Asunción, 18 de agosto de 2016.- Ayer por la mañana el fiscal de Salto del Guairá, Israel Villalba, y unos 150 policías desalojaron a 13 familias de sus lotes agrícolas de la comunidad asentada sobre un total de 8.611 hectáreas de tierras del Estado.

Se trata de la finca 1.873, originalmente del distrito de Hernandarias, con padrón 2.673.

El asentamiento San Juan queda a 370 kilómetros de la capital paraguaya y está ocupada por familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria desde 1995, articuladas en la Federación Nacional Campesina (FNC).

A principio de los 90′ la tierra era propiedad del terrateniente brasileño Óscar Herminio Ferreira Filho, que vivía en la ciudad de San Pablo, Brasil.

Luego de una ocupación y reclamo de la tierra por familias agricultoras el Estado paraguayo declaró en 1995 (a través de la ley 620) que se trataba de un latifundio improductivo, que era de interés social y que pasaban a favor del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), para ser destinada a las familias campesinas del lugar.

En todos estos años las familias asentadas en el lugar fueron abandonas por los servicios del Estado. A partir de 2002 empezaron a sentir el asedio de productores sojeros de la zona, que a través de la expansión del cultivo, las fumigaciones y el endeudamiento de las familias… fueron quedándose con 100 de los lotes del asentamiento, explicó Alcides Ruiz Díaz, dirigente regional de la FNC.

En los siguientes años los productores sojeros, en su mayoría brasileños, se hicieron de títulos irregulares de los lotes, en connivencia con funcionarios estatales, como también lograron desalojos contra las familias campesinas.

Desde 2009 las familias campesinas y su organización nacional decidieron realizar re-ocupaciones para volver a recuperar para la reforma agraria los lotes. De un total de 100 lotes perdidos, volvieron a recuperar 27.

El desalojo de ayer se dio sobre 13 de éstos lotes recuperados, explicó Ruiz Díaz a Base Is, a pesar de que en ningún momento el agente fiscal mostró ninguna orden judicial a las familias asentadas.

De acuerdo al referente, el fiscal argumenta que los colonos brasileños beneficiados con el desalojo tienen títulos de los lotes.

Los antecedentes del caso sugieren que se trata de otro caso más donde la corrupción de funcionarios estatales se expresa en superposiciones de títulos, y que deviene en la pérdida de bienes del Estado en manos privadas, pero por sobre todo en vulneraciones de derechos elementales de las familias agricultoras.

Ruiz Díaz dijo que la comitiva fiscal-policial, apoyada por trabajadores de los colonos brasileños, destruyeron las casas de las 13 familias desalojadas y quemaron algunas.

También que con la medida de ayer, los productores sojeros podrán volver a cultivar en lotes distantes a 15 metros de la escuela local, afectada por las fumigaciones sojeras.

Dijo que hasta el mediodía de hoy seguía la policía resguardando el lugar, y las familias se mantenían en asamblea para evaluar las acciones a tomar.