Macri llegó a la presidencia con banderas de transparencia y eliminación de la corrupción y ya está involucrado en un desfalco de envergadura. Los Papeles de Panamá destaparon su titularidad de empresas off shore que nadie constituye por motivos lícitos. Como mínimo esas sociedades son gestadas para evadir impuestos, fugar capital u ocultar administraciones turbias de fondos.

Por esta razón el presidente no las incluyó en su declaración de impuestos. Inicialmente intentó negar su participación en esas compañías y finalmente aceptó su presencia en una (Fleg Trading). Pero luego apareció otra (Kagemucha) y en total serían siete.

Macri afirmó que las firmas fueron creadas para realizar una inversión posteriormente desechada en Brasil. Pero no explicó por qué motivo ese emprendimiento requería generar un fondo intermediario en Bahamas. Declaró que la empresa se disolvió sin realizar actividades, pero hay evidencias de gran movimiento de dinero en la inmóvil compañía.

La falsedad siguiente fue más ridícula. Macri argumentó que ejerció un papel ocasional como director por pedido familiar, como si ese cargo no entrañara responsabilidades. Minimizó su labor señalando que no fue accionista omitiendo la irrelevancia de esa función. En las firmas off shore las acciones son al portador y sus tenedores son tapados o ficticios. En cambio el director adopta decisiones y es muy sospechoso que no declare ingresos por ese rol.

            Una investigación elemental de los movimientos de las firmas revelaría rápidamente lo que se está ocultando. Las off shore se crean para mantener ese secreto. Pero como presidente del país debería ser obligado a mostrar qué hay detrás de esas empresas.

Prontuario del grupo

Las motivaciones del ocultamiento saltan a la vista: el grupo Macri siempre protegió su fortuna en guaridas del exterior. Al principio fue Italia (Lugano) y luego Bahamas o Panamá. Ya circulan varias hipótesis sobre las razones del último escondite.

El emporio familiar ha sido afectado por numerosos conflictos que condujeron a la división del patrimonio en tres partes (Macri Group, Sideco Americana, Constructora Iecsa). Las firmas off shore son utilizadas para administrar esas tensiones sin ningún control del fisco.

            Algunos piensan que con esa pantalla se lavó el dinero de ventas ficticias al pariente Calcaterrera o que esa transferencia ocultó testaferros. Otros consideran que se enmascararon las propiedades de Mauricio para sortear incompatibilidades con su rol de intendente y presidente. En ambos cargos ha firmado licitaciones a favor de otros miembros del clan.

Los pases de propiedad y las ventas simuladas entre empresas están incorporados a las transacciones corrientes de un grupo que perpetró incontables fraudes. En 1982 lucraron con el endeudamiento en divisas y el posterior rescate oficial de varias empresas (Sideco, Pluspetrol, Socma, Iecsa, Dragados y Obras Portuarias). En 1989 cobraron sobreprecios por contratos de recolección de basura (Manliba). En 1995 realizaron un gran contrabando de autopartes en el sector automotor (caso Sevel) que fue descubierto, corroborado y luego perdonado por los jueces menemistas

La secuencia de estafas continuó con el cobro de peajes en rutas sin ninguna contrapartida de inversión y con la fuga masiva de capital durante el colapso del 2001. La familia se benefició también con la pesificación asimétrica (2002) y con la privatización del Correo mientras esa operación generó ganancias. Durante la era K obtuvieron lucrativos contratos de obra pública.

            Los Macri se han enriquecido a costa del Estado. Se especializaron en la gestión de coimas y en la obtención de subsidios oficiales para financiar sus quebrantos. Como fracasaron en muchos negocios lograron diseñar auxilios a su medida con los funcionarios de turno. Con ese auto-socorro en mente Macri impulsó la creación de firmas off shore en la ciudad y ahora prepara un blanqueo general de capitales.

El adalid de la transparencia no distingue mucho la frontera entre lo público y lo privado. Su actual secretario legal y técnico (Clusellas) dirigió el estudio encargado de gestionar las operaciones off shore del grupo familiar.

Otro personaje del mismo entramado que maneja la intendencia de Lanús (Grindetti), creó una off shore en Panamá con poder para operar en Suiza, durante su gestión como ministro de Mauricio en la ciudad. Algunos sospechan que también esas cuentas incluyen dinero de los Macri.

La corrupción es un dato cotidiano del gobierno actual. El presidente viaja al sur y se aloja en la quinta de un magnate inglés que usurpa tierras de la Patagonia (Lewis), utiliza helicópteros privados para traslados oficiales y auspicia el nombramiento de familiares, amigos y novias en todos los niveles del estado. Ahora sabemos que la “Ceocracia” gobernante es también una “Off-shorecracia”, que transfiere al exterior la ganancias obtenidas en el país.

La norma de fugar y evadir

Macri ha contado con un gran blindaje para frenar el escándalo de sus empresas off-shore. Garantiza ante todo su impunidad a través de la oficina anti-corrupción. En lugar de iniciar una investigación de los papeles de Panamá ese organismo repite los pretextos del presidente. También obtiene amparo de la Unidad de Investigación Financiera, que ha sido copada por banqueros expertos en la fuga del capital.

            Macri aprovecha con la protección del arco político patronal que rechazó en el Congreso un pedido de informes sobre su patrimonio. Carrió se autoerigió como jueza del problema y ya dictaminó la inocencia del sospechado, a partir de inconsistentes documentos que le acercó el padrino Franco.

            Pero la principal cobertura del presidente proviene de los grandes medios de comunicación, que ocultan la repercusión internacional de las revelaciones de Panamá. La Nación silencia el tema a pesar de integrar el circuito de diarios que destapó el escándalo. Como los propietarios del periódico tienen una firma off shore semejante a la familia Macri el silencio contribuye a la auto-preservación.

            Los medios también aportan argumentos para justificar lo indefendible. Afirman que Macri sólo cometió un involuntario error al omitir información impositiva, cuando es evidente la intencionalidad fraudulenta de crear un sello fantasmal en el exterior.

Afirman que esas empresas son “legales”, omitiendo el curioso status de compañías forjadas en un país para violar las normas vigentes en otro. Además, olvidan que la frontera entre lo lícito y lo ilícito es muy borrosa en paraísos que administran la evasión de impuestos junto al tráfico de drogas.

            Otras justificaciones señalan que abrir un cuenta off shore “es normal” en un país carente de “confianza, seguridad o reglas claras”. Con ese argumento presentan a los responsables del vaciamiento financiero como inocentes víctimas. Presuponen que los capitalistas tienen derecho a no pagar los impuestos que tributa el resto de la ciudadanía.

            Pero el grueso del oficialismo no pierde tiempo en explicaciones. Recurre a la vieja coartada de remitir el problema a los tribunales. Repiten el llamado a que “la justicia investigue”, sabiendo que por ahora ningún juez tomará el caso en serio. Los principales magistrados son servidores del gobierno de turno que congelan las demandas comprometedoras. Sólo retoman esas causas cuando los presidentes pierden poder.

            Siguiendo esta regla los jueces protegen actualmente al oficialismo, mientras arremeten contra el kirchnerismo. Taponan los Papeles de Panamá y todos los días descubren algún nuevo desfalco de la era K. Han destapado la fortuna ilegal de los Báez que disimularon durante una década. Con arrepentidos, confesiones y videos ilustran las estafas de Santa Cruz para que nadie hable de las malversaciones off shore.

Bastaría hurgar un poco en los contratos que suscribió Macri intendente con sus familiares (Calcaterra) y amigos (Caputo), para descubrir el mismo mecanismo de enriquecimiento que engordó a Báez. Incluso podría notarse que esas compañías fueron las principales socias del santacruceño.

