El sector agropecuario juega un papel clave en las economías y en las sociedades de América Latina. No solo como producto de exportación, generación de renta y alimentación, sino también en la sostenibilidad social y ambiental de la región. Empleo, seguridad alimentaria, calidad de los suelos, biodiversidad, son algunos de los factores que pueden verse favorecidos o amenazados según las formas de producción y comercialización de los productos agropecuarios.  

En los últimos años ha aparecido un nuevo factor de preocupación en el sector: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el cambio climático.  La preocupación principal está centrada en la forma en que el cambio climático está afectando estos rubros productivos: sequías, cambios en los regímenes de precipitaciones, granizadas, aumento de la temperatura, etc.; pero también en la contribución de sus emisiones al propio fenómeno del cambio climático. La mayoría de los países de América Latina ha incorporado legislación o políticas específicas y ha creado mecanismos institucionales para atender la nueva problemática.

Pero el desarrollo agropecuario está además, íntimamente relacionado con otro sector de alta relevancia para el cambio climático: el forestal. La frontera agropecuaria se ha expandido -y seguramente continuará expandiéndose- a costa de los bosques. La pérdida de bosques provoca emisiones de CO2 a la vez que la nueva forestación captura CO2 de la atmósfera. Por esta razón, desde la perspectiva de los análisis sobre cambio climático, estos aspectos se consideran de manera conjunta bajo un gran sector denominado AFOLU, siglas en inglés de Agricultura, Ganadería, Forestación y otros Usos del Suelo.

Las emisiones de GEI del conjunto de actividades AFOLU son muy significativas en América Latina, bastante más de lo que ocurre en la mayoría de las otras regiones del mundo. A nivel global las emisiones provenientes de los sectores Agropecuario y Forestal representan un cuarto de las emisiones globales. Sin embargo en Latinoamérica, este porcentaje supera el 50% y por eso se ha vuelto primordial para la región.

En 2012 las emisiones totales de GEI de América Latina fueron 4,560 MtCO2e[1]. Desagregándolas por rubros, 900 MtCO2e (20%) provinieron de la Agropecuaria mientras que 1,430 MtCO2e (31%) fueron causadas por las emisiones de la deforestación[2]. Los principales gases emitidos por la Agricultura son: el N2O (óxido nitroso) -derivado de la aplicación de fertilizantes sintéticos en la mayoría de los rubros- y el CH4 (metano) originado particularmente en los cultivos de arroz. En el caso de la Ganadería el principal gas es el CH4 (metano) producto de la fermentación entérica del ganado y del estiércol. En el sector forestal el principal gas es el CO2 que se libera a la atmósfera en los casos de corte y fundamentalmente en los procesos de deforestación de los bosques y selvas naturales.   

El desarrollo agropecuario de las últimas décadas en la región ha aumentado la frontera ganadera a expensas de los bosques, lo que ha generado no solo mayores emisiones sino que ha favorecido las condiciones para que los impactos locales del cambio climático sean mayores; por ejemplo, que las inundaciones tengan efectos más severos. Por otra parte se han expandido monocultivos agrícolas (particularmente de soja), en muchos casos provocando deforestación por si mismos o como resultado del desplazamiento de la ganadería. Estos monocultivos terminan reduciendo la capacidad adaptativa natural de los ecosistemas agrícolas, contribuyendo también a agravar los efectos del cambio climático.

La influencia de las negociaciones internacionales

En las negociaciones internacionales de cambio climático son varios los temas que se entrecruzan en las discusiones sobre los temas agropecuarios. Por un lado la Adaptación, es decir, que medidas se adoptan para intentar reducir los efectos del cambio climático sobre la producción agropecuaria. Por otro lado la Mitigación, o sea, como se reduce la contribución de este sector a la emisión global de GEI. Y finalmente la Financiación: quien debe hacerse cargo de los costos de Adaptación y Mitigación del sector.

Durante el pasado diciembre, la 21ª Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención de Cambio Climático reunida en París, decidió que los países deberán presentar, a más tardar en 2020, sus Contribuciones Predeterminadas a nivel Nacional (CPN). Estas deben indicar los esfuerzos que están dispuestos a hacer tanto para reducir las emisiones de GEI como para adaptar sus sistemas productivos a la nueva situación.

Esta decisión tiene una larga historia previa de manera que los países de América Latina han venido trabajando sobre los aspectos de Mitigación y Adaptación al cambio climático en los sectores agropecuario y forestal. Previo a la reunión de París, los países debían presentar sus INDCs (siglas en inglés de Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas) y la mayoría de los países latinoamericanos  incluyeron en ellas medidas vinculadas al sector agropecuario[3]. 

Sin embargo, los países de la región han sostenido en las negociaciones, que los gastos tanto de mitigación como de adaptación en los países en vías de desarrollo deben ser asumidos por los países desarrollados en virtud del Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas.  Por esta razón la mayoría de las acciones propuestas están condicionadas al aporte financiero internacional.

De las acciones o metas que los países latinoamericanos están dispuestos a realizar con su propio esfuerzo, pueden citarse a modo de ejemplo:

-Uruguay, el único país que incluye la mitigación en el sector ganadero, se compromete a reducir la intensidad de emisiones de metano y óxido nitroso en 33 % y 41 %, respectivamente, relativo a cada kg de carne para el año 2030, utilizando 1990 como año base.

-Ocho países (Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay) mencionaron que utilizarán más biocombustibles provenientes de biomasa. Brasil se propone una meta específica para biodiesel: aumentar la propor­ción de biodiesel en la matriz energética en un 18 % al 2030.

-Argentina resalta diferentes iniciativas que el sector agrícola como la siembra directa, la rotación de cultivos y la agricultura de precisión, aunque no establece metas específicas.

-Brasil tiene como meta restaurar 12 millones de hectá­reas de pastizales degradadas al año 2030, junto con la mejora de cinco millones de hectáreas de sistemas agrosilvopastoriles integrados.

-Costa Rica propone varias medidas para manejar sumideros de carbono (planes de uso del suelo, refores­tación, deforestación evitada) como opción de mitigación.

-Uruguay se propone capturar 13,2 MtCO2 en el sector Forestal.

En general todos los países se proponen metas más ambiciosas siempre y cuando sean asistidos con los recursos financieros para llevarlas a cabo. Este será uno de los ejes de los debates de los próximos años. Pero no será el único en lo que refiere a las actividades AFOLU.

Argentina y Uruguay, dos de los principales productores agropecuarios latinoamericanos, han sostenido en las negociaciones que las emisiones derivadas de la producción de alimentos deben ser consideradas de manera diferente a las otras emisiones. Su argumentación se basa en el artículo 2 de la Convención que señala que la producción de alimentos no debe verse amenazada por el cambio climático.  Este argumento se ha visto reforzado en el Acuerdo de París que estipula en su artículo 2 que debe promoverse  “un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos”. De manera que es de esperar que en las negociaciones que se van a estar desarrollando en los próximos años este sea un tema central para los países agropecuarios de la región.

Por otra parte, varios países productores agropecuarios –y no solo de la región latinoamericana- vienen discutiendo desde hace años las metodologías de cálculo y medición de las emisiones de la ganadería y la agricultura. Particularmente la manera de estimar el potencial de calentamiento atmosférico del metano y el óxido nitroso.

Sostenibilidad agropecuaria

La producción agrícola y ganadera, así como los procesos de deforestación vienen acumulando impactos negativos en el medioambiente latinoamericano desde varias décadas atrás. El fenómeno del cambio climático solo viene a agravar la situación de unos ecosistemas ya bastante deteriorados. Las repercusiones políticas que se derivan de las negociaciones internacionales, agregan una nueva señal de la necesidad de un cambio de orientación en los modos de producción del sector agropecuario.

En este sentido, el fenómeno del cambio climático es una oportunidad para los gobiernos de América Latina para avanzar en políticas públicas que detengan la deforestación y promuevan prácticas agropecuarias más sustentables desde el punto de vista ambiental. Es también una oportunidad para la sociedad civil, preocupada por estos temas, para proponer una agenda de política forestal, agrícola y ganadera con una perspectiva ecológica.

Ya existe suficiente evidencia de los impactos locales de los modelos productivos actuales y ahora existe también una preocupación a nivel internacional por los impactos globales derivados del cambio climático. Los gobiernos tienen la obligación de presentar Contribuciones Nacionales para la Adaptación y Mitigación del cambio climático. Es una tarea también para la sociedad civil, darle contenidos de profunda transformación a estos sectores productivos para recuperar los ecosistemas degradados y asegurar la futura sostenibilidad de la agropecuaria en la región.

Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

(Publicado originalmente en el relanzamiento de Agropecuaria.org el portal en desarrollo rural y sustentabilidad de CLAES)