He recibido, y me complazco en reproducir más abajo para su difusión, un documento realmente esclarecedor, profundo, riguroso y sin concesiones oportunistas, sobre la crisis del Estado (burgués) en Colombia, producto del intercambio que he mantenido con regularidad en los últimos años con un equipo de trabajo integrado por activistas e intelectuales en ese país latinoamericano, quienes aplican «el método del análisis de la lucha entre clases como factor desencadenante del proceso histórico», como ellos mismos lo advierten en la nota metodológica de su documento.

A manera de introducción al mismo, queremos insistir sobre algo a lo que hemos dedicado un libro titulado El papel desempeñado por las ideas y culturas dominantes en la preservación del orden vigente, publicado por la Editorial Dunken de Buenos Aires en diciembre de 2015, cuya edición actualizada aparecerá próximamente en Colombia.

Las ideas y culturas que prevalecen en cada período de la historia corresponden a los intereses de las clases dominantes de ese período, cuya prioridad número uno es preservar el orden –económico, social y político – establecido que las beneficia, en lo posible con el consenso, más o menos pasivo de las mayorías y, cuando el consenso falta, con diversas formas y grados de represión, selectiva o de masas.

Algunas variantes de las culturas e ideas de las clases dominantes contaminan a la autodenominada izquierda o “progresismo”, llevándola a incurrir en divagaciones metafísicas y extravíos políticos.

Precisamos que llamamos metafísicas a las corrientes sociológicas y filosóficas que formulan teorías y proponen interpretaciones de los hechos puramente especulativas, indemostrables e inverificables, vecinas del misticismo.

Así se crea un clima intelectual poco propicio al análisis riguroso de los hechos el que consiste en estudiar cuidadosamente la estructura económica y las condiciones políticas, sociales y culturales de una sociedad dada y sus dinámicas y tendencias, incluso la relación de fuerzas de las clases sociales en pugna.

Todo ello situado en el marco del sistema económico-social internacional mundializado –denominado con más precisión el capitalismo contemporáneo realmente existente– el cual se caracteriza a escala planetaria por la concentración del poder económico, político, militar y mediático en un puñado de grandes potencias, por la extrema riqueza de una ínfima minoría por un lado y por la frustración y la pobreza de la mayor parte de humanidad por el otro.

Los recientes acuerdos de paz celebrados en Colombia y el plebiscito que lo desaprobó ampliamente a través del NO y de la abstención, han dado lugar a un torrente de comentarios, algunos pertinentes y otros provenientes de opinólogos «progresistas» o de izquierda quienes, al margen de la realidad colombiana y del contexto internacional, han analizado el acuerdo y el resultado del plebiscito con los parámetros y la óptica del sistema dominante, alineándose así con la estrategia ambivalente (guerras devastadoras–paz de los cementerios) de las clases dominantes.

Ilustres representantes del leadership mundial estuvieron presentes en el show de Cartagena de Indias acompañados por connotados representantes del neoliberalismo periférico neocolonial y del «socialismo del siglo XXI». Todos disfrazados de blancas palomitas.

El show estuvo matizado con un toque de realismo mágico macondiano, protagonizado por el pasaje, a modo de advertencia, de los cazabombarderos Kfir que interrumpieron el discurso del jefe de las FARC.

Colombia: crisis en la crisis, se profundiza la ilegitimidad del Estado¹

El mundo tiene sus ojos puestos sobre la dolida Colombia luego del estruendoso fracaso del presidente Juan Manuel Santos –acaecido el domingo 2 de octubre de 2016– para conseguir un apoyo plebiscitario al Acuerdo Final² alcanzado con las FARC. Luego de seis años de negociaciones en La Habana, acariciaba la posibilidad de ser ‘laureado’ con el Premio Nobel de la Paz,³ así como hacer valedero su anhelo in pectore de ser designado un día no lejano Secretario General de la ONU. Pero como la vida está llena de tumbos y sorpresas al perder el plebiscito el Presidente que lo convocó ipso facto debería renunciar. No hacerlo evidencia un ‘déficit democrático’ y una falencia en su ética política que unos pocos se atrevieron a señalar. Por eso en su alocución nocturna de ese infausto domingo, al reconocer atribulado la adversidad del resultado alcanzó a trastabillar estas palabras: “…aún estoy en funciones…”.

