo nuclear…

Temer enfrenta también una investigación penal, acusado de corrupción pasiva, obstrucción judicial y organización para delinquir, al mismo tiempo que casi todos sus asesores directos, sus ministros más allegados, algunos ya encarcelados o denunciados por los mismos delitos. Centenares de millones de dólares aportados a las campañas electorales, producto de sobornos por contratos o beneficios gubernamentales, cuentas en Suiza y paraísos fiscales, compra de adhesiones partidistas a las coaliciones, integran este gran circo de dinero sucio e ilegalidades.

Pero también la Cámara tendría que aprobar por 2/3 el juzgamiento de Temer por el STF. Pese a la contundencia de las pruebas de las prácticas delictivas en el interior de las instalaciones oficiales. Es que Temer tiene la garantía de ser protegido por una mayoría de diputados acusados por corrupción, fraude en licitaciones, improbidad administrativa, lavado de dinero, evasión de divisas, trabajo esclavo, e inclusive por tentativa de homicidio.

Son delincuentes protegidos por el fuero parlamentario, cómplices, que garantizan a Temer vivir en una especie de prisión domiciliaria en el palacio de Planalto, puestos en la disyuntiva de hacer posible el cambio en el esquema de poderes en el gobierno, ante la fractura del bloque golpista, en donde no todos los factores se han sentido beneficiados.

La prensa registró una reunión el 8 de mayo de la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Cármen Lúcia, con algunos empresarios entre los que se encontraba Carlos Schroeder (director general de Red Globo), en la búsqueda de una coalición que incluyera a oligopolio mediático, a algunos bancos (Unibanco y Santander), la potente Federación de Industriales de San Paulo (una línea de capital financiero rezagado) y las terminales automotrices, eventualmente “heridos” en el primer año de gobierno de Temer. Evidentemente hay en esta coalición muchos heridos por la política económica.

El resto de los asistentes fueron, Candido Bracher (Itaú Unibanco), Flavio Rocha (Riachuelo), Chieko Aoki (Blue Tree Hotels), Luiz Helana Trajano (Magazine Luiza), Paulo Kakinoff (Gol Lineas Aéreas), Pedro Wongtschowski (grupo Ultra y red Ipiranga), Rubens Menin (constructora MRV) Wilson Ferreira (Electrobras), Waler Schalka (Suzano Papel), Betania Tanure (BTA, consultora), Décio da Silva (motores Weg) y Jefferson de Paula (ArcelorMittal Aceros). 

Plutocracia, poder fáctico

Paulo Cannabrava señala que en la historia de Brasil nunca hubo democracia entendida como hegemonía del pueblo, sino una auténtica plutocracia, la dictadura de los ricos y poderosos, que necesita del disfraz de la democracia “representativa” para sobrevivir... Aunque se registraron algunas fases con procesos en dirección a la democracia, éstos jamás lograron afirmarse.

Las elecciones dejan de ser una confrontación de ideas y programas para convertirse en una disputa entre especialistas en mercadeo y manipulación de conciencias: los candidatos se venden productos de consumo.  “Todo ha sido cooptado, dominado: sindicatos, partidos políticos, iglesias, universidades, fuerzas armadas, soberanía. Necesitamos, con extrema urgencia, de un segundo movimiento abolicionista, ahora para combatir la peor de las servidumbres: la servidumbre intelectual”, señala Cannabrava.

Es necesario repensar el país y formular un proyecto nacional, proceso que difícilmente se pueda lograr sin romper la institucionalidad, con la formación de un gran frente en torno de un proyecto nacional, que defina la forma de gobernar, de organizar el pueblo y elegir el gobierno, la gestión económica con las reformas necesarias.

En suma, cómo construir una democracia en sustitución de la actual plutocracia. Un proyecto que recupere la soberanía nacional y contemple una estrategia de desarrollo integral y sustentable, mientras que todas las acciones de la derecha están dirigidas a mantenerse en el poder e idear la forma de no perderlo, siquiera en elecciones. Se trata de mantener el poder por la fuerza, con un Estado policial militarizado, una creciente represión, una política genocida contra la juventud y los pueblos originarios.

 

El porqué de las elecciones directas ya

La profundidad de la crisis significa que el país ha perdido sus referentes y transita en un vuelo ciego sin saber cuál es el destino, con instituciones que funcionan solamente en beneficio de las clases poderosas, del llamado poder fáctico, imponiendo reformas sociales que implican la quita de derechos y el desconocimiento de reformas históricas en beneficio de las grandes mayorías.

Hay una crisis institucional latente, partiendo la ilegitimidad de un presidente impuesto por un golpe parlamentario-judicial-policial-mediático a favor de los grandes empresarios y los intereses trasnacionales, acusado de corrupción y rodeado de ministros y altos funcionarios también denunciados. Pero la crisis institucional revela, asimismo, la falta de límites en los poderes del estado, donde procuradores fiscales, jueces, policía federal aplastan los principios constitucionales, entre otros los de la presunción de inocencia.

El juicio tuvo lugar en el peor momento para Temer, después de las denuncias de Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, quien grabó en marzo un diálogo con el presidente en que hablan de sobornos y de trabas a las investigaciones judiciales contra ellos. Aecio Neves, su aliado, tuvo su mandato de senador suspendido por el STF y es investigado por recibir sobornos del mismo Batista

Lo que dejó en claro las investigaciones de Lava Jato y las delaciones premiadas es una red de corrupción que se apoderó del Estado, de las grandes corporaciones y de los parlamentarios, en su mayoría elegidos por las grandes empresas. En caso de que renuncie (su vanidad se lo impide) o sea revocado en el proceso del Supremo Tribunal Electoral, la Constitución prevé la elección indirecta del presidente por el Congreso. Un Congreso por demás corrupto y golpista.

La calle no está de acuerdo y grita Diretas Ja. O sea, elecciones no solo de presidente sino también del Congreso, por el voto popular, basados en el precepto constitucional de que “todo el poder emana del pueblo”, mientras se prepara una nueva enmienda constitucional que prevé la anticipación de las elecciones generales para este año. Pero una elección directa parece más una consigna que una realidad palpable.

El PT ya ha manifestado que no participará de la elección indirecta, mientras Lula desmentía rumores de negociaciones con Fernando Henrique Cardoso para consensuar un candidato de transición. La esperanza del PT está puesta en la candidatura de Lula para 2018, que a su vez es acosada por actuales –y seguramente venideras- causas judiciales o una eventual inhabilitación electoral.

Las alternativas que surgen en caso de su inhabilitación son no participar en las elecciones de 2018, desconocerlas por este nuevo paso del golpe institucional; sumarse a un candidato progresista como Ciro Gomes (PDT), o crear un nuevo candidato presidenciable del PT. Hasta hoy no existe un plan electoral del PT alternativo al de Lula, ya que se especula con que las fuerzas populares se aglutinarán alrededor de esa propuesta.

Tras unas semanas donde parecía que iba a caer, hoy el gran acuerdo golpista parece estar firme, particularmente entre el PMDB, el partido de Temer, el PSDB y el partido económico y financiero que representa el ministro de Hacienda Henrique Meireles. Los escenarios que están abiertos son la destitución de Temer por juicio político, la renuncia de Temer, destitución por el Supremo Tribunal Federal o por el Tribunal Supremo Electoral. :

Las preguntas sobrevuelan el cielo político brasileño: ¿Habrá un posTemer? ¿Rodrigo Maia presidente? ¿Gilmar Mendes? ¿El presidente del PMDB Tasso Jereissati? Fernando Henrique, cerebro del golpe, es carta fuera del juego. El poder fáctico quiere a un banquero (¿Henrique Meireles, actual ministro de Hacienda?) en la presidencia, cansado de intermediarios problemáticos. ¿Nelson Jobin (quien supo ser ministro de Cardoso, Lula y Dilma)?

A ellos se suman aquellos que ganaron publicidad con los juicios como la presidenta del Tribunal Supremo Carmen Lucia y el juez Sergio Moro, quienes debieran afiliarse a algún partido político para entrar en la carrera. Las elecciones presidenciales están pautadas para octubre de 2018 y el poder fáctico tratará de alargar los hechos hasta esa fecha.

 

¿Lula presidente?

El VI Congreso Nacional de PT marcó la victoria de la senadora Gleisi Hoffmann (61,8% de los votos) como la primera presidenta mujer del partido. Su principal oponente fue el también senador Lindbergh Farias. Hoffmann era la apuesta de Lula y de la corriente que lidera, Construyendo un nuevo Brasil (CNB). Farías tenía el apoyo de corrientes más radicales, como Muda Brasil (Cambia Brasil), y de sectores juveniles que están intentando una renovación más profunda en la conducción y en la orientación ideológica. 

Un punto de discrepancia fue si el partido se definía o no como socialista pero el sector lulista es reticente a adelantar esta definición.

Más allá de la inexistencia de una estrategia electoral alternativa en caso de que Lula sea inhabilitado, no se planteó una estrategia de alianza con otros partidos. El PT también vivirá la nueva realidad del fin del financiamiento empresarial de campañas y el control del financiamiento electoral tras los escándalos de corrupción, lo que dificultará la recaudación de fondos para la campaña que se avecina.

De ganar, y sin cambios estructurales e institucionales, no podrá gobernar, como no pudo Dilma. Lula solo tendrá oportunidad si lidera un frente capaz de romper con la institucionalidad, para quedar en la historia como el hombre que derrotó la dictadura del capital financiero. Ya fue derrotado, incluso neutralizado durante sus dos gobiernos en una serie de reformas que no logró adelantar. Hoy tratan de humillarlo ante la opinión pública y sacarlo de carrera.

Uno de los proyectos con potencial de futuro puede plasmarse a través de los Frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, que tiene su base de poder en la movilización popular. Están integrados por más de 80 movimientos sociales con una columna vertebral donde destacan la CUT, el PT, el Movimiento de Trabajadores Sin tierra, el Movimiento de los Sin Techo, la Conferencia de Religiosos de Brasil, el Consejo Federal de Economía, y el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil.

 En sus programas insisten en la recuperación de la política exterior independiente, con el fortalecimiento de la integración regional de América Latina y de bloques contra hegemónicos como el BRICS, recuperando la dirección por un nuevo orden mundial basado en la paz, en la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de las naciones. Y hablan del fortalecimiento de las instituciones regionales como el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, con prioridad en la consolidación del Banco del Sur (BDS), de los proyectos comunes de infraestructura y de los planes unificados de desarrollo.

En poco más de un año

Hace apenas poco más de un año, el 2 de mayo de 2016, el Senado brasileño suspendió de su cargo a la presidenta constitucional Dilma Rousseff y entregó el poder al vicepresidente Michel Temer a través de un polémico juicio político. Tres semanas más tarde, una grabación (parte de la investigación Lava Jato) confirmó la participación del ministro Romero Jucá en la preparación del golpe de Estado parlamentario. En la misma decía a Sergio Machado, presidente de la empresa Transpetro (investigado por corrupción): “tenemos que parar este desastre (…) tenemos que cambiar el Gobierno para detener la hemorragia".

Hoy, la crisis política e institucional relacionada con las investigaciones de corrupción no solo sigue sino que pica y se extiende, con acusaciones contra el presidente de facto Michel Temer, el ex candidato presidencial Aécio Neves y el expresidente de Diputados Eduardo Cunha, considerado el operador del golpe y con condena de 15 años de prisión por malversación de fondos públicos.

La sorpresiva publicación de nuevas grabaciones (extrañamente difundidas por el oligopolio mediático O Globo) demostraron que Temer intervino personalmente para evitar que Cunha hablara demasiado y por ello fue acusado ​​de “corrupción pasiva”, “obstrucción a la justicia” y “organización criminal”.

El 19 de mayo, una nueva grabación filtrada a la prensa mostró cómo Neves, ex diputado –perdedor ante Dilma en las elecciones presidenciales- reclamó 570.000 dólares a un empresario para pagar abogados para su defensa. En la misma, Neves sugiere la posibilidad de tener que “matar” al que tramita el soborno “antes de que pueda denunciarlo”. Cabe recordar que Aecio Neves realizó en 2015 una gira por Venezuela para defender a Leopoldo López, un dirigente de la ultraderecha juzgado y preso por autoría intelectual de la muerte de 14 personas en actos de terrorismo político.

La banda golpista no ha terminado su tarea. Hasta ahora ha logrado incluir en la Constitución las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional como la congelación por 20 años del presupuesto público, en sector claves como educación y salud. Cuando el 24 de mayo unas cien mil personas manifestaban en Brasilia contra el gobierno, la respuesta de Temer fue enviar a las Fuerzas Armadas a reprimir, al igual que durante la dictadura militar de 1964. Hechos reales que la realidad virtual hegemónica se abstuvo de mostrar al mundo.

En busca de un outsider

En poco más de un año, Temer y su banda –y tras bambalinas el “cerebro” del golpe, el expresidente Fernando Henrique Cardoso- arruinaron la economía, cerraron casi tres millones de puestos de trabajo, limitaron al máximos los gastos en educación y salud, abrieron el petróleo a las trasnacionales, y decidieron vender tierras públicas sin límite de extensión a empresas extranjeras.

El gran empresariado, las multinacionales y los dueños del capital, buscan un nombre potable para suceder a temer, con el marco de la peor recesión en la historia y un aumento del 60% de la violencia urbana desde noviembre último y el libre accionar de los narcotraficantes ante una policía corrupta y que, además, no cobra sus salarios por meses...

Con toda una clase política enchastrada –con razón o sin ella- por los juicios y acusaciones sobre la enorme corrupción, las preguntas no se limitan a cómo se realizará la sucesión del golpista Michel Temer, sino quién lo puede suceder. Y, en eso, la derecha y su aparataje mediático se ha esforzado en presentar caras nuevas, en general acompañadas por equipos de promoción de imagen, de presentación de “productos” aceptables por un mercado electoral saturado de mensajes negativos sobre la clase y la forma de hacer política.

 Joao Doria

Las opciones de la derecha de cara a 2018 se han reducido desde la caída política de Aecio Neves. Las encuestas le otorgan buenas oportunidades a Jair Bolsonaro, un ultraderechista misógino, que seguramente ahuyentaría a las clases medias.

Equipos que viene acompañados por un arsenal de medias verdades y muchas mentiras, repetidas hasta el cansancio por el terrorismo mediático de una prensa hegemónica que también quedó enchastrada por el lodazal de la corrupción, expertos en mercadeo, vendedores de estrategias electorales con mensajes optimistas para vender sus nuevos productos.

Uno de los últimos productos lanzados al mercado por la prensa hegemónica es el empresario João Doria, del derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), electo como prefecto de San Pablo con más del 53% de los votos, pese a que un mes antes, de las elecciones apenas sumaba el 6% de la intención de sufragio. Doria dejó de lado a los tradicionales publicistas del partido y los sustituyó dos outsiders: el periodista Luiz Flavio Guimaraes y el publicista Átila Francucci, quien había destacado como creador de contenidos de la campaña de Geraldo Alckmin en 2014 a la gobernación el estado de San Pablo.

Y Fernando Haddad, quien buscaba su reelección con una buena gestión pero con la tarjeta del PT –que lo había abandonado y no apuntalado su gobierno en el importantísimo bastión paulista-, quedó en el camino. Pero no solo Doria utilizó esos argumentos, sino también Celso Russomanno del Partido Republicano Brasileño (PRB), a quien las encuestadoras ponían como primero en las encuestas.

Doria y su equipo optaron por no confrontar directamente con los demás candidatos de derecha y prefirieron esperar a que la artillería pesada fuera lanzada por los candidatos más conocidos (Russomanno, Marta Suplicy del PMDB y Haddad). Así, Doria consiguió ir posicionándose frente a Russomanno, con el que disputaba votos conservadores y antipetistas. “Apostamos a nuestra capacidad de amoldar a nuestro candidato al pensamiento de la masa acrítica”, dijo Guimaraes al explicar la decisión de presentar a Doria como un millonario hecho desde abajo (“Joao trabajador”), dispuesto a resolver los problemas de los pobres y de las periferias de la ciudad, carente de relación con la política electoral, generando identificación y empatía en gran parte de los trabajadores del distrito electoral, quienes a su vez aspiraban a llegar tan lejos como él.

Es una incógnita si esta estrategia y este candidato podrían calar a nivel nacional, por varias razones. Entre ellas, que la coyuntura no es la misma: si bien el antipetismo continúa, buena parte de los medios de comunicación dominantes han dejado de proteger a ciertas figuras de otros partidos salpicadas por corrupción como Aécio Neves y Michel Temer. Un año después, la corrupción se presenta como endémica al sistema y no como propia del PT, en el imaginario colectivo. 

