El 10 de diciembre de 2015, en un clima de enorme expectativa, Mauricio Macri asumió el poder con una promesa de “cambio” y de “inserción en el mundo” que se tradujo, meses más tarde, en un importante retroceso social y económico para los sectores populares y las clases medias, y en un realineamiento del país en el eje de la globalización neoliberal[1]. A inicios de su mandato era depositario de un gran apoyo sustentado en un clima favorable de expectativas positivas fundadas en su promesa de gestionar con mayor eficiencia y transparencia los resortes del Estado. Como gran desafío, tenía por delante el desafío de representar una minoría muy reducida en ambas cámaras legislativas.

Un año después y en contra de todos los pronósticos, la gran debilidad parlamentaria del gobierno se convirtió en su principal -y casi única- fortaleza. Así, la coalición gobernante ha conseguido en el ámbito legislativo el apoyo suficiente de algunos sectores de la oposición para sancionar importantes leyes que le permitieron avanzar a paso certero en su reforma regresiva del Estado. Entre ellas, el pago a los holdouts (“fondos buitre”), y la ley de “reparación histórica a jubilados” y blanqueo de capitales. Esto le permitió al macrismo alcanzar un grado de gobernabilidad nada desdeñable en sus primeros meses de gestión. En este ámbito el macrismo ha exhibido una gran capacidad de negociación con los diferentes sectores. Se trata no obstante de un equilibrio frágil si se tiene en cuenta que la articulación de la oposición en la sanción de leyes adversas al oficialismo pone al gobierno ante el escenario del veto presidencial para frenarlas con su consecuente costo político. Escenario que tuvo lugar en mayo con la denominada Ley Antidespidos, vetada por Macri, y podría repetirse si se sanciona el proyecto de Ley de impuesto a las Ganancias de la oposición que se encuentra en tratamiento.

En cuanto a la gestión de gobierno, el oficialismo no ha conseguido instalar exitosamente en el imaginario social políticas públicas “insignia” que permitan dar cuenta de logros visibles para una ciudadanía asediada por la pérdida del poder adquisitivo. La única medida que podría exhibirse como “exitosa” por parte del macrismo es el “levantamiento del cepo” -liberalización cambiaria de inicios de año- que fue seguida por la devaluación de la moneda en torno al 40%. Por el contrario, en el imaginario social, el primer año de gobierno quedó fuertemente asociado al “tarifazo” en los servicios públicos que generó la primera crisis en el oficialismo erosionando su imagen de “buenos gestores”.

I. La disputa en el ámbito parlamentario

En noviembre de 2015, luego de las elecciones legislativas, el Frente para la Victoria- FPV era la primera minoría en la Cámara de Diputados con 101 escaños[2]. Un escenario que se fue moviendo muy rápidamente con el triunfo presidencial de Macri. Su llegada al poder fue un sisma que produjo un deslizamiento de sectores peronistas a otros bloques, llegando al escenario actual de atomización en el cual el FPV se convirtió en la segunda minoría con un interbloque de 72 diputados (29 menos que a inicios de año)[3]. En la actualidad, el primer interbloque minoritario está compuesto por las fuerzas pro-gobierno con 87 diputados, una facción pequeña pero suficiente para avanzar en la agenda legislativa con la que el oficialismo está revirtiendo las políticas de los tres gobiernos kirchneristas y poniendo en marcha una reforma integral neoliberal.

La estrategia macrista consiste en propiciar la división de los interbloques opositores que suman 170 diputados, negociando principalmente con Sergio Massa (Frente Renovador) quien cuenta con 37 diputados y con Diego Bossio (Bloque Justicialista, escisión del FPV) que suma 17 bancas. En la cámara alta (senadores) las negociaciones se dan directamente con los gobernadores de las provincias mediante el condicionante económico de los fondos coparticipables que el gobierno nacional administra de manera discrecional. Una figura clave en la cámara de senadores es Miguel Pichetto, que si bien representa al opositor FPV ha sido un actor central en el teatro de la gobernabilidad PRO. En estas negociaciones comienza a tejerse un entramado de intereses y posicionamientos de cara a las elecciones legislativas del 2017 en la que se ponen en disputa 127 escaños en diputados y 24 en el Senado. En esos comicios, el Frente para la Victoria será quien más ponga en juego ya que debe renovar 30 escaños de su partido. Las 97 bancas que someten a renovación los demás interbloques, merecen un análisis provincial y dependen especialmente de la elección en Provincia de Buenos Aires, toda una incógnita después de la estruendosa derrota del kirchnerismo en el 2015.

La producción legislativa de la gestión macrista ha estado relacionada con el impulso de leyes que contribuyern a generar gobernabilidad, como ocurre en el caso de la modificación de la Ley del Ministerio Público Fiscal, la Ley de Pymes y las reformas a la Ley laboral, que se vienen acordando con el Frente Renovador de Massa y con el justicialismo de Bossio. En este sentido, se puede afirmar que Macri pasó de gobernar con Decretos de Necesidad y Urgencia a una abierta negociación en el congreso, ganando aliados circunstanciales como el massismo, y unos más permanentes como el sector del justicialismo liderado por Bossio, junto a algunos diputados y senadores de partidos unipersonales o ligados a los gobernadores de las provincias, incluso exintegrantes del interbloque del FPV[4].

De esta forma, la debilidad parlamentaria de la Alianza Cambiemos ha sido solventada con una estrategia de negociación, dirigida al peronismo del Frente Renovador, del Justicialismo o Peronismo Federal y hacia los disidentes del FPV, generando durante el segundo semestre mayores niveles de estabilidad del poder ejecutivo nacional, quien viene marcando la agenda legislativa con mayores iniciativas y sin una fuerte resistencia de diputados o senadores. Esta maniobra le ha generado dividendos para controlar el poder legislativo y parece ser el ejemplo a imitar en el terreno social, donde el gobierno ha abierto negociaciones con la dirigencia de la CGT y con organizaciones sociales que representan a segmentos sociales urgidos de recursos, marcando así una dispersión de esfuerzos y resistencias en el campo popular.

En ese terreno social el macrismo ha logrado mantener una aparente y relativa calma: no han existido por el momento conflictos antigobierno de gran envergadura que permitan avizorar un horizonte de dificultad política para el oficialismo. Aunque las movilizaciones demostrativas de descontento social han sido múltiples y multitudinarias, no se han convertido en verdaderos desafíos a la gobernabilidad de Cambiemos. La experiencia de gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires indica que los funcionarios y militantes de Cambiemos tienen la capacidad de negociar la paz territorial con las comunidades, e incluso de cooptarlas como parte de su electorado. Para ello han llevado a cabo una estrategia de inserción territorial con “punteros” -o en lenguaje más PRO, “voluntarios”- que hoy se replica a escala nacional, con mayor énfasis en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el macrismo no sólo negocia, sino que también tiene activado un plan de creciente fortalecimiento de las fuerzas represivas antidisturbios, preparando la respuesta a posibles brotes de conflictividad sostenida. Si bien hubo intentos de activar un plan con énfasis represivo desde principios de año (mediante la activación de un “Protocolo de regulación de la protesta social”) no se avanzó con ello. Una explicación posible es que el macrismo midió el alto costo político que debería asumir dado el incremento de la conflictividad social por el aumento de despidos y necesidades sociales y frenó la iniciativa apostando por la negociación. Con zanahoria y garrote, el gobierno de la alianza Cambiemos apunta a seguir desmontando los derechos sociales adquiridos, mientras que la oposición hace intentos -por ahora aislados- de pasar de la movilización dispersa a un frente social contra el ajuste y la pobreza.

II. Dos leyes clave: impuesto a las ganancias y emergencia social

Al finalizar su primer año de gobierno, la estrategia negociadora de Cambiemos y los equilibrios de poder que le habían otorgado cierta gobernabilidad “aparente” comienza a exhibir debilidades. La aprobación en la cámara de diputados del proyecto de Ley de modificación del impuesto a las Ganancias –que en Argentina es un impuesto al salario- elaborado por la oposición dejó claridades sobre las dificultades por venir para el oficialismo en sus intentos de negociación parlamentaria. Su proyecto fue rechazado de plano. Sumado a ello, en el caso de ganancias, se trata de un tema espinoso ya que la eliminación de dicho impuesto constituyó una de las principales promesas de campaña de Macri. El 54,7% de diputados votó a favor de la Ley sumando al Frente para la Victoria, al massismo, al Partido Justicialista no kirchnerista y al Frente Amplio Progresista, mientras que el macrismo sólo llegó al 33,6% de los votos. El tema aún continúa abierto porque el proyecto necesita aprobarse en la cámara de senadores, donde el gobierno ya ha desplegado diversas estrategias para intentar frenarlo que van desde la presión a los gobernadores a la apertura de una mesa de diálogo con los diferentes sectores para elaborar una nueva propuesta consensuada. De aprobarse el proyecto opositor en el Senado, el macrismo podría verse forzado a aplicar un veto total o parcial que le supondrá un altísimo costo político, puesto que implica afectar directamente el bolsillo de los trabajadores.