Por un vericueto de la historia la cúpula de las FARC mutó –luego de 52 años de lucha armada– en una fracción de la burguesía agraria, comercial y financiera.⁴ Por ello dejaron sus camuflados de revolucionarios en armas para pasar a utilizar un ropaje social-reformista.^{5 6}

Sea lo primero señalar que en la práctica el acuerdo suscrito es un acuerdo inter élites con un sector de la burguesía tradicional que les daría juego político y económico con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes dieron su venia para arropar este cometido al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

Se trata de un acuerdo entre “victimarios”: a un lado el Estado asesino con su aparato represivo y paramilitar, y al otro las FARC, que han incurrido en “delitos atroces y de lesa humanidad” –en términos del Estatuto de Roma–; dado este pacto entre “victimarios” el acuerdo creaba un sistema de justicia transicional con estándares mínimos, que conllevarían a una impunidad mutua;⁷ cabe advertir que al no ser castigados tales delitos el ciclo histórico de violencia sistémica tendería a reproducirse en una nueva fase. Así fue como aconteció en 1957, cuando los responsables de La Violencia –los paramilitares de la época llamados ‘pájaros’ y ‘chulavitas’– fueron premiados durante el denominado ‘Frente Nacional’ al ser designados alcaldes y gobernadores, y electos a Concejos, Asambleas y Congreso Nacional. No sólo no se les condenó sino que se les reconocieron prebendas políticas como premio por su labor para contener el ‘comunismo internacional’ y asegurar su integración al régimen que dio origen al pacto oligárquico que se legitimó mediante el Plebiscito del 1° de diciembre de 1957.

En términos de la teoría de la revolución y de la historia se requiere –stricto sensu– superar el continuum de violencia contra el pueblo. La estrategia de la oligarquía ha sido perseverante, sistemática, coherente y exitosa para contener el comunismo libertario a lo largo de nueve décadas. El arco de abre con la Masacre de las Bananeras en 1928. Sigue con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán cuyo responsable mediante fraude asumió elegido presidente en 1950 con la argucia del ‘basilisco’ y del ‘ignaro pueblo’. De igual forma aconteció con el líder guerrillero Guadalupe Salcedo asesinado luego de la desmovilización de las guerrillas liberales que desde los Llanos orientales iban a tomar el poder en 1952. Luego de los Acuerdos de La Uribe en 1985 a raíz de los cuales surgió la Unión Patriótica, víctima de un genocidio por el cual fue condenado el Estado colombiano.⁸ El hito de la violencia en este período de desgobierno lo corrobora el magnicidio de cuatro figuras emblemáticas: Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán y Jaime Pardo. Hoy el arco continúa tenso y no se cierra aún.

Se pasa por un punto de inflexión en esta confrontación histórica que hunde sus raíces políticas en la naturaleza sanguinaria del poder oligárquico-imperialista y que sólo se resolverá dando curso a un cambio radical en el sistema de relaciones sociales de producción y el desmonte del Estado. Es necesario construir nuevas formas de poder comunitario que gobiernen territorios autónomos ordenados por unidades eco-sistémicas (regiones hídricas), que logren armonizar la actividad agroalimentaria con los procesos socio-ambientales, a través de la planeación socio-económica que posibilita la ejecución de planes participativos para el bien vivir. Una administración pública –digna de llamarse pública– que funciona liberada del tráfico de las necesidades humanas por parte de la clase política y sus partidos.

La violencia de la oligarquía ha sido de una execrable crueldad, –incluidas torturas, decapitaciones, desapariciones, hornos crematorios, asesinatos, masacres– durante nueve decenios, en el campo fue la obra de sicarios pagados por la oligarquía terrateniente para despojar de sus tierras a los campesinos –que pasaron a la situación de desplazados–⁹ y también para exterminar y perseguir a los trabajadores urbanos y sindicatos de clase. Los afrodescendientes¹⁰ e indígenas¹¹ igualmente perseguidos. En los días agitados que corren se debe quizás hacer notar que mientras se celebra –y se otorga el Nobel a la “voluntad de paz” del gobierno– continúan la persecución y los asesinatos. Por ello es apenas obvia la decisión por parte del Secretariado de las FARC de retirar sus contingentes a zonas seguras.¹²

Retomando el punto sobre el “pacto entre victimarios” explica el constitucionalista Jaime Aráujo:

…quienes están negociando el proceso de paz, son los victimarios, no las víctimas y lógicamente los victimarios de uno y otro lado, tratan de obtener provecho; en algunos casos de un grupo sobre otro; y en otros casos para grupos a costa de la sociedad civil y de sus víctimas.

El ejemplo, más claro, de beneficio mutuo, es el de la responsabilidad penal, donde los actores armados, han pactado una transición hacia la impunidad, total o parcial; no pudiendo nivelarse por arriba (que sería la hipótesis de que ninguno violó derechos de la sociedad civil); ni colocarse uno sobre el otro (que sería la hipótesis de que un actor respetó los derechos de la sociedad civil y el otro los violó), han decidido nivelarse por abajo (que es la hipótesis real, de que tanto el Estado, como los grupos al margen de la ley, ambos, han violado derechos de la sociedad civil); auto absolviéndose, pactando la impunidad total o parcial, para ambos actores armados y desconociendo de paso los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición.¹³

Por su parte los sectores de la ‘izquierda democrática’ fueron cooptados por el Gobierno de Santos mediante una maniobra que consistió en designar como Ministra de Trabajo a la Presidente del Polo Democrático Alternativo, mientras que desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz se organizó un plan de sicología de masas denominado ‘La conversación más grande del mundo’ con apoyo de los principales empresarios, los medios masivos de comunicación y su brazo ‘armado’ las encuestadoras para convencer a la opinión que el acuerdo “era el mejor posible”¹⁴, “ejemplo para el mundo”, “oportunidad histórica”, “sin vencedores ni vencidos”,¹⁵ “el fin de la guerra”,¹⁶ etcétera, creando un esquema binario en el imaginario colectivo SI = PAZ, NO = GUERRA. Un proceso político lo intentaron conducir/convertir en una maniobra mediática. Esa instrumentalización no funcionó como a continuación vamos a explicar.

El grueso de la población ni se pronunció ni se conmovió, ni se organizó ni participó, en el curso del proceso que conllevó al “acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera”. La Mesa de La Habana asumió que los periplos de selectas personalidades, académicos y víctimas del conflicto armado –que incluía miembros de la ‘fuerza pública’–, foros académicos, páginas web habilitadas, documentos, informes y correos electrónicos nunca revisados;¹⁷ se debía interpretar como participación, o al menos eso quisieron hacer significar.¹⁸

La convocatoria que se hizo por parte de las centrales sindicales, organizaciones sociales y políticos de la ‘izquierda democrática’ y la ‘derecha moderada´ para una votación favorable al plebiscito, sacó a flote sus matices con posturas ambivalentes y dubitativas que se concretaron en dar un SÍ condicionado, como en el protuberante caso del vicepresidente y precandidato presidencial Germán Vargas Lleras y su partido político Cambio Radical; esta postura, como cálculo electoral, le otorgaría un amplio margen de juego al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. El otro caso es el del senador Jorge Robledo, quien expresó su amplio optimismo por el acuerdo final, pero se mostró bastante pesimista de los frutos que puedan desprenderse de este acuerdo; Robledo se declaró “realista” identificado con el propósito de desmovilizar a las FARC. Tal incongruencia resultó en una enclenque capacidad propositiva que produjo un efecto lesivo a la campaña del SI. La campaña por el NO presumió firmeza y a la vez careció de argumentos, recurriendo a la defensa de la tradición, la familia y la propiedad, agitando el miedo al comunismo (el ‘castro-chavismo’) y denunciando sin cortapisa la degeneración perversa de la ‘ideología de género’ (la propagación del homosexualismo) que caló hondo en el ‘alma nacional’ alimentada con paciencia monacal bajo la fanática consigna de ‘dios y patria’.¹⁹

La campaña del SI contaba con el apoyo de la academia y de la intelectualidad financiada a través de agencias internacionales, caso especial el llamado “Centro de Pensamiento para la Paz” de la Universidad Nacional de Colombia que asesoró la Mesa de La Habana, y asumió por encargo la realización de diversos foros para garantizar “la participación de la sociedad civil” y crear así un parapeto ante la opinión; adelantaron in genere estudios mediocres y reciclados sobre los orígenes del conflicto y las víctimas, que no lograron crear la mampara para ocultar dos problemas de fondo: el de los ‘secuestrados’ y el de los menores reclutados.²⁰ Vale señalar que las ONG expertas en derechos humanos se prestaron para estos indelicados manejos a la espera de jugosos aportes provenientes de la ‘cooperación internacional’ en la fase del posconflicto. Como bien se sabe el papel de los intelectuales es elaborar el discurso legitimador del régimen y el de las ONG rellenar las fisuras que lo debilitan.

El punto esencial del acuerdo es una pieza maestra de la ciencia jurídica contemporánea que contó con la asesoría de constitucionalistas de la talla de Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda, dos eminencias al servicio del gobierno cuya delegación estuvo encabezada por el excelso jurista Humberto de la Calle, más los servicios del experto gringo en derecho internacional humanitario Douglas Cassel de la Universidad de Notre Dame; del lado de las FARC el jurista español Enrique Santiago, experto en derecho penal internacional, el abogado colombiano Álvaro Leyva Durán, ideólogo conservador quien llevó al acuerdo la idea-fuerza según la cual “el derecho a la paz es la base del ejercicio de todos los demás derechos”, y el penalista Diego Martínez miembro del partido comunista.²¹

El punto de partida se halla en noviembre de 2012 cuando las FARC dirigieron una carta al CICR en la que advertían que el acuerdo al que se llegase con el gobierno sería un acuerdo especial en el marco de los Acuerdos de Ginebra. El Acuerdo una vez firmado sería depositado como instrumento de derecho internacional y entraría a formar parte del ‘bloque de constitucionalidad’, esto es, parte integral de la Constitución Política de Colombia, así se blindaría el acuerdo con una conditio sine qua non: su refrendación por una mayoría en un plebiscito a realizarse el 2 de octubre de 2016. Esa refrendación fue la que no se obtuvo.²²

Luego del estruendoso fracaso se dio curso a una negociación con los triunfadores del NO a los Acuerdos con el objetivo de diseñar una nueva etapa en La Habana sobre el punto de justicia transicional para que los responsables de delitos de ‘lesa humanidad’ cobijados por el Estatuto de Roma del cual es parte Colombia “paguen cárcel” (con énfasis en los miembros del Secretariado). Este es un punto de fondo que define el pulso actual.²³

Colombia está infestada de bandas paramilitares anticomunistas hiperactivas dirigidas con hilos invisibles por la CIA y la 'inteligencia militar'.²⁴ Un aparato que funciona en el ámbito supranacional bajo códigos secretos que dejó como herencia la tristemente célebre ‘Guerra Fría’. Una institución útil para preservar la ‘seguridad del Estado’, una tarea central que impone la ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’ que consiste en la sujeción del mando operacional al Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, un anillo de seguridad en torno al área geoestratégica del Hemisferio Norte (Japón, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y países nórdicos en contraposición a las fuerzas que se controlan desde Moscú y Pekín).²⁵

Dado el fracaso del plebiscito puede tomar 'sentido' la fórmula clásica del derecho público burgués -para retomar los hilos del poder-: la manida constituyente (a la que juegan tanto las FARC y el uribismo hasta hoy), cuando de lo que se trata -desde nuestra óptica histórica- es de impulsar una destituyente y dar forma a 'comunas' en territorios autónomos con autogobiernos propios.

Valorar el papel estratégico subcontinental del ELN en esta enrevesada coyuntura táctica, cómo se sabe es una organización política-militar que honra la memoria de Camilo Torres y Ernesto Guevara, se asume a sí misma como 'comunidad en armas', y tener la fuerza ética revolucionaria para no dejarse distraer por los 'cantos de sirena' del régimen e incurrir en las prácticas descompuestas de las ex FARC~EP.²⁶

Debe agregarse un punto que se escapa a los opinadores/habladores de oficio -generalmente sumergidos en el positivismo de la sociología aderezado con el funcionalismo de la ciencia política que no puede ser sino burguesa-: el plebiscito fracasó gracias a que el 80% del electorado conformado por un 63% de abstencionistas y un poco más del 17% de los electores no le hizo caso ni a los partidos ni a los políticos, ni al pútrido Estado y sus secuaces; así las cosas los del NO quedaron sorprendidos y los del SI estupefactos. Una serendipia política que cayó en manos del mayor ‘enemigo político’ de Santos cuyo propósito ahora es deshacer el Acuerdo con el apoyo del Fiscal General de la Nación y forzar a Santos a retirarse del cargo.²⁷

En conclusión:

El liberalismo como doctrina es el trasfondo del Acuerdo de La Habana, los 'críticos al sistema' han entrado a su redil ideológico y se empeñan en cómo lograr que el liberalismo colombiano cumpla su programa social. Se constata en estos convulsos días que aún se acaricia una idea romántica de lo que es la ‘izquierda’ que en verdad es una prolongación de la ‘derecha’ y viceversa.

Lo importante es no confundir la propaganda con la realidad y descreer del derecho. La realidad la explica la naturaleza de las relaciones sociales de producción. Las otrora FARC tienen el proyecto de articularse con la burguesía colombiana en la tarea de “democratizar y modernizar el país”.

Más allá de su hilvanada factura, de sus interesantes intercisos, de su envolvente fineza retórica, el Acuerdo con el Gobierno Santos en lo que tiene que ver con las FARC, es una cruda –más no tardía– interpelación al liberalismo colombiano para que cumpla con las reformas que no efectuó desde cuando el presidente Alfonso López Pumarejo en 1934 encabezó la “revolución en marcha con su aliado el partido comunista colombiano al que denominada “mi partido liberal chiquito”.

El Estado profundiza su carácter ilegitimo dado que como Estado-nación no puede responder por los derechos constitucionales de los ciudadanos que cobija pues no logró establecer una adecuada administración pública por la corrupción rampante, ni alcanzar una República como forma institucional en la que no gobierna la oligarquía.

Así el presidencialismo y el centralismo como rasgos del poder en Colombia impiden se desate el nudo gordiano de la crisis en curso que tiende a su profundización. La salida institucional de nuevo se sale con la suya. Así quienes detentan del poder permanecerán nerviosos atendidos por su servidumbre y disfrutando las cómodas de la Casa de Nariño. Aún no están compelidos ni interpelados como para tener que correr angustiados buscando la puerta trasera de su averiado palacete, lo que sólo sucederá hasta cuando se produzca la revolución social.

Bogotá, 10 de octubre de 2016.