Lo primero que me llamó la atención fue la unanimidad –salvo raras excepciones-  para calificar el acto en la Plaza de Mayo de “masivo” o  “multitudinario”, desde los diarios conservadores La Nación y Clarín hasta el kirchnerista Página 12. Y lo mismo hicieron  diversos comentaristas de un vasto arco político-ideológico.

Doscientos mil participantes fue la cifra esgrimida que casi nadie objetó y que  puede ser tenida por buena, miles más o menos.

Pero 200.000 participantes –calificativos aparte-  no nos dice gran cosa si no ponemos esa presencia humana en el  contexto demográfico y social e incluso histórico del acontecimiento.

Si suponemos que el aporte de participantes del interior del país fue mínimo  y el fundamental correspondió a la Capital y al Gran Buenos Aires,   este conglomerado tiene una población total de 18 millones, de los cuales la parte activa son unos 7 millones y de estos últimos los asalariados son  algo así como  5 millones.

Entonces la calificación de la cifra de 200 mil participantes deja de ser una apreciación subjetiva y pasa a ser objetiva si decimos que en la Plaza estuvo  el 2,8% de la población activa y  suponiendo –que no fue el caso- que todos los que estuvieron presentes en la Plaza eran  asalariados,  estuvieron presentes el 4% de los asalariados de la Capital y Gran Buenos Aires.

De lo que cabe deducir, con toda objetividad y teniendo en cuenta que la finalidad de la marcha era protestar –con toda razón- contra la política económica y social del actual Gobierno,  que los promotores de la Marcha tuvieron un escaso poder de convocatoria entre los más afectados por dichas políticas.

Partiendo de ese dato corresponde analizar las razones de ese escaso poder convocante.

La más evidente es que el abanico promotor tiene historias muy distintas: la CTA de los Trabajadores y en particular su Secretario General Yasky se caracterizaron por una solidaridad total con las políticas del Gobierno anterior y la CTA Autónoma encabezada por Micheli tuvo posiciones críticas y hasta muy críticas frente a dicho Gobierno.

Quienes se sumaron a la convocatoria lo hicieron, como los dos promotores, con la idea de rentabilizar el acto para sus propias estrategias: unos respondiendo a la consigna kirchnerista-peronismo”serio”  de “volveremos”, otros ganar adherentes de una manera más o menos oportunista para un sindicalismo meramente reivindicativo (negociar  con  los capitalistas el precio de venta de la mercancía fuerza de trabajo, como alguna vez escribió Gramsci) y una minoría  tratando de sumar fuerzas para un proyecto realmente alternativo,   anticapitalista.

Esto se reflejó en los planteos que se escucharon en la Plaza. Fundamentalmente críticos y poco propositivos y con estrategias a corto plazo: tal día huelga general y poco o nada para  el largo plazo.

También se reflejó en la heterogeneidad de los participantes: el ejemplo más grotesco fue Boudou , ex Vicepresidente, play boy  e imputado como delincuente, levantando el puño cerrado como un proletario  revolucionario.

En la perspectiva histórica, los que tenemos memoria y edad bastante sabemos que las grandes manifestaciones populares en Buenos Aires contaron con por lo menos 700.000 y hasta un millón y medio de participantes.

¿Puede llamarse unidad de acción a la Marcha Federal?

 Pensamos que no. La unidad de acción no se forja con acuerdos entre burócratas sindicales (que negocian el “pacto social” con Macri a cambio de algunas prebendas) y  otros en camino de serlo  y en todo caso oportunistas. Y con historias y estrategias diferentes.

Una dificultad mayor para lograr  la unidad de acción a fin de  ir forjando una propuesta alternativa es que un cambio social radical implica no sólo poner freno a  las políticas del actual Gobierno sino revisar muchas de las medidas antinacionales y antipopulares del gobierno anterior que persisten actualmente. (Véase al final de la nota un balance sintético y parcial de doce años  de gobierno kirchnerista).

Y lo que no es un hecho menor: el reclamo de  confiscación de los bienes mal habidos, cualquiera sea el color político de sus usufructuarios, para utilizarlos en obras y servicios de interés general.

No puede esperarse que  acepten esta  imprescindible revisión de las políticas del Gobierno precedente quienes han apoyado  –y a veces usufructuado-  de  tales políticas. ( Véase al final un balance sintético y parcial de doce años de gobierno kirchnerista).

Revisión   que el actual  Gobierno no hace ni hará porque sería una manera de poner en cuestión el sistema de explotación que el macrismo representa acabadamente.

Se trata de una coincidencia de fondo entre el actual Gobierno  y la oposición kirchnerista-peronismo “serio”. Que no es el “hecho maldito del país burgués”, como decía John William Cooke, sino que fue siempre y es ahora el reaseguro del país burgués.

La verdadera unidad de acción hay que promoverla donde corresponde: en  los lugares donde trabajan y viven quienes sufren directamente las consecuencias de tales políticas: en las empresas, en los barrios y en las villas.

En primer lugar en  las empresas, donde se vive y se concreta la explotación capitalista y donde los trabajadores están naturalmente organizados en torno al proceso productivo. Y también en los barrios y en las villas, donde la gente vive la realidad cotidiana de no tener suficiente dinero para alimentarse,  vestirse y alojarse decentemente. Aun teniendo trabajo.

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Para hacer la evaluación de la Marcha Federal he intentado utilizar –por lo menos en alguna medida- el método que preconizó  Marx en el punto 3 (El método de la economía política) de su Introducción General a la Crítica de la Economía Política 1857. Ver abajo.

Y me inspiró Gramsci para  mi enfoque sobre lo que debe ser la unidad de acción. Encontré un buen resumen de las ideas de Gramsci en Julieta Haidar, Gramsci y los Consejos de fábrica. Discusiones sobre el potencial revolucionario del sindicalismo en “Trabajo y Sociedad”. Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET Nº 15, vol. XIV, Otoño 2010, Santiago del Estero, Argentina (http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/15%20HAIDAR%20Gramsci%20Consejos%20de%20fabrica.pdf).

 Recomiendo calurosamente ambas lecturas (el párrafo de Marx y el trabajo de Julieta Haidar) a quienes se piensan de izquierda.

 Marx, Introducción General a la Crítica de la Economía Política. 1857. Punto 3 (El método de la economía política).

“Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económico político comenzamos con su población, con su distribución en clases, la ciudad,el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, exportación e importación, producción y consumo anual, precios de las mercancías, etc. Parece correcto empezar por lo real y concreto, con el presupuesto efectivo; y en consecuencia, empezar, por ejemplo, en la economía con la población,que es el fundamento y sujeto de todo acto de producción social. Sin embargo,ante un examen más detenido, esto se manifiesta como falso. La población es una abstracción, si dejo, por ejemplo, de lado las clases de las que se compone.

Estas clases son a su vez una palabra vacía, si no conozco los elementos sobre las que descansan. Por ejemplo, trabajo asalariado, capital, etc. Éstos presuponen cambio, división del trabajo, precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precio, etc. Si comenzara, por lo tanto, con la población, esto sería una representación caótica de la totalidad y mediante una determinación más precisa llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples; de lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles, hasta alcanzar las determinaciones más simples. A partir de aquí habría que emprender de nuevo el viaje a la inversa, hasta llegar finalmente de nuevo a la población, pero esta vez no como una representación caótica de un todo, sino como una totalidad rica de múltiples determinaciones y relaciones. El primer camino es el que tomó históricamente la economía en sus comienzos. Los economistas del siglo XVII, por ejemplo, comienzan siempre con la totalidad viva, con la población, con la nación, con el estado, con varios Estados, etc.; pero siempre acaban descubriendo mediante el análisis algunas relaciones generales abstractas determinantes, como división del trabajo, dinero, valor, etc. Tan pronto como estos momentos aislados fueron más o menos fijados y abstraídos, comenzaron los sistemas económicos, que se elevaban de lo simple, como el trabajo, división del trabajo, necesidad, valor de cambio, hasta el Estado, cambio entre las naciones y el mercado mundial”.

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BALANCE DE 12 AÑOS DE KIRCHNERISMO: UN PROCESO DE RECOLONIZACIÓN SIN PRECEDENTES.

1) Sólo un tercio de las 500 empresas más grandes del país son argentinas. Las empresas extranjeras mandan en la Argentina. Un informe reciente del INDEC detalla que, entre las 500 mayores compañías del país –medidas por el valor de producción que generan–, sólo 176 son de capitales nativos. El resto son extranjeras. La transnacionalización de la economía es un fenómeno que arrancó en los 90 y se profundizó en la década pasada. Consecuencia: descapitalización del país y aumento de la explotación de los trabajadores.

2) Argentina firmó 54 tratados de protección y promoción de las inversiones extranjeras (TPPI),  en el decenio de 1990 (Gobierno de Menem) y el Parlamento ratificó todos o casi todos. los TPPI firmados por Argentina cumplen escrupulosamente  con las exigencias del poder      económico transnacional, entre ellas someter al arbitraje de tribunales constituidos en el CIADE  (organismo del Banco Mundial) las controversias entre inversores extranjeros y el Estado Nacional, lo que le ha costado a Argentina cientos de millones de dólares.

Desde 2003, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pudieron retirarse del CIADI  y denunciar los TPPI  o por lo menos renegociarlos pero no  lo hicieron.Los sucesivos gobiernos de los Kirchner, al no retirarse del CIADI han violado de manera permanente la Constitución Nacional. Y la han violado cada vez (más de veinte) que han aceptado la competencia de los tribunales arbitrales del CIADI. Y, por cierto, también la han violado cada vez que han aceptado la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros, en particular yanquis. Como fue el caso en el litigio con los fondos buitres.

3) Sigue vigente, con ligeras modificaciones,  la ley de inversiones extranjeras dictada por la dictadura militar (Ministro de Economía Martínez de Hoz).

4) Participación de los asalariados en el PBI :

1979 (Videla- Martínez de Hoz) : 33%

2013 (Cristina Fernández- Kiciloff) 33%  

5) Ante la negativa del Gobierno de CFK a informar sobre las cláusulas secretas del acuerdo YPF-Chevron, celebrado en diciembre de 2012 en Houston, Texas,  en noviembre 2015 la Corte Suprema  ordenó a YPF que hiciera públicas dichas cláusulas.YPF no aceptó difundir esos documentos ni tampoco Chevron. Antes no habían aceptado entregar copias al Congreso, a pesar de las requisitorias de la justicia de primera instancia. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.

El Gobierno de Macri , pese a lo ordenado por la Corte Suprema continúa negándose a revelar las cláusulas secretas del contrato YPF-Chevron celebrado por el Gobierno anterior . UNA MUESTRA DE LA CONTINUIDAD DE AMBOS GOBIERNOS EN LO ESENCIAL: ESTAR AL SERVICIO  DEL GRAN CAPITAL TRANSNACIONAL. Véase de Alejandro Olmos Gaona El PRO y el desprecio al estado de derecho en http://www.alainet.org/de/node/179486

Lo que se sabe hasta hoy

Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.

El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina.

YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos (Delaware) y el Atlántico Norte (islas Bermudas) para que los 1240 millones de dólares de la inversión para la formación Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador.

6) Concesión del yacimiento petrolífero  Cerro Dragón

El senador Mario Cimadevilla declaró ante los investigadores de los Estados Unidos que le siguen la pista a un presunto pago de sobornos que habría realizado Pan American Energy (PAE) para hasta 2047  la concesión del yacimiento petrolero de Cerro Dragón.

Cimadevilla fue recibido en Miami por tres funcionarios de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos –conocida en inglés como Security Exchange Commission (SEC).

El senador dijo que entregó varios documentos clave en las gestiones para que la empresa obtuviera la concesión en Chubut en 2007. Aseguró que los documentos comprometerían al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien negó haber participado de las negociaciones del contrato. El diario Perfil publicó el 1º de abril de 2016 un extracto de un borrador del primer contrato que el Ministerio de Planificación redactó para la extensión de esta concesión petrolera.

La generosa política tributaria del gobierno anterior con la megaminería transnacional la agravó el actual Gobierno decretando en febrero de 2016 la eliminación de las retenciones a la exportación que eran de una modesta tasa del 5%. Bien entendido de las exportaciones declaradas. No de las que salían del país sin control alguno. Por ejemplo desde aeropuertos privados.  Véase: Megaminería: todo se repite y empeora, en Noticias sobre conflictos mineros: http://www.conflictosmineros.net/noticias/2-argentina

7) Deuda externa .