 Contexto geopolítico

El factor social se presenta como una variable a tener muy en cuenta a partir de ahora. Si hubiera convulsión en las calles o manifestaciones masivas, como sucedió durante el impeachment a Dilma Rousseff el año pasado, la política entraría en una dinámica más peligrosa y no sería descartable la renuncia de Temer, autosecuestrado en el Planalto.

La crisis actual de Brasil no puede reducirse a un fenómeno puntual de mera índole política o económica. Sus orígenes o raíces deben buscarse en su pasado histórico próximo y remoto, y en la diagramación espacial y geográfica de su expansionismo territorial, de su colonialismo interno, y de su malversada representación política y gerenciamiento empresarial. Este pasado histórico, condicionante de la crisis actual, tampoco se debe reducir exclusivamente a las fronteras brasileras pues alcanza también a todos sus vecinos de la cuenca chaco-amazónica.

Apartando el circo mediático, la realidad es que el golpe fue necesario para la restauración neoliberal en condiciones que ameritaban la urgencia de Estados Unidos por aislar a Sudamérica de la influencia de China y Rusia. Si bien EEUU concentra su poder bélico en el Extremo Oriente, su actualizado neo monroísmo concentra sus esfuerzos en recuperar su “patio trasero”.

Estados Unidos necesitaba recuperar Brasil y, de paso, quebrar los BRICS. Una unión más fuerte con China supondría el fin de la hegemonía de Washington sobre Sudamérica y la restauración neoliberal persigue, asimismo, la desconexión entre estos dos gigantes.

Junto con el gobierno neoconservador de Argentina, surgido ese de las urnas, la administración golpista brasileña ha hecho ingentes esfuerzos por desarmar los esquemas de integración regional, como Mercosur y Unasur, para dejar a los países del área a merced de los tratados de libre comercio promovidos por el capital trasnacional. Un ALCA de facto.

El Consejo de Relaciones Exteriores (CFR por sus siglas en inglés) promueve el concepto geopolítico de “North-America”, una zona que se expande hasta Venezuela, como parte de un Caribe ampliado, con el fin de contar con los recursos naturales y energéticos que proveen las cuencas del Orinoco y del Amazonas, base material para garantizar la reposición de la supremacía estadounidense en el continente.

La anulación geopolítica de Sudamérica es esencial para esta reposición. Deshacer una integración regional sudamericana, de carácter soberano, es fundamental para debilitar al BRICS, a Rusia y China. No es solo Brasil: EEUU orquesta desde Washington las protestas en Hong Kong, la desestabilización en Sudáfrica, la campaña contra la reelección de Putin y el contubernio con la tiranía saudí para bajar el precio del petróleo e implosionar las economía de Rusia, Irán y Venezuela.

La colonialidad de nuestras elites, tanto económicas como políticas y culturales, sólo pueden manifestar un ánimo de resignación.

El concepto de “North-America” subyace al disciplinamiento del Caribe, que empezó con el golpe en Honduras, la incorporación del México neoliberal como garante energético de esta restauración expansiva, la desestabilización de Venezuela, el golpe en Brasil, la defenestración de Cristina Kirchner (cuando mostró su entusiasmo de que Argentina formase parte del BRICS). El interés por reducir a Sudamérica en este concepto se realiza implosionando sus tres más grandes geoeconomías (Brasil, Argentina y Venezuela).

Mientras Brasil se agita en medio de la crisis, la repercusión de las mismas se observa con atención en toda Sudamérica, y no solamente en el rubro económico, sino en la consolidación de la zona como región de paz. La crisis política en Brasil repercute en la paz de Colombia y Venezuela.

El primero transita el laberinto del proceso de pacificación con las fuerzas guerrilleras tras más de 50 años de conflicto y seis millones de desplazados internos, y el segundo, mayor reservorio de petróleo del mundo, blanco de la desestabilización con apoyo de EEUU, en busca de terminar con el ideario chavista que picó y se extendió por América latina.

Aram Aharonian

Periodista, comunicólogo, magister en Integración, codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), presidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)