Panamá inicia el año 2017 bajo el peso de una persecución implacable del sistema político-financiero opresivo de EEUU. Sumándose a otros múltiples casos, hoy vence el plazo que tienen los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo para operar bajo condiciones financieras normales. Sólo puede salvar a los rotativos una “licencia” de última hora del Departamento de Tesoro de EEUU.

Cualquier lector se pregunta, ¿qué tiene que ver una oficina administrativa en Washington – sin jurisdicción en Panamá – con la publicación de dos diarios en un país tan lejano? En realidad, nada. Sin embargo, el gobierno de EEUU se las ha ingeniado para pasar por encima de la ley de su propio país y de los acuerdos internacionales para perseguir y castigar a toda persona (incluyendo a las jurídicas) sin juicio alguno. La famosa presunción de inocencia hasta probarse lo contrario se echó por la ventana.

La decisión tomada por EEUU en contra de los diarios panameños tiene sus antecedentes. El objetivo declarado por Washington es desestabilizar a los países donde ellos aplican estas reglas ‘administrativas’ (no tiene relación alguna con delitos o el cumplimiento con la justicia). El primer país que fue objeto de estas reglas creadas dentro del Departamento de Tesoro de EEUU fue Cuba. Le siguió Corea del Norte e Irán. El propósito era aislar comercialmente a estos ‘enemigos’ de EEUU de sus socios en el resto del mundo.

La decisión política surtió excelentes resultados por un lado, pero no cumplió con los objetivos finales perseguidos. En el caso de Cuba, el “bloqueo” obligó a la economía de ese país a entrar en un estado de emergencia permanente. Incluso, después de establecer relaciones diplomáticas con La Habana en 2016, EEUU sigue aplicando las reglas del Departamento de Tesoro y no le permite a terceros países tener relaciones comerciales normales con el país caribeño.

El bloqueo de la isla, sin embargo, no logró que EEUU alcanzara su objetivo final: La desestabilización de la economía y el derrocamiento del gobierno revolucionario. Cuba sobrevive precisamente porque tiene un gobierno revolucionario. Hace 50 años los cubanos defienden su soberanía y su dignidad. Estos valores están por encima de los intereses económicos de unas pocas personas, nacionales o extranjeros.

EEUU consideró que esta política de desestabilización podía aplicarse con buenos resultados en países que no son necesariamente sus enemigos declarados. No hay que olvidarse que Washington se mantiene fiel a su consigna favorita: “EEUU no tiene amigos, sólo tiene intereses”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU puede incluir a cualquiera en la llamada Lista Clinton (Kingpin Act List). En el caso de La Estrella de Panamá, cayó en la lista porque el dueño de la empresa fue señalado como persona con una “presunta vinculación a una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico”.

EEUU procede de manera selectiva en su forma de incluir a personas o empresas en la Lista Clinton. Por un lado, toma en cuenta las relaciones económicas y la posición política del país. Por el otro, enfoca su interés en las operaciones de una empresa o grupo de empresas y su relación con EEUU. Otras empresas que le son útiles a EEUU, como HSBC o Wells Fargo, se les aplica una multa millonaria a sus ejecutivos y accionistas y siguen operando, borrón y cuenta nueva. En el caso más reciente, del Grupo Odebrecht, investigaciones del Departamento de Tesoro descubrió que la constructora brasileña había repartido sobornos en 12 países por un total cercana a los 800 millones de dólares. A funcionarios públicos y empresarios panameños les tocó 59 millones. La empresa sigue trabajando en proyectos repartidos en todo el mundo, incluyendo a EEUU.

Mientras que en Panamá y otros países, los gobiernos buscan refugio ante la avalancha de corrupción, EEUU se deleita viendo la carrera hacia el fondo del barril de los políticos criollos. El gobierno panameño no ha podido defender a los ciudadanos del país en el extranjero. Tampoco ha podido desarrollar una política que defina cual es su posición frente a la injerencia extranjera.

El derecho que tienen todos los panameños a ser informados y poder expresar libremente sus ideas está consagrado en la Constitución Política. El gobierno panameño está en la obligación de exigirle a EEUU explicaciones por este comportamiento que desconoce los acuerdos internacionales. El pueblo panameño si exigirá rendición de cuentas a ambos.

5 de enero de 2017

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)

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