Con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump la derecha colombiana encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez tomó un nuevo impulso para trasladar la disputa interna en contra del proceso de negociación con la guerrilla de las FARC-EP y en contra de los aspectos centrales contenidos en el Acuerdo Final suscrito por el Gobierno Nacional y ésta guerrilla el 24 de noviembre de 2016. Dos acontecimientos recientes avivan el debate tanto interno como el debate en distintas esferas del poder de los Estados Unidos.

El viernes santo, según informaciones provenientes de los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, ellos habrían sostenido una reunión en la cual se abordaron temas trascendentales para Colombia y la región, según Pastrana y una simple reunión social según Uribe. Mucho se ha especulado sobre los alcances y el real contenido de la reunión de los ex presidentes colombianos con el presidente Trump. Lo cierto parece ser que el encuentro si ocurrió pero no con las dimensiones que quiso darles Pastrana. Se trataría de una conversación de pasillo en el Club de la Florida desde el cual despacha el presidente Trump la mayor parte de los fines de semana.

A lo anterior se suma una carta que el domingo 16 de abril Uribe dirigió al Congreso de los Estados Unidos en la cual en ocho puntos resume sus críticas y sus posturas con respecto al proceso de Paz alcanzado con las FARC.  El Portal La Silla Vacía realizó un examen de los contenidos de la misma y encontró que de las 27 afirmaciones que tiene la carta sólo tres son ciertas. De las demás, seis son engañosas, cinco falsas, cuatro debatibles, cuatro inchequeables, tres apresuradas y dos exageradas. [i]

La primera afirmación de la carta es que el país desde la llegada de Santos al poder y gracias a las concesiones hechas a las FARC ha visto crecer los cultivos de coca que según lo expresa en la carta: “Producción de Narcóticos: las plantaciones de coca se redujeron de 170.000 hectáreas a 42.000 has, ahora hay 188.000 según la estimación más baja”.  Como lo muestra el artículo de La Silla Vacía en el año 2001 según las estimaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos la cifra era de 170.000 hectáreas y en el año 2010 según esta misma fuente, al término del Gobierno de Uribe, la cifra era de 100.000 hectáreas. Para el Departamento de Estado la cifra para el año 2016 es de 188 mil hectáreas. La UNDOC que es la oficina de las Naciones Unidas no ha dado a conocer su estimativo para el año 2016. Para esta Agencia la cifra era de 96 mil hectáreas para 2015. Es evidente que sigue siendo una cifra alta y que además la erradicación manual ha disminuido en el Gobierno de Santos, pasando de 44 mil hectáreas en el año 2010 a 16 mil hectáreas erradicadas manualmente en el año 2016.

Uribe defiende como lo ha hecho en el debate interno las fumigaciones aéreas con glifosato y se opone a la suspensión de dicho método de erradicación y de ello responsabiliza al Gobierno señalando que esta fue una imposición de las FARC EP. Sin embargo el asunto es más complejo toda vez que la suspensión de un método que además de dañino para la salud de los pobladores que viven en las regiones expuestas a las fumigaciones aéreas también ha mostrado su ineficacia a largo plazo. Aquí hay que señalar que esta música debe sonarle bien a los oídos del efectista gobierno de Trump y Uribe lo sabe y trata de sacar ventaja de esta situación. Como se ha demostrado en estudios serios sobre la materia un proceso de erradicación efectivo supone la construcción de una fuerte economía campesina dotando a los campesinos que cultivan la coca y la amapola de tierra, crédito y asistencia técnica al tiempo que se debe construir una red de infraestructura vial que les permita vender sus productos. En suma se trata de crear una economía de medianos propietarios rurales que se apartan de los cultivos de uso ilícito porque tienen ingresos dignos y si se involucran en economías ilegales tendrían mucho que perder. Los campesinos que hoy viven en esas zonas de la periferia donde se cultiva la coca y la amapola no tienen nada que perder. El problema es que poner en marcha esa estrategia ante las presiones internacionales y el efectismo que las caracteriza, implica tener independencia y defender esta estrategia aun resistiendo a las presiones internacionales y principalmente las presiones de la derecha norteamericana militante furibunda del prohibicionismo.

