En el Perú, quince regiones se dedican a la producción de droga. El 60% de la producción de esta termina en el mercado norteamericano. El transporte de tal cantidad de droga se realiza a través de los 115 aeropuertos clandestinos ubicados estratégicamente en el territorio nacional. El narcotráfico mueve anualmente US$22 mil millones, lo que equivale al 17% de nuestro PBI. Estos son algunos datos que dio a conocer la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del Narcotráfico en los Partidos Políticos y Movimientos Regionales y Locales, durante el simposio “Propuestas Legislativas contra la Narcopolítica”. Durante el evento no solo se expuso el trabajo conjunto realizado en el último año, sino que se presentó alrededor de 20 proyectos de ley cuyo fin es combatir el narcotráfico.

La comisión, presidida por la legisladora Rosa Mavila, realizó más de 40 sesiones y entrevistó a más de 35 investigados y especialistas. El informe final, que muestra la gravedad de la situación actual que enfrenta el Perú en la lucha contra el tráfico de drogas, ha logrado identificar hasta diez formas en las que se infiltra el narcotráfico en la política peruana. Algunas de ellas son la penetración en los sistemas de justicia y la policía, la infiltración en la política local/regional, la generación de complejas redes empresariales, entre otras.

A la ley aprobada la semana pasada respecto al derribo de avionetas se suman nuevos proyectos que buscan atacar el problema del narcotráfico a través de medidas específicas. Porque no basta con aumentar las penas a los acusados por este delito, hay que atacar los puntos sensibles que permiten que prolifere la producción y comercialización de droga. Para eso se han enfocados en cuatro ejes: el sistema de administración de Justicia Penal, el sistema electoral, los ámbitos del transporte aéreo y marítimo, y el sub sistema penal y procesal penal.  Participaron del simposio, además, los congresistas Yehude Simon, Esther Saavedra, Agustín Molina, Julia Teves, Elard Melgar, así como el asesor principal Ricardo Soberón y los asesores adjuntos.

Los proyectos de Ley

Con respecto a la administración de Justicia Penal, se propuso la ley que modifica el nombramiento, ratificación y destitución de magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, para que se notifique de manera oportuna los fallos de los jueces y fiscales en casos de narcotráfico y lavado de activos. Asimismo, se planteó la prohibición del cierre temporal de comisarías y puestos policiales en zonas de alta vulnerabilidad por presencia del narcotráfico, así como la creación de oficinas de prevención contra el narcotráfico al interior del país.

Dentro del eje de reforma electoral se destacó la responsabilidad de los políticos en la lucha contra el narcotráfico. Por ese motivo, se propuso la creación de fiscalías  provinciales ad hoc que se encarguen de investigar los aportes y gastos de los candidatos a las alcaldías y gobiernos regionales, así como a sus partidos políticos, durante la campaña electoral, principalmente en las zonas de alta vulnerabilidad, como el VRAE. Esta labor se realizaría de manera conjunta con la ONPE. Se espera que la medida contribuya a la transparencia en el financiamiento de nuestras autoridades.

Uno de los temas de mayor relevancia para la Comisión es el que concierne al control terrestre, aéreo y marítimo. Así, se propuso la Ley de Control de Equipaje, Carga y Pasajeros en todo tipo de transporte con el fin de que las empresas dedicadas a este rubro asuman responsabilidad y se acabe con el traslado impune de droga. Por otro lado, se planteó la creación de la Escuela de Estibadores del Perú, cuya finalidad será formar y capacitar a quienes realizan esta labor en los principales puertos del país. Ello permitiría eliminar las mafias que operan en los puertos y evitaría el tráfico de droga a través de contenedores. También se expuso el proyecto que declara de interés público la implementación de hospitales dentro de los aeropuertos para realizar los operativos antidrogas. Además, se planteó modificar la Ley General de Aduanas, para que se autorice el ingreso a las zonas primarias de los puertos,  aeropuertos, terminales terrestres y  almacenes aduaneros a la policía.

En lo que concierne a la reforma penal y procesal penal, se propuso responsabilizar de manera civil, penal y administrativa a quien destine bienes al tráfico de drogas e insumos químicos. Adicionalmente, se dio a conocer el proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir la mutilación, incineración, destrucción o desaparición de documentos y pruebas de procesos judiciales seguidos por tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y comercialización de insumos químicos. Estas son solo algunas de las medidas presentados durante el simposio. Se espera que en las próximas semanas sean revisadas y aprobadas por el Legislativo.

La comisión pidió a los políticos que se le dé prioridad a estas propuestas, para poder frenar lo antes posible el flagelo del narcotráfico. Acabar con él requiere, más allá de grandes propuestas, voluntad política. Los proyectos de ley están sobre la mesa, es momento de ponerlos en discusión y pronta ejecución.

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