Si bien desde hace décadas, en instancias internacionales, los gobiernos han asumido compromisos para lograr un planeta que garantice una alimentación digna para todos y todas, el hambre perdura como un asunto crítico irresuelto.  En 1974, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Alimentación, precisamente, estableció como objetivo: “dentro de una década ningún niño se irá a dormir con hambre… ningún ser humano se verá afectado por la desnutrición”.

Hoy, alrededor de 795 millones de personas padecen hambre en el mundo.  Más de 34 millones son de América Latina y el Caribe, región que produce y exporta más alimentos en el planeta, pero también donde hay mayor desigualdad e injusta distribución de la riqueza.  Según declaraciones de José Graziano da Silva, Director General de la FAO, en la XXXIV Conferencia Regional de este organismo, realizada en México del 29 febrero al 3 marzo de 2016, se acordó “acabar con el hambre y la malnutrición en menos de diez años”.

Buenos propósitos, magros resultados.  ¿Por qué?  Por insistir en soluciones erradas, pero que benefician con creces a los grandes intereses que se mueven en este campo sobre la base, entre otros, de dos mitos: la escasez y el incremento de la producción y la eficiencia.  La realidad es que no hay falta de alimentos, pues el sector campesino está en capacidad de producir alimentos para todo el mundo, pero sí abundantes intereses mercantiles en la alimentación que se traduce en una distribución inequitativa.

En los años ’60, como “solución” se impulsa la llamada revolución verde de la agricultura que con el tiempo terminó por establecer un reparto cada vez más injusto, la pérdida de diversidad biológica y de suelos fértiles, y una creciente dependencia alimentaria supeditada al agronegocio.  Y, hoy, como relevo, se pretende dar continuidad a lo mismo a partir de una nueva revolución tecnológica: la biotecnología asociada a la ingeniería genética, impulsada por un puñado de corporaciones que busca el control monopólico del sistema alimentario global.

De hecho, desde la década de los ’90 asistimos a una nueva fase del capitalismo hegemonizada por el capital financiero y las corporaciones transnacionales[1], que pasan a controlar la producción y el comercio mundial de las principales mercancías.  Situación que repercute en cambios estructurales en la producción agrícola, debido al despliegue de un nuevo modo de producir basado en el monocultivo, con el uso extensivo de la tierra y la búsqueda de la mayor escala posible, el empleo intensivo de agrotóxicos y de la mecanización, y la imposición de semillas propietarias y transgénicas.

En esta nueva fase, se va diluyendo la distinción entre banca y empresas comerciales de materias primas, al tiempo que los bienes comunes –como la tierra, el agua, la energía, los minerales, etc.- se tornan en meras mercancías.  Y es así que la presencia de actores financieros en el sistema alimentario global ha dado pábulo para que se monte la manipulación especulativa del mercado de alimentos, porque ahora éstos se transan en las bolsas de valores internacionales.  ¿Se acuerdan de la crisis alimentaria que explotó en 2008?

Una alternativa político-estratégica

Reivindicando el principio que la alimentación es un derecho humano y no una mercancía más, el movimiento internacional Vía Campesina propone la noción de la soberanía alimentaria como alternativa político-estratégica al agronegocio y su matriz socialmente injusta; económicamente inviable; subordinada a grandes corporaciones (cuyo propósito es el incremento de sus ganancias), insustentable para el medio ambiente; y con una producción de alimentos con graves consecuencias para la salud[2].

Esta propuesta aborda cuestiones estructurales para impulsar un modelo de producción alternativo, como el uso de la tierra y el territorio, la apropiación y gestión de los recursos, la agroecología, el comercio local e internacional, el desarrollo sostenible, la acción participativa, derecho a la alimentación, etc.

Específicamente, para la Vía Campesina, la soberanía alimentaria es el derecho de la población a producir y consumir comida saludable y culturalmente adecuada, obtenida con métodos ecológicamente sostenibles; lo que solo es posible si se fortalece la agricultura campesina y sus sistemas de producción.  En tal sentido, abarca y supera el concepto de seguridad alimentaria planteada por la FAO –que hace referencia sólo a la disponibilidad y acceso a los alimentos para combatir el hambre– y el derecho a la alimentación.

Es decir, no se trata únicamente de producir una cantidad de alimentos que permita dar de comer al conjunto de la población, tal como se define la seguridad alimentaria, sino también de contemplar la calidad de esa producción, es decir, definir qué, dónde, cómo y cuánto se produce, que son las preguntas que hay que responder a través de la construcción de la soberanía alimentaria.

Por lo mismo, la soberanía alimentaria incorpora el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

Integra, igualmente, componentes multiétnicos y culturales, la gestión del territorio, la prioridad a la alimentación de la población local y de los sectores más vulnerables, la reforma agraria, la agroecología, comida sana, la protección de las semillas criollas, políticas de distribución de alimentos no sometidas a las exigencias del mercado, rescate de saberes tradicionales, capacitación, y mucho más.

Principios clave

La soberanía alimentaria, en síntesis[3], se expresa en los siguientes principios:

• Los alimentos no son mercancía; deben ser suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados para los pueblos y las comunidades.

• Los/as productores/as de alimentos, mujeres, hombres, pequeños agricultores, pueblos indígenas, pescadores artesanales, habitantes de los bosques y trabajadores/as agrícolas, deben ser revalorizados/ as por ser actores y actrices claves para su construcción; no deben ser subestimados por políticas ni programas que los/as colocan sólo como destinatarios/as de políticas asistencialistas.

• Quienes producen y consumen alimentos deben ser el centro de la toma de decisiones sobre las cuestiones alimentarias, rechazando los acuerdos y prácticas que otorgan poder a las corporaciones transnacionales para decidir sobre nuestra alimentación.

• La producción de los alimentos debe ser localizada para evitar enormes desplazamientos hasta llegar a los/as consumidores/as y el control del sistema alimentario debe ser local. Los/as productores/ as y la propia comunidad tienen que tener el control sobre el territorio, las semillas y demás bienes comunes, con el propósito de evitar su privatización y preservar la biodiversidad.

• La soberanía alimentaria recupera las habilidades y los conocimientos tradicionales del campesinado y las comunidades indígenas, favoreciendo su transmisión a las generaciones futuras.

• El sistema alimentario debe interactuar con la naturaleza, respetando sus ciclos, para lo cual son necesarios métodos de producción agroecológica que maximizan las funciones beneficiosas de los ecosistemas. Esta característica implica un claro rechazo a los monocultivos, las explotaciones ganaderas de factoría y la industrialización a gran escala.

Las organizaciones del campo identifican, a la vez, diversos factores que limitan el avance en la práctica de este modelo alternativo.  Éstos incluyen, entre otros, las distancias entre producción y consumo, en las ciudades, junto a la cultura consumista centrada en los centros comerciales y los supermercados.  Además, los sectores sociales urbanos de bajos ingresos no siempre están en posibilidad de permitirse pensar en una buena alimentación, cuando lo primordial es llenar el estómago, y al menor costo.

Mientras las experiencias de construcción de la soberanía alimentaria han avanzado principalmente en comunidades locales u organizaciones sociales, en la mayoría de casos aún no se han desarrollado suficientes estrategias específicas, instrumentos jurídicos ni infraestructura que permitan pensarla a niveles geográficos más amplios, provinciales o nacionales.

Por ello, la soberanía alimentaria implica considerar a la alimentación no como una cuestión personal y dependiente del poder adquisitivo, sino como un sistema alimentario que implica un proceso complejo que abarca la producción, el transporte, la comercialización, el consumo, las políticas económicas, sociales y científicas y las acciones de los movimientos sociales y de consumidores, que hacen que el alimento sea considerado un derecho.

Desde hace más de dos décadas, la Vía Campesina y otras entidades aliadas han venido desarrollando este concepto desde la teoría y la práctica, a nivel mundial, proceso que se ha plasmado en una serie de planteamientos y posiciones de consenso que se han venido afinando y que se ve reflejado en los acuerdos sucesivos de una serie de eventos internacionales.

Un logro importante en el escenario internacional es que se ha colocado el tema de la soberanía alimentaria en las Naciones Unidas e incluso en las constituciones y políticas públicas de algunos países.  Sin embargo, como suele suceder en tales casos, el sentido mismo del término “soberanía alimentaria” está en disputa, en vista de que las instituciones que lo adoptan luego pueden tratar de vaciar el contenido político, como está sucediendo en la FAO, cuando se lo pretende equiparar al concepto de agricultura familiar.

- Texto introductorio de la edición de abril 2016 de la revista América Latina en Movimiento (No. 512) de ALAI, titulada “Por los caminos de la soberanía alimentaria”.  http://www.alainet.org/es/revistas/512