Durante el foro México Cumbre de Negocios, realizado en Guadalajara, Jalisco, varios oradores ilustraron con estimaciones puntuales sobre la profundidad y alcance del viejo y persistente problema mexicano de la corrupción. Cáncer social que tiene claras expresiones en el subcontinente, en el llamado tercer mundo y también en los países desarrollados, incluidas las potencias imperiales y dentro de ellas Estados Unidos, como lo puso en relieve la crisis financiera global que estalló en 2008 y de la cual la aldea aún padece sus consecuencias.

En la perla tapatía fue considerado como un lastre para la economía al tener un costo equivalente a 4 puntos porcentuales del producto interno bruto, lo que significa alrededor de 740 mil millones de pesos. Lo anterior es menos del 5 por ciento que aporta la producción agropecuaria al PIB.

Está muy bien que sean los voceros de grupos empresariales los que ahora demandan con mayor fuerza, oratoria por lo menos, que “México requiere acciones que vayan más allá de las reformas realizadas, entre ellas combatir la corrupción”. Acaso importa menos que lo hagan bajo la convocatoria de Miguel Alemán Velasco, heredero de la fortuna del presidente Miguel Alemán, uno de los más distinguidos saqueadores de los bienes nacionales, junto con el archimillonario Carlos Salinas, quien disfruta una residencia de 5 mil metros cuadrados.

Y ello se explicaría porque el cáncer que corroe al cuerpo social mexicano –desde sus elites gubernamentales y empresariales, pasando por los poderes fácticos cuya sola existencia es un acto corruptor de la arquitectura institucional, hasta llegar a su anchísima base social–, quizá está llegando a su límite, debido a que la vieja práctica de los beneficiarios sexenales que son unos cuantos, obstruye la concurrencia de otros grupos empresariales formados casi todos al amparo del poder público, el capitalismo de compadres.

La corrupción es todavía una vigorosa institución y, a la vez, la práctica más ejercida. Por desgracia aún es el aceite que hace funcionar el sistema de dominación que hasta ahora muestra ser relativamente eficaz. Sostengo que ningún funcionario público necesita robar para enriquecerse. Bastaba con la “comisión” obtenida de las compras, ventas y adquisiciones del sector público para lograrlo. Y más ahora que el señor 10 por ciento, que tanto popularizó Raúl Salinas, llega hasta el 50 por ciento, como lo evidenciaron diputados federales de Acción Nacional.

Por la extensión y profundidad del más peligroso cáncer que padece el país, y sobre todo en el entorno de inestabilidad económica y financiera que atraviesa la aldea global, resultan oportunas algunas de las críticas empresariales y propuestas como la formulada por Julio A. Millán para que el gobierno “Diga cómo se ejerce el dinero que aportan los contribuyentes y así evitar la corrupción”.

Para el titular del Ejecutivo federal “La transparencia es la nueva frontera de las democracias y a la par de la apertura gubernamental constituyen el mejor antídoto contra la corrupción”. Lo dijo en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2015.

Varios estudiosos del tema establecen una relación menos lineal y estiman que a mayor transparencia no necesariamente corresponden menos prácticas de corrupción. Ponen como ejemplo la creciente transparencia del Gobierno del Distrito Federal, pero con sus extensas e irritantes prácticas de corrupción en diversas secretarías y delegaciones políticas.

Utopía 1600

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