La disputa por las reformas constitucionales es librada en las alturas por élites cuya visión es estrecha y con intereses que se circunscriben a mantener el statu quo y refuncionalizar la institucionalidad relativa al sistema de justicia. El carácter incluyente en la formulación anterior se debe a que en ambas posturas conviven fundamentos esenciales para que al final el sistema siga intacto.

Es cierto que los propósitos y las fuerzas varían. Me explico. Quienes se oponen a las actuales reformas constitucionales en contienda persiguen mantener los actuales niveles de impunidad y evitar que ocurran cambios interpretados, desde la matriz anticomunista, como un peligro de acercarnos a procesos demonizados como el de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que se recurre a las justificaciones anticomunistas cuando los sectores dominantes ven un milímetro de peligro en la continuidad de sus intereses (en este caso y en este momento) de carácter mafioso y empresarial. Son quienes, en general, logran articular el conjunto de medios y dispositivos económicos, políticos e ideológicos que activan la hegemonía dominante: profundamente conservadora y éticamente cuestionable. En general, tienen a su favor la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República, la cual podría cambiar siempre y cuando las fuerzas reformistas logren que a algunos diputados les tuerzan el puño a partir de los procesos de investigación o antejuicio en los cuales se encuentran implicados. Son estas fuerzas las que tienen la mejor correlación, por razones de hegemonía, en una eventual consulta popular, si es que las reformas finalmente son aprobadas en el Organismo Legislativo.

Quienes están promoviendo las reformas constitucionales pretenden disminuir los altos niveles de impunidad devenidos de la penetración del crimen organizado en el Organismo Judicial, del predominio de grupos empresariales que operan a través de funcionarios judiciales y consorcios de abogados corporativos y de articulaciones políticas (de partidos y élites universitarias y gremiales) que han generado una distorsión ética, política y jurídica en la elección de las cortes. Constituyen una fuerza reformista devenida del apoyo, el estímulo y el interés de la Embajada de Estados Unidos, operada a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos e integrada por un conjunto de fundaciones, oenegés y colectivos igualmente elitistas, que carecen de la fuerza suficiente en el Congreso de la República para avanzar en la pretensión de generar reformas constitucionales cuyo alcance (de darse) será la refuncionalización a través del incremento de la eficiencia y la eficacia del Organismo Judicial, el que menor desgaste presenta en el Estado.

Los cambios que pudieran implicar las reformas constitucionales susceptibles de aprobarse finalmente no cambiarán en esencia el carácter del sistema de justicia, sobre el cual pesan las relaciones de poder históricamente existentes. Quienes poseen o se disputan el poder en las alturas de la contienda, entre segmentos empresariales, mafiosos y políticos, correspondientes en general a las derechas, tendrán la capacidad de recomponer sus fuerzas, influencias y capacidades determinantes ante una eventual modificación del engranaje institucional del Organismo Judicial, tal como ha sucedido con reformas anteriores.

En artículos previos hemos analizado las debilidades y las carencias esenciales que ha tenido el proceso de formulación de las propuestas de reforma constitucional: las fuerzas, las demandas y las propuestas que fueron excluidas. Al no aprobarse el artículo 203, correspondiente al reconocimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, la articulación que continúa pretendiendo las reformas constitucionales perdió la posibilidad de contar con una fuerza organizada y movilizada por el Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, la Asamblea Social y Popular y otras articulaciones sociales que permitieran pensar en el logro del propósito de aprobación de tales reformas en el Organismo Legislativo y finalmente en una eventual consulta popular.

Así las cosas, aquellos sujetos mayoritarios, como los pueblos indígenas, el campesinado, los trabajadores y el movimiento de mujeres y feminista, siguen siendo excluidos de las búsquedas elitistas de reformas impuestas recientemente en el país. Y, con los signos de agotamiento histórico del Estado guatemalteco, aun lográndose las reformas constitucionales que se pretenden en la actualidad, es muy probable que estemos a las puertas de un nuevo momento de crisis política, ya que los problemas nacionales históricos y estructurales siguen profundizándose y no encuentran una salida en ningún nivel y ámbito de la política devenida del Estado.

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