Cifras aproximadas.  Cuando asumió Néstor Kirchner se debían 200 mil millones. Se pagaron 200 mil millones. Se siguen debiendo 200 mil millones.

La ley de pago “soberano”.

En setiembre de 2014 el Congreso argentino aprobó, con el voto favorable de la mayoría kirchnerista y el voto en contra de todas las otras bancadas, un proyecto de ley presentado por el Gobierno con el título “Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina”.
El artículo 1º dice: “En ejercicio del poder soberano de la República Argentina, declárase de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010”.
El interés público es el interés común de toda la colectividad, como por ejemplo asegurar la salud, la educación, un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, a la vivienda, etc. Y de manera general asegurar el bienestar del conjunto de la población.

Con esta ley el Gobierno anterior elevó a la categoría de interés  público el pago de una deuda en buena parte ilegítima incluso la contraída por la dictadura militar que estatizó y convirtió en deuda pública miles de millones de dólares de deuda privada.

8) Venta o arriendo indiscriminado de tierras a extranjeros. La ley de tierras de 2011 no constituye ningún obstáculo para ello. Además, no afecta las operaciones terminadas antes de su sanción.Más del 10% de las tierras (equivalente a la superficie de toda la Provincia de Buenos Aires), está en manos de extranjeros. Hay por lo menos dos aeropuertos extranjeros construidos en la Patagonia, sin que puedan ser detectados por los radares argentinos, ya que éstos o son obsoletos o no existen en la región.El plan de radarización prometido por Néstor Kirchner nunca se llevó a cabo y lleva años de retraso. Un aeropuerto construido por Lewis, desde donde puede llevar del territorio cualquier tipo de material, y hasta aviones militares de gran porte están en condiciones de ascender y descender. Un aeropuerto cuya pista es tan larga como la de Aeroparque. Está a nombre de un argentino, Van Ditmar, pero que es socio de un gran magnate inglés, Joe Lewis, que posee miles de hectáreas en Chubut, que incluye al Lago Escondido. Costó 20 millones de dólares. ¿Por qué un aeropuerto tan grande y con seguridad privada que supera a la fuerza policial local? La respuesta fue que "viajar en auto por la provincia lleva muchas horas, y es más fácil ir en avión". Otro aeropuerto perteneciente a una minera canadiense,  y que fue construido cerca de una zona de recursos mineros, para explotarlos y llevárselos del país sin control  alguno. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a  extranjeros. http://www.elmalvinense.com/argentina_para_los_argentinos/venta_de_tierras.htm )

La Fuerza Aérea Argentina aprobó el funcionamiento del aeropuerto, pero es incapaz de garantizar su control, pues no posee radares en la zona y podría aterrizar o despegar cualquier tipo de aeronave sin ser registrada. Innumerable cantidad de oficios fueron enviados por la Diputada provincial Magdalena Odarda a la Ministro de Defensa Nilda Garré, a funcionarios provinciales y nacionales, pero nada sucedió. El gobierno sabe del peligro que representa tener un aeropuerto de tamañas características en el corazón de la Patagonia, pero nada hace para evitarlo, al contrario, autoriza su funcionamiento sabiendo que es incapaz de controlarlo.

Las zonas de seguridad están definidas en el decreto-ley 15385/44 dictado en 1944 por el gobierno militar Farrell-Perón, que rige aún con pocos modificaciones, donde se dice que es “de conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezca a ciudadanos argentinos nativos”.  Se declara de “conveniencia nacional” que pertenezcan a ciudadanos nativos, pero NO SE PROHIBEN las propiedades extranjeras en las zonas de seguridad.

Así es como actualmente hay enormes propiedades de extranjeros en  el borde del Océano Atlántico, en zonas limítrofes, en zonas estratégicas por sus recursos naturales, etc.

Un país celoso de su soberanía establece la PROHIBICIÓN para los extranjeros de adquirir tierras en las zonas de seguridad. No es el caso de Argentina, ni tal prohibición figura en la ley de tierras vigente aprobada en 2011, que sólo establece como requisito para que un extranjero sea propietario en zonas de seguridad el consentimiento previo del Ministerio del Interior

 Desde hace años las elites políticas y económicas dominantes  han abierto de par en par las puertas del país al poder económico transnacional para que lo recolonice, lo saquee, lo contamine y acentúe la explotación de los trabajadores.