Los íntimos del presidente ganaron dudosas licitaciones, manejaron el 30% de las obras de la ciudad, no concluyeron los emprendimientos prometidos y obtuvieron insólitos permisos de construcción en áreas privilegiadas. Ahora se disponen a lucrar con la ampliación del monto de contrataciones oficiales directas.

La misma doble vara rige la causa del dólar futuro. Un juez de la servilleta acusa a Cristina por grandes pérdidas del estado, en los contratos que compensaban una devaluación cantada. Pero los capitalistas próximos al gobierno que lucraron con la misma operación son exculpados (Caputo, Torello, Quintana).

            Todo sirve para acallar los Papeles de Panamá. Ese silencio es particularmente promovido por los bancos especializados en la malversaciones off shore, que intermediaron en el reciente acuerdo con los buitres. Sólo el HSBC manejó 4001 cuentas bancarias no declaradas en Suiza de grandes acaudalados de Argentina.

Los financistas han copado el gabinete colocando 27 altos directivos en lugares estratégicos del gobierno. La mayoría trabajó en Wall Street y ya diseñaron canjes de deuda, emisión de títulos nacionales y provinciales y la repetida bicicleta de altas tasas de interés con el dólar planchado. Manejan estos negociados con la misma familiaridad que la operatoria off shore.

El ocultamiento de cuentas en el exterior es casi una política de estado impuesta por la alta burguesía, que tiene depositado en los paraísos enormes fortunas. En el listado de Panamá no sólo figuran todos los popes del capitalismo local (Coto, Pérez Companc, Amalita, Clarín). También Techint ha transferido su sede administrativa a Luxemburgo e YPF-Chevron acordaron pagos off shore en su último contrato. Hasta personajes renombrados de los medios (como Nisman o Angelici) tienen operaciones propias en los paraísos. Las firmas de Macri son un fiel reflejo de toda clase dominante.

Contradicciones del imperio

Obama enfrenta un dilema frente al caso Macri-Panamá. Por un lado intenta sostener a su nuevo servidor del Cono Sur y por otra parte necesita tomar distancia de un escándalo en puerta.

El presidente argentino garantiza sometimiento a Estados Unidos en un momento de creciente inestabilidad en Brasil y otorga todo a cambio de nada. Permite que la DEA, la CIA y el FBI desembarquen en el país, mientras el Departamento de Estado continúa apoyando a Gran Bretaña en la usurpación de Malvinas.

Macri se aproxima a la Alianza del Pacífico, acepta una relación comercial asimétrica con el Norte, avala la obstrucción del desarrollo nuclear autónomo y renegocia la presencia china

            Pero esta sumisión no le impide a los grandes medios estadounidenses (NYT, WP, CBS) informar los negocios que se silencian en Argentina. Macri comienza a ser visto como el típico presidente corrupto del Tercer Mundo, que los yanquis abandonan cuando se torna inservible.

            La problemática off shore suscita actualmente reacciones contradictorias en Estados Unidos. No cabe duda que los paraísos han servido al capitalismo norteamericano, desde que Panamá aportó su etiqueta a los buques petroleros que no tributaban en ninguna parte.

            En los años 60 las inversiones extraterritoriales fueron incentivadas por el Tesoro yanqui para solventar el déficit fiscal con divisas recaudadas en el exterior. El mercado de eurodólares potenció ese mecanismo de absorción de los capitales excedentes. Posteriormente la misma captación incluyó el dinero de la mafia y la droga.

            Los paraísos fiscales se expandieron a otra escala en las últimas tres décadas de neoliberalismo. Se estima que en la actualidad movilizan unos 11,5 billones de dólares, bajo el estricto monitoreo de Wall Street, el FMI y el Departamento del Tesoro.

            Pero en los últimos años apareció un conflicto en la gestión de esos fondos entre las firmas radicadas dentro y fuera de Estados Unidos. En Nevada, Dakota del Sur, Wyoming o Delaware operan empresas con los mismos atributos que ofrecen las off shore del Caribe. Sólo Delaware cuenta con 1.181.000 sociedades para lavar dinero de cualquier origen.

            Estados Unidos se ha convertido en una aspiradora del dinero sucio que circula por otros paraísos. Suiza y Luxemburgo ensayan alguna cogestión para atemperar esa competencia y también Londres -que maneja el 24% del negocio- participa de la disputa.

            La difusión de los Papeles de Panamá forma parte de esta guerra entre financistas. El listado no fue divulgado por hackers o wikileaks, sino por un consorcio localizado en Washington y financiado por Soros y Rockefeller. Se ha publicado sólo una porción mínima de los voluminosos archivos anunciados y hay muy pocos estadounidenses entre los nombres que tomaron estado público.

            Panamá ha sido la tercera filtración de una secuencia que afectó anteriormente a Luxemburgo y Suiza. Las firmas establecidas en el país centroamericano o en Bahamas se ubican en lugares muy distantes (número 13 y 25) del ranking encabezado por Suiza, Hong Kong y Estados Unidos. La rivalidad en curso incluye también cínicas campañas para ponderar la transparencia de los yanquis frente a la opacidad de sus competidores.

            Pero el régimen off shore afronta un problema más agudo; ha creado graves quebrantos fiscales en todo el mundo. Al tolerar que las empresas eludan la tributación con un simple cambio de domicilio ha socavado los pilares de la recaudación. La magnitud de los impuestos evadidos ya alcanza cifras descomunales. Sólo entre 2008 y 2014 las 50 mayores empresas de Estados Unidos transfirieron 1,4 billones de dólares a los paraísos.

Por esta razón los off shore están en la mira de sus propios promotores. Desde el temblor financiero del 2008-09 todas las cumbres de las grandes potencias han incluido algún debate sobre el tema. Nadie sabe cómo resolver el problema pero todos deben considerarlo, a medida que se agiganta el bache fiscal.

Macri es un personaje irrelevante en ese escenario. Puede zafar o quedar muy involucrado en los perdones o sanciones, que emerjan de cualquier reorganización de los paraísos.

El kirchnerismo entrampado

El kirchnerismo motoriza las denuncias del negocio off shore para contrarrestar la avalancha judicial que Macri promueve contra Cristina. Cuestionan la doble vara que se ha instalado para juzgar a ambas figuras. Los errores involuntarios del primero son contrastados con las malversaciones premeditadas de la segunda.

            Este contrapunto es alentado por un sector derechista (Carrió), que pretende afianzar al gobierno con el discurso de la herencia y la venganza anti-K. Otra fracción (Pinedo) prefiere concertar con el peronismo, para recrear los pactos que consagraron la impunidad de Menen y De la Rúa. Los jueces aceleran o frenan las acusaciones contra Báez en función de esa disputa.

El kirchnerismo sugiere que todos los dólares contados en la Rosadita son irrisorios en comparación a los desfalcos perpetrados por la familia Macri. Detalla los fraudes de su rival, pero se muestra muy reticente a aclarar lo ocurrido en el propio campo. En este terreno plano repite todos los lugares comunes del oficialismo. Convoca a que la “justicia investigue” y se excusa de emitir cualquier opinión antes que aparezca algún dictamen de los tribunales.

Esta postura le impide al kirchnerismo hablar seriamente de la corrupción. Ensayan un relato inverso al macrismo exculpando a Cristina de todo. Aceptan que Báez, Boudou o Jaime cometieron irregularidades, pero niegan cualquier ilegalidad del matrimonio Kirchner. Es la misma actitud que adoptan los hombres del PRO para eximir a Mauricio de todas las anomalías cometidas por su padre.

Los indicios de complicidad del Néstor (como gobernador y presidente) con las estafas de Báez son abrumadores. Apañó el sistema de sobreprecios en la obra pública y su transformación en divisas fugadas al exterior, que luego eran reconvertidas vía lavado en propiedades o activos.

En ese entramado participaron colaboradores financieros del ex presidente (Clarens), que abrieron cuentas en Estados Unidos, España, Uruguay y Panamá. Un ex secretario de Néstor (Daniel Muñoz) figura en el mismo listado off shore que compromete a Macri. El estudio panameño que organizaba los fraudes asesoró a Báez, pero toda la operatoria se habría descontrolado con el ingreso de varios aventureros al manejo del lavado (Fariña, Elaskar)..

            Estas denuncias tienen la misma solidez que las acusaciones sobre la familia Macri. El malabarismo K para cuestionar un caso omitiendo el otro genera infinitas inconsistencias. El kirchnerismo intenta disimular la similitud de muchas estafas, para ocultar que el negocio off shore prosperó por su tolerancia a la gran fuga de capitales de la década pasada.

Los niveles de corrupción de ese período estuvieron muy lejos de la fiesta menemista o del robo organizado de la dictadura. Pero incluyeron numerosos fraudes por parte del grupo que manejó las contrataciones públicas. Con formas muy desprolijas esas malversaciones ampliaron varios patrimonios personales. Néstor y Cristina, por ejemplo, nunca pudieron explicar el insólito engrosamiento de sus bienes. La fortuna de Báez y el emporio de Cristóbal López son ramificaciones del mismo proceso.

Al minimizar estos fraudes afirmando que “Macri es peor” se olvida que ningún robo puede ser convalidado con argumentos de “mal menor”. Quiénes afirman que “hubo corrupción pero se favoreció al pueblo” agachan la cabeza frente a la cleptocracia y repiten la vieja resignación ante los que “roban pero hacen”. Esa actitud impide revisar todas las falencias del kirchnerismo.

El boomerang de la corrupción

Varios diarios occidentales han situado a Macri junto a los corruptos del Tercer Mundo. Es uno de los cinco mandatarios en funciones involucrado en negocios off shore y se lo ubica en un lugar próximo a los gobernantes de Ucrania, Sudáfrica, Sudán o Arabia Saudita. El blindaje local no puede protegerlo de ese retrato de la prensa internacional.

            El estudio que utilizaron los Macri (Mossack Fonseca) es conocido por protagonismo en el submundo de las finanzas. Está involucrado en el Lava Jato de Brasil y en ocultamiento de los bienes de la familia real española. Sus conexiones con México disparan todas las alarmas, desde que se supo que el Cartel de Sinaloa depositaba sus ingresos en el HBSC, siguiendo las huellas de la Camorra italiana en la City de Londres.

            Macri supone que sorteará los efectos del escándalo de Panamá. Pero por la misma causa ya renunció el primer ministro de Islandia y Cameron se encuentra bajo asedio en Inglaterra. También dimitió un ministro de industria del gobierno derechista de España que ponderan todos los seguidores del PRO.

            Las empresas off shore representan una pesada carga para el futuro político de Macri. El establishment utilizará esa carta para evaluar su gestión, acallando o potenciando las consecuencias de esa irregularidad según el curso que adopte su gobierno.

Pero el destape de Panamá también indica cuán riesgoso es utilizar la bandera de la corrupción para cualquier operación política. El estandarte que esgrimen los políticos reaccionarios para socavar a los gobiernos progresistas de Sudamérica se puede convertir en un boomerang, si la cruzada continúa bajo el mando de corruptos tan descarados.

Macri es un ejemplo de esa contradicción y carece de autoridad para exigir transparencia luego de ocultar sus negocios off shore. Pero un contrasentido mucho mayor se está gestando en Brasil, luego de golpe consumado por una pandilla de bandidos.

 Utilizaron el pretexto de la corrupción para desplazar a Dilma sin exhibir la menor prueba de esa acusación. Impusieron la destitución por una infracción administrativa del presupuesto que ha sido frecuente en todos los gobiernos. Para colmo, coronaron a un vicepresidente que participó en la misma adulteración de la contabilidad fiscal.

