La desconfianza ciudadana en los datos gubernamentales mexicanos es de muy larga data y a pesar de que se desconocen, por inexistentes, estimaciones previas al inicio de una de las transiciones a la democracia más longevas (1978) de la aldea global y acaso con los resultados más limitados, o bien a partir del comienzo del final del “partido prácticamente único” –como lo denominó el ahora archimillonario Carlos Salinas–, el recelo sigue predominando hacia las estadísticas brindadas por el gobierno federal.

En ésta tan importante materia como instrumento imprescindible para valorar cualquier proceso sociopolítico, es frecuente que en discusiones respaldadas en cifras, se recurra al facilón expediente de descalificarlas bajo el primario argumento de que “las estadísticas sirven para todo”. Es decir, cuando sirven para “apuntalar mi idea son bienvenidas” y cuando la colocan en tela de duda, entonces son inválidas.

Hace unos meses escuché en un debate entre académicos y periodistas que “más de 50 millones de mexicanos viven en la indigencia” y el académico que lo verbalizó ni siquiera reparó en la barbaridad expresada y nadie la impugnó, acaso por desproporcionada.

Deliberadamente, además, se manejan como sinónimos pobreza moderada y pobreza extrema o miseria, en la que subsisten 13 millones de mexicanos, pero más de la mitad cuentan con apoyos de los programas oficiales y, sobre todo, las 27 mil tiendas comunitarias Diconsa (Distribuidora Conasupo) que aseguran el abasto a precios subsidiados de productos básicos para subsistir: maíz, frijol, leche, café, chile… De lo contrario, los alzamientos estarían a la orden del día.

Pues justamente en estas materias es donde el recelo ciudadano con las cifras oficiales es de los más altos, 7.5 mexicanos de cada 10 no creen en los datos oficiales sobre la disminución de la pobreza. 72 por ciento desconfía de los números gubernamentales sobre la marcha de la economía.

Más elevados todavía son los porcentajes –medidos recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática– de los ciudadanos que desconfían (80 por ciento) de la información sobre los datos relacionados con los salarios de los funcionarios públicos, las estadísticas electorales (77.8 por ciento), desempeño del gobierno (75 por ciento), recursos públicos (76 por ciento) y contratos de obras públicas 63.4 por ciento.

En agudo contraste, 71.3 por ciento de la población sí cree en la información gubernamental sobre los desastres naturales, 48.5 confía en los datos de apoyos gubernamentales vía programas sociales y 47 por ciento en cuanto a los servicios de salud.

La Encuesta Nacional de Transparencia y Acceso a la Información arrojó un altísimo recelo con las cifras oficiales, con un largo y antiguo historial de manipulación, como lo consideró 82.4 por ciento; porque no coincide con la realidad (71.4 por ciento), está incompleta (68.9 por ciento), se oculta (62.1 por ciento) y es falsa (58.5 por ciento).

Ciertamente, la burra no era arisca, la hicieron, decían los campesinos del norte de Tamaulipas; sin embargo, todo indica que el panorama difícilmente cambiará, pues al ser consultados sobre la vía idónea para obtener la información de gobierno, los encuestados recomendaron ¡a la televisión! como el mejor instrumento para informarse (61.5 por ciento), demasiado arriba del 41 por ciento que pidió que dicha información se les proporcione a través de los portales de internet, y 16.9 por ciento optó por la radio.

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