El segundo tema central de la carta de Uribe se dirige en contra del Sistema Integral de Justicia para la Paz. Según Uribe “Las FARC han diseñado su propia justicia”, “Los Jueces serán nombrados por personas permisivas con el terrorismo y similares a la ideología de las FARC”, “Los capos de las FARC y sus ayudantes han recibido la impunidad y la elegibilidad  política en el caso de cualquier crimen”, “los crímenes atroces, como el reclutamiento de menores y los abusos contra las mujeres, permanecerán en la impunidad”,  “Estas sanciones son inadecuadas, carecen de encarcelamiento y son inaplicables porque quienes son culpables gozarán de elegibilidad simultánea para el Congreso o cualquier otro cargo público” y “El tráfico de narcóticos es aceptado como un crimen político relacionado con el financiamiento de la rebelión, con total impunidad, elegibilidad y no extradición”.  Tampoco aquí las afirmaciones son veraces. No solo son inexactas sino que buscan socavar uno de los puntos básicos de la negociación.  Hay que entender primero que lo que se negoció en Cuba no fue un proceso de rendición toda vez que las FARC EP no fueron derrotadas militarmente como era el deseo y el proyecto de Uribe. Aunque disminuidas las FARC EP no pudieron ser derrotadas en el campo de batalla y por ello de manera acertada a nuestro modo de ver el Gobierno Nacional en un largo proceso de más de cinco años de negociación logró alcanzar un acuerdo y ese acuerdo estipula que habrá un sistema de justicia transicional con penas efectivas de restricción  de la libertad para los autores de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra; se reconoce que las guerrillas no fueron las únicas que se vieron comprometidas en la comisión de delitos atroces también lo hicieron miembros de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares así como civiles comprometidos en dichos crímenes;  el acuerdo establece que habrá un sistema de justicia integrado por una Comisión de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de las personas desaparecidas un Tribunal de Justicia para la Paz y una política para la reparación de las más de ocho millones de víctimas que ha dejado este atroz conflicto.

El principio básico para salir de un conflicto en donde se presentan masivas violaciones a los derechos humanos es el establecimiento de una Justicia Transicional que al tiempo que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición puede establecer principios de justicia restaurativa y no simplemente punitiva en que a los principales responsables de crímenes atroces a cambio de su compromiso de reparación a las víctimas, a la confesión de la verdad de lo ocurrido y a la colaboración con la justicia, se les otorgan beneficios judiciales, penas blandas frente a la gravedad de los crímenes cometidos y medidas de restricción efectiva de la libertad lo cual no quiere decir necesariamente cárcel o reclusión intramural. Y eso fue lo que se pactó con las FARC EP. Lo que no quiere Uribe es verdad ni quiere que los militares y los terceros responsables tengan que confesar sus crímenes si quieren ser cobijados por este sistema de justicia transicional. En todas las propuestas que ha hecho Uribe busca que los crímenes de miembros de la Fuerza Pública queden en la impunidad y por ello solo confía en la Justicia llamada ordinaría en que los crímenes relacionados con los derechos humanos tienen una impunidad del 99% según cifras de los propios organismos judiciales. La justicia ordinaria es presa de una crisis profunda. Para los crímenes tanto relacionados con el conflicto como los llamados crímenes comunes la impunidad está por encima del 80% y ese es el sistema de Justicia que Uribe defiende. Esa fue la propuesta que presentó a la Mesa de renegociación de los Acuerdos reabierta tras el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre. Hay que decirlo con claridad el sistema de justicia ordinario en Colombia es un fracaso y es el sistema que Uribe defiende sin el menor rubor.

Ahora trata de desprestigiar al sistema de justicia transicional pactado en los Acuerdos que busca precisamente que no haya impunidad.  Habrá penas intramurales hasta de 20 años para aquellos actores que no digan ni se comprometan con revelar toda la verdad y para aquellos que lo hagan habrá penas restrictivas de la libertad por un lapso de entre cinco y ocho años. Uribe sabe que los cinco electores son personas con una trayectoria de vida en defensa de los derechos humanos, pero, trata de enlodar su independencia señalando que supuestamente son amigos de los terroristas o afines a la ideología de las FARC EP cualquiera puede ver que por el contrario han condenado a los grupos terroristas y han dado muestra de independencia en los cargos que han ocupado. Lo que teme Uribe y con él los amigos del régimen es que por fin haya unos electores que nombren unos jueces, unos comisionados de la Verdad con independencia cosa que no tiene el nombramiento de los jueces y fiscales en Colombia que son fichas del régimen para aplicar una justicia clasista o para permitir la impunidad.

Que el narcotráfico es un delito político eso no es verdad. Lo que plantea el Acuerdo es que –como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia- el delito del narcotráfico se puede considerar conexo al delito político cuando y eso hay que demostrarlo en cada caso particular, esa actividad sirvió para conseguir recursos para la confrontación, para el financiamiento de la guerrilla y no para el enriquecimiento personal.

Finalmente la carta de marras insiste en cosas que son realmente delirantes. Por ejemplo que el gobierno del presidente Santos está debilitando al sector privado cuando hemos tenido tan pocos gobiernos tan neoliberales como el que preside Santos o que Santos entregará el país al llamado castrochavismo. En fin esas son ya piezas de una artillería demasiado mentirosas para que sean asumidas como realidades en nuestro país. Sin embargo el hecho que sea delirantes no quiere decir que puedan ser desechadas o minusvaloradas en el debate público.

Lo que queda claro con esta ofensiva internacional de la derecha es que ha perdido todo sentido de decoro y de soberanía nacional. Uribe busca aliados internacionales para socavar la paz y quiere por esta vía que factores externos dobleguen al país. De eso no debe cabernos la menor duda.

 Bogotá 20 de noviembre de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/colombia-en-la-encrucijada-norteamericana/