El nivel de corruptela de los golpistas es indescriptible. El presidente de la Cámara y artífice del operativo -Cunha- debió se acallado por su complicidad en incontables delitos. Lo mismo vale para Temer, que en lugar de la presidencia debería estar alojado en una celda. Como muy bien definió el New York Times: “Dilma no robó nada y fue juzgada por una banda de ladrones".

Los golpistas son aventureros que participan en partidos de alquiler, para venderse al mejor postor a la hora de capturar las prebendas oficiales. Protagonizaron la bochornosa sesión del Parlamento que votó el impechment sin referirse a la acusación. El 60% de los personajes que en esa sesión ponderaron a torturadores, militares, evangélicos, nietos, esposas o amigos del barrio, arrastra causas judiciales.

            Los golpistas ya designaron ministros conservadores, anuncian planes de ajuste y preparan operativos de represión. De los 23 miembros del gabinete 7 están procesados y 12 participaron en las coimas de Petrobras. Esa gente intentará justificar su gestión con argumentos de transparencia. Los malversadores que restauran el neoliberalismo con insólitas banderas de honestidad están encendiendo una hoguera en la región.

Una bandera de la izquierda

La corrupción es intrínseca al capitalismo y se alimenta de la estrecha relación que mantienen las clases dominantes con las elites del funcionariado. Los poderosos acumulan riquezas utilizando las garantías legales del estado y los mecanismos que violan esas normas. El equilibrio entre ambas fuentes varía en cada país y período, pero es un dato generalizado del sistema actual.

            El neoliberalismo acentuó la corrupción con los paraísos fiscales, para aligerar la carga impositiva de los privilegiados y descargar todo el peso de la tributación sobre los trabajadores.

Por eso la desigualdad social se ha incrementado en forma explosiva. Los estados recaudan menos y utilizan sus recursos para rescatar a los capitalistas cuando estalla la crisis (2008-09). El negocio off shore es un engranaje de ese dispositivo. Asegura la expatriación de beneficios mientras los estados nacionales solventan las pérdidas.

            En América Latina esa desventura es mayor por la magnitud de la localización externa de las ganancias. Se estima que sólo por evasión con exportaciones fueron sustraídos del fisco 600 mil millones de dólares al año entre el 2002 y el 2011. La restauración neoliberal en curso agrava el problema. Facilita la expatriación de los beneficios mientras impone al pueblo mayor austeridad.

            La derecha presenta una imagen invertida de esa realidad. Culpa a los desposeídos y exonera a los millonarios. Utiliza, además, el discurso anti-corrupción para movilizar a las clases medias irritadas o desilusionadas con el progresismo. Este lema ha calado también entre los sectores populares fatigados con el doble discurso del kirchnerismo o el lulismo.

La corrupción no es tema menor, ni se ubica naturalmente en el campo de la derecha. Es un legítimo reclamo popular de transparencia y probidad en el manejo de los fondos públicos. Es una exigencia que la izquierda debe asumir con propuestas de control social efectivo de la administración estatal y punición de los malversadores.

            Pero estas demandas requieren total limpieza en el campo popular y una valoración permanente de la ejemplaridad de los dirigentes. Son reclamos que exigen actuar en espacios políticos con tolerancia cero hacia los corruptos. Este principio ha sido burlado por el kirchnerismo y se agrava con su permanencia en el partido justicialista.

            Lo ocurrido con el PT de Brasil es igualmente ilustrativo. Su dirigencia quedó comprometida en el entramado del Menselao y con el turbio manejo del Petrolao. Gobernaron aceptando oscuros pagos por la aprobación de leyes y convirtieron a sus funcionarios en embajadores de las multinacionales.

            Esta complicidad con el poder desmoraliza a las bases y desilusiona a los militantes. Cuando se acepta el capitalismo como único horizonte posible se avala también la ilegalidad que exige ese sistema. La izquierda puede liderar la batalla por la honradez si confronta con la matriz capitalista de la corrupción.

22-5-2016.

Claudio Katz

Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz