Otra vez en el sistema de salud se observa la crisis histórica, recurrente y progresiva que lo sigue hundiendo. La política neoliberal, el apretado presupuesto asignado al sistema, más la corrupción e impunidad que prevalecen, está provocando patatús a los servicios de salud. La escasez de insumos, de medicamentos, de inversión en infraestructura y dejadez de las autoridades responsables, salta a la vista.

La situación y condiciones en el sistema, han generado la movilización del personal médico y de salud de los hospitales nacionales. La protesta se está generalizando, el movimiento ha sumado la solidaridad de pacientes y usuarios. El gremio médico está exigiendo la renuncia del Ministro de Salud y Asistencia Social, Mariano Rayo, quien es señalado de promover la privatización de los servicios de salud y de no atender los requerimientos para abastecer a los hospitales y aliviar la situación de abandono existente. Lo grave de esto es el costo humano, la muerte de seres humanos por falta de atención, de medicamentos e insumos. En este tema, la indiferencia de las autoridades infringe derechos humanos. El Estado sigue violando estos derechos.

Por otra parte, la masacre de 17 reos ocurrida en un centro penal de cumplimiento de condena, provocada por un grupo rival, demuestra una vez más la debilidad institucional, las falencias, vacíos de autoridad, escaso profesionalismo, corrupción e impunidad que inunda al sistema penitenciario en particular y al de Justicia en general. Los hechos son producto de varias causas, algunos ex directores del sistema penitenciario, por ejemplo Eddy Morales mencionó, la violación de protocolos de seguridad, hacinamiento, abandono del sistema e insistió en la corrupción. Lo concreto es que el hecho ocurrió y según los peritajes realizados, la muerte de los reclusos fue provocada por heridas de arma de fuego y de machetes. ¿Cómo es posible que los reclusos tuvieran en su poder ese tipo de armas? Entonces, ¿Quién controla las cárceles? No es la primera vez que esto sucede, ha pasado antes y de seguir las cosas como están, es seguro que puede volver a ocurrir. Esto es otro reflejo de la crisis sistémica que padece el Estado y la institucionalidad. Es necesario recuperar el control total de las cárceles del país. El desafío lo tiene el Gobierno que asuma en enero 2016. Ese tipo de masacres no deberían volver a suceder.

Solidaridad con colegas columnistas que les han cerrado espacio en medios escritos tradicionales. Otro hecho que rechazo porque es una acción de censura al pensamiento crítico. Ocurrió estos días con un grupo de columnistas del matutino Prensa Libre, se puede calificar como una decisión arbitraria y discriminatoria, sobre todo porque está dirigida contra quienes con sus opiniones discrepan con el sistema corrupto, impune, desigual, in equitativo, racista, neoliberal, patriarcal y machista, contra quienes se posicionan a favor de la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, del medio ambiente, la vida y el territorio. No hay duda, el pensamiento libre y crítico, fastidia a las élites oligarcas y neoliberales.

En anteriores escritos he advertido sobre el deterioro en la situación de derechos humanos y las constantes amenazas a las libertades de prensa, expresión, pensamiento, investigación y divulgación de la información. El cierre de espacios para ejercer estas libertades es otro agravio a los derechos fundamentales de las personas. Reitero solidaridad con los colegas afectados.

Insisto, el actual Gobierno de facto, está contemplando el aguacero, dejando pasar el tiempo, entreteniendo la nigua. Nada más.