No es para alegrarnos, ni para amagar con sacarlo de la Presidencia. Esta no debe convertirse en la República de los Cocos, cambiando reiteradamente presidentes. Pedir la renuncia de Jimmy Morales, enfilar todas las baterías en su contra, recordar cada uno de sus desaciertos, puede ser comprensible como una válvula de escape a la frustración que genera darse cuenta de que, lo que se consideró como la “salvación”, ahora resulta que también tiene enormes desaciertos y señalamientos similares a lo que tanto se criticó.

En repudio a la corrupción y el temor de que llegara al poder un candidato que representaba enormes peligros, llevó a más de dos millones de personas a optar por un no-político para ocupar un cargo eminentemente político. Su única oferta de campaña fue la honradez, que hoy se empaña por vinculaciones a supuestos actos de corrupción por parte de personas muy cercanas al mandatario. No conocimos su programa de gobierno, ni a su equipo, ni al gabinete que lo acompañaría en esta hazaña que implica juntar todas las piezas de este rompecabezas en que se ha convertido nuestro Estado.

El lamentable exabrupto del presidente Jimmy Morales, ocurrido en un acto oficial el 19 de este mes, le ha salido muy caro, pues de manera generalizada se refirió a la fafa y la publicidad, dos asuntos sustancialmente diferentes por su contenido de legalidad, y se refirió a los medios de comunicación de forma irrespetuosa. También pretendió desmentir las publicaciones de un vespertino con expresiones que solo se entienden por su falta de experiencia política y por la situación personal que está viviendo, que humanamente es comprensible.

Periodistas, gremios y prensa repudiamos esas inadmisibles afirmaciones. La fafa es una práctica ilegal que compromete la ética de un profesional de la información, pues se recibe dinero por un trabajo no realizado o efectuado en atención a intereses ajenos a su trabajo como periodista. Es un delito que implica a quien recibe la coima, pero también a quien la entrega. Al asegurar que la fafa se acabó, el presidente reconoce la existencia de ese ilícito y el conocimiento sobre el mismo. ¿Fue durante su período? o ¿se refirió a actos del pasado? Ojalá lo aclare.

Y sobre la publicidad, una actividad legal y lícita que implica la venta de las bondades de un producto o de una actividad realizada, no tiene similitud con el concepto expresado anteriormente.

El presidente está obligado a saber que los recursos públicos invertidos en publicidad no pueden ser para premiar o castigar a los medios dependiendo de las líneas editoriales o las coberturas sobre hechos públicos. Y respecto de la falsedad atribuida a las publicaciones de un vespertino, ya dicho medio, de manera profesional, publicó de nuevo la noticia con su respectiva fuente.

Todavía estaba esta discusión en agenda pública cuando se cometió otro gran sinsentido que violó la Constitución, al restringir garantías de manera absurda e innecesaria. El vicepresidente, en funciones presidenciales, tuvo que dar marcha atrás.

De acuerdo con la Constitución, no hay censura previa. El decreto, sin embargo, exigía que se evitaran publicaciones, que a juicio de la “autoridad” (no dijo cual) “incitaran a alterar el orden público”. Si no fuera acatada se procedería por desobediencia. A regañadientes se derogó antes de ser aplicado y fue emitido otro decreto para atender a la población en riesgo que suprime esas inconstitucionalidades que contenía el anterior.

Es urgente que el presidente supere sus conductas emocionales. Que se asuma como lo que debería ser, un Estadista. Debe reorientar su relación con la prensa, ser mucho más tolerante a las críticas para evitar seguir desgastando su precario capital político. No podemos desperdiciar esta oportunidad. La inestabilidad nos perjudica a todos.

Guatemala, 24 de septiembre de 2016.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA