Mañana y el viernes el proceso se desarrollará en las tierras Marina Kue, lugar de la masacre en 2012

Asunción, 1 de junio .- Cuando se cumplen cuatro años de los hechos en este mes de junio, el controversial proceso judicial llega a su fin.

Esta semana el tribunal, fiscales, defensa, campesinos y campesinas acusadas, sobrevivientes, familiares de víctimas, colectivos en defensa de los acusados y público en general viajan a 300 kilómetros de la capital paraguaya para recrear los acontecimientos, de tal forma a considerar detalles topográficos de lo sucedido.

Durante toda su investigación el Ministerio Público afirmó que en el terreno los 60 campesinos ocupantes de las tierras estatales emboscaron a los 324 policías que participaron del operativo.

En tanto que la defensa, los campesinos y campesinas procesados e investigaciones independientes señalan que la misma proporcionalidad de fuerzas, las pruebas gráficas existentes y los testimonios indican que fue la policía quien atenazó al grupo de agricultores.

El juicio llega a su final con un movimiento social y defensor de derechos humanos con la percepción de un final pre-definido con un escenario probable de condenas para los campesinos y campesinas.

Esto porque el caso está atravesado por profundos intereses políticos y económicos que en 2012 aprovecharon la crisis y conmoción de la masacre para destituir irregularmente al gobierno de Fernando Lugo y preparar la carrera política del actual presidente, Horacio Cartes, lo que representó el regreso al gobierno de los sectores políticos más conservadores y corporativos del país.

También por las violaciones procesales elementales en todo el proceso fiscal-judicial, partiendo de una orden de allanamiento irregular que generó la masacre, una investigación fiscal visiblemente parcial y no objetiva, con un tratamiento de pruebas cuestionado y una acusación fiscal no circunstanciada al no mostrar la responsabilidad exacta de cada acusado o acusada.

En uno de sus puntos de actuación más controversial, la fiscalía decidió investigar en el proceso solamente la responsabilidad de los campesinos y no de los policías, responsables de la muerte de 11 campesinos esa mañana del 15 de junio de 2012.

Esta no investigación a policías es aún más grave si se tiene en cuenta el informe sobre el caso la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que estima que de los 11 campesinos muertos, al menos 7 fueron ejecutados después de la refriega central.

Éstos y otros antecedentes de ejecuciones, torturas, maltratos y violaciones elementales de las garantías de campesinos y campesinas involucrados sencillamente no fueron tenidos en cuenta por la investigación fiscal ni el proceso judicial.

“Evidentemente este juicio no va a concluir solo aquí en Paraguay…está siendo observado y va a tener repercusiones. Si aquí no se hace justicia, hay otras instancias supranacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de derechos Humanos…que pueden dar sentencia(en el caso de la Corte) al respecto”, dijo a inicios de mayo Rosa María Ortiz.

Esto cuando fue entrevistada por la radio Ñandutí sobre el caso, como conocedora del circuito de litigios internacionales en su condición de ex relatora de las Naciones Unidas.

Después de la reconstrucción de los hechos en terreno, el juicio seguirá en Asunción a partir del lunes, esperando un informe de la policía científica española sobre la cadencia de disparos durante la refriega.

Finalmente el tribunal convocará a una fecha próxima para los alegatos concluyentes de defensa y Ministerio Público, para luego deliberar y decir un veredicto.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (Base Is)

Foto: Qué pasó en Curuguaty