El presidente de la República, Horacio Cartes, en uno de sus viajes de apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta en el departamento de Concepción: Presidencia de la República

 El secretario de la Codehupy, Óscar Ayala, dijo que se trata de un patrón de actuaciones de las fuerzas públicas de Paraguay.

Para el secretario ejecutivo de Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala, el operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que terminó con la muerte de una niña de tres años no es un hecho aislado sino se inscribe en un patrón de actuaciones de las fuerzas públicas de Paraguay como la Policía Nacional y las Fuerzas de Tarea Conjunta(FTC).

En su opinión este caso es más grave aún porque los agentes de la Senad “son funcionarios del Estado que no están autorizados a portar armas ni realizar las diligencias que vienen llevando adelante en el marco de lo que ellos llaman la lucha antidroga”.

En cuanto a las responsabilidades políticas, administrativas y penales, dijo que este ente estatal es una secretaría que depende directamente de la Presidencia de la República, por lo que estos hechos comprometerían al mismo presidente Horacio Cartes.

A través de un comunicado Codehupy calificó de “parapolicial” y de actuación similar a la de “una banda de sicarios” las acciones de agentes de la Senad en la ciudad de Nueva Italia, a poco más de 30 km de Asunción.

Agentes de este órgano estatal el sábado último acribillaron con armas de guerra una camioneta donde viajaba una familia, hiriendo a una persona adulta y matando a una niña de apenas tres años.

Esto bajo la sospecha de que intentaban huir, en el marco de un operativo de detención de un cargamento de marihuana.

En tanto el padre de familia Zanotti, abuelo de la niña fallecida y que manejaba el vehículo acribillado, explicó que visitaban con su esposa, su hijo y su nieta un terreno familiar donde cultivan caña de azúcar. Y que al ver dos camionetas sin chapa, y conocer que en la zona son frecuentes los robos, intentó huir y en ese momento recibieron los disparos.

La indignación social en distintas esferas se hizo sentir y costó la renuncia del secretario de la Senad, Luis Rojas, como también representa una crisis más dentro de la presidencia de Horacio Cartes.

En seguida salieron otros antecedentes similares de la Senad, como la muerte de un bebé de 25 días, en mayo de 2013, al ser arrestada y recluida su madre en las dependencias de la secretaría.

En seguida el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Mnp) recordó un informe suyo de 2014 donde señala que la Senad no tiene potestad ni de portar armas, de detener personas ni recluirlas en sus instalaciones.

Ayala recordó que un principio cardinal del derecho es la presunción de inocencia y que en estos sucesos la actuación de los agentes no tuvo en cuenta los derechos de las personas que eventualmente estaban persiguiendo.

“La actuación de estos agentes no tuvo propósito alguno de tener en cuenta los derechos de quienes estaban vigilando o persiguiendo. Aunque hubiesen sido personas buscadas por alguna sospecha fundada por la justicia, el Estado no puede, a través de ningún agente estatal, empezar a atacar a tiros a un vehículo”, dijo.

“Solicitamos una rigurosa investigación, no solo en relación a los nueve agentes de la Senad imputados, sino también de la conducta del agente fiscal interviniente”, expresó Codehupy en su postura pública tras los hechos.

También pidió que se intervenga y reconduzca la actual actuación ilegal e ilegítima de la Senad, “cuyos agentes portan armas, detienen y recluyen personas en recinto propio, sin un marco jurídico habilitante, con lo cual usurpan funciones que son propias de la Policía Nacional”.

Para Ayala, en este escenario de actuaciones de distintas fuerzas públicas, también el Parlamento paraguayo tiene su co-responsabilidad al aprobar la ley 5036/2013, que autorizó que las Fuerzas Armadas se desplieguen en el Norte del país, y que permitió la formación de la Fuerza de Tarea Conjunta, que combina en sus filas policías y militares.

Esta ley fue la primera propuesta por el gobierno de Horacio Cartes, con el argumento de combatir el terrorismo en los departamentos de Concepción y San Pedro.

En estos tres años de actuación la FTC tuvo múltiples denuncias de atropello, abusos y violaciones de derechos elementales de poblaciones rurales, incluyendo denuncias de muerte de “falsos positivo”, denunciadas principalmente por organizaciones defensoras de derechos humanos y pastorales religiosas.

En esta realidad Ayala dijo que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de rectificar algo las cosas, puesto que tiene que definir una acción de inconstitucionalidad contra la ley de militarización del Norte, presentada este año por el Servicio Paz y Justicia(Serpaj Paraguay).

 Asunción, 22 de junio de 2016

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)