En el caso de la negociación con los sectores sociales más afectados con la recesión de la economía, el gobierno fue exitoso a fines de noviembre en frenar la sanción del proyecto de Ley de Emergencia Social que proponía la oposición. Para ello recurrió a un Acuerdo suscripto por el Ministerio de Desarrollo Social directamente con algunas organizaciones sociales y tuvo que comprometerse a aplazar el tratamiento a sesiones extraordinarias durante diciembre. Así evitó una derrota en el parlamento. La situación laboral y social, resulta la evaluación más negativa del mandato PRO. Como en otros países que impulsan modelos económicos neoliberales, el ejecutivo pretende gobernar marginando económicamente a un amplio sector de la sociedad, sin reconocer que el salto adelante en los últimos 12 años consolidó imaginarios de bienestar, del papel activo del Estado en los territorios y dejó un tejido de organizaciones sociales que tienen en su agenda no permitirse regresar a las vivencias de fines de los años 90.

Estas dos leyes son importantes porque más allá de su contenido concreto representan un cambio de posiciones de todos los actores que van proyectándose y moviendo sus fichas de cara a las elecciones legislativas del año 2017. El gobierno pierde la iniciativa y comienza a verse forzado a pasar a una estrategia defensiva o de contención frente a las iniciativas opositoras.

III. El PRO en campaña electoral y el PRO como gestor

Sin lugar a dudas, Macri contó con un gran equipo de marketing político en su campaña presidencial, efectivo en la elaboración de un perfil bonachón, conciliador, gerencial, apoyado con mensajes cargados de frases simples y promesas grandilocuentes de cambio, con las cuales convenció a la mayoría de los votantes para ganar las elecciones. Un año después, el “equipo” intenta mantener la proyección de esa imagen con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos (Grupo Clarín y La Nación), aunque sin el mismo éxito que en la campaña. Gestionar no es prometer.

Existe una opinión pública proclive a las mediáticas formas de hacer política, sobre la cual los profesionales del marketing construyen candidaturas e imaginarios. Pero esto no es la real politik, las acciones de gobierno terminan impactando en la vida cotidiana de la ciudadanía de una manera directa, de modo que ni la mejor estrategia comunicativa puede mantenerlos inmunes al humor social que produce “no llegar a fin de mes”. Se puede construir ideas para que los impactos negativos de las políticas públicas afecten lo menos posible el clima de opinión, pero la persistencia al alza de la inflación, la amenaza del desempleo y la estafa tarifaria comienzan a anclar más profundamente en el imaginario colectivo de lo que adeptos y opositores podían prever. Todo en el primer año de gobierno, que en la mayoría de los casos suele ser de luna de miel con la opinión pública. Donde sí el gobierno ha conseguido mantenerse inmune en términos comunicacionales es en el área de la corrupción. A pesar de haber salido a la luz múltiples hechos de corrupción, conflicto de intereses y manejo fraudulento de la administración pública el tema no ha mellado todavía en la imagen positiva del oficialismo. En ello han tenido un rol crucial los grandes medios de comunicación que aplican una estrategia de invisibilización sistemática mientras desvían la atención hacia supuestos hechos de corrupción cometidos en gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La ausencia de carisma de Macri y su escasa capacidad de respuesta rápida ante preguntas fuera de su guion ha sido solventada con un modelo de liderazgo delegativo, en el que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, ha sido una pieza clave. Así Mauricio Macri sigue dedicándose a cultivar su buena imagen cuidando sus apariciones públicas mientras el grupo de gestores al mando de Peña resuelven los asuntos de gobierno.

En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal (PRO) es otra figura central cuyo balance anual no se corresponde en todos los puntos con el balance de Cambiemos a nivel nacional. Su imagen positiva es muy alta siendo la política mejor valorada del país en la actualidad. Dueña de un pragmatismo voraz que le ha valido para negociar con diversos sectores de la oposición y con algunas organizaciones sociales fuertes en su territorio ha ido tejiendo alianzas fundamentales que le permiten exhibir logros en la contención de la conflictividad social alcanzada en el distrito más complejo del país. Fue sumando apoyos en la cámara de diputados de la provincia, en el senado y fue incorporando intendentes opositores a su redil. Francisco Echarren, intendente de la municipalidad de Castelli fue el segundo dirigente peronista incorporado directamente al gabinete de la gobernadora. Así a lo largo de 2016 ha pasado de contar con el apoyo de 65 a 70 intendentes[5]. Si logra trasladar esos apoyos como gobernadora a la oferta electoral proyectará muy buenos resultados en las elecciones del 2017 y se continuará posicionando como la figura de mayor peso político dentro del gobierno con un caudal de poder propio que le da su territorio, el cual representa el 40% del padrón nacional.

Esta estrategia de Vidal de incorporación de opositores a la gestión de gobierno, divergente de la del gobierno nacional, da cuenta de las diferentes posiciones dentro del gabinete nacional. Y es que Cambiemos, ni el propio PRO, son espacios homogéneos. Además de las mediáticas diferencias entre miembros del gabinete económico por la dirección de las políticas (pugna entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger) existen profundas diferencias en cuanto a la estrategia política que debe seguir el gobierno. Mientras un sector liderado por Marcos Peña y el consultor Jaime Durán Barba defiende que el PRO debe continuar siendo un espacio político “puro” como el que se mostró en la campaña electoral, otros dirigentes opinan que es necesario incorporar al peronismo en aras de ganar gobernabilidad para los años siguientes. Emilio Monzó, el principal operador político del PRO y actualmente presidente de la Cámara de Diputados cuestionó abiertamente la escasa impericia política del gobierno de la alianza Cambiemos y aboga por incorporar a dirigentes opositores como Diego Bossio, José Manuel Urtubey o Florencio Randazzo[6].

IV. Encuestas de opinión

El principal sostén simbólico -y activo político- del oficialismo es el clima de expectativas favorable el cual se situaba muy alto a inicios de año en los sondeos de opinión, pero fue decayendo sin todavía esfumarse. Si bien la mayoría de la población evalúa negativamente la situación actual de la economía, Cambiemos fue efectivo en transferir la responsabilidad de la recesión económica al gobierno anterior mediante la instalación de la idea fuerza de que había recibido una “pesada herencia”. Esta sensación persiste en amplios sectores -entre un 40 y un 50% de los consultados según diversas encuestadoras- la creencia en que la economía mejorará en los próximos meses.

El panorama es mucho más adverso para el oficialismo a la hora de evaluar la situación actual de la economía. Los últimos datos de las empresas encuestadoras indican que el gran caudal de apoyo inicial se fue diluyendo a medida que la situación económica fue tornándose más desfavorable por la pérdida de poder adquisitivo. Un sondeo del mes de noviembre de la empresa CEOP afirma que el 70,6% de los encuestados la evalúan de manera negativa y un 26,3% como positiva. Al consultarse sobre quién es el principal responsable de dicha situación, el 57,3% la atribuye al oficialismo y 34,6% a la herencia del kirchnerismo[7]. Ello podría indicar que el argumento de la “pesada herencia” esgrimido por Cambiemos comienza a resquebrajarse en la medida en que el tiempo avanza sin que su gestión consiga mejorar las condiciones de vida de la población. Sumado a ello, de la misma encuesta surge que una gran mayoría de la población (65,5%) cree que el sector más beneficiado durante el primer año del gobierno fue “la clase alta”.

La fragmentación de la ciudadanía según su posición respecto al gobierno ha variado significativamente a lo largo del año. Según un estudio de la empresa CEOP, mientras a fines de 2015, 45.2% de los encuestados se declaraban oficialistas frente a 38,7% que se posicionaban como opositores y 16,1% como independientes, a un año de gestión del PRO, se declaran oficialistas un 30,1% y opositores un 41%, mientras crece el sector de quienes se declaran independientes que son el 28,9%[8].

Según otro estudio reciente de la empresa Management & Fit, el 40,3% de la población cree que la situación económica del país estará peor o mucho peor en los próximos meses, mientras que el 34,9 % sostiene que va a mejorar y el 14,9 % considera que seguirá todo igual. Del mismo estudio se desprende que un 43,1% de la población valora como negativo o muy negativo el primer año de gestión del gobierno, mientras que el 25,9 % lo encuentra positivo o muy positivo. Otro dato significativo que surge de esta encuesta es que el 51,6% de los consultados señala que Mauricio Macri no cumple con sus promesas de campaña mientras que un 34,4% que considera que lo hace de modo parcial y sólo 7 de cada 100 encuestados cree que el presidente cumple sus promesas[9].

Notas

[1] Ver el Informe económico CELAG http://www.celag.org/la-economia-segun-macri-un-ano-perdido-para-argentina/

[2] http://www.parlamentario.com/noticia-86920.html

[3] http://www.hcdn.gob.ar/secparl/dclp/bloques/presi_interbloque_dclp.html

[4] http://directoriolegislativo.org/blog/2016/07/22/balance-legislativo-del-primer-semestre-un-congreso-con-mas-negociacion/

[5] http://www.infobae.com/politica/2016/12/06/maria-eugenia-vidal-sumo-un-nuevo-intendente-peronista-a-sus-filas/

[6] http://www.perfil.com/politica/duran-barba-tiene-muy-poca-idea-casi-nada-de-la-realidad-politica-de-argentina.phtml

[7] https://www.pagina12.com.ar/4159-de-los-ricos-por-los-ricos-para-los-ricos

[8] https://www.pagina12.com.ar/7958-el-lento-declive-de-macri

[9] http://eldiariodemadryn.com/2016/12/once-meses-y-pico/

@giselabrito

@javiercc21

Fuente: http://www.celag.org/informe-de-analisis-politico-un-ano-pro/