Si hay un terreno de predilección para la manipulación de la opinión pública, es bien la economía. No sólo se miente alegremente en cuanto a las cifras y a su significado: el uso abusivo de conceptos ambiguos en torno a los cuales reina la indefinición, y una jerga impenetrable provista muy a propósito de significados oscuros cuando no contrarios al sentido común y/o al que ofrecen los diccionarios, constituyen un muro impenetrable tras el cual se ocultan ‘expertos’ y economistas.

La prensa obediente se hace eco de tales engaños y le sirve de altavoz a la mentira y a la disimulación. Un titular de La Tercera (Chile) nos da un brillante ejemplo: “Gasto fiscal bordea el 24% del PIB, el nivel más alto en al menos 26 años.”

En un país en el que el dogma oficial tiene todo lo público por detestable y al Estado por la causa de todos los males, los presupuestos generales del Estado deben ser raquíticos. Un aumento de la recaudación fiscal, y peor aún del ‘gasto fiscal’, es un anatema. El citado medio lanza una alarma asimilable a las sirenas que anuncian los bombardeos, insinuando que el ‘gasto fiscal’ está fuera de control.

En algún sitio escribí que si el sector público construye un hospital se habla de ‘gasto’, pero si el sector privado edifica una clínica lo consideran una ‘inversión’. Toda la ideología neoliberal está ahí.

El modelo económico heredado de la dictadura –profundizado en ‘democracia’– busca limitar el espacio de lo público a los servicios de policía y a las fuerzas armadas (o sea a la represión) y a un remedo de administración cuya acción arquetípica se resume a la construcción de infraestructuras fallidas como los puentes Cau Cau y Loncomilla. Es la consecuencia del credo de Ronald Reagan aplicado al campo de flores bordado: “El Estado no es la solución, es el problema”.

Se trata pues de reducir el espacio público –Estado, administraciones regionales, municipios– a su mínima expresión, y de orientar su acción en provecho del sector privado. Samuel Huntington, soporífero autor del bodrio “Choque de Civilizaciones”, lo dice claramente: “los gobiernos nacionales no son sino residuos del pasado cuya única función consiste en facilitar la acción de las elites.”

Si lees los presupuestos del Estado de Chile, verás partidas de millones de dólares inscritas bajo el ítem “Transferencias a privados” (sic). Como indica la partida presupuestaria, se trata de dinero público destinado a agentes privados. Así, el ‘gasto fiscal’ no es sino una transferencia de recursos públicos al sector privado, a menudo sin contrapartida identificable.

Si la costra parasitaria que desgobierna el país se enorgullece de haber puesto a Chile en la OCDE, se cuida mucho de precisar que el promedio del ‘gasto fiscal’ de los países que la componen es de un 33% del PIB, muy por encima del 24% que denuncia La Tercera. En los países industrializados que encabezan la OCDE el ‘gasto fiscal’ gira en torno al 45-50% del PIB.

Por otra parte, en promedio, la parte del PIB que recaudan y ‘gastan’ los Estados de la Unión Europea gira en torno al 40%.

Los ‘expertos’ chilenos argüirán que, en estadios de desarrollo similares a los de Chile, los países industrializados aplicaban un régimen impositivo análogo. Mienten desde luego: no existe una relación mecánica entre la presión fiscal y el nivel de desarrollo. Tratándose de impuestos prima el poder político y los intereses que representa.

Los EEUU constituyen un buen ejemplo: la primera potencia económica planetaria tiene uno de los regímenes impositivos más ligeros del mundo. Accesoriamente va acompañado de una deuda pública que excede el 100% del PIB, pero eso es un detalle. No siempre fue así. En materia de ‘impuesto a la renta’, el año 1964 la tasa marginal para los ingresos más altos era de un 91%. Esa tasa bajó a un 70% durante buena parte de los años 1970. Sin embargo fue en ese período que los EEUU conocieron las más altas tasas de crecimiento de su economía.

A partir de los años 1980 –con Ronald Reagan– el riquerío vio bajar sus impuestos de manera vertiginosa, hasta llegar a un 28%. Sin embargo es poco probable que algún ‘experto’ estudie la relación de causa a efecto entre un régimen impositivo que favorece la concentración de la riqueza en pocas manos, bajas tasas de crecimiento y una interminable serie de crisis recurrentes.

En los EEUU el ‘gasto fiscal’ federal representa algo más del 25% del PIB. En la OCDE hay sólo tres países con impuestos más bajos: Chile, Turquía y México. ¿Alguna relación entre el nivel de desarrollo y el régimen impositivo? Sólo los ‘expertos’ chilenos se atreven a afirmarlo. Omitiendo señalar que el impuesto a los beneficios de las empresas en los EEUU es uno de los más altos del mundo: un 35%, superior al de Francia (34%) y al de Alemania (30%), y por cierto al de Chile: un 22,5% en el ejercicio 2016.

No obstante, el diario La Tercera subraya la ‘preocupación’ del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés ante ‘el avance del gasto fiscal’. En realidad, Valdés se refirió a la necesidad de ‘estabilizar el déficit fiscal’, o sea la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta: “Chile tiene que hacer lo necesario para que el déficit fiscal no se amplíe más”, declaró.

Para ello hay dos caminos. Reducir el ‘gasto fiscal’ o aumentar los ingresos. El Estado puede determinar su nivel de gasto por un lado, y su nivel de ingresos vía el régimen impositivo por otra. Ya vimos que la presión fiscal chilena es una de las más bajas de la OCDE. Al mismo tiempo Chile ostenta una de las peores distribuciones de la riqueza en el mundo. Si en la OCDE el PIB remunera el capital y el trabajo en un promedio 50-50%, en Chile la remuneración del capital alcanza un 70%, y el trabajo debe conformarse con un magro 30%. Los impuestos al consumo, como el IVA, que afectan a los sectores más modestos, financian el 50% de los presupuestos del Estado. El aporte de la actividad empresarial llega apenas a un 15%.

Todo se resume a la cuestión de saber a quién beneficia la política económica en vigor. Las cifras relativas a la remuneración del capital y del trabajo por un lado y las que determinan quién financia los presupuestos públicos del otro, no dejan dudas al respecto.

La economista Cecilia Cifuentes de Libertad y Desarrollo –‘think tank’ neoliberal– justifica la alarma ante el aumento del ‘gasto fiscal’ con incomparable candor:

“Este es un crecimiento del sector público a expensas del sector privado, porque se financia con alza de impuestos y no creo que haya un beneficio claro...”

Es sabido que cada vez que el sector público y el interés general progresan, lo hacen a expensas del interés privado. Del mismo modo que el lucro progresa cuando bajan los salarios y viceversa. David Ricardo, lo expresaba claramente cuando escribía:

“No puede haber un aumento del valor del trabajo sin una caída del lucro (…) “La proporción que puede ser pagada como salario es muy importante para la cuestión del lucro; porque debe notarse que los beneficios serán altos o bajos en exacta proporción a que los salarios sean bajos o altos”

(David Ricardo - The Principles of Political Economy and Taxation” - 1817)

En Chile, país en el que se practican salarios miserables, el único modo de aumentar el volumen de negocios del sector privado consistió y consiste en privatizar los servicios públicos, y en reducir el papel del Estado al de valet de la empresa privada.

No hay ‘ciencia económica’ capaz de determinar una verdad inmutable. Una política económica coherente exige determinar a quién se desea favorecer: al conjunto de la ciudadanía, o a un puñado de transnacionales.

Quienes lanzan alaridos de pavor ante un supuesto aumento del ‘gasto fiscal’ –olvidando de paso que en Chile ellos mismos son los principales beneficiarios– no hacen sino exaltar un dogma que protege los intereses de la docena de familias –el Club privado– que posee el país.

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