El gobierno argentino ha anunciado la firma de un acuerdo con las empresas y los sindicatos para avanzar en la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta en la cuenca neuquina (provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza). Se trata de la segunda reserva más importante del mundo de gas no convencional, la cuarta de petróleo no convencional y la principal formación geológica de shale en Argentina.

 

El acuerdo lo suscribieron el Presidente Mauricio Macri, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Energía, Juan José Aranguren, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, y su par de los Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo. El texto del acuerdo se mantiene en reserva y solo se conocen algunos aspectos derivados de declaraciones públicas de los distintos actores.

 

Según informó el propio Presidente, las empresas que participarán de la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow) se comprometen a planes de inversión que, sumados, alcanzarían USD 5.000 millones en este año 2017 y mayores a USD 10.000 millones por año a partir de 2018.

 

El Estado Nacional por su parte, extenderá el Plan Gas hasta 2020, brindando garantías a los inversores sobre el precio del gas en boca de pozo, eliminará las retenciones a las exportaciones de petróleo y además invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector. Por otro lado, la provincia de Neuquén garantizará la estabilidad tributaria para las empresas y mejorará el estado de los caminos provinciales.

 

Los sindicatos a su vez, han aceptado una reforma de su convenio colectivo que implica –según varios voceros gremiales- una flexibilización laboral que incluye: jubilación anticipada, permitir el montaje y desmontaje en horario nocturno, solo la empresa -y ya no el sindicato- podrá suspender el trabajo por condiciones climáticas y vientos fuertes, instrumentación de nuevos mecanismos de control para reducir ausentismo, eliminación de las horas ‘taxi’ (tiempo de viaje hasta el yacimiento), entre otros.

 

El objetivo del acuerdo, según el presidente argentino, es atraer inversiones para la explotación de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, reducir los costos de la energía, retomar la exportación de hidrocarburos y aumentar los empleos. “[Vaca Muerta] tiene el potencial de generar miles de puestos de trabajo y la energía necesaria para alimentar nuestra industria y nuestros hogares. …  El mundo entero necesita energía, y nosotros podemos ser parte de la respuesta a ese desafío global, tanto en energías renovables como en recursos convencionales y no convencionales” expresaba el presidente en “La Mañana” de Neuquén.

 

El balance

 

Es muy difícil hacer una evaluación del acuerdo en tanto no se conoce su texto concreto. En principio el estado argentino, tanto en lo nacional como en lo provincial, deberá hacer una inversión no cuantificada, pero que puede preverse abultada, para construir carreteras, caminos y vías férreas. Además perderá una parte importante de ingresos por la eliminación de las retenciones a las exportaciones petroleras y la “estabilidad tributaria” de la provincia.

 

Debe agregarse que la explotación de recursos no convencionales de gas y petróleo tiene una corta pero profusa historia de impactos ambientales, además de importantes riesgos dada la magnitud e intensidad de la fracturación hidráulica requerida para su explotación. Puede presumirse que el Estado deba, en algún momento, hacerse cargo de los gastos de remediación, recuperación o control de contingencias, tanto sociales como ambientales.

 

Los aportes estatales, tanto en subsidios directos como indirectos a la explotación de hidrocarburos han sido históricamente importantes en Argentina, como lo ha sido en todos los países latinoamericanos. En un informe publicado por instituciones argentinas en diciembre de 2016 se cuantifica de manera exhaustiva la transferencia de recursos del estado argentino al sector hidrocarburos (1).