Por todos los medios posibles, los dirigentes políticos de Estados Unidos pretenden hacer invisible la crisis económica que tienen ante sí. Mientras que hace apenas unas semanas la presidenta del Sistema de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, insistía que el incremento de la tasa de interés de los fondos federales (federal funds rate) se llevaría a cabo finalmente durante el año en curso (tightening), ahora todo parece apuntar a que no será sino hasta el primer trimestre de 2016 cuando la Fed comience a cerrar el grifo de la liquidez global. 

Tanto la caída de los precios (deflación) –consecuencia de la caída en la rentabilidad capitalista–, la extrema debilidad en las expectativas de inversión, como la volatilidad de los mercados financieros, producto de la debacle económica en Grecia y los países más castigados por la crisis de la Eurozona, y el desplome de la bolsa de valores de China, son los determinantes que, según Yellen, postergan la decisión para el próximo año.

Es evidente que Estados Unidos se inclina más en buscar culpables en el exterior que en mirar a sus adentros para resolver su propia crisis. El deterioro industrial de Silicon Valley, Detroit, Virginia occidental, Misisipi, Alabama, así como el atolladero fiscal de la isla de Puerto Rico son signos sintomáticos de la decadencia económica estadounidense, que aunque se han mantenido poco atendidos por Washington en los últimos años, ahora empiezan a ganar presencia mediática. 

El caso de Puerto Rico es, por mucho, el de mayor notoriedad. Incluso, voces como la de Hillary Clinton (precandidata a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata) buscan sacar ventajas electorales haciendo eco de una crisis que, según sus palabras, debe resolverse urgentemente a través del apoyo solidario de la llamada Unión Americana.

Desde hace ya casi 10 años la isla de Puerto Rico se hunde en un mar de deudas. Ahora suman aproximadamente 70,000 millones de dólares, monto que equivale a más del ciento por ciento de su producto interno bruto (PIB). 

¿Cuáles son las causas que explican ese alto nivel de endeudamiento? Más que por ser un centro turístico de prestigio mundial, la economía de Puerto Rico venía sobreviviendo gracias a la actividad manufacturera, sobre todo de la industria farmacéutica. Sin embargo, el protagonismo de Puerto Rico en el sector comenzó a disminuir una vez que sus contrincantes asiáticos y del Este de Europa se adelantaron en términos de productividad laboral y desarrollo científico, desde mediados de la década de 1960. 

Ya en la siguiente década, las crisis petroleras provocadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llevaron a que Estados Unidos obligara a la isla a aplicar leyes fiscales que permitieran incrementar la rentabilidad de las empresas estadounidenses. De esta manera, a partir de 1976, las corporaciones multinacionales instaladas en la isla estuvieron exentas de pagar impuestos sobre sus beneficios económicos, situación que marcó el principio de su debilidad fiscal. 

Sin embargo, la mundialización capitalista a lo largo de la década de 1990 terminó por socavar todavía más la manufactura del país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) precipitó la salida masiva de capitales hacia México y Canadá, países que se mostraron dispuestos a otorgar mayores condiciones de explotación a los capitalistas norteamericanos en comparación con Puerto Rico: disminución de impuestos, estancamiento de los salarios, desregulación ambiental, etcétera.

De manera paulatina, la economía puertorriqueña comenzó su largo declive. Para colmo de males, a principios del siglo XXI, la isla atravesó por una grave crisis inmobiliaria producto de la desregulación estatal, ya ni qué hablar de las consecuencias de la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, acontecimiento que terminó por socavar la competitividad de la actividad productiva de la isla del Caribe. 

Así, en 2006, bastante agobiado por la desaceleración del crecimiento del PIB, el gobierno de Puerto Rico se decidió finalmente a eliminar el sistema de exenciones fiscales. No obstante, la cura resultó peor que la enfermedad. Ese mismo año la economía se sumergió en la recesión. Desde entonces el país se ha convertido en víctima de una crisis fiscal de enormes proporciones, producto tanto del cierre de empresas como de la emigración masiva de personas hacia Estados Unidos “continental” en busca de oportunidades. 

El desempleo en Puerto Rico ya es alarmante. Actualmente la tasa se ubica en un máximo de 14%, casi tres veces el promedio nacional (5.5%). Ante las débiles perspectivas de la economía, las personas emigran a razón de 50,000 por año. Actualmente, la isla apenas posee 3.5 millones de habitantes, en tanto que en territorio estadounidense viven cerca de 5 millones de puertorriqueños (una quinta parte de ellos en el estado de Florida). No hay duda de que cada vez menos personas creen en un futuro promisorio para el país. 

Ante el desplome de la economía y la menor captación de impuestos, el gobierno de Puerto Rico optó –de manera equivocada– por incrementarlos, disminuir el gasto público y aumentar las emisiones de bonos. Es evidente que resultaría imposible mantener esa estrategia de manera indefinida. Las medidas sólo contribuyeron a aumentar la deuda, socavar la economía y contraer aún más los recursos a disposición del gobierno. 

Después de la bancarrota de Detroit, los inversionistas se desprendieron de los títulos municipales y, con ello, las primas de riesgo (prime interest risk) de los bonos de Puerto Rico aumentaron, limitando severamente su acceso a los mercados de crédito.

Aunque en los últimos meses las autoridades han demandado una reestructuración de la deuda, hasta ahora nada indica que se llevará a cabo. Detrás de la negativa de la Casa Blanca se encuentran los intereses económicos de poderosos fondos de inversiones (Franklin Templeton, Oppenheimer Funds, etcétera), que se dedican a poner contra la pared a gobiernos a través de la especulación financiera, conocidos con el nombre de fondos buitre.

Entre 2006 y 2013, la isla emitió más de 60,000 millones de dólares en bonos, mismos que derivaron en cerca de 1,500 millones de dólares en honorarios para los banqueros de Wall Street y en un gran negocio para los despachos de abogados que defienden el cobro de deudas fraudulentas. 

En suma, a Puerto Rico de poco le ha valido la fraternidad del gobierno estadounidense, más dispuesto a salvaguardar las ganancias de los banqueros que apoyar el alivio de la deuda y la recuperación económica en sus municipios y colonias más castigadas por la crisis.

Ariel Noyola Rodríguez es economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de  México. Contacto: noyolara@gmail.com. Twitter: @noyola_ariel.