El clima de violencia en el país sigue su curso. Hemos condenado y dado a conocer los asesinatos de pilotos del transporte urbano, de numerosas mujeres y familias enteras, de humildes trabajadores, de profesionales, de sindicalistas y de cinco integrantes del gremio periodístico; solo en estos primeros seis meses del año han ocurrido casi el doble de muertes violentas de periodistas, en relación con el 2015.

En el área rural hay impuesta una censura y autocensura como forma de preservar la vida de los comunicadores, que están rodeados de criminales y narcotraficantes que se han constituido en peligrosos censores de la libertad de prensa. Publicar hechos que afectan a estos delincuentes es casi como firmar una condena a muerte. El silencio es una frustración para quienes nos dedicamos a esta labor de informar.

Hemos denunciado la muerte violenta de cinco colegas ocurridas en Jutiapa, Escuintla, Quiché, Chiquimula y Quetzaltenango. Los cuatro eran locutores, trabajaban en Radio Estéreo Café, Radio La Jefa, Radio Sembrador Estéreo Ilusión. En el caso de Chiquimula, el comunicador era conductor de un programa de televisión, el más antiguo en el departamento.

Los asesinados fueron Mario Roberto Salazar, Winston Leonardo Cano Túnchez, Diego Salomón Esteban Gaspar, Víctor Hugo Valdez Cardona y Álvaro Alfredo Aceituno López. Reportamos también el intento de asesinato de William Omar Cabrera Monterroso, de Cable Gardenias y del radioperiódico Despertar Occidental de Coatepeque, quien sufrió una herida de bala en la mano izquierda, debido a lo cual se le amputó un dedo.

Amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y materiales, entre otras, son algunos de los hechos registrados. Los periodistas se quejan de que los expedientes están en permanente investigación, lo que desestimula las denuncias. Desde el año 2003 hemos documentado 668 agresiones en contra de periodista, entre ellas 25 asesinatos, de los cuales solo un caso llegó a sentencia.

Hemos insistido ante los distintos gobiernos que el discurso debe ser coherente con la práctica; que el clima en que se ejerce la profesión periodística en el país no es el idóneo y que necesitamos muestras claras de que hay un estricto apego a lo preceptuado por la Constitución, las leyes y convenios internacionales en cuanto al trabajo de las y los periodistas.

En muchos casos han sido policías y agentes vinculados al Estado los supuestos responsables de los hechos de violencia, pero lamentablemente también grupos sociales se han constituido en una grave amenaza para el gremio.

Hoy estamos a la espera de que el presidente de la República, Jimmy Morales, tal como nos han expresado los funcionarios con quienes hemos mantenido un diálogo abierto y franco como alianza de Asociaciones y Cámaras de Periodistas y algunos medios de comunicación, anuncie que a la brevedad pondrá en práctica un Programa de Protección a Periodistas, con el que esperamos se atenúen los riesgos que afronta el gremio.

En el 2012, el representante del Estado de Guatemala, durante la celebración del Examen Periódico Universal en Ginebra, asumió el compromiso de impulsarlo. Lamentablemente estos casi cuatro años fueron perdidos por el fracaso manifiesto del proceso impulsado por la denominada “mesa técnica”; en ese lapso siete periodistas fueron sido asesinados.

Esta propuesta que elaboramos y consensuamos más de 17 entidades gremiales y medios que nos acompañan está apegada al esquema legal; respeta la estructura estatal, propone capacitaciones, coordinaciones Estado y periodistas, y busca establecer un mecanismo ágil, oportuno, viable, efectivo y eficiente que prevenga y proteja a quienes ejercen con responsabilidad la función periodística.

Numerosas entidades internacionales que trabajan en protección a periodistas, la Unesco y la PDH apoyan nuestra gestión.

Guatemala, 2 de julio de 2016.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA