En las últimas semanas se han renovado, han sido propuestas o se han concretado distintas iniciativas de reforma política y, en algunos casos, cambios que pasan por la reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.

En el marco de la crisis política vivida en el país entre abril y septiembre de 2015, finalmente se abrió paso la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Político procedente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual contenía algunos insumos provenientes de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado convocada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta propuesta, aprobada en las primeras instancias legislativas, fue cuestionada por distintas representaciones populares, indígenas, campesinas y académicas que exigían cambios más profundos, pero también apoyada por otro conjunto de actores procedente de corrientes institucionalistas y proclives al avance de reformas mínimas.

Las reformas a dicha ley, antes de ser aprobadas en definitiva y como mecanismo para aminorar las presiones al Congreso de la República, fueron enviadas a consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC). Dicho organismo dictaminó recientemente que limitar la reelección de diputados y la postulación de disputados distritales a través de comités cívicos departamentales podía ser considerado inconstitucional. No obstante, dio opinión favorable al voto de guatemaltecos en el extranjero, la representación de minorías en la dirección de los partidos políticos, la postulación “igualitaria” de hombres y mujeres en los listados de candidaturas y al límite parcial al transfuguismo político, entre otros. Estos cambios a la ley, de aprobarse finalmente en el Congreso, resultan sin duda importantes pero insuficientes para pensar que se está ante una reforma profunda del sistema político guatemalteco.

Asimismo han surgido propuestas de reformas en materia de justicia. En particular, reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público fueron aprobadas el 23 de febrero, después que el partido oficial y sus aliados en el Congreso intentaron cercenarla y desvirtuarla, en particular, condicionando la investigación criminal autónoma del Ministerio Público (MP). También se avanzó con la recién aprobada reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y han sido planteadas otras propuestas relacionadas con el servicio civil y el régimen de compras y contrataciones del Estado.

Sin embargo, tales reformas aprobadas o en discusión resultan secundarias e insuficientes para repensar en el régimen político, siendo que es ahí donde se encuentra el meollo de las crisis y los nudos problemáticos fundamentales del Estado guatemalteco. En ese sentido, en las últimas semanas han surgido dos propuestas de reforma a la Constitución Política, que se suman a las divulgadas previo a darse el relevo gubernamental en el mes de enero. Una de ellas provino de un bloque de diputados trásfugas provenientes del partido Lider, organizados como bloque PRO, el cual adujó la necesidad de discutir asuntos superficiales y secundarios como el número de diputados en el Congreso de la República y la pena de muerte. Dicho bloque rápidamente se integró a la bancada oficialista, con lo cual dicha propuesta pareciera haber perdido soporte. La segunda propuesta plantea un proceso del cual surgirían cambios al sistema de justicia y reformas limitadas a la Constitución Política las cuales serían decididas por el Congreso de la República a la Constitución y puestas a referendo popular posteriormente. Este proceso tendría como objeto de diálogo, discusión y formulación reformas a leyes ordinarias y a la Constitución Política. La propuesta proviene del MP, el Procurador de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Es indudable que todas estas propuestas se orientan a lograr el fortalecimiento del sistema político y parten del supuesto que dicho sistema, como vehículo del régimen político, es un factor que impide la gobernabilidad, el desarrollo y la democracia. A partir de ahí se plantea la necesidad de resolver nudos problemáticos que permitan la existencia de un organismo legislativo que legisle ágil y con coherencia con la problemática identificada, un organismo ejecutivo efectivo en materia de políticas públicas y un organismo judicial que sea eficaz en la administración de justicia. Claro está, los actores que lo promueven parten de concepciones enmarcadas en el establishment y tienen los recursos y condiciones institucionales para influir y que tipo de propuestas puedan abrirse cauce.

Más allá de lo que pudieran perseguir y el alcance de cada propuesta, vale decir que todas parten de la idea que el régimen político es perfectible. En su contenido ninguna de ellas plantea resolver integral y radicalmente las falencias y contradicciones de un Estado que, después de más de treinta años de la actual Constitución Política, está demostrando sus límites históricos para garantizar el bien común, para responder a las características de la sociedad guatemalteca y menos para dar respuesta a las demandas y derechos de los grupos, clases sociales y pueblos mayoritarios. Y esto es así, porque tampoco gestan la posibilidad para una correlación de fuerzas históricamente novedosa. Contrariamente, mantienen y consolidan el poder de los sujetos empresariales, mafiosos y rentistas que se relevan en el control del aparto público.

