A los senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática les ganan las prisas por “retomar un nuevo marco jurídico que legalice la participación del Ejército” en el combate al crimen organizado.

Si lo que buscan es legalizar, como explícitamente anuncian Roberto Gil y Miguel Barbosa, presidente del Senado y coordinador de los perredistas, respectivamente, significa que la intervención de las fuerzas armadas hoy es ilegal y para ser precisos anticonstitucional, por más maniobras que hizo la Suprema Corte en tiempos de Felipe Calderón para darle tintes legales al actor central de la criminal aventura denominada guerra contra el narcotráfico.

Aventura costosísima en vidas humanas, desaparición forzada, torturados, prisioneros inocentes, desplazados, hasta llegar a la crisis de derechos humanos actual. Guerra que se produjo para tres grandes propósitos: Dar legitimidad a un presidente que nunca la ganó y quedó sellado como espurio; pagar a George W. Bush el reconocimiento del triunfo que todo indica no se produjo en la urnas; satisfacer un reclamo ciudadano de más y mejor seguridad pública; entre otros.

La prisa está a la orden del día ante el reclamo del secretario de la Defensa y en menor medida del titular de Marina. Salvador Cienfuegos incursiona en la plaza pública con frecuencia creciente y beligerancia tan notable como ajena al papel del titular de la institución más política porque tiene como misión central ejercer el resquebrajado monopolio de la violencia del Estado. Y, por ello, de acuerdo a su legislación no deben intervenir ni hacer política en la plaza.

Para Gil Zuarth, secretario particular del soldadito de plomo en 2011, “es urgente, imperioso y necesario” llevar a cabo la reforma para que el Ejército y la Marina “puedan realizar con certeza” las funciones que se les encomendaron en seguridad pública.

La incompetente y además corrupta clase política, partidista y sin partido (“independiente”), con sus notables excepciones, pareciera guiarse por la máxima “Primero afusilas, luego viriguas”. Sacaron a los militares a las calles a realizar tareas policiacas, generando una crisis que la ONU valora como grave y exige a Enrique Peña Nieto un cronograma para que vuelvan a los cuarteles.

A Omar Fayad le resulta “urgente legislar para evitar los dimes y diretes en torno a las funciones policiacas que el Ejército ha debido emprender”. Para el aspirante casi eterno a la gubernatura de Hidalgo resulta menor lo que dicta la Carta Magna que por ningún lado contempla funciones policiacas. Pero fue Ivonne Álvarez la que confundió la sesión del Senado del viernes 9 con un mitin por la gubernatura de Nuevo León, y justificó que el Ejército está en las calles “no por la ley” sino “por pasión por México”. Demagogia harto peligrosa.

Nada menos que el presidente del Senado estimó que la “discusión de fondo no es sólo si los soldados regresan o no a sus cuarteles, sino cómo se quedan a pacificar a esa sociedad compleja”. Mandó a volar la exigencia del cronograma, hecha por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Peña Nieto.

Queda pendiente la observación del secretario Ejecutivo de la CIDH sobre los desafortunados juicios del general secretario el día 6 en Televisa: “Entiendo que quienes mandan son las autoridades civiles en México, en su caso tendría que ser el presidente de la república quien tome la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan, y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de Defensa son las últimas”. ¿Así o más claro?

Utopía 1592

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