Aunque la Constitución lo dice, en este país, las autoridades, el gobierno pues, no nos tratan igual a todos. Mire no más como a unos nos tratan mal y nos niegan los derechos y todo por el color de nuestra piel, por cómo vivimos y porque no tenemos dinero. Nos discriminan por cómo nos vemos, por la forma en que hablamos y nos vestimos; no nos respetan nuestras costumbres ni nuestras creencias. A las autoridades de a tiro no les interesamos. Bien sabemos nosotros que esto no es de hoy, viene de muy atrás. Pero nosotros estamos claros, hemos visto sufrir mucho a nuestros padres y abuelos, hemos visto mucho dolor y mucha sangre. Por eso sabemos que hay que organizarnos y defender nuestras tierras, que nadie más lo va hacer. 

Anselmo Sánchez, campesino e indígena chiapaneco.

Contrastes de un país racista, la discriminación como política de la vida cotidiana

Hace unas semanas, el nueve de agosto se conmemoró el día internacional de los Pueblos Indígenas y, en nuestro país, fue sólo la reiteración de que, en el contexto de una exclusión y un racismo casi omnipresente y crónico, los grupos indígenas están muy lejos de ser tratados como ciudadanos con acceso pleno a sus derechos y de ser reconocidos, respetados y valorados en su diversidad sociocultural. En el México actual se calcula que hay aproximadamente cerca de 16 millones de personas que forman parte de los pueblos originarios [1] y de estos, casi 7 millones y medio hablan alguna lengua indígena [2]. Los indígenas, a pesar de que están presentes en gran parte del territorio nacional, tienen mayor presencia en el suroeste del país –donde se presentan altos índices de desigualdad-, en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz entre otros [3]. El rostro de estos pueblos refleja dos procesos contradictorios y opuestos, pero relacionados entre sí.

Por un lado, una discriminación y marginación histórica y generalizada hacia los indígenas -por el color de su piel y sus formas de vida y costumbres- de parte de otros grupos socioeconómicos y de no pocas autoridades gubernamentales –municipales, estatales y federales-. Dentro de los indígenas están los grupos que padecen las peores condiciones de vida a nivel nacional. Pese a lo que dice la ley, en México el Estado trata de manera diferenciada a los ciudadanos. 

Por otra parte, dentro de estos colectivos indígenas se han dado también algunos de los más relevantes procesos de organización social (autonómica) y de defensa del territorio frente a los procesos de despojo por parte de las mineras, las empresas de los parques eólicos y otros megaproyectos de la iniciativa privada y el Estado; experiencias colectivas que proponen formas de vida y convivencia mucho más incluyentes y menos agresivas con la naturaleza, que no se basan en la generación de riquezas que sólo benefician a unos cuentos y, paralelamente, producen una acentuada inequidad y pobreza. Con esto, los pueblos indígenas han mostrado su capacidad de acción social y su papel como actores políticos de primera línea.

La exclusión histórico-estructural como política de facto hacia los indígenas

En el país la ausencia sistemática y constante de los derechos –sociales, políticos y económicos- de carácter constitucional tiene preferentemente rostro indígena. En los pueblos indígenas se concentra la pobreza y se encuentran los niveles más bajos de salud, educación e ingreso; en términos generales, ellos son el grupo de la población con mayores obstáculos para conseguir movilidad socioeconómica y tener acceso efectivo a una vida digna. De hecho, según datos oficiales del INEGI, el 70% de los hablantes de lenguas indígenas viven en pobreza, además el 57.7 % de los hombres indígenas y 45.3 % de las mujeres de dichos pueblos no tienen acceso a ningún servicio médico [4]; para inicios de la presente década, en estos grupos se presentaban los mayores índices de mortalidad infantil y materna a nivel nacional, así como la menor esperanza de vida del país [5].

En la educación el panorama no es más halagador, el promedio de educación entre los grupos indígenas es de poco menos de seis años –lo cual apenas coincide con la primaría-, mientras la media nacional de la población no indígena es de poco más de nueve años –y remite a tener terminada la secundaría-. Además, los porcentajes de mayor analfabetismo y menor escolaridad se concentran particularmente en las mujeres y niñas indígenas [6] –que, entre los excluidos, son las más marginadas y vulnerables-.

En lo concerniente a la ocupación laboral, los grupos indígenas se distinguen por bajos salarios y la preponderancia del trabajo manual “no calificado”, casi cuatro de cada diez son empleados y/o obreros, aproximadamente 30 % trabaja por su cuenta y poco menos del 12 % son jornaleros agrícolas [7] –y padecen una de las situaciones laborales más abusivas, ilegales e inseguras del país-. Ante el adverso escenario de sus lugares origen y su situación de vida, son además de los grupos con mayor propensión a migrar –principalmente al interior del país-. Además, por el tipo de perfil laboral que tienen, gran parte de ellos carecen de las prestaciones de ley y los derechos laborales indispensables. A este panorama, habría que añadir el despojo de los territorios al que se ven sujetos no pocos de los grupos indígenas con miras a que, con la iniciativa y complicidad del Estado y diversas autoridades gubernamentales, empresarios y corporativos nacionales y multinacionales obtengan recursos naturales a fin de incrementar sus ganancias [8] [9]. 

Más allá de una perspectiva de victimización e infantilización de los indígenas, es preciso apuntar que, sin negar la complejidad de las situaciones socioeconómicas y políticas del país, la falta estructural del ejercicio de los derechos sociales –de educación, salud, trabajo y acceso efectivo al uso y disfrute de la tierra- consignados en la Constitución es responsabilidad primordial del Estado. Por omisión o deliberadamente, las instituciones oficiales han contribuido de manera importante en la forma en cómo se han producido y reproducido las políticas y relaciones de exclusión y discriminación hacía los grupos indígenas. En este tenor es conveniente recordar que, el ejercicio cabal e irrestricto de la ley –que garantizará una vida digna y justa a todos los ciudadanos sin importar su pertenencia étnica y su origen socioeconómico-, es el deber fundamental de las autoridades gubernamentales.          

Organización y resistencia, el otro rostro de los pueblos indígenas

            No obstante, también entre los indígenas se han conformado diversos grupos y organizaciones que, desde las más variadas experiencias y con múltiples estrategias y programas de acción que se han nutrido de sus diversas formas de resistencia y hacer política, han defendido y conservan sus territorios y sus modos de vida –caracterizados por una seria de normas orientadas al bien común y la reproducción de la comunidad, así como por complejas relaciones de valoración y uso respetuoso del medio ambiente y la naturaleza-. Estos sectores de los grupos indígenas han descubierto formas de reproducir la vida social que no se basan, ni en el deterioro del entorno, ni en contribuir a los procesos desiguales de desarrollo socio-económico que sólo acrecientan las riquezas y ganancias de los grupos de poder económico y político. 

En este tenor, se encuentran desde experiencias colectivas que se dirigen hacía la realización y práctica de la autonomía y formas propias de organización social –como los zapatistas y sus municipios autónomos y juntas de buen gobierno, el caso del pueblo de Cherán, la policía comunitaria de Guerrero, entre muchos otros-, hasta la amplia gama de movimientos sociales en defensa del territorio y frente al despojo que suponen los megaproyectos extractivos –nacionales  e internacionales- a lo largo del país – entre muchas otras luchas están los wirarika y su defensa de wirikuta contra la minería, los yaquis y su oposición al acueducto independencia, los pueblos del Istmo oaxaqueño frente a los parques eólicos, la resistencia de los indígenas del Valle del Mezquital frente a las cementaras y la minería [ ]-. De manera cotidiana y desde sus propias formas de vida y de relaciones con el mundo y la sociedad, los grupos indígenas, al afirmar sus especificidades socioculturales y el valor de su diversidad mediante sus prácticas organizativas, se erigen y asumen su papel como actores políticos que participan activamente en la construcción de una sociedad que, en la medida que es más justa e incluyente, es menos desigual y no se funda en la discriminación como relación implícita del orden de la vida social.  

Bibliografía

[1] “Desalentador; el programa educativo de los indígenas”, Gaceta UNAM, 11 agosto 2016.

[2] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.

[3] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.

[4] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.

[5] Informe Sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. PNUD-CDI, México, 2010.

[6] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.

[7] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.

[8] “CNDH insta al gobierno a consultar con los pueblos indígenas”, La Jornada, 9 agosto 2016.

[9] Megaproyectos en México, un lectura crítica, UNAM-Ítaca, 2016.

[10] Megaproyectos en México, un lectura crítica, UNAM-Ítaca, 2016.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM

http://unam.academia.edu/GuillermoCastilloRamirez