En tal sentido, pensar en la transformación del Estado y, por consiguiente, del régimen político en dirección a construir un país con justicia social, donde prime el bien común y el interés real de las grandes mayorías, requiere plantearse tres desafíos de primer orden en el proceso de formulación de propuestas.

1. La necesidad de una reforma profunda para garantizar el cambio de modelo económico, el cual a lo largo de las últimas décadas muestra como principal resultado la reproducción y crecimiento de la miseria en términos absolutos y relativos. Y esto se debe al acaparamiento por parte de grupos corporativos locales y empresas transnacionales de los medios de producción como la tierra, del capital dinerario como sucede con el crédito, al expolio y deterioro de los bienes naturales y la naturaleza, el atraso de las fuerzas productivas y la concentración de poder en el control de los sectores económicos. Asimismo se debe a una política económica que garantiza el raquítico pero importante crecimiento económico, la concentración de la riqueza socialmente producida y la reproducción de políticas para beneficio de la clase dominante, contraria al interés público y al bien común. Esto conlleva la imposibilidad de garantizar medios de trabajo, empleo y salario digno para las mayorías empobrecidas, lo que orilla a la implacable y riesgosa emigración, a la “escogencia” de opciones precarias en la economía informal e, inclusive, del crimen organizado.

2. El segundo desafío concierne al régimen político, que se concretiza en un Estado con un carácter y una orientación determinada por el interés del gran capital local y transnacional, y supeditado a poderes extranjeros como el de la Embajada de EE.UU. Asimismo, por un sistema de partidos dominado por la cooptación empresarial y mafiosa, por el interés y práctica rentista de los políticos y los partidos políticos, y por el clientelismo, cacicazgo y la corrupción como relaciones articuladoras fundamentales; es decir, un Estado en el cual predomina la defensa de un establishment profundamente antidemocrático. Eso impide que dicho sistema logre siquiera hacer efectivos los principios liberales de la representación política, la intermediación y la agregación de intereses de los grupos mayoritarios y de las minorías excluidas y marginadas..

3. El tercer desafío se relaciona con el proceso de formulación de propuestas de reforma política para la construcción de un Estado democrático o un Estado distinto al actual. Esto refiere a las condiciones, los sujetos y el proceso que son fundamentales para tales cambios. En ese orden, el conjunto de actores vinculados el establishment proponen –o imponen- como límite reformas que debieran ser aprobadas por el Congreso de la República, cerrando el paso a propuestas y demandas de una Asamblea Nacional Constituyente que, inclusive, pudiera trastocar los llamados artículos pétreos, que el poder soberano del pueblo pudiera requerir sean superados. De forma implícita o explícita se le niega a sujetos sociales, como los pueblos indígenas, la clase campesina, etc. ser parte fundamental en la concepción y acuerdo para un nuevo pacto social, pues esto implica abrir paso al interés y propuesta que de ellos emanan y que antagonizan con los intereses de la clase dominante y el dominio externo en Guatemala. Por último, se establecen procedimientos pensados e institucionalizados con concepciones y políticas restrictivas, por quienes definen el proceso y las condiciones del diálogo, discusión y formulación de las propuestas.

Es evidente que el conjunto de propuestas que se abren paso, están siendo hechas por tecnócratas o por pequeñas élites que creen saber cuál es el curso que debiera tener la reforma o la transformación política del país. Al extremo, son gestadas a puerta cerrada, excluyendo a sujetos sociales de primer orden como los pueblos indígenas, se plantean como procesos de diálogo nacional mientras se integran comisiones a dedo y se expresan planteamientos autoritarios que predeterminan el alcance y límite que debieran tener tales reformas. Y lo más grave, están siendo tuteladas desde representaciones diplomáticas injerencistas y organismos que operan reformas pensadas con objetivos geoestratégicos de potencias globales.

En tales procesos y propuestas se niega la necesidad de realizar una revisión profunda y radical al régimen político, por consiguiente, al Estado y al sistema político, tal y como ha sido planteado y demandado por múltiples sectores y organizaciones que, inclusive, están planteando la creación de un Estado democrático, popular, plurinacional y con justicia social.

Así las cosas, y tal como se pinta el panorama inmediato, lo que tendremos son reformas secundarias, que a lo sumo refuncionalizarán el actual régimen. Se continuarán negando las profundas falencias y contradicciones de un Estado que, por su carácter, impide la persecución del bien común y el interés público, pues lo supedita al interés del capital y de la clase dominante.

En estas condiciones hace falta que surja una fuerza política capaz de hacer avanzar esos cambios profundos y garantizar la representación, participación protagónica y propuesta de los sujetos históricamente dominados en la gestación de un nuevo Estado necesario.

- Mario Sosa es Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.