Tenemos que analizarnos como sociedad, asumir nuestra responsabilidad, desarrollar conciencia social y demandar al Estado para que se tomen medidas para frenar la violencia, combatir la delincuencia común y no solo los graves casos de corrupción, exigir que se diseñen planes de prevención y colaborar con las autoridades, si en realidad queremos salvarnos de la debacle.

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) informó que 305 personas murieron linchadas entre el 2008 y 2015 y más de mil resultaron heridas; en el 2016 se registraron 18 muertes por esa causa y este año suman tres, un acto de salvajismo que nos debería avergonzar y tendríamos que condenar severamente.

La población, especialmente en algunas zonas del país, se mantiene bajo asedio de los grupos criminales. Las extorsiones las tienen atormentadas. Siguen los asesinatos de pilotos, al extremo de que hay rutas que han quitado las unidades, con gran afectación a los usuarios.

Es increíble que quienes tienen el poder de decidir, de tomar acciones en estos casos, como no se sienten afectados, no hacen nada, permanecen indiferentes al calvario diario que sufre la gente de a pie, que debe caminar largos trechos o pagar montos excesivos para poder llegar a sus lugares de trabajo.

Los extorsionistas han llegado al extremo, en algunos lugares, de lanzar granadas para intimidar a las personas. Siguen sucediendo, frecuentemente con gran crueldad, numerosos asesinatos de mujeres, hechos verdaderamente repugnantes. En Zacapa, una niña de 13 años y su abuela perdieron la vida de manera violenta; las dejaron tiradas en una fosa. Hubo otros ataques en ese departamento contra mujeres.

La delegada departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos señaló que se ha incrementado la violencia de género. Pero no es solo en ese departamento. En Cantel, Quetzaltenango, localizaron el cadáver de Vilma Barrios; en Chiquimula asesinaron a Margarita Cruz, de 69 años, y la maestra Blanca Gudiel fue baleada en Escuintla. Y hace poco encontraron a una joven envuelta en un colchón. Estamos viviendo en medio de la barbarie.

 Los agentes de la PNC no se dan abasto para combatir la criminalidad que los supera en poder de fuego. Ellos no solo son pocos, sino que una enorme cantidad se encuentra cuidando las embajadas, a personalidades y a quienes están amenazados o en riesgo. Además de que las condiciones en que trabajan no son las adecuadas, sus salarios no compensan la responsabilidad que tienen sobre sus espaldas.

 Muchas críticas se hacen a esa Institución y hay elementos que deben ser depurados, pero un numeroso grupo está haciendo su mejor esfuerzo. Varios han caído en el cumplimiento de su deber.

El Estado tiene que atender esta urgente necesidad de velar por la seguridad de las personas. Pero hay otras obligaciones que tampoco atiende. Únicamente el 17% de la población vive con más de Q54 diarios. El INE reportó que muchos jornaleros se quejan de que les pagan Q25 al día, y como el trato es desigual, a las mujeres les pagan solo Q15; el salario mínimo es de Q86.90 en el sector agrícola.

Diversos estudios reportan que en muchos lugares no se cubre ese monto. Nos gustaría conocer qué políticas públicas está impulsando el gobierno para intentar paliar esa situación desastrosa que enfrentan las mayorías, que ni siquiera pueden cubrir lo elemental para vivir. Ocho de cada 10 familias no tienen para los gastos del hogar.

Estamos construyendo una tormenta perfecta con todos estos factores, más el desprestigio de los diputados, el descrédito del sistema de justicia y la inacción del Ejecutivo.

Guatemala, 30 de marzo de 2017

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA