El presidente de la República, Juan Orlando Hernández (JOH), envió un proyecto de Ley al Congreso Nacional para fusionar el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). El primero absorbería al segundo, considerado el banco de grupos campesinos de la reforma agraria y pequeños productores.

Y es que el sector agroalimentario de la economía hondureña ha sido marginado con las políticas neoliberales ejecutadas en Honduras después del golpe de Estado. Ya antes se había sacado de las prioridades de inversión del gobierno, frente a los sectores energético y de infraestructura. El argumento de fondo era y lo sigue siendo, la existencia de un gran número de productores ineficientes y morosos con la banca que no pueden competir con sus pares “gringos” en cuanto a productividad y calidad de los productos.

Se pensó que la entrada en vigencia del CAFTA-RD en abril de 2006 era el instrumento para sacar de la postración a miles de familias campesinas, al transformar sus unidades productivas en empresas eficientes orientadas a la exportación de productos como palma africana, melón, camarón, cacao, ajonjolí, chile, etc., sin analizar los impactos negativos de éste y otros tratados y acuerdos comerciales en la producción del mercado interno, ingresos y empleos de los pobladores rurales. Más allá del aumento de las exportaciones agroalimentarias de estos productos, destaca el acelerado aumento de las importaciones y ensanchamiento de la brecha en la balanza de bienes y servicios. Pero también el aumento de la inseguridad y dependencia alimentaria, la generalización de la minería extractiva, proyectos energéticos y destrucción de los recursos naturales y fuentes de agua.

Hoy día frente al fracaso de la política agroalimentaria neoliberal, pero sobre todo de la nueva estrategia para la reactivación del sector agroalimentaria, se habla de darle el tiro de gracia a BANADESA, el llamado banco campesino creado para apoyar a los productores garantes de la seguridad alimentaria nacional. El argumento del gobierno es que el Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario y la Economía de Honduras (FIRSA) constituido por un monto de 1,500 millones de lempiras, no ha permitido atraer a intermediarios financieros para aumentar el monto de los recursos canalizados al agro a bajas tasas de interés, por lo que la solución es usar fondos de fuentes publicas fusionando el Banhprovi, uno banco de segundo piso, con Banadesa.

El problema es que FIRSA nació trunco, ya que la mayor parte de los fondos se orientaron a apoyar la producción para la exportación (palma, algodón, carne, café, ajonjolí y cacao), y en menor grado la producción de granos básicos, que recibieron menos del 14% de crédito total. Desde el inició FIRSA tuvo dedicatoria, o sea favorecer a medianos y grandes productores con rubros para la exportación. En tal sentido, frente a una demanda creciente de recursos de crédito por los pequeños y medianos productores, es evidente una raquítica oferta de fondos prestables por el Estado.

Muchos de los pequeños productores no son sujetos de crédito por la banca privada, por lo que la única opción es acceder a fondos públicos otorgados por el gobierno en condiciones preferenciales. Esta condicionalidad es incluso aceptada por el propio gobierno para no otorgar crédito, por lo que los productores no tienen a quien recurrir, a no ser a los prestamistas informales (usura) y comerciantes de otros países como los salvadoreños que financian la producción de granos básicos a condición de que se venda a ellos a precios más bajos que los del mercado.

En el caso del CAFTA-RD, es evidente un aumento de las importaciones de arroz y maíz, con lo cual la dependencia alimentaria crece. En el caso del arroz, Honduras importa cerca del 90% del consumo nacional (CEPAL, 2013), y la tendencia del maíz ya supera el 50%. Dedíquense a producir bienes para la exportación es el discurso del gobierno neoliberal, ciertas agencias de cooperación y ONGs, ya que producir granos básicos no es rentable y es mejor impórtalos. Es más, ustedes pueden con el dinero que obtengan de la venta del aceite de palma, melón, marañón, etc., importar granos básicos libremente y convertirse en empresarios del agro.

A nivel macro, el crédito agrícola en Honduras ha disminuido dentro del ajuste estructural iniciado en 1990, hasta llegar a menor de 5%/PIB en 2015. Es una política pública deliberada del Estado y de la Banca por financiar y darle prioridad a otros sectores como los servicios y el comercio; es crédito menos riesgoso. Esta contracción del crédito productivo, tiene un impacto negativo en el uso del recurso tierra, alimentación y niveles de empleo e ingreso de las familias rurales que se traduce en ociosidad de la tierra y aumento de la pobreza e indigencia.

De allí que la propuesta del gobierno no sea bien vista por las organizaciones campesinas y productores del agro. Banadesa es ineficiente por que ha sido copada por políticos de turno corruptos, usando los fondos como “piñata” para beneficio personal, familiares y amigos. La fusión alejará aun más a los campesinos, en especial mujeres, del crédito publico, y posibilitará que sectores tradicionales sigan beneficiándose del acceso subsidiado a los recursos.

Se pensó que con el traslado de la experiencia del BANRURAL en Guatemala a Honduras, se aumentaría la oferta de crédito para aquellos sectores marginados del agro hondureño, pero no es sí ya que además, su presidente Fernando Peña, ha sido acusado de actos de corrupción, lavado de activos y financiar campañas políticas en aquél país. En Honduras no se sabe quienes son los socios locales del Banco, pero las “malas lenguas” dicen que están involucrados funcionarios de gobierno. El eventual cierre de Banadesa y la mala experiencia prematura del Banrural (aunque se le dio parte de la cartera de Banco Continental), presagian malos tiempos para los productores agrícolas, en especial aquellos productores netos de alimentos. Esta fusión puede lavar la cara de Banrural ya que participa y participará más del FIRSA, pero no hay evidencia que los pequeños productores recibirán los recursos prometidos.

La solución planteada es fortalecer en vez de debilitar o desaparecer a Banadesa. Una forma es trasladar recursos de otros fondos como el Tazón de seguridad, que poco ha servido para combatir la delincuencia. Igual, involucrar a actores del sector social de la economía como el sector cooperativa que luce fuerte, y las asociaciones de microempresas para recapitalizar el Banco. Asimismo, hacer una alianza estratégica con las micro financieras para desarrollar nuevos productos financieros de beneficio para pequeñas empresas campesinas de alimentos. También dejar un porcentaje de los fondos de los proyectos de desarrollo financiados por agencias cooperantes para crédito campesino manejado por el banco. Pero sobre todo, eliminar el clientelismo político y la corrupción, lo que es más difícil para el gobierno.

Desde ya las organizaciones campesinas y de pequeños productores anuncian una mega marcha acompañada por dirigentes del partido liberal, LIBRE, PAC y PINU-SD, en contra del cierre del banco de los campesinos.

Tegucigalpa, DC, 20 de septiembre de 2016