Urge modificar integralmente la estrategia contra la delincuencia

¿Por qué no cambiarlo todo? Desbordada la violencia, la criminalidad sigue cobrando vidas en el país. Balaceras, ejecutados aparecen en distintos lugares casi todos los días. Operativos van y vienen, reformas a las leyes se instrumentan —insuficientes, claro— y el problema de la inseguridad continúa. Pareciera no tener fin.

Pero no lo tendrá en tanto no se atienda el problema del narcotráfico, en serio y a fondo. Desde el lavado de dinero y la incautación de fortunas en el sistema financiero —de ser necesaria la legalización de las drogas—, hasta exigir a los estadounidenses que hagan lo propio en su territorio para contener el problema de la creciente demanda —los consumidores no son criminales sino enfermos, y deben ser tratados como tales—, así como poner candados para la venta y tráfico de armas.

Se requiere comenzar a cambiar de actitud, de vicios, hacer algo contra la corrupción. Sobre todo políticas públicas eficientes con evaluaciones permanentes, y que todas las instituciones encargadas de la seguridad pública se pongan a trabajar, se apliquen en la necesaria coordinación entre corporaciones, de investigación (no de persecución únicamente) de presuntos delincuentes y de hacer efectivas las leyes contra la impunidad.

Pero sobre todo aplicarse en la prevención de los delitos; cuesta pero es el único medio para fortalecer a la sociedad y retirar a los jóvenes de las tentaciones de los vicios. Por ello es importante convocar a la participación de todos, la sociedad y sectores en su conjunto. ¡Nada de violencia adicional generada desde los cuerpos policiacos!, bajo cualquier pretexto; las instrucciones persecutorias y de contención deberán medirse mejor e instrumentarlas en protocolos de actuación de las policías.

Al Presidente en funciones le corresponde hacer los cambios de fondo en la estrategia de no privilegiar solo el uso de la fuerza y la militarización. Porque es precisamente la estrategia que no ha dado resultados. La que aplicó Felipe Calderón desde el 2006 y sigue a la fecha con mínimos ajustes. Aún y cuando se mantiene a las fuerzas armadas en las calles —lo que por cierto se presta al su uso para la contención social—, que a la postre resulta insuficiente.

La reparación de daños es crucial, haciendo efectiva la aplicación de la ley y justicia a los afectados. ¿Por qué no? ¿Qué es más importante para una sociedad que la seguridad? ¿Por qué esperar a que siga la descomposición de la seguridad hasta límites extremos? La sociedad no se merece eso. Y el gobierno tiene las riendas para emprender los cambios pertinentes.

El panorama no es alentador. Y no lo será hasta en tanto no haya los cambios de fondo que se requieren. Vivimos una realidad inmersa en el terror, de corte cuasi surrealista. Es de tal magnitud la persistencia de la inseguridad en el país, el impacto de la violencia en la sociedad y la incapacidad mostrada por las autoridades de brindar soluciones durante varios años, que no se mira la luz al final del túnel.

La cerrazón por no escuchar al “otro”; la ineptitud o falta de visión para buscar salidas consensuadas; el desinterés por la vida de los demás; la colusión por participar directa o indirectamente de los beneficios del crimen organizado, y hasta el sometimiento a intereses extranjeros —particularmente de los vecinos del norte, a los estadounidenses—, eso y más ha impedido que los gobiernos de México consensen, desarrollen, analicen y apliquen una estrategia multisectorial y socialmente incluyente para resolver el problema de las drogas que generan la creciente inseguridad.

Producto de la violencia de los últimos años generada por los “negocios” del crimen organizado, especialmente los carteles de las drogas, la severa crisis de seguridad pública de los mexicanos —como cualquier país en guerra—, se complica por las múltiples aristas que constituyen el fenómeno: los carteles, el negocio, las plazas, la guerra fallida de Calderón, la seguridad pública y sus instituciones, corrupción e impunidad y la estrategia geopolítica de EUA.

En otras palabras, el privilegiar el uso de la fuerza y la militarización como estrategia iniciada por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto con mínimas variantes, no ha brindado los resultados esperados en tanto la seguridad pública avanza en franco deterioro.

Por lo demás, con una fuerte dosis de injerencismo de los EUA en México, por la adopción y seguimiento del “combate a las drogas” a pie juntillas, el gobierno mexicano cierra los ojos ante las propuestas emanadas de la sociedad. Pero es más que urgente que eso ocurra, puesto que sin la participación social e incluyente de todos los sectores —apostarle a medidas consensuadas— no será posible la contención del problema.

La inseguridad es el reflejo de la violencia que padece el país en grado superlativo, generada por el crimen organizado, especialmente los carteles de las drogas durante todo el proceso del negocio: los terrenos de siembra, el procesamiento, empaquetado, trasiego y cruces fronterizos hacia el principal mercado consumidor: los Estados Unidos de América (EUA).

En pocas palabras, la inseguridad como producto de las actividades de los carteles de las drogas, los generadores de los más altos índices de violencia en un negocio cuyos tentáculos son de alcance mundial, puesto que su realización —tras un largo proceso de “lavado de dinero” en la economía real— deviene millonarias cuentas que van a parar o a los paraísos fiscales o a los grandes bancos internacionales.

Problema desdeñado por los gobiernos, por incapacidad o colusión, la realidad es que la inseguridad no está siendo atendida con la eficiencia que se requiere y lo exige la sociedad que pide políticas claras y soluciones. La ciudadanía ante la falta de visión de las autoridades.

Su contraparte, la seguridad pública o la tranquilidad ciudadana, es competencia del Estado. Es decir, un ambiente de seguridad y justicia de obligada responsabilidad para los órganos administrativos. En términos constitucionales: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” (Artículo 21, reformado).

Para una breve definición, cabe decir que: “La idea de seguridad pública está ligada a la protección de la paz pública, de tal manera que puede ser conceptualizada como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar dicha paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal y el de la policía administrativa. Esta concepción, sin duda bastante amplia de la seguridad pública, incorpora las actividades de procuración e impartición de justicia como elementos del sistema jurídico legal que actúan cuando la prevención no ha evitado la comisión de ilícitos”.

Salir a las calles a realizar las actividades cotidianas —como ir al trabajo, de compras, recreación, etcétera—, sin correr el riesgo de sufrir algún infortunio a cualquier hora del día, se ha convertido en un asunto del pasado. El México seguro se acabó. La zozobra y la incertidumbre que generan las noticias sobre balaceras, asesinatos, descuartizados, desaparecidos y narcofosas irrumpen de miedo la vida de la población en el país.

La inseguridad se ha convertido en el principal problema durante los últimos años, conforme a la percepción ciudadana que recoge la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015”, para este año de un elevado 73.2%, no menor en 2014 de 73.3% y 2013 un 72.3% (en años anteriores la medición fue también considerable: en 2012 del 66.6% y 2011 de 69.5%).¹

En otras palabras, la violencia se ha apoderado de casi todos los escenarios y el país se convierte en un riesgo permanente para los ciudadanos. Sobresalen, por ejemplo, estados como Baja California, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, por el auge de la “vieja ruta” del occidente de México, dado el riesgo que implicó para el trasiego de las drogas el conflicto reciente entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —de reciente creación y acelerado auge— y las fuerzas federales en la zona centro-occidental del país.

Pero los hechos violentos están además en estados como Tamaulipas, Veracruz, Edomex, Morelos, Oaxaca, Chiapas. La situación agreste recorre el país, como lo percibe el ciudadano de a pie y lo revelan las encuestas.

Así por ejemplo, las ejecuciones o el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, crecieron aceleradamente al pasar de 9,614 en 2009 a 15,266 en 2010², y a 15,768 en 2011, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Pero si a las ejecuciones se le agregan los homicidios dolosos, conforme a la gráfica los datos son: 2007, 13,079 fallecidos; 2008, 19,992; 2009, 27,732; 2010, 35,946; 2011, 38,620; 2012, 35,411; 2013, 29,601; 2014, 23,657; 2015, 25,030 homicidios dolosos y ejecuciones para todos los casos.

Los datos muestran una caída en los años de 2012 a 2014, con leve repunte para 2015. Pero la percepción ciudadana no cede —que es la importante—, de la misma manera que las cifras, pues se mantiene en 73.2%.

En general, para el 58% de la población de 18 años y más en el país, la inseguridad y la delincuencia son el mayor problema, por arriba del desempleo que preocupa también y registra el 44.1%, el aumento de precios 33.2%, la pobreza 31.1%, la salud 28.6%, la corrupción 28.5%, la educación 22.7%, la impunidad 17.7%, el narcotráfico 17.2% y la escasez de agua 13.2%, conforme al sentir de los entrevistados por INEGI.

No suele relacionarse la prevalencia delictiva que afecta a personas en general, cuando se trata de la delincuencia, pero los siguientes datos reflejan que a mayor actividad de la delincuencia organizada los demás delitos también se disparan. El siguiente cuadro lo muestra:

Es decir, de los 22.8 millones de víctimas representan 28,200 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2014. La nota al pie (en letras pequeñas) aclara que la ENVIPE mide delitos que afectan en manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, robo o forma distinta a las anteriores (carterismo, allanamiento, abigeato, y otros tipos de robos); así como fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos como secuestro, delitos sexuales y otros delitos.

Sin olvidar la llamada “cifra negra” respecto a la no denuncia. La ENVIPE estimó que en 2014 se denunció únicamente el 10.7% de los delitos, de los cuales solo en el 7.2% se inició averiguación previa, lo que equivale a una elevada tasa del 92.8% de delitos en los que no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, contra un 93.8% de 2013 (no menor a otros años: 92.1% en 2012, 91.6% en 2011 y 92.0% en 2010).

Entre las causales de la no denuncia destacan las “atribuibles a la autoridad”, como miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza o actitud hostil a la autoridad; entre “otras causas”, también miedo al agresor, delito de poca importancia, o por no tener pruebas.

Por cierto que en lo referente al nivel de confianza en las autoridades a cargo de la seguridad pública, igualmente destacan la Marina y el Ejército³ con el 81.6% y 77.6%, respectivamente. Le siguen la policía federal con un 56.2%, la PGR con el 49.2%, Jueces con 46.2%, Policía Estatal un 42.5%, Policía Ministerial o Judicial 42.4%, MP y Procuradurías 41.5%, Policía Preventiva Municipal 36% y Policía de Tránsito 31.3% en el último lugar de confiabilidad.

Botón de muestra, la situación no es exclusiva de México. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, una ONG de tinte conservador, registra un dato comparativo en su estudio “Las 50 ciudades más violentas del mundo” para el año 2010, y revela que el 25% de las ciudades más peligrosas estaban de México. Sobresalen en el 1er. lugar Ciudad Juárez, con una tasa de homicidios de 229 por cada 100 mil habitantes; Chihuahua en el lugar 5°; Mazatlán 8°; Culiacán 9°; Tepic 13; Durango 14; Torreón 17; Tijuana 21; Acapulco 23; Reynosa 34; Nuevo Laredo 36 y Cuernavaca 38.

La misma consultora y el mismo estudio a enero 2014 arrojan la siguiente medición:

Es decir, que nueve ciudades entre las 50 más violentas están en México. Destacan Ciudad Juárez que cayó del primer lugar en 2010, al sitio 37 en 2014. Asimismo, Acapulco que aparecía antes en el lugar 23 escala al 3er sitio. Otros como Culiacán, cae del 9° al 16 lugar, y Torreón casi no se mueve: del 17 al 18.

14 de julio 2016.

Reporte global