La teoría de los derechos humanos es un producto de la modernidad capitalista europea, proceso histórico que surge en 1492 con la invasión, conquista y colonización ibérica a nuestros territorios latinoamericanos y caribeños, y esta imposición violenta –por la espada y por la cruz- de la cultura española, origina el surgimiento de una historia universal, de un mundo colonial y de un continente marcado simbólicamente por el eurocentrismo, como expresión ideológica de la colonialidad.

Asimismo 1492 inicia, y en nuestro caso el año 1524, un complejo, difícil y desigual combate, por conservar - inicialmente mediante la resistencia indígena y posteriormente mediante la resistencia popular- nuestras propias raíces culturales, políticas, sociales y económicas.

Es precisamente en la resistencia indígena y popular - al invasor y al colonizador encomendero y doctrinero, así como a la oligarquía, al imperialismo y a la dictadura militar- que va tomando cuerpo la lucha por la dignidad contra un Occidente que aún se pretende superior, más aún en esta época de globalización neoliberal. A continuación exploramos estas temáticas.

Sobre la Modernidad capitalista europea

La Modernidad capitalista europea se encuentra hoy revisada y cuestionada desde distintas vertientes. El alemán Jurgen Habermas (1988) identifica tres antecedentes fundamentales de la Modernidad: la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. Deja fuera el Renacimiento pero principalmente deja fuera la Invasión Europea iniciada en 1492, aunque Habermas reivindica la modernidad europea como un proyecto inacabado. (El discurso filosófico de la modernidad, 2008).

Por su parte, el francés Jean Francois Lyotard, teórico del posmodernismo, en su crítica al proyecto de la Modernidad considera que este ha fomentado procesos cuestionables como el colonialismo, etnocentrismo, logocentrismo, eurocentrismo y universalismo, así como menciona el evidente fracaso de los grandes relatos, de los grandes proyectos de libertad, solidaridad y emancipación, entre los que incluye al liberalismo y al marxismo.

Enrique Dussel, como filosofo latinoamericano de la liberación, plantea por su parte que la Modernidad comprende un concepto racional de emancipación con el que podemos identificarnos, que incluye a los derechos humanos, pero a la vez advierte sobre el desarrollo de un mito irracional, la justificación de la violencia genocida, colonial, imperialista, racista, contra los pueblos no-europeos (América Latina, Asia, África) a los que les impone rituales de sacrificios y víctimas, e incluso por medio de la universalización de los derechos humanos justifica las intervenciones “humanitarias” como la realizada en la exYugoslavia, Irak, Afganistán y Libia.

O sea que la Modernidad europea al igual que Jano, posee dos rostros: uno emancipador y otro opresor. Dussel rechaza tajantemente la afirmación de los principales pensadores clásicos de la Modernidad (Kant, Hegel,etc.) en el sentido que la cultura europea sea superior a las otras culturas. La Modernidad capitalista establece una razón, a veces liberadora pero otras veces violenta y opresora.

Derechos humanos y Modernidad

La doctrina de los derechos humanos como parte de la Modernidad capitalista surge en la Europa del siglo XVI, XVII, y particularmente del XVIII, al calor tanto de las múltiples y sacrificadas luchas de los sectores populares y de la burguesía emergente en contra de la nobleza feudal, a la vez que de la construcción de las entonces atrevidas teorías emancipadoras de esta misma burguesía: el iusnaturalismo racionalista; el contractualismo; el positivismo jurídico, entre otras.

La teoría iusnaturalista sostiene que los seres humanos desde su propia naturaleza poseen unos derechos naturales que derivan de su racionalidad, en cuanto rasgo común y que esos derechos deben ser reconocidos por el poder político a través del derecho positivo, mientras que los contractualistas opinan que las normas jurídicas y las instituciones políticas no pueden entenderse como producto de la voluntad de los gobernantes, sino como el resultado del consenso o voluntad popular. (Ver Perez Luño 1996)

Por su parte, el positivismo jurídico sostiene que el derecho es un conjunto de normas dictadas por los seres humanos a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas.

Las teorías de la Ilustración, sean jurídicas, estéticas, axiológicas o filosóficas, no obstante su origen en la Europa expansionista y colonialista, inventaron múltiples términos que configuran el imaginario de nuestro sistema-mundo (civilización, estado-nación, sujeto, ciencia, razón, derecho, humanismo, democracia, universalidad, mercado, progreso, desarrollo, derechos humanos) y que reflejan un aspecto positivo, liberador, progresista, de este periodo histórico, de lucha contra la opresión y explotación feudal, en el contexto del surgimiento de la acumulación originaria del capitalismo.

Es en este proceso histórico que nacieron las primeras declaraciones de derechos humanos en Europa, entre estas desde Inglaterra la antiquísima Carta Magna de 1215; el Habeas Corpus de 1679; la Carta de derechos de 1689; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada por la Asamblea Constituyente francesa en 1789 y ya antes en las 13 colonias británicas se había proclamado la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ambas de 1776.

Y a la vez fueron estas doctrinas emancipadoras las que sirvieron de faro para las luchas independentistas latinoamericanas y caribeñas, iniciadas por el patriota haitiano Toussaint LOuverture. Y asimismo es en Europa que nace a mediados del siglo XIX las ideas emancipadoras del marxismo, que luego iban a difundirse por el continente latinoamericano, y que en El Salvador tienen su primera expresión formal en la tesis universitaria El Estado Centroamericano, de 191, del entonces estudiante vicentino Sarbelio Navarrete.

Pero mientras se proclamaba la libertad, igualdad y fraternidad en las callejuelas de Paris y de Londres, o en los barrios populares de Washington, simultáneamente se lanzaban desde la Europa civilizada, en la costa occidental de África campañas de caza de negros para ser esclavizados y se explotaban en las minas de oro y plata, en las plantaciones agrícolas, a los indígenas latinoamericanos y caribeños, y se preparaban las condiciones para agredir a la India, China, Indonesia. El colonialismo tiño de sangre la experiencia liberadora de la modernidad europea y condicionó la mentalidad de sus figuras más representativas, como Descartes, Kant, Hegel, etc.

El aspecto internacional de los derechos humanos y su impacto local

1. Las Cortes de Cádiz de 1810 y el Levantamiento Popular del 5 de noviembre de 1811

La convocatoria a Cortes para septiembre de 1810, en el marco de la guerra de independencia iniciada en 1808 por el pueblo español organizado en las Juntas Provinciales contra la invasión francesa de Napoleón, impactó fuertemente en el imaginario de los sectores liberales centroamericanos, que percibieron claramente el debilitamiento de la monarquía ibérica y afianzaron su voluntad de luchar hasta ser libres. En el Ayuntamiento de San Salvador, fueron propuestos para estas Cortes, José Matías Delgado, Manuel José Arce, y José Ignacio Ávila, este último originario de San Miguel resulto electo, incorporándose en julio de 1811.

Ávila incluso fue firmante de la Constitución de Cádiz, de 1812, de contenido progresista, que en su artículo 3 establece que “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”, en una claro desafío a la soberanía monárquica. Es en este marco de un imperio invadido, en crisis, que ocurre el levantamiento popular del 5 de noviembre de 1811, que es simbolizado por el toque de las campanas de la Iglesia La Merced y que tuvo como idea-fuerza el siguiente lema subversivo: “No hay Rey, ni Intendente, ni Capitán General, sólo debemos obedecer a nuestros alcaldes.”

2 La Liga de Mujeres Votantes Neoyorkinas y la Sociedad Confraternidad de señoras de la República de El Salvador de 1922

En 1920 el Congreso de Estados Unidos, ante la demanda del movimiento sufragista y después de 72 años de lucha, aprueba la 19 Enmienda a la Constitución, que permite el voto de las mujeres. Y si bien ese año desaparece la Asociación Nacional de Mujeres Sufragistas, de su núcleo surge la Liga de Mujeres Votantes (LWV), para impulsar el voto de las mujeres, pero a la vez impulsa este movimiento por América Latina y el Caribe. La LWV realiza en 1922 una Conferencia Panamericana en Baltimore, Maryland. Aunque no hubo representación de El Salvador, la LWV estableció luego relación con la salvadoreña María Solana Álvarez que ese mismo año funda la Sociedad Confraternidad de Señoras de la República de El Salvador, e inicia acciones en pro del voto femenino.

Este esfuerzo es retomado en 1930, por Prudencia Ayala, mujer de origen indígena, de Atiquizaya, que en un desafío inédito al sistema patriarcal vigente se presenta ante la Alcaldía Municipal de San Salvador, y ante la Corte Suprema de Justicia, para solicitar el voto femenino y al derecho de ser representante ciudadana en las próximas elecciones presidenciales de ese año, a pesar de que el derecho al voto de las mujeres no estaba ganado. En su programa de gobierno se incluye además del apoyo a los derechos de la mujer, el apoyo a la labor sindical, la honradez en la gestión pública, el reconocimiento jurídico de los hijos e hijas fuera del matrimonio y la libertad de cultos.

Pero es hasta ocho años después, que el gobierno del dictador Martínez reconoce en la Constitución de 1938 el voto de las mujeres, pero que solo podían ejercerlo las mujeres casadas y mayores de 25 años. En 1944, millares de mujeres marchan por las calles de San Salvador exigiendo el voto para las mujeres y finalmente en 1946 se legaliza el derecho y deber ciudadano del voto universal, así como el derecho de ser electas y representantes, alcanzándose a ratificar hasta la Constitución de 1950.

3. Las 4 libertades de Roosevelt de 1941 y las jornadas populares de abril y mayo de 1944

El 6 de enero de 1941 el presidente Franklyn Delano Roosevelt, en un discurso ante el congreso de Estados Unidos, y en el marco de la lucha contra el nazi-fascismo, plantea que existen cuatro libertades fundamentales que todas las personas “en cualquier parte del mundo “deberían disfrutar y que son la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo.

Los sectores democráticos y revolucionarios en El Salvador asumieron este programa como bandera para denunciar -sin mencionarlo abiertamente- los atropellos de que era víctima el pueblo por parte de la dictadura militar del General Maximiliano Hernández Martínez, así como para realizar preparativos insurreccionales que culminaron con el levantamiento cívico-militar del 2 de abril de 1944 así como la Huelga General de Brazos Caídos, que acaba con la tiranía el 8 de mayo de ese año.

4. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Constitución de Osorio de 1950

La Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948 representa el esfuerzo de los países ganadores de la II Guerra Mundial por establecer un Nuevo Orden Mundial basado en el respeto de los derechos humanos, no obstante las diferencias de enfoque derivadas de la existencia de un mundo bipolar, representado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Este acontecimiento impacta en El Salvador y permite que los sectores populares mediante la presión política, pudieran insertar en una nueva normativa constitucional aprobada en 1950 -por primera vez- derechos económicos, sociales y culturales, o de segunda generación.

5. La Política de Derechos Humanos de Carter de 1977 y el Compromiso Popular de Monseñor Romero 1977-1980.

En 1976 el presidente electo Jimmy Carter establece como base de su política exterior la promoción de la defensa los derechos humanos y esto le hace entrar en conflictos con las dictaduras militares que controlan la mayoría de países latinoamericanos en esa época. En El Salvador esta política es asumida por sectores democráticos para denunciar las violaciones cometidas por la dictadura militar y es asimismo retomada por el recién nombrado -febrero de 1977- Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien se convierte en un destacado crítico de la dictadura militar del General Carlos Humberto Romero, así como defensor de los derechos de los sectores populares, por lo que es asesinado el 124 de marzo de 1980.

Derechos humanos y luchas populares en El Salvador

En nuestro caso y dado el papel relevante que ha jugado la lucha por la vigencia de los derechos humanos en el esfuerzo que permitió en 1992 la desaparición luego de 60 años, de la dictadura militar y el inicio de un proceso de democratización de nuestra sociedad, se vuelve necesario ahondar en la compresión de la matriz contradictoria de estos derechos a la vez que sobre las raíces nacionales que han conformado nuestra historia de lucha por los derechos humanos, enmarcada en nuestra resistencia y lucha popular.

En ese marco se distinguen diversas etapas en el arduo camino recorrido por los sectores populares salvadoreños para conquistar su derecho a la dignidad. Identificamos cinco grandes etapas: la lucha por la autodeterminación nacional (1524-1821), la lucha contra el reclutamiento forzoso y por la unificación centroamericana (1821-1880) la lucha por la tierra (1880-1932) la lucha por la democracia (1932-1992) y la lucha por una vida digna (1992-2015).

Y entre los eventos fundamentales de nuestro proceso de lucha por los derechos humanos sobresalen las gestas independentistas conducidas por José Matías Delgado de 1811-1821; la gesta antimilitarista de Anastasio Aquino; las luchas unionistas de Francisco Morazán; las reformas liberales de Gerardo Barrios; la insurrección indígena-campesina de enero de 1932; las jornadas populares de abril y mayo de 1944; y la Guerra Popular Revolucionaria de 1980-1992.

A. El derecho a la resistencia a la opresión o derecho de rebelión (1524-1921)

En 1524 tropas al mando del Adelantado extremeño Pedro de Alvarado penetran por el occidente del país y entablan la primera batalla en la población de Acaxual ( hoy Acajutla). En esa memorable batalla Alvarado es herido por una flecha y queda cojo para toda su vida. Logran llegar en su expedición hasta el principal señorío indígena, llamado Cuscatlán (hoy Antiguo Cuscatlán). A lo largo de su recorrido encuentran focos de resistencia indígena. Al llegar a lo que hoy es San Salvador les hacen el respectivo Requerimiento de rendición a los indígenas y estos responden “que si quieren nuestras armas vengan a traerlas a las montañas.”Se refieren a los bosques que cubrían entonces el Cerro de San Jacinto.

Durante casi tres siglos los diversos componentes del pueblo salvadoreño hicieron uso de su derecho a la resistencia contra el colonialismo y la colonialidad. Hubo varios esfuerzos que se fueron reacomodando en reflejo de los cambios históricos y demográficos. El primer bloque de resistencia lo integraron las diversas nacionalidades indígenas en el plano militar (principalmente pipiles y lencas); posteriormente la resistencia indígena se fundamentó en la defensa de su identidad (territorios, lenguaje, sistemas de autoridad y de producción) y la construcción del sincretismo religioso; y el último bloque es ya el de la alianza entre mulatos, mestizos y criollos independentistas, dentro del cual los pueblos indígenas juegan un papel marginal.

B. La lucha contra el reclutamiento forzoso, por la unificación centroamericana (1821-1880)

Los procesos de independencia generaron dinámicas contradictorias. Por una parte, el sector criollo del bloque social subalterno pasa a convertirse en clase dominante y a partir de ahí inicia una serie de esfuerzos militares por imponer la hegemonía de las ideas liberales sobre los sectores conservadores, entre las cuales sobresale la búsqueda de la unidad centroamericana. En este esfuerzo rompen la tranquilidad de las aldeas indígenas y obligan a sus jóvenes a enrolarse en los ejércitos federalistas, lo que provoca la desintegración familiar y afecta la economía campesina, por lo que la bandera de la resistencia al reclutamiento obligatorio se vuelve una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas.

La gesta heroica en 1833 de Anastasio Aquino, dirigente indígena del pueblo nonualco, encarna esta resistencia contra las exigencias del gobierno liberal de Mariano Prado, lugarteniente del dirigente liberal centroamericano Francisco Morazán. Aquino se levanta en armas, organiza un ejército, derrota en varias ocasiones al ejército criollo-liberal, se toma Zacatecoluca y San Vicente, se ve obligado a abandonar la ciudad y se refugia en el cerro El Tacuazín, donde es cercado, capturado y posteriormente ahorcado.

La misma suerte correrá unos años después el General Francisco Morazán, que a su vez es derrotado por las fuerzas conservadoras, capturado y fusilado. La derrota de Aquino permite que los criollos convertidos años después en oligarquía cafetalera arrebaten las tierras comunales a los pueblos indígenas y los ejidos a los pueblos ladinos. La derrota de Morazán a su vez permite que las fuerzas conservadoras, aliadas a la iglesia, mediaticen la reforma liberal y dividan la región en cinco parcelas.

C. La lucha por el derecho a la tierra (1880-1932)

A principios de los años 80 del siglo XIX los liberales salvadoreños realizan una reforma agraria capitalista que nacionaliza tanto las tierras de las comunidades indígenas como las tierras municipales (ejidos), en un esfuerzo por crearle condiciones ventajosas al cultivo del café, mediante la venta de la tierra para la creación de fincas privadas así como de la creación de un masivo ejército de manos libres, en un típico esquema de acumulación originaria de capital.

Así nace la oligarquía agro-exportadora empotrada en Santa Tecla y Santa Ana, a la cual se le sumaron emigrante europeos y estadounidenses. Las comunidades indígenas reaccionaron con levantamientos que fueron brutalmente reprimidos. El mercado mundial nos convirtió en una economía cafetalera. La lucha por la tierra será desde 1880 y durante todo el siglo XX una reivindicación histórica frente al Estado.

D. La lucha por la democracia (1932-1992)

El capitalismo del café necesitaba peones que lo recogieran así como trabajadores que manejaran los ferrocarriles y puertos para su transportación. Necesitaba sastres, zapateros y panaderos. Así nació nuestra clase obrera. Y pronto apareció la lucha de clases: por parte de los trabajadores, las octavillas, huelgas, sindicatos, partido comunista. Por parte de la oligarquía agro-exportadora: amenazas, presiones, exilios, asesinatos, golpes de estado.

El 3 de diciembre de 1931 el general Maximiliano Hernández Martínez derroca al gobierno constituido. El 22 de enero los pueblos indígenas de Occidente, conducidos por Feliciano Ama y vinculados al Partido Comunista y a su dirigente Agustín Farabundo Martí, se levantan en armas contra el gobierno de los blancos. La insurrección fracasa y el General Martínez desata una cruel represión y establece una sanguinaria dictadura militar, que con diversas modalidades se mantiene hasta enero de 1992. Durante estos sesenta años la lucha por la vigencia de las libertades fundamentales se convierte en la bandera de los sectores populares y sus vanguardias revolucionarias.

En esta larga lucha, a finales de los años 70 del siglo pasado, juega un papel fundamental Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien como Arzobispo de San Salvador, se yergue en voz de los sin voz, denunciando valientemente los abusos cometidos por la dictadura militar y promoviendo la formación del primer organismo en defensa de los derechos humanos: el Socorro Jurídico del Arzobispado, fundado en 1977. Monseñor Romero por su predicación subversiva es asesinado el 24 de marzo de 1980.

Asimismo sobresale de esa época el Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” (COMADRES) fundado en 1977; la Comisión de Derechos Humanos, CDHES en 1978; Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM); Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados (COMAFAC), Departamento de Derechos Humanos (DDH) de Iglesia Luterana Salvadoreña, creado en 1990; Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madelaine Lagadec” (CPDH ), Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (Pro-Búsqueda); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)

Por otra parte, durante el conflicto armado (1980-1992) jugaron un papel destacadísimo tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que literalmente salvó la vida de muchos combatientes y líderes del FMLN y de los sectores populares, así como Tutela Legal del Arzobispado, creado en 1982 por Monseñor Arturo Rivera y Damas, y dirigido por María Julia Hernández.

E. La lucha por una vida digna (1992_2015)

Los Acuerdos de Paz de enero de 1992 representaron una radical reforma del sistema político salvadoreño y establecieron una nueva institucionalidad, en la cual uno de sus pilares fundamentales fue la creación en 1994 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, ente con rango constitucional que asume desde el Estado la protección, promoción y educación en derechos humanos de la población salvadoreña. El primer Procurador de Derechos Humanos fue Carlos Mauricio Molina Fonseca.

15 de octubre de 2015