El proyecto de ley que promueve la ‘descentralización’ de la administración pública, actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados, tiene como objetivo crear nuevas áreas para estimular los negocios basados en la especulación. Es un proyecto hecho a la medida de los sectores que se han especializado en los movimientos financieros, con pocos beneficios para la población.

La ‘descentralización’, en teoría, suena muy bien si estamos pensando en un proceso mediante el cual la gente que vive en las instancias políticas más pequeñas del país (municipio,  junta comunal, comunidad, vecindario) se organizan y se apropian del poder (empoderan) para tomar las decisiones. Sin embargo, lo que propone el proyecto es trasladar parte de las recaudaciones (el 50 por ciento) sobre los bienes inmuebles que realiza el gobierno central (el Ministerio de Economía Finanzas – MEF) a los municipios.

Hay 77 distritos municipales en la República. Sólo uno – el distrito capital de Panamá – tiene ingresos que le permite armar su propio presupuesto. Los demás son subvencionados por el gobierno central ya que no tienen ingresos suficientes para operar en forma autónoma. La nueva ley no cambiará la situación.  Los ingresos por concepto del impuesto sobre inmuebles superan los cien millones de dólares al año. Parte importante de esta cantidad pasará a los municipios (sobre todo al municipio capitalino) que no tienen planes ni capacidad para darle el uso debido a los fondos. Estos montos caerán en manos de los especuladores, desde el municipio más pequeño hasta el más grande.

La ley insinúa que los municipios preparen sus propios catastros para realizar los cobros. Incluso, reviviendo la experiencia de Cobranzas del Istmo, creada por el ex presidente Martinelli, acusada y clausurada por toda clase de irregularidades legales, sugieren que los municipios persigan a todos los morosos en sus impuestos a partir de 2016:

“El impuesto de bienes inmuebles, las morosidades y recargos causados, correspondientes a los períodos fiscales anteriores a 2015, recaudados a partir del 1ero de enero de 2016, una vez recaudados, se asignarán íntegramente a los municipios respectivos”.

El proyecto de ley es una improvisación para permitir que se realicen más negocios privados con los recursos de todos los panameños. La legislación que se propone no se sustenta en estudios sobre la población de los distritos que conforman la República. ¿El proyecto no se pregunta cuál es la estructura por edades de los distritos y cuál es la dinámica de las migraciones internas? En términos económicos, ¿cuáles son las características productivas de cada distrito? ¿Son servicios, agropecuarias? El gobierno dice tener una ‘Estrategia de inversiones’. ¿Cómo afecta esta ‘estrategia’ a cada distrito?

Panamá no tiene un Plan de Desarrollo Nacional como los demás países de la región (o del mundo) gracias a la oposición de los especuladores que controlan el gobierno. Sin embargo, un proyecto de ‘descentralización’ tiene que saber cuántos centros educativos hay en cada distrito y corregimiento. Además, cuántos centros de salud. Para que el proyecto pueda despegar (dudamos que lo logre por sus objetivos ajenos a lo que promete), los diputados tienen que incorporar a la legislación más información: comunicación terrestre y servicios urbanos en cada distrito (agua, aseo, electricidad). También tiene que contemplar los recursos con los cuales cuenta cada distrito en materia de justicia y policía.

El proyecto de ley para la ‘descentralización’ contempla el supuesto mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del país. Sin embargo, los legisladores desconocen cuales son las condiciones en que viven los panameños. Tampoco saben como podría un proyecto de este tipo beneficiar a las comunidades. El proyecto pretende incrementar los ingresos por impuestos a las viviendas. No se organiza en torno a un objetivo que beneficie a la población y tampoco tiene un plan de trabajo. Literalmente señala que cada distrito y junta comunal harán sus pedidos de manera espontánea. Se parece mucho a las transferencias millonarias que hacía el MEF en el pasado reciente a cuentas bancarias de representantes de corregimiento para que las administrara a nombre de un político corrupto.

Los fondos destinados a financiar la ‘descentralización’ deben destinarse a ejecutar un plan nacional de educación (pública) con la participación activa de los gobiernos locales. Hay que garantizar la construcción, calidad y mantenimiento permanente de los establecimientos escolares públicos y la capacitación de los educadores en cada municipio, comunidad y vecindario.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA