“Arturo Corrales posee una inteligencia especial, pero lo que empieza no lo termina o termina mal”

Aníbal Delgado Fiallos

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó el primer informe de labores desde la llegada e instalación en Honduras en abril de 2016, destacando las principales actividades realizadas y logros.  El informe presentando en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, es dedicado a “las valientes hondureñas y hondureños que poco a poco se suman al proceso de cambios para prevenir y combatir la corrupción en el país”. Estos valientes son los miles de personas indignadas que salieron a la calles a protestar por tanta corrupción e impunidad en el país, masificada después del golpe de Estado.

En el informe se destaca que la MACCIH tiene cuatro (4) líneas de trabajo convenidas de común acuerdo entre el gobierno de la República y la OEA. La primera es la prevención y combate de la corrupción y la impunidad.  Esta es su principal competencia y responsabilidad, ya que es lo que demanda el pueblo hondureño. A ello se suman la reforma judicial, financiamiento electoral y la seguridad pública.

En ese marco, los logros atribuidos por los miembros de la MACCIH en estos seis (6) meses de trabajo “duro”, se refieren a la aprobación de una Ley de Política Limpia “que integra una serie de novedades tales como límites a las contribuciones, techos de gastos de campaña, no posibilidad de publicidad estatal, no inauguraciones de obras, así como un régimen de sanciones que puede llegar a la cancelación de registro de un partido o la cancelación de la elección de un candidato que haya recibido financiamiento ilegal”.

Y aquí es donde su trabajo inicial ha merecido algunas críticas.

La primera es que Honduras es un país de Leyes, pero que no se respetan incluso por los mismos que las elaboran, aprueban y aplican. Para el caso, la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial, pero el Tribunal Electoral está próximo a inscribir la candidatura del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

Igual, se denuncia que el presidente actual utiliza los programas sociales (VIDA MEJOR por ejemplo) como instrumento para potenciar su imagen en los medios televisivos y utilizar las ayudas otorgadas para recibir a cambio el voto favorable de la población beneficiada en las elecciones del próximo año. Ello avalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Embajada Americana que, al parecer, no se oponen a la reelección presidencial.

En el pasado las instituciones con programas y proyectos de compensación social como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y Programa de Asignación Familiar (PRAF), para mitigar los efectos e impactos negativos de las políticas de estabilización y ajuste estructural, fueron utilizadas  para conseguir  votos a favor del candidato del partido de gobierno amenazando con no entregarles los bonos y demás ayudas si las personas mostraban renuencia a participar de esta práctica poco democrática y corrupta. Se recuerda una funcionaria de gobierno comprando tarjetas de identidad acompañado de un carro lleno de bolsas de comida, curiosamente registrado como un bono alimentario en el presupuesto del PRAF.

No existe evidencia plena que esto haya cambiado, ya que el apoyo financiero (¿préstamos?)  Por los OFIS ha aumentado y los beneficiarios manifiestan que tienen que asistir a las concentraciones políticas como un requisito para recibir la ayuda.

Otro logro de la MACCIH es el inicio del proceso para la selección de los jueces y magistrados anticorrupción donde participan miembros de la Misión; pero le metieron “gol” los diputados del Congreso de la Republica al repartirse tres partidos políticos (Nacional, Liberal y LIBRE) los cargos de Magistrados al Tribunal Superior de Cuentas que fueron juramentados por un periodo de 7 años. Prácticamente, durante este periodo, el Tribunal de Cuentos será de nuevo dirigido por las cúpulas de los partidos políticos, sin que exista un acción en marcha tendiente a corregir este error e iniciar un nuevo proceso al interior del Congreso Nacional.

Está en marcha la creación de una Unidad de Financiación, Transparencia y Fiscalización que tiene dentro de sus atribuciones aplicar sanciones en temas de defraudación fiscal, pagos de “coimas”, quiebras de bancos, lavado de activos, etc., pero que debe extenderse a las malas prácticas de auditoria y maquillaje de informes por el Tribunal de Cuentos, más allá de las sanciones establecidas o por establecerse en los nuevos Códigos Penal y Tributario.

En el caso del atraco a los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se decidió acompañar al Ministerio Publico en las Investigaciones de los casos identificados, particularmente aquellos judicializados. Y es aquí donde la población indignada (todo el pueblo hondureño) espera resultados concretos: Autores intelectuales del saqueo apresados, juzgados y condenados, como también bienes y dineros recuperados y devueltos como beneficio al pueblo, especialmente  para los que demandan atención en salud y medicamentos..

Del lado del gobierno, el enlace especial con la MACCIH, Arturo Corrales, también destacó los logros obtenidos por la Misión en estos seis meses, y catalogó el trabajo realizado como bueno. Según él, se enmarca en el proyecto de un sistema integral de combate a la corrupción que tiene Honduras muchos antes de la llegada de la Misión al país, donde participa la institucionalidad pública, sociedad civil y los cuerpos intermedios. Igual recalcó que el apoyo de la MACCIH se hace “bajo principios fundamentales, como lo son la autodeterminación de los pueblos, de su soberanía, la no intervención y la independencia de los poderes del Estado, “principios que esta organización cuida como una de sus más apreciadas tareas”.

Esta autodetermizcion ya había sido invocada por el presidente de la República al manifestar los miembros de la MACCIH y organizaciones de sociedad civil su desacuerdo con el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentos. Para JOH nadie de afuera va a venir a decirle a los hondureños que tienen que hacer, y sí las organizaciones civiles se retiran se llamará a otras que si quieren colaborar. En estos términos se expresó también el presidente del Congreso de la Republica y varios Ministros, ya que se seleccionaron aquellos ciudadanos que a juicio de los partidos políticos representados por sus diputados en el Congreso tienen los mayores méritos y calificaciones.

Estas declaraciones y expresiones son también un recordatorio y a la vez advertencia de que la MACCIH es simplemente una Misión de Apoyo, no tiene facultades para perseguir el delito y meter preso a los delincuentes y corruptos, mucho menos de oponerse a las componendas entre cúpulas o caudillos de los Partidos Políticos.

El gobierno garantiza a la Misión acceso directo y amplio a la información, pero todavía las leyes de Secretos y Escuchas siguen vigente.

De allí que el trabajo que viene para la MACCIH es largo y lleno de obstáculos. El pueblo hondureño indignado espera que después del “feriado”, tal como se catalogan estos seis (6) meses de la MACCIH en el país, se empiece a ver resultados concretos.

Tegucigalpa, DC, 7 de Diciembre de 2016.