El presidente venezolano Nicolás Maduro sorprendió al mundo al anunciar el primero de mayo que convocará a una Asamblea Nacional Constituyente “originaria” para refundar las estructuras del Estado, tal como está previsto en el artículo 347 de la actual Carta Magna. Con esta decisión pareciera que se baja el telón a la infructuosa búsqueda de acuerdos de convivencia con la derecha.

Fueron 12 días para recordar: una masiva movilización el 16 de abril, día de la independencia; la salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 26 y el anuncio “madrugador” de un llamado a la Asamblea Constituyente, el Día de los Trabajadores, dejando descolocados a chavistas y opositores (nacionales y sus mandantes foráneos), entre quienes interpretan la medida –totalmente ajustada a derecho- como una fuga hacia adelante o la radicalización del proceso. Lo cual, en definitiva, obliga a barajar de nuevo.

La convocatoria apeló al origen del proceso que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 como un elemento fundante. “Defenderse con una respuesta democrática y participativa, con una línea para todo el chavismo que deberá agruparse en torno al objetivo común, y sobre todo convocar a la mayoría de la sociedad para construirlo. El proceso, subrayó Maduro, será de ciudadanos y ciudadanas, no de partidos políticos”, recuerda Marco Teruggi en Question.

La propuesta ya fue encaminada al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá resolver algunos problemas, como es el de la formación del electorado sectorial. Por ejemplo, señala el director del diario Últimas Noticias Eleazar Díaz Rangel, esa Constituyente debe tener entre 200 y 250 diputados electos por sus respectivos sectores, así, los diputados trabajadores deben ser escogidos en votación por un electorado específico, de trabajadores.

“No existe ese listado en ninguna parte. Son millones de trabajadores (obreros y empleados) tanto del sector público como del privado, y todos ellos deben tener derecho al voto. Ese listado no puede ser reemplazado por los sindicalizados, pues estos no pasan de 13% del mercado laboral”, insiste el veterano periodista y docente. En menos escala, esta situación se traslada a los sectores campesinos, comunas, indígenas, discapacitados, pensionados.

Tanto la Comisión asesora como en el propio CNE, deberán manejar el desarrollo del proceso con la mayor flexibilidad y amplitud posibles, a fin de sumar, atraer, incorporar a quienes tengan dudas, a los indecisos, y aún a opositores para que participen en la elección de los diputados a la Constituyente, tarea que no parece para nada fácil en momentos de crispación.

El llamado a una Constituyente no parece cerrar la crisis política que la derecha ha encarrilado a la vía violenta y que hoy solicitan sea resuelta con votos. Maduro señala que ha dado el giro en la dirección electoral luego de agotar todas las vías para una solución dialogada con una oposición que no se muestra interesada en el tema, sino en la vía violenta, en el caos, en la desestabilización, en la búsqueda de una intervención extranjera.

La oposición ha insistido en la realización de elecciones generales o adelanto de elecciones, mecanismos imposibles de aplicar si se respeta la Constitución. Y cabe recordar que el intento de convocatoria a un referendo revocatorio del mandato presidencial, fue abandonado en el camino por la propia oposición.

La decisión de Maduro tomó de sorpresa al Vaticano así como los países de la región dispuestos a buscar una solución negociada fuera de la esfera de influencia de la OEA. Y también a las autoridades estadounidenses, mientras las de otros países -como México. Brasil, Colombia- no perdieron la oportunidad para inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos.

  Sería previsible que las fisuras internas dentro del oficialismo comiencen a hacerse cada día más evidentes. Hay quienes hablan del efecto bumerang, haciendo al gobierno más impopular ya que una Constituyente no resuelve los problemas de abastecimiento e inflación por los que protestan los sectores populares.

En el frente interno, y tras semanas y semanas de violencia callejera, la situación no evolucionó como lo tenían previsto los dirigentes opositores, ya que las barriadas de las grandes ciudades (en especial Caracas) no se sumaron al llamado a derrocar a Maduro y las Fuerzas Armadas se han mantenido junto al gobierno, pese a los desesperados llamados del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Las encuestas (para quienes crean en ellas) señalan que el 57% de los opositores están en desacuerdo con la violencia, cifra que sube al 83% de los independientes.

Violencia: la marca de la oposición

“Cuando el discurso político legitima el terrorismo, se desbordan las compuertas y se consagra la cultura de la violencia. Cuando “todo vale”, comienza a transitarse la senda de la destrucción y la muerte, negación de las condiciones simbólicas y materiales que permitirían alcanzar a una solución no violenta de las diferencias y construir una sólida cultura de paz”, señala la socióloga Maryclén Stelling.

Alertas desde la oposición

Pese a que la convocatoria a una Constituyente era su reclamo en 2014, la oposición llamó a rebelarse contra el anuncio de Maduro y advirtió que reafirma un “golpe de Estado” para evadir elecciones. “Buscan con la Constitución destruir la propia Constitución, la democracia y el voto”, denunció Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. “Llamamos a rebelarse al pueblo y no aceptar este golpe. Lo que está proponiendo Maduro en su desesperación es que Venezuela más nunca logre votar en unas elecciones directas, libres y democráticas”, agregó, desencajado.

Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, decía en un mensaje (tuit) de 2014 que la “Constitución nos muestra el camino para lograr la reconstrucción del país y la reconciliación nacional: artículo 348, La Constituyente”. María Corina Machado, por su parte, señalaba en otro tuit que “La Constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio de régimen, nuevas instituciones y la reconciliación del país. Y Leopoldo López, hoy preso, decía el 22 de noviembre de 2014 que “La Constituyente nos permite elegir nueva CNE, fiscal, contralor, defensor del pueblo, Asamblea Nacional y Presidente de la República”.

En el último año, al menos dos grupos opositores -Vente Venezuela y Voluntad Popular- propusieron  la convocatoria a una Constituyente para la reforma de la Constitución y reducir el mandato presidencial y efectuar una "caída y mesa limpia" en los poderes públicos.

Ahora, el opositor gobernador del estado Lara, Henri Falcón, aseguró que un proceso Constituyente “podría someternos a un estado de descontrol” y no resolverá los problemas del país. A su juicio, más bien los podría agudizar. Agregó que las pretensiones del Ejecutivo en convocar una constituyente es para “seguir postergando las elecciones”.

El analista opositor Michael Penfold destaca en el portal Da Vinci el carácter corporativista e incluso de representación indirecta que asoman las bases comiciales de la convocatoria de Maduro, la que luce –dice- como un acto desesperado, y señala que el Gobierno huye hacia adelante con la convocatoria sin consulta previa a través de un referendo para validar sus bases comiciales, y en medio de una crisis de gobernabilidad que se agrava permanentemente.

“La idea de que el carácter corporativista de la constituyente –misiones, obreros, sectores productivos, comunas, etc. – va a dinamizar esa conexión, me parece que es un acto de fe más que un cálculo político realista. Tratar de ejercer el control político a través de este mecanismo es una propuesta no solo temeraria sino tremendamente irresponsable”, indica.

Para Penfold, Maduro, antes las presiones externas e internas por llegar a un proceso electoral, prefirió hacer una apuesta aún más incierta , políticamente muy riesgosa, que continuar profundizando el conflicto de desgaste que mantiene con la oposición, sobre todo en medio de un colapso económico y con unas protestas sociales y políticas como las que se presentan en la actualidad. “Venezuela, por decir lo menos, es oficialmente un berenjenal”, concluye.

El abogado opositor Juan Manuel Raffali recordó que a Chávez, con todo el poder en las manos, le tomó casi diez meses consumar este proceso. Una Constituyente “que pudiera estar integrada por 500 constituyentistas, sería un elefante blanco que fácilmente podría demorar un par de años en concluir su misión”, indicó.

Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis y guionista de la oposición, señaló que es obvio que el gobierno no podría ganar una elección de este tipo y entonces hace una convocatoria tipo Frankenstein en la que se elegirá un número descomunal de 500 representantes, una parte en elecciones convencionales y otra seleccionada por los sectores que el chavismo decida (trabajadores, mujeres, indígenas, etc). Un proceso que, por supuesto, estará sesgado y tutelado, garantizando que el gobierno pueda obtener la mayoría que necesita para controlar a la Asamblea”.

Henry Ramos Allup, líder de Acción Democrática y expresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la nueva Constituyente que quiere convocar el presidente de la República “es un saqueo a la democracia”. Dijo que no es legal ni constitucional que el CNE apruebe la propuesta y que lo que tiene que hacer el órgano electoral es convocar al pueblo a una consulta de las bases comiciales.

EEUU desconcertado

El subsecretario adjunto estadounidense para el Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, señalo que “este proceso no se perfila como un esfuerzo genuino de reconciliación nacional, que es lo que realmente Venezuela necesita”, tras recordar que Venezuela debería realizar elecciones regionales y municipales, y señaló que “claramente" la intención del gobierno con su llamado a una Constituyente es seguir eludiendo ese compromiso.

"Claramente han decidido cambiar las reglas con el partido ya por la mitad. Las cosas no están funcionando para ellos de forma que van a tratar con otra cosa", opinó Fitzpatrick.

 ¿Descolocar al adversario?

Todo parece indicar que se tratará de una reforma del texto vigente, aprobado en 1999. La convocatoria a la Constituyente no necesita referendo consultivo para su aprobación. Maduro indicó que activará una “Constituyente ciudadana, no de partidos políticos”, por lo que la misma sería “electa con el voto directo del pueblo para elegir unos 500 constituyentes, aproximadamente”, al tiempo que “unos 200” serían elegidos directamente por los movimientos sociales como los sindicatos, el “poder popular”, los indígenas, grupos de la “sexodiversidad” o las mujeres organizadas.

El gobernante no aclaró si la Constituyente se encargaría de redactar una nueva Constitución o se limitaría a reformar la actual Carta Magna, aprobada por referéndum en diciembre de 1999 tras un proceso convocado por el presidente Hugo Chávez. Maduro sostuvo que la Constituyente tendría como objetivo “reformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está allí”. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, expresó su apoyo a la decisión y señaló que “no puede haber algo más democrático” que la convocatoria constituyente. 

Los puntos que según Maduro abordaría la nueva Constituyente son ganar la paz y garantizar los valores de la justicia; ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano, para dejar instalado un sistema postpetrolero, constitucionalizar las misiones y grandes misiones creadas por el expresidente Hugo Chávez, nuevas formas de la democracia directa y participativa, funcionamiento del Sistema de Seguridad, Justicia y Sistema Judicial; Defensa de la Soberanía Nacional, Identidad cultural, la nueva venezolanidad y lo que llamó la garantía del futuro: un capítulo de derechos sociales y deberes de la juventud.

Elías Jaua, nombrado como encargado de la comisión presidencial pro Constituyente, afirmó que “No hay condiciones de normalidad para ir a unas elecciones regionales y presidenciales con normalidad (…) Queremos ir a elecciones, pero queremos garantías que la oposición respetará los resultados como hemos hecho nosotros (…) Es claro que en el 2018 tienen que haber elecciones presidenciales (…) Del lado de la contrarrevolución lo que hay es la intención de derrocar por la vía violenta”, añadió. Jaua señaló que la Asamblea Nacional Constituyente podría sustituir a los poderes o coexistir con ellos, pero que en todo caso, esto sería decisión de los propios constituyentes.

“Cuando poder popular significa, en el lenguaje de la cúpula, órganos administrativos locales de control clientelar social y político y distribución de la miseria por medio de los CLAPs, cuando sólo se realizan elecciones en los espacios, cada vez más reducidos, donde el (oficialista) PSUV se asegura el triunfo, los nombres y los contenidos de las cosas que señalan han perdido toda correspondencia”, señala Carlos Carcione, dirigente de Marea Socialista, escindida del partido oficial.

El gobierno de Maduro busca solamente subsistencia, no profundización de la revolución, ni resistencia, señaló el sindicalista Marcos Cortés. 

Reinaldo Quijada, exdirigente de la chavista Clase Media en Positivo, habla de “la irresponsable y demagógica decisión del presidente Maduro” “y un grupo de personas para mantenerse en el poder y seguir usufructuando de él”.  Señala que esta Constituyente no es “originaria” (cuando la convoca el pueblo) sino “derivada”, porque es el Ejecutivo quien lo hace sin consultar al “soberano”, tal como lo hizo Chávez el 25 de abril de 1999.

 ¿No es buena la Constitución de 1999 y por eso se debe cambiar? No se trata de eso, sino que es ésta la que prevé una herramienta que es interesante en esta coyuntura. Según la Carta de 1999, una Asamblea Nacional Constituyente tiene otros atributos adicionales, como ser expresión del poder depositario absoluto que reside en el pueblo y transformar el Estado. Se interpreta que a la Constituyente deben someterse todos los poderes públicos, y desde allí el gobierno intenta dinamizar la transformación del Estado y superar los escollos institucionales. Se trata de una reforma del actual texto.

 No cabe duda que hay sectores abiertamente adversos a esta –o cualquier otra- convocatoria, que los colocó en la encrucijada de acudir o no. Seguramente unos se sumarán mientras otros se abstienen. Ya la oposición se abstuvo de concurrir a las elecciones parlamentarias de 2005.

 El gobierno está asumiendo una alternativa política que busca, asimismo, deslegitimar la postura del adversario de cara al mundo, donde se ha posicionado la existencia de Venezuela como un "Estado forajido". Desde el gobierno se considera que retirarse de la OEA y convocar a un proceso electoral apunta a quebrar matrices y posturas fuera de fronteras, dejando en claro que la política venezolana no se tutela desde afuera y las grandes definiciones pasan por la medición política interna.

 Mientras tanto, una oposición sin mayores argumentos sigue manteniendo la violencia en la calle, en un coctel explosivo de impotencia, brotes de paramilitarismo y bandas armadas. Y más de 30 muertos.

- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC).